Y definitivamente el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, tuvo este lunes que enfrentarse por segunda vez a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para explayarse sobre la modificación a los límites del Parque Patagonia. Fue secundado por el subsecretario de Minería Pablo Terrazas, a quien conocemos en Aysén no solo por haber sido mano derecha de varios municipios UDI, incluido el actual senador David Sandoval quien integra dicha comisión, sino por haber sido propietario de terrenos en el área de inundación de HidroAysén, hecho que derivó en que por conflictos de interés su hermano -el ex seremi de Vivienda Nicolás- se debiera inhabilitar de participar en la sesión en que se aprobó regionalmente el proyecto: el 9 de mayo de 2011.
Datos estos que no son baladíes cuando hablamos de modificación de políticas públicas para privilegiar grandes inversiones privadas.
A diferencia de su presentación del 8 de mayo de 2018, en esta ocasión Ward no se pudo sentir a sus anchas para decir lo que se le viniera en mente. Este lunes tuvo al frente a la ex ministra de Michelle Bachelet en la misma cartera, Nivia Palma, quien fuera la responsable política de impulsar la constitución de la Red de Parques de la Patagonia, incluido el Parque Patagonia. Una voz autorizada para dar luces sobre un tema que ha generado controversia a nivel regional pero también nacional. E incluso internacional por reportajes que se vienen.
Palma se hizo cargo de las afirmaciones del actual secretario de Estado, quien calificó de fake news (o noticia falsa) el artículo de Interferencia donde se afirmaba que se modificaron los límites del parque para beneficiar a la minera australiana Equus Mining. La que a través de su sociedad Southern Gold pretende impulsar el proyecto “Los Domos” en las cercanías del circuito Piedra Clavada/Cueva de las Manos/Valle Lunar y en un área de patrimonio paleontológico y arqueológico.
En esta ocasión la ex titular de Bienes Nacionales sí puedo aclarar varios aspectos.
Lo primero, que la decisión del gobierno de Michelle Bachelet fue lograr la máxima protección excluyendo la actividad minera dentro o colindante con el futuro parque. Además, confirmó que existe un área adyacente a la antigua reserva nacional Jeinimeni (hoy sector Jeinimeni en el Parque Patagonia) que por cuyas características arqueológicas y de suelos se decidió -en diálogo con Conaf- incorporarla a la nueva área silvestre protegida y sobre la cual hubo una intervención ilegal de sondaje.
En concreto, confirmó lo que se sabía. El actual gobierno eliminó del futuro parque un total de 2.237,5 hectáreas de terrenos fiscales donde “Los Domos” tiene sus concesiones y exploraciones. Si eso no es destinar un área que iba a ser protegida a los intereses de una corporación minera extranjera (que por sus actividades es el antónimo de salvaguarda ecosistémica), entonces la actual administración vive en un mundo paralelo.
Nivia Palma dejó sentado algo sobre lo cual este gobierno ha sido insistente en oscurecer. Si el área del decreto de constitución del Parque Patagonia del gobierno de Sebastián Piñera era mayor o menor que la que establecía el de Michelle Bachelet. La respuesta es clara: el acto de la actual administración es lo redujo en 5 mil hectáreas.
“Claramente el decreto presentado por la Presidenta Bachelet para crear el Parque Nacional Patagonia representa una superficie mayor que la presentada por el Presidente Piñera. Estamos hablando de 309.445,40 hectáreas que están singularizadas en el plano. Y el Decreto Supremo presentado por el actual gobierno establece una superficie de 304.527,75 hectáreas” dijo la ex ministra en la sesión. Una afirmación que es fácil confirmar con ambos textos legales en mano.
Más aún, la ex ministra concordó –como todos en Aysén y el país- en que podía haberse modificado el decreto para excluir 900 hectáreas de privados e incluso establecerse terrenos para veranadas, lo cual era legítimo. “Lo grave es que se haya roto un principio fundamental en medioambiente que es no retrotraer las cosas para producir deterioro. Había una superficie de 309 mil, hoy hay una de 304 mil hectáreas protegidas” fue su afirmación.
Y concluyó claro: “Ahora tendremos que esperar. Si el día de mañana las autoridades de minería y las autoridades competentes autorizan el proyecto ‘Los Domos”, evidentemente será la consagración definitiva de que lamentablemente teníamos razón y que allí hubo una decisión política de que en la Patagonia chilena se instale una empresa de enorme medioambiental como es la gran empresa minera”.
Un gobierno tiene derecho a impulsar sus propias políticas públicas, pero asumiendo los costos de estas. Lo que sí no puede hacer es tergiversar los hechos y la realidad mediante frases hechas.
Fuente:http://www.eldivisadero.cl/redac-51387
Este martes en la mañana, unas 300 personas llegaron e al parque Santander de Cúcuta, para manifestar su molestia por los daños que causa la minería, legal e ilegal, en la zona de Cerro Mono. 
La Federación Nacional de Productores de Carbón – Fenalcarbón, en trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, solicitó al Gobierno Nacional que la delimitación del Páramo de Pisba se haga con base en coordenadas con escala 1:25.000 tal como lo indica la Ley, mediante un acto administrativo motivado por estudios técnicos que permitan la caracterización en materia no sólo ambiental, sino social y económica de la zona, con el fin de fijar los límites del área a proteger.
-Una delegación de ciudadanos estadounidenses denunció y lamentó este domingo que su país respalde a “un gobierno ilegítimo” y a los intereses económicos que provocan conflictos en Honduras como el del proyecto minero de Guapinol.
El concejo municipal de Salento aprobó un acuerdo por medio del cual prohibe en la jurisdicción del Municipio de Salento Quindío, el desarrollo de actividades de minería de metales y piedras preciosas de pequeña, mediana y gran escala. Esta es una decisión sin precedentes en la historia del municipio, que ha tenido histórica y tradicionalmente actividades mineras de esta naturaleza. Varias minas fueron abiertas en el pasado en esta localidad. El objetivo es garantizar la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, según el mismo acuerdo aprobado el pasado 27 de febrero.
Alrededor de 110 títulos de concesión para la industria minera existen en Chiapas, lo que significa un 14 por ciento del territorio para ser explotado ocasionando un daño a la tierra, territorio y la salud, indicaron organizaciones locales y nacionales.
En la «Marcha por la Vida y por el Agua», una protesta convocada por Proceso Campesino y Popular, y el Cabildo Indígena del Pueblo Yanacona, más de 350 pobladores pidieron la salida inmediata del departamento de las multinacionales Carboandes, Dominical, Anglo Gold y Miranda Gold.
Son datos de un informe realizado por Gisela Zaremberg, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y Valeria Guarneros Meza, de la Montfort University
ProInversión ha informado de la existencia de un nuevo proyecto minero a su cargo: El Algarrobo (US$350 millones), localizado en el distrito piurano de Tambogrande.