Una jueza con competencia nacional dictó esta noche prisión preventiva por el delito de incendio agravado a siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero, que se construye al margen de la ley en la comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, Colón.
Los siete pobladores fueron remitidos a la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” de Támara, Francisco Morazán, tras una intensa audiencia inicial desarrollada en los Tribunales en Materia Antiextorsión de Tegucigalpa.
El director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, que además forma parte de los abogados defensores de los ambientalistas, denunció que el juicio está plagado de irregularidades.
El defensor de los derechos humanos citó entre las irregularidades que el agente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Wilmer Márquez, usurpó funciones al realizar labores de «inteligencia» que solo pueden realizarse a través de la Dirección de Investigación Policial (DIPOL). “Lo que queda claro en la audiencia inicial, es que estos agentes para realizar los informes se basan en chismes», dijo Tábora.
Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes han venido realizando acciones en defensa del río Guapinol, concesionado en el año 2013 al proyecto minero ASP y ASP 1, ahora en poder de la empresa “Inversiones Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé.
Inicialmente los ambientalistas habían sido acusados por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de armas.
El proceso judicial involucra a nueve personas. Entre las que figura insólitamente, Antonio Martínez Ramos, fallecido el 5 de abril del año 2015 y otro ambientalista que está recluido en el centro penal de La Ceiba, Atlántida. Sin embargo, el requerimiento fiscal del Ministerio Público, presentado en septiembre de 2018, incluye un total de 32 ambientalistas.
El proyecto minero jamás debió desarrollarse, porque está instalado en una zona protegida. No obstante, sobre el mismo hay cualquier cantidad de abusos e ilegalidades, ya que fue desde las instituciones del Estado que se reformó el decreto de creación del Parque Nacional Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, para adecuarlo a las pretensiones de la empresa minera.
El conflicto ha dejado al menos seis personas muertas y la criminalización de decenas de ciudadanos, que se han organizado alrededor del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Naturales.
Los defensores han sido arrinconados a los Juzgados con Competencia Nacional Territorial, donde se ventilan casos del crimen organizado, ubicándolos en una categoría como si se tratasen de criminales de alta peligrosidad.
En su Cena Anual, sector subrayó que la certeza jurídica es clave y reafirmó compromiso con la sustentabilidad.
La inquietud por los últimos fallos de los tribunales ambientales, el proyecto de ley sobre glaciares y el aporte a la lucha contra el cambio climático, fueron temas medioambientales destacados en la Cena Anual de la Minería que se desarrolló ayer en CasaPiedra. En la ocasión, los representantes del sector subrayaron que la certeza jurídica es clave para la inversión y reafirmaron el compromiso con la sustentabilidad.
El encuentro reunió a alrededor de 900 invitados encabezados por el ministro de Minería, Baldo Prokurica, a quien se sumaron autoridades, embajadores, parlamentarios, líderes empresariales y productores de la pequeña, mediana y gran minería.
En ese marco, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, cuestionó la presentación de proyectos como el de un nuevo royalty minero para la minería del cobre y litio, o el que apunta a declarar la explotación del litio como una actividad de interés nacional, lo que abriría la posibilidad de nacionalizar empresas privadas. «Este tipo de iniciativas no solo impacta negativamente y levanta dudas respecto de toda la institucionalidad, sino que también envía señales negativas respecto de las condiciones para invertir en el país», sostuvo.
Asimismo, expresó la inquietud de la industria por el curso que ha tomado el proyecto de ley sobre glaciares. «La protección de los glaciares requiere que se consideren las particularidades de cada uno de estos cuerpos. Sin esas especificaciones y solo con definiciones generales, un proyecto de este tipo terminaría costando miles de empleos, al poner en riesgo el desarrollo de numerosas iniciativas de nuestro sector y dejando en manos de la Corte Suprema la definición de glaciar, ambiente periglacial y permafrost», aseguró. Luego añadió: «Da la impresión que el objetivo del proyecto, más que la protección de los glaciares, es abrir la puerta a la judicialización de todos los proyectos futuros y en operación en la alta cordillera».
Hernández también expuso la preocupación del sector por la incertidumbre jurídica causada por fallos como el del Tribunal Ambiental de Valdivia que prohibió las tronaduras en Mina Invierno. «Nos preocupa que los esfuerzos públicos y privados desplegados para reactivar la economía nacional y atraer inversiones, se vean frustrados por el actuar arbitrario por parte de los Tribunales Ambientales, como el de Valdivia», indicó. Agregó que la decisión sobre Mina Invierno «levanta una alerta en la minería nacional, no solo por la falta de fundamento jurídico y técnico, sino porque el impedimento de realizar tronaduras en la práctica implica el fin de la actividad minera».
Compromiso Sustentable
El compromiso con la sustentabilidad y la lucha contra el cambio climático fueron otros temas abordados por el presidente de la SONAMI. Al respecto, Hernández señaló: «Estamos conscientes de que un futuro bajo en carbono requiere de nuestro activo rol, porque somos los proveedores de insumos indispensables para las tecnologías limpias, tales como centrales de energía renovables no convencionales, la eficiencia energética y la electromovilidad, que requieren de gran cantidad de cobre, hierro y litio, entre otros minerales».
En la misma línea, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, planteó: «No va a haber lucha contra el calentamiento global sin la minería. La minería es absolutamente indispensable para poder revertir la situación que nos aqueja». Agregó que frente al escenario adverso que vive el rubro en la actualidad, marcado por la baja en el precio del cobre, «no debemos olvidar que seguimos siendo un actor relevante a nivel mundial, ya que poseemos los mayores yacimientos a nivel mundial de cobre y de litio, metales que serán altamente demandados por el acelerado crecimiento de la electromovilidad».
De igual manera, concluyó: «Somos un gobierno pro inversión, pero al mismo tiempo partidarios de compatibilizar esta actividad con el cuidado del medio ambiente».
El segundo mayor productor mundial de litio —un componente clave de las baterías de vehículos eléctricos— está en busca de inversiones de empresas en India, cuyo objetivo es convertirse en un centro global para la fabricación de vehículos de nuevas fuentes de energía.
Chile se ha acercado a empresas que incluyen a Mahindra & Mahindra Ltd. con el fin de establecer plantas de fabricación de baterías en la nación latinoamericana, según Rodrigo Yáñez, viceministro de Comercio chileno. También busca inversiones de compañías en otros países asiáticos, incluidos China, Japón y Corea del Sur, dijo Yáñez en una entrevista en Nueva Delhi a principios de esta semana.
«Nos hemos reunido con Mahindra y otras compañías indias aquí», dijo Yáñez, quien se encontraba en la capital india para firmar los términos de referencia para ampliar un acuerdo comercial preferencial entre los dos países. «Sabemos que cuando hablamos de movilidad electrónica, India está realizando muchas actividades al respecto y podemos ser socios estratégicos en el desarrollo».
Los comentarios de Yáñez llegan en un momento en que la administración del primer ministro indio, Narendra Modi, redujo los impuestos y dio a conocer un plan de US$1.400 millones para alentar la adopción más rápida de vehículos eléctricos como parte de sus esfuerzos por combatir la toxicidad del aire en un país que cuenta con algunas de las ciudades más contaminadas del planeta. La nación, que tiene el consumo de petróleo de mayor rápido crecimiento en el mundo, prevé convertirse en el cuarto
mercado más grande para los vehículos eléctricos en 2040, según BloombergNEF.
Chile está haciendo un nuevo intento de atraer a inversionistas para desarrollar productos de litio de valor agregado, al ofrecer litio más barato después de que tres compañías, incluidas Posco y Samsung SDI, se retractaran de sus contratos para establecer instalaciones de procesamiento en el país. Chile, hasta ahora, solo ha podido exportar el mineral en bruto a países como China o Corea del Sur, donde se fabrican la mayoría de las baterías.
«No queremos convertirnos simplemente en un exportador de materias primas», dijo Yáñez. «Queremos comprometernos con nuestros socios comerciales en esta iniciativa. Esto proporcionará estabilidad en
el suministro de litio a precios más baratos».
Se pronostica que la demanda de baterías de iones de litio utilizadas en vehículos eléctricos aumentará de 151 gigavatios-hora en 2019 a 1.748 GWh en 2030, a medida que las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros aumenten a 28 millones en ese año, informó BNEF.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debe votar este lunes su informe sobre la constitucionalidad del proyecto que busca declarar como interés nacional a las empresas del litio en nuestro país.
Según sus impulsores, esta iniciativa es el primer paso para expropiar Soquimich y otras grandes empresas explotadoras de litio.
Pero en la antesala de esta votación, han surgido críticas desde la bancada comunista, a la que pertenece el diputado Daniel Núñez, autor del proyecto, porque acusan que la comisión de Constitución está traspasando sus atribuciones.
Según Hugo Gutiérrez, la sala de la Cámara ya validó la constitucionalidad de la iniciativa y no corresponde que se vote en dicha instancia.
Pero el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, defendió el mandato de la comisión y manifestó que los diputados deben conocer las implicancias que tendrá esta legislación desde el punto de vista legal y constitucional.
La otra reclamación que ha hecho la bancada comunista, es que el ministro de Minería, Baldo Prokurica, ha intentado bloquear la votación de este proyecto.
Sin embargo, Prokurica contrató al abogado constitucionalista, Jorge Correa Sutil, de la Democracia Cristiana, quien aseguró haber detectado al menos cinco vicios de constitucionalidad en la iniciativa.
En días previos, el jefe de bancada de los diputados comunistas, Boris Barrera, envió una carta al presidente de la Cámara, Iván Flores, acusando al presidente de la Comisión de Constitución de tratar de votar, sin atribuciones para ello, el proyecto que declara al litio de interés nacional y permite expropiar operaciones relacionadas con la extracción del mineral no metálico.
La creación de esta zona fue un intento del régimen de Nicolás Maduro por conseguir ingresos luego de la caída de los precios del petróleo.
Un desalentador escenario se observa desde las alturas al sur del río Orinoco, en el estado Bolívar, donde está ubicado el Arco Minero.
La creación de esta zona fue un intento del régimen de Nicolás Maduro por conseguir ingresos luego de la caída de los precios del petróleo.
La Asamblea Nacional ha manifestado preocupación por la explotación de los minerales sin importar el daño ambiental que puede causar.
Pertenece a la Amazonia
El diputado Ramón Flores publicó un video en Twitter en el que muestra las condiciones del Arco Minero del Orinoco, zona perteneciente a la Amazonia.
«La destrucción indolente cometida con el pulmón vegetal más grande del planeta, que está ubicado al sur de Venezuela. Víctima de las manos criminales de este régimen por la extracción de recursos naturales», escribió en la red social.
Por estas acciones también hay denuncias debido a la presunta presencia de guerrilleros que explotan oro, diamante y coltán con el respaldo del régimen y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Incendio voraz
La explotación de los minerales en el Arco Minero del Orinoco cobró mayor importancia en los últimos días por el voraz incendio que se registra en la Amazonia desde hace más de dos semanas.
«Es el pulmón vegetal del mundo. Está conformado por 8 países, se cuentan 17 días de un incendio voraz que ha sacudido esta zona destruyendo el pulmón vegetal del mundo», dijo Flores en una entrevista ofrecida a la periodista Diana Carolina Ruiz.
La historia de la zona más golpeada por los pasivos mineros en Cajamarca, que se rehúsa a la sobreexplotación de sus tierras.
A tres horas de la ciudad de Cajamarca, en medio de una neblina y un viento helado que envuelve la vegetación de Chugur (Hualgayoc) a 4000 m.s.n.m; el pequeño y silencioso Jhon Gallardo Pérez de siete años desconoce las reformas políticas pendientes en el Congreso y apenas ha escuchado sobre los incendios forestales desatados en la Amazonía de Brasil. Lo que ha aprendido a su corta edad es que los ríos no son de agua clara sino amarillenta, que su familia y sus animales sufren males por la contaminación de las mineras que lo hacen saltar del susto por los estruendos de las explosiones; y que otra empresa quiere entrar a Chugur a hacer exploraciones en busca de minerales.
Antes de que las operaciones mineras comiencen a dejar extensos pedazos de tierra muerta por la provincia de Hualgayoc, el distrito de Chugur solo era reconocido por los 12 mil litros diarios de leche y otros productos derivados que llegan hasta los mercados de Lima, Trujillo (La Libertad) y Chiclayo (Lambayeque). Chugur es un nombre que proviene de “chugurcillo”, una planta de flores lila que abunda en sus campos; o del término “cchuga” -de la desaparecida lengua culi según el lingüista cajamarquino Hugo Miranda- y que hace referencia a “terrenos en forma de plato”.
Desde hace dos años, Jhon siente dolores en el cuerpo. Se lo contó a su mamá, Roxana Pérez Ruiz (28), y a su abuela, Isabel Ruiz Alarcón (62), quienes se dedican a la producción de leche, y a la siembra de papa y olluco cerca a su casa, en la zona alta de Chugur, conocida como Sinchao, por donde pasa un río amarillento del mismo nombre.
Roxana Pérez Ruiz, junto a su hijo, Jhon. Viven en la zona alta de Chugur, Sinchao, una de las áreas más afectadas de la provincia de Hualgayoc (Cajamarca).
-¿Has sentido algún tipo de malestar o dolores en el cuerpo? -le preguntamos a Jhon, quien inmutado asiente con la cabeza. Al preguntarle qué partes del cuerpo le duelen, se lleva el dedo índice a la sien y lo desliza hacia abajo hasta llegar a la nariz. Roxana, su madre, rompe el silencio de su hijo y comenta que a veces le sangra la nariz. El dedo índice de Jhon sigue bajando hasta llegar a la garganta, y tras una pausa que indica dolor en esa parte de su cuerpo, termina en el estómago.
Roxana cree que los dolores que siente su hijo son secuelas causadas por convivir con los pasivos ambientales. Los mismos que han contaminado a sus animales y los ríos de donde consumen agua. “Acá ya no podemos tomar agua cruda, antes tomábamos sin hervir (…) Estaremos con los metales más pesados acá, plomo a la sangre tendremos pe, si estamos acá cerquitita”, susurra.
Las sospechas de Roxana tuvieron sustento cuando, luego de la declaratoria de emergencia ambiental en los distritos de Hualgayoc y Chugur, las intervenciones delOrganismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (CENSOPAS) pusieron en el papel los altos niveles de contaminación por metales pesados en Hualgayoc.
En Sinchao, la zona alta de Chugur en donde la empresa Anta Norte pretende empezar a explorar en busca de minerales, hay por lo menos 91 pasivos ambientales mineros sin reparar.
Salud en emergencia
En setiembre de 2016, la entonces ministra de Ambiente, Elsa Galarza Contreras, declaró en Emergencia Ambiental las zonas altas de las microcuencas de los ríos Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue y Perlamayo, ubicados en Hualgayoc, provincia que actualmente tiene 1286 pasivos ambientales.
Con las alertas activadas desde la PCM, se empezó a ejecutar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo y las intervenciones de diferentes sectores del Ejecutivo para medir el grado de afectación por metales en personas, animales, ríos y suelos.
El CENSOPAS empezó por examinar a 372 personas en Hualgayoc, de los cuales 97 eran de Chugur. En todos ellos encontraron plomo, cadmio, mercurio y arsénico, por lo que el gobierno aprobó el Plan de Entrega de Resultados y Atención Primaria de Salud para darle seguimiento y vigilancia a los afectados por metales pesados.
En Chugur, las enfermedades más comunes, según las estadísticas del Ministerio de Salud y los censos del 2007 y 2017, son las gastrointestinales y las respiratorias, las cuales se contraen por el consumo de aguas contaminadas.
Exámenes realizados por la OEFA y la Universidad Nacional de Cajamarca encontraron plomo, arsénico y cadmio en varias quebradas y lagunas de Chugur.
Para el toxicólogo Ricardo Puell, quien ha atendido a por lo menos una treintena de afectados por metales tóxicos, la convivencia con los pasivos ambientales como sucede en la población de Chugur , genera que el daño sea crónico, y por ende, peor. «Se encuentran expuestos a diferentes metales que no se encuentran solos, sino en mezclas, y por lo tanto tienen un factor de riesgo de potenciación, haciendo que a pesar de tener los metales dentro de los Valores Límites Permisibles (VLP), este fenómeno hace que la combinación de los mismos en el cuerpo tengan un potencial tóxico final alto», apunta.
“Acá era bonito. los cerros eran bonitos, las aguas acá no faltaban y ya no hay ni para dar a nuestro ganado. Las aguas están amarillas. ¿Ya de dónde van a tomar?”, se pregunta Roxana, desde lo alto de Chugur, en Sinchao, rodeada de por lo menos 91 pasivos ambientales dejados por la minería, como 20 bocaminas, 13 piques, 8 tajos y 28 depósitos de desmontes y relaves.
Señalando a sus vacas, Roxana continúa: “Ellas también, tenemos que ver de dónde lo toman el agua para también la producción de leche lo podamos consumir. Hay tipos de cambio en su caquita y en partes orinan negro”.
Para la abogada especialista en temas ambientales, Gabriela Salvador, el estado de la zona alta de Chugur es crítica. “Una de las zonas que más pasivos ambientales en Hualgayoc es Sinchao (…) Por más que suene duro, se habla de que el área de Sinchao debería de verse la manera de generar desplazamientos. Estamos entrando en una etapa de desplazados ambientales. Y, aún, así el Minem está dando permisos de exploración”, sostuvo.
Además de vidas humanas afectadas por metales pesados, los animales y las tierras también estarían contaminadas por los pasivos ambientales que dejan sin reparar las empresas mineras.
Un estudio de la Universidad Nacional de Cajamarca sobre la calidad de las aguas de Chugur encontró plomo, arsénico y cadmio en seis quebradas de Chugur: Sinchao, Colorada, San Juan Pampa, Tacamache, Seca y Ramírez Tantahuatay. La OEFA, por su parte, encontró altos niveles de plomo en las lagunas Los Gentiles y La Huaca, y en menor grado en Las Auroras, Kiwillas y Campos.
La evidencia recogida muestra que las aguas no son la única fuente de contaminación. Una Declaración de Impacto Ambiental elaborada por la compañía CICA Ingenieros Consultores Perú SAC muestra la presencia de arsénico, cadmio y plomo en los suelos de Chugur. Las causas, según el estudio, podrían ser “la formación natural de los suelos” o la “antropogénica por las actividades desarrolladas en el sitio”.
Más minería
En mayo de este año, una carta de tono urgente llegó al despacho del congresista Marco Arana (Frente Amplio). Era del alcalde de Chugur, José Vargas Paredes, quien daba cuenta que la empresa Anta Norte S.A.C ya había empezado a realizar talleres en el distrito para presentar el proyecto de exploración de minerales, resaltando que en la zona aún hay pasivos ambientales sin reparar.
La empresa Anta Norte SAC es una compañía que fue cofundada por Southern Legaly Peru SAC, una subsidiaria de Regulus Resources Inc, una exploradora canadiense que busca minerales en Cajamarca para Southern Cooper Corporation Compañía de Minas Buenaventura, que tiene 169 infracciones ambientales y 42 multas que suman 4 millones 283 mil 168 soles.
Para los comuneros de Chugur, las empresas mineras que han operado en su distrito solo ha dejado tierra muerta después de extraer minerales.
El congresista Arana envió una carta al ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano, en la que escribía: “solicito se me informe qué acciones adoptará su sector respecto al rechazo del proyecto de exploración Anta Norte por parte de la población de Chugur”.
Wayka pudo acceder a la transcripción del taller realizado en 19 de marzo por Anta Norte, con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, autoridades locales y comuneros. Casi al inicio de la ronda de preguntas, el comunero Martín Ramos Rondero tomó la palabra para expresar: “Toda empresa minera trae contaminación”.
La respuesta que le dio el ingeniero Melanio Estela Silva, de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM, intentó –malamente- igualar la contaminación a gran escala de una trasnacional con la de un campesino en los andes: “Bueno eso es cierto, por si acaso toda actividad humana trae contaminación, no solamente la empresa minera. Hasta hacer mi casa en un rincón de mi chacra, si ya cambié el uso de esa zona, o sea, toda actividad origina, entonces lo que debemos hacer es cuidarlo y no maltratarlo mucho”.
Transcripción del taller que realizó la empresa Anta Norte el pasado 19 de marzo de este año, con el acompañamiento de funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.
Wayka también accedió a la Declaratoria de Impacto Ambiental que realizó la compañía CICA Ingenieros Consultores Perú SAC para Anta Norte S.A.C y encontró la larga lista de posibles impactos socioambientales en la zona.
La presencia de Anta Norte SAC en Chugur podría generar la alteración de la calidad del aire, emisiones gaseosas, variación de los niveles de ruido, afectación de los suelos por derrames de hidrocarburos, residuos u otras sustancias tóxicas; alteración de las aguas superficiales y subterráneas, además de las especies de flora y fauna, riesgo a la seguridad de los trabajadores y a la salud de la población.
“El Ministerio de Energía y Minas siempre dice que la agricultura y la minería pueden ir de la mano. Eso es totalmente absurdo, ustedes han podido ver. Con los años, los suelos y las aguas contaminadas, no podemos producir, no podemos tomar agua”, opina el alcalde de Chugur, José Vargas, quien también tiene una hija de 11 años, afectada por los constantes dolores de cabeza a consecuencia de los metales pesados.
Las operaciones de Anta Norte en Chugur consisten en remover 12 mil 908 metros cúbicos de tierra para construir 23 plataformas de perforación de 18×20 metros, además de dos pozas por plataforma para depositar los fluidos. También se instalarán pozas de lodos, almacenes de aceites, petróleo y residuos sólidos. Sobre esto último, se ha previsto generar hasta 64.8 kg de residuos peligrosos.
Una larga lista
Antes de Anta Norte, figura una lista de mineras que han operado en Chugur, y han dejado pasivos ambientales por doquier como el proyecto Tantahuatay, a cargo de la minera Coimolache -que es parte de Compañía de Minas Buenaventura-, la cual tiene 20 infracciones ambientales según la OEFA, y 137 mil 978 soles en multas, además de haber destruido parte del cerro “Dos Tetas” ubicado en la frontera de los distritos de Hualgayoc y Chugur.
Otra operación que dejó pasivos regados a su paso fue el proyecto Colorada, de la Compañía San Nicolás, que arrastra 62 infracciones y 7 millones 586 mil 845 soles en multas. La empresa Gold Fields, con 26 infracciones y 864 mil 312 soles en multas, también es conocida por la contaminación que desatan sus operaciones en Cajamarca: la población los responsabiliza de la muerte de más de 16 mil truchas y la contaminación de las aguas de 36 canales de riego.
Cuando un proyecto minero se queda en la zona, no discrimina altura, bajas temperaturas, flora, fauna o vidas humanas. Las infracciones y multas parecen quedar en el archivo del olvido, igual que las vidas afectadas.
La empresa Anta Norte SAC pretende instalar 23 plataformas de perforación de 18×20 metros en Chugur para buscar minerales, pese a que aún no se reparan los pasivos ambientales.
“Mire que Chugur ha sido tan bonito, con sus pastos verdes, su ganadería, hemos estado bacán, pero acá la empresa minera ha venido y lo ha secado todas las aguas, las plantas”, dice Roxana, repasando la vista de sus campos desde su casa. Ahora, sin saber de dónde consumir agua sin metales para su familia y sus animales, a ella como al resto del distrito, solo le queda recordar cómo fue Chugur antes de la minería.
Una jueza con competencia nacional dictó esta noche prisión preventiva por el delito de incendio agravado a siete ambientalistas que se oponen a un proyecto minero, que se construye al margen de la ley en la comunidad de Guapinol, ubicada en el municipio de Tocoa, Colón.
En su Cena Anual, sector subrayó que la certeza jurídica es clave y reafirmó compromiso con la sustentabilidad.
El segundo mayor productor mundial de litio —un componente clave de las baterías de vehículos eléctricos— está en busca de inversiones de empresas en India, cuyo objetivo es convertirse en un centro global para la fabricación de vehículos de nuevas fuentes de energía.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debe votar este lunes su informe sobre la constitucionalidad del proyecto que busca declarar como interés nacional a las empresas del litio en nuestro país.
La creación de esta zona fue un intento del régimen de Nicolás Maduro por conseguir ingresos luego de la caída de los precios del petróleo.
La historia de la zona más golpeada por los pasivos mineros en Cajamarca, que se rehúsa a la sobreexplotación de sus tierras.
