Chile

Importante empresa minera en Chile vierte sus relaves al mar sin autorización ambiental

  • Durante 50 años la Ensenada de Chapaco ha recibido los relaves mineros de una planta de procesamiento de hierro.
  • Monitoreo muestra un caudal de desecho minero de hasta 9.506 m3/día, dos veces el promedio permitido.

Chile se encuentra actualmente definiendo el futuro de una de las minas de hierro más importantes del país. Se trata de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), la que es acusada de verter sus relaves mineros al mar sin autorización ambiental.

Esta empresa opera en Huasco, ciudad portuaria ubicada en la región de Atacama, al norte de Chile, un lugar declarado como zona de sacrificio hace seis años por el Gobierno, por sus altos índices de contaminación.

La minera, que pertenece al grupo CAP (Compañía de Acero del Pacífico), que es el principal productor de minerales de hierro en toda la costa oeste americana, el mayor productor siderúrgico en Chile y el más importante procesador de acero del país, ha sido denunciada repetidas veces por la población por causar daños a la salud, al medio ambiente y a las producciones agrícolas y pesqueras.

Pero esta vez el escándalo ha tomado proporciones distintas. La organización de conservación marina Oceana ha denunciado a la Compañía Minera del Pacífico (CMP) por arrojar sus desechos mineros en la Ensenada de Chapaco, sin la autorización respectiva. La denuncia se hizo ante La Superintendencia de Medio Ambiente que es la encargada de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los permisos ambientales. Este organismo inició un proceso sancionador y ha acusado a CMP de cometer 20 infracciones. El vertimiento de relaves al mar, fuera de la norma, es una de ellas y fue catalogada de gravísima. La empresa arriesga el cierre de sus operaciones.

En respuesta, la empresa presentó al organismo un Plan de Cumplimiento. Es decir, un paquete de acciones y metas para que, dentro de un plazo fijado por la autoridad, se cumpla con la normativa ambiental. Pero mientras la Superintendencia evalúa la propuesta de la empresa, el relave minero continua siendo vertido al océano.

Relaves tóxicos

 

Los relaves mineros son el residuo resultante de procesos industriales generados para extraer el metal de interés —en este caso el hierro— de la roca. En dichos procesos son utilizados métodos de extracción química. Es por ello que, dependiendo del mineral procesado, los relaves pueden contener concentraciones de arsénico, cobalto, níquel, mercurio, plomo, zinc, así como residuos de procesamiento como cianuro de sodio, lima y otros ácidos.

Debido a la toxicidad de los relaves mineros, el vertimiento de estos desechos al mar está prohibido en gran parte de los países del mundo con excepción de Noruega, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Indonesia, Francia, Turquía y Chile. Según datos del Grupo de Expertos Científicos Independientes, que asesora al sistema de las Naciones Unidas, sobre los aspectos científicos de la protección del medio marino (GESAMP), solo 16 de las 2500 grandes minas industrializadas de todo el mundo vierten sus relaves mineros al mar.

En Chile, según el catastro de marzo de este año, realizado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, existen un total de 740 depósitos de relaves en todo el territorio nacional. El depósito de CMP, en la Ensenada de Chapaco, es el único marino y existe desde hace 50 años.

Según coinciden diferentes estudios científicos, entre los principales impactos de los relaves marinos se cuenta la asfixia de organismos bentónicos —como las estrellas y soles de mar— y la alteración física del hábitat; la reducción en la abundancia de especies y biodiversidad de las comunidades marinas; toxicidad directa por el contacto de metales pesados; riesgo en la salud de las personas por consumo de peces contaminados por bioacumulación de metales. Lo anterior, ha sido reconocido y citado por el Senado de Chile, en un proyecto de ley ingresado en 2012, que busca prohibir los relaves marinos.

Una historia de contaminación sin regulación

 

El proceso sancionatorio iniciado por la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la Compañía Minera del Pacífico (CMP), cuenta la historia de cinco décadas de contaminación marina. Según detalla el documento, las descargas al mar de los desechos de esta mina de hierro, comenzaron en 1978 cuando no existía en el país regulación ambiental. En aquella época, los desechos eran arrojados en la costa a la altura de las rocas que desaparecen bajo el agua o aparecen, según sea la marea. En 1993 empezó a operar el emisor submarino mediante el cual se depositan los relaves, hasta el día de hoy, a 350 metros de la costa y a 35 metros de profundidad.

Ese mismo año entró en vigencia la Ley de Medio Ambiente y en 2001 la autoridad de evaluación ambiental aprobó el proyecto “Mejoramiento Tecnológico para la Producción de Concentrados de Minerales de Hierro” presentado por CMP. En dicho proyecto, según señala la Superintendencia, el depósito de relaves no fue evaluado ambientalmente debido a que estaba autorizado desde 1993 y que, según había declarado la empresa, era monitoreado constantemente.

Algunos años después, CMP presentó a la autoridad de evaluación ambiental, el proyecto “Ampliación y Mejoras Operacionales en Planta de Pellets”. En 2010, dicho proyecto fue aprobado con condiciones y se autorizó mediante la Resolución de Calificación Ambiental RCA 215. La condición para autorizar las operaciones de la empresa era que esta debía presentar, en un plazo de 18 meses, “una propuesta de mejora técnica y ambiental de la disposición de sus relaves”. Además, la empresa, una vez aprobado el proyecto, debía implementar el sistema en un plazo máximo de dos años.

En 2013, para dar cumplimiento a lo que se le había exigido, CMP presentó, al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto “Actualización del sistema de depositación de relaves de planta pellets”. Dicho proyecto proponía prolongar el emisario submarino hasta aguas profundas del mar. A 6,6 km de la costa y a una profundidad de entre 200 y 800 metros.

En esa propuesta la empresa señalaba, entre otras cosas, que “se estima que el proyecto, en fase de operación, es susceptible de generar o presentar efectos adversos significativos (…) específicamente sobre la cantidad y calidad de los recursos renovables, en virtud de la cantidad de residuos sólidos asociados al sistema de depositación de relaves mineros en el fondo del mar. Asimismo, existen en el área del proyecto, especies de flora que pudieran ser afectadas en la etapa de construcción y que se encuentran en estado de conservación (en peligro de extinción, vulnerables, raras o insuficientemente conocidas)”.

Debido a los impactos ambientales que el nuevo sistema de depositación de relaves auguraba, la autoridad evaluadora hizo 490 observaciones. La empresa debía entregar soluciones a cada una de ellas, si es que quería ver aprobada su propuesta. Pero en 2017, CMP desistió del proyecto y lo retiró del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. De esa manera, el requisito que se le había exigido dejó de ser evaluado y se dio por cerrado el capítulo.

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Las ilegalidades del relave

 

Sin un nuevo sistema de depositación de relaves, CMP continuó vertiendo sus residuos al mar de la misma manera en la que venía haciéndolo desde 1993. Ello, a pesar de que el permiso que se le había otorgado, por medio de la RCA 215, estaba “condicionado al cumplimiento de todos los requisitos, exigencias y obligaciones establecidas”. Juan Pablo Sanguinetti, abogado de la Fundación Relaves explicó a Mongabay Latam que “el permiso de CMP es un permiso con condiciones. Si estas no se cumplen, el permiso no existe”.

Al mismo tiempo, según se especifica en el proceso sancionatorio, el efluente que CMP vierte en el mar, sin autorización, tampoco cumple con las condiciones de flujos máximos autorizados y composición del residuo. El documento señala que este ha sido descargado al mar “con un porcentaje de sólidos inferiores al 50 % y por un caudal superior al que fue aprobado ambientalmente –en la RCA 215— correspondiente a 4.700 m3/día”. Los monitoreos publicados en el mismo documento especifican, por ejemplo, que entre el 6 y 7 de septiembre del 2016, el caudal promedio fue de 9.506 m3/día. Es decir, el doble de lo permitido.

Victoria Caroca, química de Fundación Relaves, advierte que los desechos mineros que son vertidos al mar deben cumplir con condiciones específicas en cuanto a su solidez. “Si el efluente es demasiado líquido, en lugar de decantarse en el fondo marino, se dispersa en el agua provocando mayores efectos contaminantes”.

Por otro lado, Sanguinetti señaló que “hay excepciones establecidas en diferentes decretos ley y acuerdos, donde se autoriza verter al mar. Ello, siempre y cuando se cumpla con ciertas condiciones, como que el material vertido sea inocuo” es decir que no sea dañino. Sin embargo, el abogado enfatizó en que “se ha demostrado que ese no es el caso de CMP”.

En efecto, en 2015, Bernard Dold, jefe de área en Geoquímica Aplicada de la Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia y presidente de SUMIRCO (Sustainable Mining Research & Consultancy) realizó un estudio, para la Subsecretaría de Pesca, sobre el relave marino de CMP. Según la investigación, los óxidos de hierro, contenidos en el relave, son disueltos en el mar al entrar en contacto con ciertas materias orgánicas. En ese proceso de disolución, se liberan elementos trazas a la columna de agua. Específicamente Magnaneso, Cobre, Arsénico, Vanadio y Galio.

Las consecuencias de 50 años de relave

 

Héctor Zuleta, presidente de la federación de pescadores artesanales y representante de la mesa de pesca de Huasco, contó a Monagabay Latam que, en su juventud, buceaba en la Ensenada de Chapaco. Ahí, recogía los mariscos que nacían en las praderas marinas.

“Debajo del mar, es igual que arriba en la tierra. Hay cerros, cuevas, bosques… ahí está la vida. Así era la Ensenada, pero desde hace años que todo eso se tapó. Está todo cubierto de arena”. Chapaco dejó de ser, hace décadas, un sector de pesca. Hoy, los pescadores salen de la bahía, mar afuera, para poder pescar. Los más perjudicados, explica Zuleta, son los mariscadores cuya fuente laboral se encuentra en sectores cercanos a la costa. “Antes, a 10 minutos de camino encontrábamos mariscos. Hoy tenemos que andar mínimo dos horas para encontrar algo” dice. “Nuestras preocupación es esa. Que cada vez quedan menos terrenos donde ir a trabajar”.

Lo anterior es confirmado por el proceso sancionatorio de la Superintendencia de Medio Ambiente el cual señala que “se puede identificar ausencia de determinadas especies en el sector de la Ensenada Chapaco, en comparación con otros fondos marinos del sector. Se revela una disminución tal de recursos que puede ser atribuible a la permanente descarga de relaves recibida en dicho sector marino, proveniente de la actividad de la planta de pellet”.

De hecho, la misma empresa reconoció los efectos del vertimiento al señalar que, si cerrara el actual sitio de depositación de relaves, “se prevé que se produzca una mejora gradual del hábitat para las comunidades bentónicas, en un mediano largo plazo. Los efectos positivos anticipados sobre la abundancia de los peces y las comunidades de macrofauna intermareal y submareal, posiblemente tengan a su vez un efecto positivo sobre los mamíferos y las aves de la costa”.

“Las tragedias ambientales y sanitarias de Ventanas, Huasco, Coronel y Mejillones hablan mejor que mil palabras. Chile no merece esto” declaró el Presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato. El mandatario hacía referencia a las cuatro zonas que han sido declaradas “de sacrificio”, entre ellas Huasco. Y es que los 9000 habitantes de esta ciudad puerto conviven no solo con la planta de hierro de CMP, sino también con cuatro unidades termoléctricas a carbón, pertenecientes a AES Gener. En 2012, Huasco fue declarada zona latente por material particulado (PM10) o zona de sacrificio, tras constatarse que las concentraciones anuales de PM10 estaban sobre un 80 % del límite establecido por la norma.

Miedo al desempleo

 

Actualmente, la Superintendencia se encuentra evaluando el Plan de Cumplimiento que presentó la empresa, en respuesta al proceso sancionatorio que se abrió en su contra. El Plan cuenta con una serie de medidas para cumplir rápidamente y satisfactoriamente con la normativa ambiental.

Carlos Pineda, Gerente General de CAP Minería, declaró a medios nacionales que “ha sido un muy buen plan de cumplimiento el que estamos presentando a la Superintendencia de Medio Ambiente, que realmente nos compromete con soluciones de largo plazo y de muy buen nivel, para poder dar una sustentabilidad a esta fuente laboral y a nuestro negocio que mantenemos en el Valle del Huasco”.

CMP se comprometió a que si dicho plan es aceptado por la autoridad, dejará de arrojar relaves al mar en un plazo de 12 meses. Si el Plan, en cambio, no es aceptado, el proceso sancionatorio continuará su curso y la autoridad podría determinar el cierre de las faenas. Ello, al menos, durante el tiempo que tome construir una infraestructura para dejar los relaves en tierra.

El Ministro de minería, Baldo Prokurica, se trasladó hasta Huasco en apoyo a los trabajadores de CMP que temen la pérdida de sus empleos, en caso de que la empresa se vea obligada a cambiar su tratamiento de residuos industriales en el corto plazo. “Hay funcionarios que extreman las disposiciones”, declaró Prokurica, a propósito de las exigencias medioambientales. “Queremos que el medio ambiente mejore, pero queremos también que los tiempos para que estos cambios se produzcan sean los necesarios para evitar efectos que nadie quiere” añadió.

 

La provincia de Huasco tiene actualmente una tasa de desempleo del 11 %. Una de las más altas del país. Es por ello que autoridades de gobierno han señalado que “la paralización o cierre de parte de los establecimientos de CAP, representaría una situación de enorme gravedad, dada la enorme cantidad de puestos de trabajo que aporta la compañía”.

Luego de la visita del ministro Prokurica, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola, señaló en un comunicado que aunque “la comunidad de Huasco y las asociaciones ambientales son contrarias a cualquier paralización de faenas y su consecuente pérdida de fuentes laborales (…) solicitamos que el Gobierno deje a las instituciones funcionar de manera seria, exentas de presiones mediáticas (…) No nos parece razonable que mientras se evalúe técnicamente el Plan de Cumplimiento de un titular infractor ambiental, las autoridades del gobierno avalen una alarma pública de despidos para adelantarse al rigor técnico de las instituciones. Aquello no es digno de un país responsable, ni habla bien de nuestra democracia”.

Fuente:https://es.mongabay.com/2018/08/oceano-chile-minera-vierte-relaves-al-mar-sin-autorizacion/

 

Mexico

Territorio común

Cuando defender la tierra es defender la vida

Una niña de ocho años se emociona, toma aire y suelta el grito. Su voz no está sola. Es mediodía del sábado 17 de marzo y una multitud se escucha en la cancha de futbol de Santa María Sotoltepec: “No a la mina. Sí a la vida”.

Quienes hoy levantan la voz son pobladores de varios rincones de la Sierra Norte de Puebla. Llegaron en coches, camionetas de redilas, pick-up, motocicletas e, incluso, pedaleando una bicicleta durante más de dos horas.

Son casi una centena de vehículos los que dan forma a esta “Caravana por la vida”. No es una simple ocurrencia que esta peregrinación de automóviles se detenga en Santa María. Aquí la empresa canadiense Almaden Minerals instaló sus oficinas, después de que el gobierno mexicano le otorgó concesiones para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Uno de los cerros vecinos a esta comunidad, ese que está junto al que tiene forma de mesa, fue elegido para hacer ahí el tajo de la mina a cielo abierto.
Desde hace más de siete años, los habitantes de la Sierra Norte de Puebla mantienen viva una resistencia en contra de minas, hidroeléctricas y otros proyectos que, tanto gobierno como empresas, han querido imponer en este territorio atiborrado de cerros, en donde los ríos nacen discretos, pero también llegan a ser caudalosos. Una región habitada por comunidades tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas. Tres voces distintas unidas en un mismo coro: “No a los proyectos de muerte.”

Y eso se mira este sábado de marzo. En la “Caravana por la Vida” hay gente de Olintla, Libres, Zautla, Tetela de Ocampo, Cuetzalan, Ocotepec, Chiconcuautla y otros municipios de Puebla. Muchos son campesinos; otros estudiantes, maestros, niños, amas de casa, comerciantes o migrantes que siempre regresan a la tierra donde nacieron.

La “Caravana por la vida” deja la cancha de futbol de Santa María. Los vehículos toman la carretera que lleva a San Francisco, cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán. Si se les mirara desde la cima de uno de estos cerros, parecerían hormigas que avanzan, una tras otra, hacia su objetivo.

La niña de ocho años viaja en una de las camionetas pick-up que van a la retaguardia de la caravana. Al llegar a San Francisco, sus gritos se avivan. Cuando ingresa a la cancha de basquetbol con techo de lámina —espacio que también funciona como plaza pública—, su voz retumba: “Zapata vive, vive. La lucha sigue, sigue”. Esa vieja consigna que la niña grita a todo pulmón ha tomado nuevos aires entre los cerros, los ríos y las comunidades de la Sierra Norte de Puebla.

El espíritu del río

Entre algunos totonacos hay una creencia: al medio día, no se puede cruzar un río. No se hace porque a esa hora ahí está su espíritu. Cuando pasa el medio día, antes de cruzar, es necesario lavarse manos y cara, además de tomar un poco de esa agua que corre. Sólo entonces se puede pasar al otro lado de la corriente. Eso es lo que abuelos y padres enseñan a sus nietos e hijos: al río hay que respetarlo.

Los campesinos totonacos que tienen tierras a las orillas del río Ajajalpan —en la parte occidental de la Sierra— se preocuparon cuando el entonces presidente municipal de Olintla, Héctor Arroyo, los citó para convencerlos de que vendieran sus terrenos.

—Nos dijeron que iba a haber mucho dinero. —recuerda Miguel Sánchez Olvera, totonaco de la comunidad de Bibiano Hernández, municipio de Olintla— Nosotros sospechábamos, decíamos: “como que esto huele mal, como para qué tanto terreno”. Una compañera comentó que la Cooperativa Tosepan estaba muy organizada, que fuéramos con ellos a Cuetzalan para preguntar qué sabían de esto. Fue un grupo y cuando regresaron nos informaron que había planes de hacer una hidroeléctrica. Nosotros no sabíamos qué era eso. Empezamos a aprender, a saber, a conocer sobre eso de las hidroeléctricas.

En Ignacio Zaragoza, municipio de Olintla, aún se cuenta lo que sucedió el 5 de diciembre de 2012. Ese día, ocho mujeres se pararon frente al bulldozer para evitar que continuara abriendo camino, para impedir que se hiciera una carretera.

—La máquina no pasa —dijeron esas mujeres a las que, poco a poco, se les fueron uniendo otros pobladores de comunidades vecinas. Para ellos, permitir la carretera era abrir la puerta a la hidroeléctrica que Grupo México planeaba levantar en el río Ajajalpan.

La oposición a la hidroeléctrica se mantuvo. No importó que el 26 de enero de 2013, se prendieran grandes fogatas para impedir que salieran de Ignacio Zaragoza las personas que llegaron para apoyar a los que se oponían a los planes de Grupo México. Mucho menos funcionó que el presidente municipal dijera que todos aquellos que no permitían la hidroeléctrica eran “indios” que no entendían que ese proyecto llevaría el desarrollo a sus tierras.

—Fue una lucha a ras de suelo —recuerda Miguel Sánchez.

En octubre de 2013, Grupo México anunció la cancelación de la hidroeléctrica en el río Ajajalpan.

—No lo celebramos. Para qué celebrábamos si esto apenas empezaba. —dice Miguel—

Resistencia con raíces

Cuando se recorren los caminos de la Sierra Norte de Puebla no es extraño escuchar a su gente hablar de su larga historia de resistencia, contar esos relatos que se transmiten, de generación en generación, cuando se trabaja en la milpa o cuando se toma café frente a un fogón.

En el siglo XIX, en estas tierras se venció y se hizo retroceder a los invasores franceses. Entre las lomas aún hay vestigios de los fuertes que se hicieron entonces.

A principios del siglo XX, estos cerros fueron testigos de batallas en la Revolución y varios aún recuerdan los nombres de quienes se enrolaron en las filas de Emiliano Zapata.

Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:

—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.

Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.

Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.

—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.

Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.

El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.

—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.

Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.

—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.

El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.

—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.

—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.

Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.

En la década de los 70, los nahuas de la sierra baja utilizaron la organización comunitaria para hacer frente a los caciques, para resolver aquellas necesidades que ninguna autoridad gubernamental atendía y para abrir caminos a los proyectos autogestivos. Así, en 1977, nació la Unión de Cooperativas Tosepan —hoy agrupa a dos grupos originarios maseualmej y tutunakus de 430 comunidades y 25 municipios de la sierra y 4 de Veracruz— la cual trabaja en la producción orgánica y comercialización de café, miel, bambú y pimienta, el ecoturismo, la salud y la vivienda sustentable.

En los últimos 40 años, la Sierra Norte de Puebla ha visto nacer y florecer proyectos productivos, educativos y sociales; iniciativas que surgieron como un camino alternativo ante el abandono estatal.

A partir de 2008, la presencia del Estado comenzó a notarse con más fuerza en este territorio. En ese año, los gobiernos federal y estatal intentaron instalar, sin éxito, un proyecto turístico de gran escala en Cuetzalan.

En 2011, cuando el panista Rafael Moreno Valle ganó la gubernatura de Puebla se insistió en esos “grandes proyectos” para la Sierra Norte. En el pueblo de San Miguel, en el municipio de Zautla, se quiso construir la primera “Ciudad rural”, proyecto en el que también participaba la iniciativa privada y con el que se buscó sacar a la población de sus territorios originales y concentrarlos en espacios urbanos. Así, se dijo, se evitaría la existencia de las pequeñas localidades dispersas por la sierra.

Estos proyectos —los grandes hoteles y las “Ciudades rurales”— se toparon con la oposición de la gente y no prosperaron. Pero fueron el anuncio de lo que vendría para la Sierra.

Mapeos realizados por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) —el cual realiza trabajo en la sierra desde 2009—, la Tosepan y otras organizaciones no gubernamentales muestran que poco más de la mitad del territorio de la Sierra Norte de Puebla ha sido concesionado y se han otorgado permisos para instalar mineras, hidroeléctricas e, incluso, realizar extracción de hidrocarburos utilizando la técnica conocida como fracking.

Hasta ahora, sólo una hidroeléctrica, la llamada Atexcaco, ha sido inaugurada. Eso sucedió a finales de 2011, en el cauce del río Apulco que corre por los municipios de Tlatlauquitepec y Teziutlán. Es una hidroeléctrica construida por una empresa minera: Grupo Ferrominero.

Ninguna autoridad informó a los habitantes de la sierra sobre los planes que gobierno y empresas tenían para su territorio. Tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizos se enteraron cuando ingenieros, trabajadores, “gente de afuera” comenzaron a recorrer sus campos, perforar sus terrenos, atravesar sus ríos y subir a sus cerros.

La defensa de Tlamanca

Cuando era niña, la profesora Rosa Martínez Reyes aprendió de “los mayores” como predecir la lluvia con sólo mirar hacia los cerros que rodean Tlamanca:

—Cuando va a llover, haga de cuenta que en el cerro se forma una franja como de neblina. Entonces la gente dice: “va a llover”. Y sí, al tercer día, llueve.

Desde la puerta de su casa, la profesora Rosa —hoy de 46 años– mira ese cerro que anuncia la lluvia y en donde, a mediados del siglo XX, había dos minas subterráneas para la extracción de oro, clausuradas cuando un derrumbe provocó la muerte de siete mineros. Recuerda que, a mediados de 2012, cuando viajaba por la carretera que llega a su comunidad, se sorprendió al mirar el cerro “como rasguñado”. Fue entonces que se enteró: la empresa de capital chino JDC Minerals tenía una concesión otorgada por el gobierno federal, con ella se instaló en el lugar para reabrir las antiguas minas y comenzar con la explotación de oro.

Tlamanca, con poco más de mil habitantes, es una comunidad del municipio de Zautla en donde la migración es una tradición. Durante varios meses los hombres viajan a la zafra en Veracruz; otros prefieren irse a Estados Unidos. Son las mujeres quienes se quedan en casa a cargo de los hijos, la cosecha de maíz y el frijol. Fueron las mujeres, junto con los jóvenes y los abuelos, quienes tuvieron la más activa participación durante los poco más de cuatro meses que duró la movilización en contra de “los chinos”, como se les llamó a los empresarios mineros que aseguraron tener, incluso, el permiso de cambio de uso de suelo otorgado por el presidente municipal.

—Nosotros decíamos: ¿por qué el presidente municipal tiene que dar el permiso? Se tiene que consultar al pueblo. Nadie nos había consultado. —comenta Catalina López— Los chinos decían que no habría afectaciones, que de aquí iban a sacar el material y en otro lado iban a procesar. Que tendríamos trabajo. Que iban a construir un hospital. Ellos nada más comentaban los beneficios, pero todo tiene ventaja y desventaja. En una asamblea repartieron refrescos y con eso nos querían convencer. Dijimos: necesitamos asesoría, que la gente que sabe de esto venga a explicarnos.

Los habitantes de Tlamanca acudieron a los maestros y estudiantes del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), en Zautla. Cuando en esta región no había opciones académicas, en 1982 el ex lasallista Gabriel Salom Flores impulsó la creación de esta escuela para que los campesinos e indígenas pudieran acceder a la educación media y superior. Se planteó —cuentan los primeros alumnos— como un modelo educativo que generara arraigo entre los jóvenes, que no los “descampesinara” y que contribuyera al desarrollo comunitario. El Cesder comenzó como una telesecundaria. Hoy ofrece licenciaturas y maestrías, de las cuales han egresado alrededor de 500 estudiantes de la región y de otros estados del país.

El Cesder organizó un foro para hablar de la minería a cielo abierto, una técnica que remueve la capa superficial del terreno para acceder a los yacimientos bajo la tierra y que utiliza cianuro para los procesos de separación de minerales. En esos foros se presentaron videos de comunidades en Centroamérica afectadas por este tipo de minería.

—Vimos que en todos lados donde ha entrado esa minería hay quejas, enfermedades, destrucción, divisionismo. Ya con eso pensamos: “no nos conviene”. Tuvimos que armarnos como pueblo. —recuerda Catalina López.

Tlamanca se armó con información y organización comunitaria. Se formaron comisiones para pedir apoyo en las 30 comunidades del municipio de Zautla. En asambleas se les hablaba de lo que era la explotación de oro y se les entregaban folletos con información. Se organizaron reuniones en casas para exhibir los videos sobre la minería a cielo abierto. Se hicieron foros para que la gente “narrara” lo que deseaba para sus comunidades.

—Aquí como que la gente es algo organizada: si alguien se enferma, vamos corriendo a ver en qué ayudamos. Si alguien fallece, agarras algo de tu despensa y vas a ayudar a la familia. También hacemos faenas: si se descompone un camino, todos vamos a componer el camino. Que un incendio, todos vamos a apagarlo. Cuidamos entre todos lo que hay: los caminos, el agua. Eso nos ayudó. —dice la profesora Rosa, egresada del Cesder.

El 22 de noviembre de 2012, más de cinco mil personas marcharon y realizaron una asamblea en Tlamanca, en la que se acordó que JDC Minerals tenía 24 horas para sacar su maquinaria e irse de la comunidad.

—Algunas personas —recuerda Rosa— decían: “nos van a dar trabajo y aquí el trabajo hace falta”. Pero, ¿trabajo a costa de qué? ¿De tumbar todo el cerro? ¿De secar los manantiales? La mayoría dijimos no y eso ayudó. Nosotros decíamos: “no se trata de que nos traigan dinero, es cuidar el territorio”.

—Quizá para algunos el desarrollo es hacer una carretera, una mina. Pero para nosotros ese tipo de desarrollo destruye el hábitat, el lugar donde vivimos, nos despoja de nuestra identidad, de nuestra forma de vivir. No queremos ese tipo de desarrollo. —explica Mario Rivera García. Él formó parte de la comisión encargada de divulgar la información. Tiene 26 años y está a punto de titularse del Ceder con una tesis sobre cómo los pobladores de Tlamanca sacaron a la empresa minera.

Rosa, Andrea, Catalina, Mario y Alejandro no se confían. Saben que las empresas mineras pueden regresar a Tlamanca, porque la concesión que el gobierno federal otorgó para la explotación del oro que está en su territorio es por 50 años.

Cuidar lo de todos

En las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, las asambleas son algo serio.  Son la herencia de una forma de organización indígena-campesina. Son el espacio donde se informa, donde se reparten las tareas. Las asambleas han sido una de las principales herramientas de resistencia que se tienen en la Sierra Norte de Puebla.

—Para nosotros las asambleas son un órgano de gobierno. —dice Miriam Bautista, habitante de la comunidad de Talcozamán, municipio de Tetela de Ocampo— Son un espacio en donde se toman decisiones que tienen que ser respetadas.

En asambleas se decidió formar la Coordinadora Regional de Desarrollo con Identidad. En Cuetzalan, mediante asambleas comunitarias, se formó el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC). La primera organización nació ante el rechazo comunitario a los planes de gran turismo en la zona; la segunda surgió para que las comunidades participaran en normar los usos de suelo.

El COTIC se parió con la asesoría del Centro Universitario para la Prevención de Desastres (CUPREDER), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y se consolidó con las organizaciones existentes en Cuetzalan desde hace 40 años, sobre todo, retomando la experiencia que se tenía con los comités comunitarios del agua. Esta organización se integró de tal forma que la participación comunitaria es mayoritaria y sus decisiones deben ser respetadas por las autoridades. Su primera acción fue hacer un Ordenamiento Territorial que prohíbe cualquier tipo de megaproyecto en el municipio.

Cuando las noticias sobre las mineras e hidroeléctricas llegaron a la región, el COTIC no se quedó callado:

—Lo que hicimos, como parte del ordenamiento territorial, fue informar a la gente de los barrios sobre estos proyectos. Que sepan qué son, hasta qué grado son riesgosos para nuestra vida, nuestra salud, nuestra naturaleza y también para nuestra cultura. —recuerda Rufina Villa, indígena náhuatl, originaria de Cuetzalan y miembro del órgano ejecutivo del COTIC.

—Nos dimos cuenta que necesitábamos estudiar y entender en qué consisten esos proyectos. Cuando tuvimos esos datos, hicimos todo un proceso de información en las comunidades, porque sin información no podemos tomar decisiones, no podemos actuar y es nuestro derecho. Es un derecho que se nos niega, porque las empresas ocultan información. Nosotros dijimos: es un derecho que tenemos, lo vamos a reclamar y a ejercer —dice Leonardo Durán, asesor y miembro de la Tosepan y del órgano técnico del COTIC.

En asambleas, las comunidades totonacas dispersas a lo largo de las cuencas de los ríos Ajajalpan y Zempoala comenzaron a hablar de cómo defender la tierra y el agua. Después de que detuvieron la hidroeléctrica que buscaba levantar Grupo México, decidieron formar la organización Tutunakú, en la cual hoy participan pueblos de seis municipios. Su defensa del territorio también va de la mano con el fortalecimiento de su identidad indígena.

En asambleas, diferentes organizaciones impulsaron la formación del Consejo Tiyat Tlali para coordinar las acciones en defensa del territorio. El consejo se integra por organizaciones tutunakus (totonacas), maseualmej (nahuas) y mestizas de la sierra, entre ellas Imdec, el Cesder, la Tosepan, la Unidad Indígena Nahuatl Totonaca, entre otras.

—Somos tres pueblos trabajando juntos: el pueblo maseual, el pueblo tutunaku y el pueblo mestizo. —explica Aldegundo González, director del centro de formación Kaltaixpetaniloyan de la Tosepan, actual presidente del COTIC y miembro del Consejo Tiyat Tlali— Caminamos juntos porque si algo afecta a un pueblo, nos va a afectar a todos. Los que habitamos acá estamos interconectados con nuestro entorno. De acuerdo con nuestra cosmovisión, todo lo que nos rodea tiene un sentido y está relacionado: las plantas, el aire, el agua, el subsuelo.

En asambleas decidieron aliarse con organizaciones no gubernamentales para hacer estudios y contar con información técnica.

En asamblea, los comités de defensa del agua determinaron crear el Consejo Maseual para la gestión municipal del agua en Cuetzalan. Además, se acordó exigir a los alcaldes que declaren a su municipio “libre de megaproyectos”. Hasta ahora, esta declaratoria se ha realizado en, por lo menos, seis lugares de la sierra: Zacapoaxtla, Xochiapulco, Cuetzalan, Zoquiapan, Tuzamapan y Ayotoxco.

En una asamblea —aquella que se realizó el 7 de septiembre de 2014 y en donde participaron poco más de tres mil personas— se integró el Consejo Maseual Altepetajpianij (“Guardianes del Territorio”) con representantes de 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonahuac y Tlatlauquitepec. A sus reuniones han llegado a participar hasta 223 pueblos, de 19 municipios.

En marzo de 2015, este consejo presentó una demanda de amparo en contra de tres concesiones mineras que se otorgaron a empresas del Grupo Ferrominero: Minera Autlán y Minas de Santa Martha. Gracias a ese amparo se ha logrado, hasta ahora, que no se realicen trabajos de exploración y explotación.

En este proceso legal, las comunidades son acompañadas por el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), organización que con este litigio quiere prevenir que se instalen minas en la parte alta de esta cuenca hidrológica, zona vital para la conservación ecológica de toda la región, explica el abogado Xavier Martínez.

—Con todas las sustancias químicas que ellos ocupan para lavar sus metales dañan el agua, la tierra, el aire y eso provoca enfermedades, provoca muerte. Todo eso no lo queremos en nuestra comunidad, con nuestra gente. Nosotros nos alimentamos de los quelites, ocupamos las plantas medicinales que se dan en los lugares donde vivimos y los podemos ocupar porque sabemos que están limpios, que no están contaminados, pero con este tipo de proyectos ya no podríamos ocupar ni las plantas medicinales ni consumir los quelites. —dice Rufina Villa, integrante del COTIC.

—Queremos que respeten nuestra forma de vida y la relación que tenemos con el bosque, el agua, los ríos. Para nosotros, la montaña no es un montón de tierra con oro. Estamos ante la defensa de un modo de vida, de una cultura, y eso implica defender el medio en el que se desarrolla esa cultura. —explica Alejandro Marreros, asesor del Cesder.

Entubar la vida

Como si se tratara de un tesoro que está bajo su resguardo, el profesor Alfredo Hernández Pineda coloca en la mesa cada una de las hojas que poco más de 500 pobladores de la comunidad de Zoquiapan firmaron el 28 de marzo de 2013. Ese día, a las 13:22 horas, se reunieron en el auditorio para exigirle al presidente municipal, Esteban Pérez Rivera, que respetara la decisión de la mayoría y no se permitiera ningún megaproyecto en su municipio.

Semanas antes, lo pobladores habían visto a ingenieros llegar a su comunidad y tomar medidas en algunos terrenos cercanos al río que conocen desde que nacieron; se enteraron que existían planes para construir y operar durante 60 años el Proyecto Hidroeléctrico San Antonio en el Zempoala, afluente que pasa por varias comunidades de la sierra y desemboca en el Golfo de México.

Los pobladores nahuas de Zoquiapan no fueron los únicos que se movilizaron en contra de esta hidroeléctrica que entubaría parte de su río, hasta canalizarlo a la central de turbinas para generar electricidad. Comunidades de cuatro municipios más también se opusieron. Para asesorarse, sus representantes fueron a Olintla a preguntar cómo le habían hecho para sacar a Grupo México.

—Acá ni siquiera tenían los permisos necesarios y ya estaban con sus máquinas queriendo entrar. Pero toda la gente se opuso y no se permitió. —recuerda el profesor Alfredo— Nosotros, en las comunidades, nunca somos consultados. Nada más nos dicen: “ahí va esto, recíbelo, te guste o no”.

Como muchos de sus vecinos, el profesor Alfredo tiene plantíos de café. Sus cultivos —explica— se vendrían abajo si se entuban los ríos que propician la niebla que, todas las tardes, cubre los cerros y las comunidades en la sierra baja.

El proyecto de la hidroeléctrica en el río Zempoala se detuvo, pero no se canceló. En 2017, Generación Eléctrica San Antonio S.A. de C.V. presentó una Manifestación de Impacto Ambiental a la Semarnat, la cual aún está en evaluación. Además, la empresa —con ayuda de quienes en algún momento ocuparon cargos públicos en el municipio— ha tratado de convencer a los campesinos de que vendan las tierras que están en la ribera del Zempoala.

—Nosotros —explica el profesor Alfredo— siempre hemos estado con el agua, con la naturaleza, por eso hemos luchando para conservar todo lo que tenemos, porque nosotros somos los que custodiamos lo que hay aquí. Si fuéramos destructores ya no hubiera vegetación. Nosotros vivimos del campo, sembramos maíz, frijol, café, plátanos… La tierra nos da de comer. Si no tenemos tierra, ¿a dónde vamos a ir a parar? Con los 12 mil pesos que están ofreciendo por los terrenos, ¿a dónde vamos a ir a dar?

—Estas empresas buscan dividir a las comunidades. Lo primero que hacen es buscar a un grupo de personas dentro de la comunidad, a través de las cuales puedan operar. Les ofrecen apoyos, becas y trabajo. —comenta Silvia Villaseñor, del Imdec, organización de la sociedad civil presente en la sierra norte de Puebla a partir de 2009.

En Ahuacatlán y San Felipe, comunidades que conviven con la parte alta del río Ajajalpan, también se enteraron que la empresa Deselec 1—del grupo Comexhidro—planeaba entubar parte del afluente para dar forma al proyecto hidroeléctrico Puebla I.

Este proyecto contempla una cortina de 60 metros de altura y entubar el río en un tramo de, por lo menos, cuatro kilómetros. El gobierno ya le entregó a la empresa una concesión para el uso de 11 mil litros de agua por segundo, durante 15 años. La electricidad que se generaría con este proyecto es sólo para el uso de empresas privadas —WalMart de México, Waldo’s Dólar Mart de México, Operadora Vips, Suburbia, Colchas México y una persona llamada Ileana Jinich Mekler—, de acuerdo con el permiso E71067/AUT/2013 otorgado por la Comisión Reguladora de Energía.

En su página de internet, la Secretaría de Energía difunde documentos sobre una “Consulta a comunidades nahuas y totonacas sobre Proyecto Hidroeléctrico (Puebla)”. Silvia Villaseñor, del Imdec, explica que se trata de una “simulación de consulta”, ya que sólo se trata de reuniones que no cumplen con los lineamientos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, el cual marca que no se pueden realizar estos proyectos en los territorios indígenas sin una consulta previa, libre e informada.

Fue por ello que pobladores de las comunidades de los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán —representadas por el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar— presentaron una demanda de amparo en contra del Puebla I por violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y otros derechos humanos, como el derecho al agua, al medio ambiente sano y al territorio, entre otros.

En abril de 2016, las comunidades logaron que se ordenara la suspensión provisional del proyecto hidroeléctrico Puebla I, hasta que se resuelva el litigio. La empresa no se quedó con los brazos cruzados. Convenció a varias personas de la comunidad a ir ante el juez, como terceros interesados, para presentar un documento en el que solicitaron la cancelación de la suspensión porque ellos sí querían que se realizara el proyecto. El juez sólo levantó la suspensión para el municipio de San Felipe; pero mantuvo la que corresponde al municipio de Ahuacatlán, donde se pretende construir la cortina de la hidroeléctrica.

Cuando los habitantes que se oponen a la hidroeléctrica revisaron el documento de quienes se supone están a favor del proyecto, encontraron que se habían falsificado las firmas de varios pobladores.

—Existe una presión de los gobiernos y de las empresas muy fuerte para que estos megaproyectos se realicen, no les importa si están violando derechos humanos o no. —señala Itzel Silva, abogada de Fundar.

Por ahora, el proyecto Puebla I está suspendido.

Fuente:http://movimientom4.org/2018/08/documental-territorio-comun/

 

 

Mexico

Protestan contra empresas mineras

 Cientos de ciudadanos se manifestaron en las afueras del palacio de gobierno para expresar su rechazo al proyecto minero Los Cardones, que pretende extraer oro en la sierra La Laguna.

Mientras esto sucedía, se conoció que la minera ganó un amparo federal para efectos garantizando su derecho de audiencia, lo que obligaría al Ayuntamiento de La Paz a notificar y motivar la resolución con la que dejó sin efecto la “sesión secreta” en donde los ediles anteriores le otorgaron los permisos de cambio de uso de suelo; en contraparte, el alcalde de La Paz, Armando Martínez, anunciaba haber ganado este juicio contra la minera.

En la manifestación, los opositores a la minería solicitaron al gobernador que el Consejo Estatal Forestal que él preside se pronuncie en contra del trámite que Los Cardones presentó el pasado 20 de agosto ante la Semarnat, en donde solicita el cambio de uso de suelo para 500 hectáreas en la sierra La Laguna.

Poco antes de las 11:00 am, un grupo de manifestantes irrumpió frente a las puertas del palacio que momentos antes fueron cerradas por personal de seguridad, y luego de varios minutos de ánimos caldeados el secretario general de gobierno y otros funcionarios, bajaron hasta el sitio de la manifestación.

Ahí, Álvaro de la Peña recordó que el gobernador se comprometió a que nunca comprometería la naturaleza, la biodiversidad y el agua, y refrendó que su posición es No a ese proyecto, pero hizo hincapié en que no es competencia del estado sino de los ayuntamientos otorgar el cambio de uso de suelo.

El delegado de la Semarnat, Axxel Sotelo, aclaró que la opinión del Consejo Estatal Forestal en torno a este proyecto no es vinculante.

Fuente:https://www.elsudcaliforniano.com.mx/bcs/se-manifiestan-para-rechazar-proyecto-minero

Internacional

Rechazamos “Montaña de Oro” que amenza a la Guyana Francesa

Poco se oye hablar de Guyana Francesa, el único territorio no soberano de Suramérica. Esta Guyana se encuentra ubicada al Noreste de Suramérica y limita con Brasil y Surinam. Aunque parte de su territorio continental son costas del océano Atlántico, pensar en este es evocar, en gran medida, las selvas amazónicas pues el 90% de su superficie corresponde a este bioma.

La sociedad guayanesa se encuentra fuertemente dividida frente a su lugar como departamento de ultramar francés, y recientemente un polémico proyecto de minería de oro a cielo abierto, contribuye a profundizar el fraccionamiento social. En esta Guyana se tienen datos de extracción minera desde el siglo XIX, la cual se ha realizado, de manera exclusiva a pequeña escala y con técnicas artesanales, específicamente, minería de aluvión o barequeo. No es de extrañar pues que el proyecto suscite grandes preocupaciones para distintos sectores, en tanto se trata de técnicas y escalas hasta ahora jamás empleadas.

El proyecto en cuestión, denominado Montagne d’or (Montaña de oro), sería el primero de extracción minera a gran escala en la Guyana y se localizaría en pleno escudo guayanés, al Sur de Saint-Laurent-du-Maroni y a 180km de Cayena, la capital. Dicho emprendimiento es propiedad de un consorcio conformado por la sociedad rusa Nordgold y la canadiense Colombus Gold, quienes resaltan su adhesión a la iniciativa de minería responsable promulgada por el presidente francés, Emmanuel Macron; igualmente promocionan las obras por la creación de 750 empleos directos y 3000 empleos indirectos y porque, según los directivos del consorcio, un proyecto de esta envergadura contribuiría a reducir la minería aluvial realizada de forma ilegal.

Sin embargo, la mayor parte de habitantes de este país no se deja convencer con estas razones, ni con las casi 30 de toneladas de oro en reservas probadas (que pueden ascender a 85 toneladas) que de acuerdo a defensores del proyecto en Europa y en Guyana, reportarían significativos ingresos a este territorio; tampoco les tranquilizan las regulaciones europeas para actividades mineras. Como lo reconoce el presidente de la compañía minera, Pierre Paris, en declaraciones al diario La Croix “La situación es muy tensa. Es extremadamente difícil tener discusiones serenas y esto tiende a empeorar”.

Los opositores de este proyecto, hermanos y hermanas que defienden su territorio, denuncian la magnitud de los daños ambientales que tendría para dos Reservas Biológicas Integrales cercanas, y la posibilidad de contaminación de los ríos con cianuro, una sustancia, que a pesar de los intentos de algunos eurodiputados, no ha sido prohibida en los Estados miembro de la Unión Europea. Además, denuncian que estos riesgos ecológicos no se verán traducidos en los empleos mencionados en tanto los 750 puestos laborales no tienen en cuenta las capacidades locales o la formación; o en ganancias económicas para la Guyana, pues menos del 0,36% valor del oro declarado irá a parar a manos de los colectivos locales.

De acuerdo a información suministrada por la WWF, ⅔ de la población guayanesa rechaza el proyecto y no lo asocia a alternativas económicas y laborales estables y duraderas. Sin embargo, éste cuenta con el apoyo de influyentes personalidades, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron. La polémica se siente en las calles de Guyana, en Francia e incluso en el Parlamento Europeo, pero poco se ha conocido de este conflicto en los demás países que integramos la Panamazonía.

Por tal, como defensores y defensoras de la Amazonía, desde el Foro Social Panamazónico manifestamos nuestro rechazo a este proyecto que amenaza la Amazonía, nos solidarizamos con el pueblo guayanés en esta lucha y hacemos un llamado a fortalecer la unidad entre pueblos andino-amazónicos para poder enfrentar de forma mancomunada las amenazas a todas las formas de vida que se ciernen sobre nuestros territorios.

¡Por la vida, defendemos la Amazonía!

Fuente:http://censat.org/es/noticias/rechazamos-montana-de-oro-que-amenza-a-la-guyana-francesa

Mexico

Pagan por manifestarse a favor de la minería; solo van 200

Cerca de 150 personas, en su mayoría acarreados de las colonias de la periferia de La Paz, se llevó a cabo la manifestación en pro de la minería a cielo abierto.

A la vieja usanza de los partidos políticos, jefas de colonia prometieron entre 150 a 200 pesos a la gente, así como transporte para que se presentaran a la manifestación convocada por el Congreso Agrario Permanente (CAP).

La marcha por el progreso compuesta por casi 200 personas lució desolada en comparación de los casi 1,000 ciudadanos que llegaron hasta la explanada del Gobierno de Baja California Sur, ayer 29 de agosto.

El representante del CAP en Baja California Sur, Juan Carlos Jiménez Fuentes, dijo en entrevista con Diario El Independiente que existe una manipulación de los ambientalistas y, por eso, la gente se congregó ayer.

Más tarde, en redes sociales, circuló cómo personas entregaban a los asistentes 200 pesos, así como abordaban camiones y peseros para regresar a sus colonias.

“No nos dijeron, nosotros no estamos informados, no tenemos información […] sí –ofrecieron dinero– la jefa de colonia estaba diciendo que 150 pesos”, comentó uno de los asistentes a BCS Noticias en su reporte.

Jiménez Fuentes dijo desconocer la situación cuando la reportera lo cuestionó, pero mencionó que “si recibieron dinero, pues qué bueno, ¿no?”.

Fuente:https://www.sdpnoticias.com/local/baja-california-sur/2018/08/30/pagan-por-manifestarse-a-favor-de-la-mineria-solo-van-200

Chile

No sólo es el clima: también la minería amenaza los glaciares

La minería está afectando los glaciares en Chile, lugar que alberga el 82 por ciento de los cuerpos de hielo en Sudamérica.

No, no es que seamos alarmistas, pero la situación es delicada. Lo supimos el otro día al enterarnos de que el hielo más grueso del Ártico se rompió por primera vez, pero esta situación no sólo se vive en el Polo Norte, sino que existe también en el sur.

Porque ahora además del cambio climático, también la minería amenaza con acabar con los glaciares, sobre todo el Chile, país que cuenta con el 82 % de los glaciares de América del Sur.

¿Por qué la minería? 

Según Fabrice Lambert, profesor de climatología de la Universidad Católica de Chile, esto se debe al polvo que genera la actividad minera, lo cual pone, según sus palabras, en verdadero peligro a los 24 mil 114 glaciares chilenos.

“El polvo que generan las mineras se posa en los glaciares cubriendo la superficie blanca (refractaria a los rayos del sol) y esas partículas absorben la energía solar y provocan el deshielo rápido de los glaciares”.

¿Qué dice la industria minera? 

Que no, pues qué otra cosa van a decir. Joaquín Villarino, presidente del consejo Minero chileno, dijo que esto es imposible debido a que “más del 70 por ciento de la actividad minera se desarrolla en zonas donde no hay glaciares”.

Además recalcó que existe una legislación que protege e impide que las compañías mineras hagan daño a glaciares existentes.

Entre que sí y que no, Lambert reconoce que no está diciendo que se suspenda la minería y que hay que ser realistas: “hay que encontrar una manera de proteger los glaciares sin destruir la industria minera, que es esencial para la economía del país”.

Esta disminución de la superficie helada en Chile corresponde con la tendencia global según el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, situación que puede provocar muchos más efectos negativos de los que prevemos.

Por ello, urgen políticas públicas para cuidar al medio ambiente, pues en toda Sudamérica sólo Argentina cuenta con una legislación específica para la protección de sus glaciares. ¿Hasta cuándo se tomarán cartas en el asunto?

Fuente:https://news.culturacolectiva.com/medio-ambiente/mineria-amenaza-a-los-glaciares-en-chile/

Colombia

Cucaita no quiere más minería

Según los habitantes de Cucaita, el suministro de agua se ha visto afectado en el sector veredal a causa de las malas prácticas mineras. De acuerdo con el testimonio de Carlos Rodríguez Sierra, habitante de la zona, hace pocos años, había agua en abundancia proveniente de dos nacimientos que proveían del preciado líquido a las familias del municipio y a sus cultivos.

Los males para esta comunidad, empezaron cuando llegó la minería que  traído contaminación y disminución de las quebradas de donde se surten los acueductos para las veredas de Chipacatá, Escalones y Pijaos.

La denuncia 
Los habitantes afectados por esta crisis ambiental en Cuicaita, aprovecharon la audiencia que se realizó la semana pasada en el Coliseo de la vereda Pijaos con la comunidad y la Procuraduría Ambiental y Agraria, para dar a conocer estas afectaciones. Según los residentes, los más afectados con la escasez de agua han sido los niños del sector, que estudian en la escuela Santa Lucía.

El agua llega a este sector cada ocho, lo que ha venido afectando el normal desarrollo de las clases, por lo que los docentes y padres de familia, temen que la secretaría de Salud de Boyacá tome la medida de cerrar la institución por riesgo sanitario.

Todos estos problemas se derivan, según la investigación realizada por el portal Entre Ojos, en los títulos concesionados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y en las licencias ambientales que al parecer de manera irregular otorgó entre 2007 y 2011 la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) para extraer carbón en esta zona que hace parte del páramo Cundiboyacense y que limita con la Reserva Forestal Protectora El Malmo, a muy pocos kilómetros de la ciudad de Tunja.

La comunidad ha contabilizado 11 títulos mineros que se extienden a lo largo de 1.700 hectáreas tanto de Pijaos como de las veredas Chipacatá, Escalones y Lluviosos, de Cucaita.

Según lo expuesto por los habitantes, también se han registrado afectaciones en las veredas Barón Germania, Barón Gallero, La Lajita y El Porvenir, de Tunja.

Filiberto Rodríguez, presidente de la Junta de Acueducto de la vereda La Hoya, de Tunja, pidió a Corpoboyacá y a Corpochivor revocar licencias ambientales otorgadas para explotar carbón en Cucaita.

La proximidad de la minería también afecta sus fuentes de agua.

Los residentes, aseguran que las licencias que otorga Corpoboyacá no cumplen con los requisitos y normas ambientales, y que no se le hace un adecuado y riguroso seguimiento a los planes de manejo presentados por las empresas.

La respuesta 
A este respecto Ricardo López Dulcey, actual director de Corpoboyacá señaló que las licencias ambientales a las que se refiere la comunidad de Cucaita, fueron otorgadas entre los años 1995 y 2010 y que durante su administración no se han otorgado más licencias para el municipio.

López Ducley señaló además que el conflicto en Cuciata se base en la tenencia del agua entre las comunidades que desarrollan la minería. “Esta es una zona que históricamente no ha tenido grandes fuentes hídricas y por razones del uso del suelo se responsabiliza a la minería de la disminución de la oferta de agua en la región”, expresó López Dulcey.

Fuente:http://hsbnoticias.com/noticias/local/cucaita-no-quiere-mas-mineria-453398

Mexico

Arrecian protestas contra mina y en defensa del agua en Baja California

En Baja California los defensores del agua y de la vida reanudaron las movilizaciones en contra de la instalación de la mina Los Cardones en la Sierra de La Laguna. Así evangélicos, ganaderos, pescadores, estudiantes, artistas, refrendaron la representatividad del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y de la Vida. Piden entrevistarse con Gobernador y los recibe otro funcionario.

En la ciudad de La Paz, de nueva cuenta vivió una emblemática movilización ciudadana en contra de las intenciones de Ricardo Salinas Pliego de instalar una mina en las fuentes de agua del sur de la entidad.

Los hechos ocurren días después de que el grupo minero reactivara el procedimiento administrativo para que de nueva cuenta corra el procedimiento de instalación de la mina Los Cardones, en la Sierra la Laguna.

Se trata otra de las movilizaciones ciudadanas que de manera amplia y plural se movilizan en el país en defensa del agua y de la vida en contra de la minería o el fracking, como en el caso de Mexicali o la Huasteca Potosina.

Por ello en las protestas en la Paz, se presentaron a la movilización ciudadana un conjunto de saludos y representantes de expresiones sociales muy diversas.

Se trata de organizaciones económicas, como asociaciones de ganaderos, sociedades de solidaridad social y pescadores, quienes se hicieron presentes en rechazo a Los Cardones

También hicieron acto de presencia congregaciones confesionales como el pueblo evangélico por la paz, representada por la alianza de pastores.

Así mismo se expresaron el magisterio democrático, estudiantes, representaciones formales de escuelas.

Antes de ser recibidos por el Secretario de Gobierno de Baja California, el Frente en Defensa del Agua y de la vida en la entidad destacó las movilizaciones de diversas localidades, entre ellas La Paz, Los Cabos, o Loreto entre otras.

Al recibir el saludo solidario el grupo opositor en Loreto en el mitin, se les dió una muy emotiva bienvenida, señalando su accionar solidario en las marchas, actividades culturales o de plática en familia en contra de la minería tóxica.

El recibimiento a la ciudadanía de Loreto, fue el marco para que el orador, señalara tanto a las autoridades locales como federales, que bajo ningún concepto permitirán la minería tóxica en la entidad.

Destacaron que están luchado por el derecho humano al agua, al medio ambiente sano, a la salud.

E incluso mencionaron que se trata de la defensa del medio ambiente en interés superior de los menores de edad.

Guardianes de los cerros, artistas, jóvenes, se manifestaron ante el gobierno de la entidad; en tanto que una comisión fue recibida por los funcionarios estatales.

Gobierno se compromete a pronunciarse en contra de la minería tóxica

La comisión de manifestantes que ingresó a la casa de gobierno informó de tres compromisos alcanzados.

Según los comisionados, el gobierno de Baja California se comprometió a que en voz del Gobernador de emitirá un comunicado donde fija postura en contra de la minería a cielo abierto y que usa agentes químicos tóxicos en la entidad.

La comisión informó que los funcionarios de gobierno se manifestaron favorables a la creación de una nueva ley que blinde a Baja California de la minería tóxica, como lo promueve el Frente Ciudadano.

Para ello, recordaron los inconformes promoverán en estos días una reunión con los diputados recién electos para que se turne a comisiones y se vote en el pleno dicha iniciativa de ley.

En el mitin subrayaron que la empresa Desarrollo Zapal, ligado a Ricardo Salinas Pliego, no cuenta con los requisitos legales para echar a andar la mina Los Cardones.

Denunciaron que un grupo de seguridad privada contratada por la minera se encuentra acantonada en la reserva natural de la Sierra la Laguna, en el lugar donde se pretende el tajo abierto.

Los manifestantes acordaron exigir a las autoridades municipales de La Paz, realicen las gestiones necesarias para expulsar al grupo de policías privadas de la reserva natural.

Finalmente, los manifestantes dieron por concluido el evento bajo la consigna “La sierra no se vende, la sierra no se dá, porque tiene a su gente con mucha dignidad”.

Fuente:https://regeneracion.mx/arrecian-protestas-contra-mina-en-baja-california/

Mexico

Minera canadiense acusada de contaminar al país le pedirá a AMLO una rebaja de impuestos

Plena protección a las inversiones extranjeras y una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos al sector minero son las principales demandas que las mineras solicitarán al nuevo Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

“Esperamos que (el nuevo Gobierno) muestre compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, así lo declaró Michael Harvey, directivo de Goldcorp, la minera canadiense que acumula denuncias por contaminación y por consumir grandes volúmenes de agua en el país a costa del medio ambiente e incluso la salud de las poblaciones donde opera sus minas.

Las mineras pedirán al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador plena protección a las inversiones extranjeras y una revisión a la estructura fiscal para bajar los impuestos a este sector, así lo declaró Michael Harvey, director de Asuntos Corporativos y Seguridad de Goldcorp, la transnacional canadiense que acumula decenas de denuncias por contaminar la tierra y consumir grandes cantidades de volúmenes de agua de las poblaciones donde opera.

“Es importante que México asegure plena protección a las inversiones extranjeras porque bajaría la confianza, para la minería lo más relevante es el tema de protección a las inversiones, la industria no se ve afectada por otros temas como otros sectores”, explicó el directivo de la minera canadiense en conferencia de prensa.

Informó que este jueves sostendrán una reunión con parte del equipo que conformará la Secretaría de Economía (SE) en la próxima administración, cuya dependencia estará a cargo de Graciela Márquez Colín.

La reunión, dijo, es para poner en la mesa las necesidades y retos que enfrenta el sector como la sobrerregulación fiscal, la falta de Estado de derecho y la inseguridad.

“Esperamos que muestren compromiso con la actividad, deberían de revisar la estructura fiscal porque el impuesto minero fue un golpe muy fuerte para la industria, ojalá evalúen que los impuestos en México son más altos que en otros países”, aseguró.

El directivo de la minera Goldcorp destacó que para mitigar la carga fiscal el gobierno en turno podría permitir que las compañías puedan deducir las inversiones de infraestructura o de obras en la localidad de las minas, como ocurre en Perú.

“Eso sería muy positivo porque las comunidades terminarían con obras de mejor calidad y con un costo administrativo mucho más bajo, porque se eliminaría toda esa burocracia de fondo”, indicó.

Michael Harvey habló también de que la industria minera deberá trabajar fuerte en la próxima administración para dar a conocer los beneficios de la actividad y el reto del Estado de derecho, uno de los grandes problemas en el país.

“Estoy viendo mucha apertura para reunirse con funcionarios canadienses y miembros de la industria, es un momento de esperanza porque la industria debe recuperar competitividad”, señaló.

Chile

La minería y el cambio climático: Las amenazas de los glaciares chilenos

La falta de un marco jurídico que proteja estas estructuras y la constante contaminación son algunos de los factores que expertos del área critican a las autoridades del país.
Chile cuenta con el 82% de los glaciares de América del Sur, sin embargo, a causa del cambio climático y el polvo que genera la actividad minera, sector estratégico del país, su destrucción se ha acelerado en el último tiempo, amenazando una de las mayores reservas hídricas del planeta.
Aunque la relación causa-efecto es todavía difícil de establecer, para Frabrice Lambert, profesor de climatología de la Universidad Católica de Chile la actividad minera podría representar un auténtico peligro para los 24.114 glaciares que hay en Chile. “El polvo que generan las mineras se posa en los glaciares cubriendo la superficie blanca (refractaria a los rayos del Sol) y esas partículas absorben la energía solar y provocan el deshielo rápido de los glaciares”, explica Lambert, antes de recordar que “varios de los glaciares de Chile están en torno a alguna mina”.
Un argumento que no comparte Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero chileno, quien asegura que “más del 70% de la actividad minera se desarrolla en zonas donde no hay glaciares” y además, “ya existe en la legislación actual una cierta protección que impide que las compañías mineras hagan daño a glaciares existentes”, agrega. Pero Lambert recomienda “realismo”: “No se van a cerrar las minas de aquí a cinco años pero hay que encontrar una manera de proteger los glaciares sin destruir la industria minera, que es esencial para la economía del país”.
El ausente marco legal y la batalla de las mineras Dada la situación, Pilar Moraga, abogada y especialista en derecho medioambiental, ve como un punto urgente la creación de un marco jurídico que proteja de manera específica a los glaciares del país. En 2014, se presentó un proyecto de ley en el Congreso para prohibir ciertas actividades industriales peligrosas en los alrededores de los glaciares. Varias modificaciones lo fueron despojando de su objetivo principal hasta que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera decidió enterrarlo definitivamente en junio pasado. Según el gobierno, basta con la regulación general del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), cuyo objetivo es preservar la diversidad biológica del país, protegiendo los Parques Nacionales o las Reservas Nacionales.
Los especialistas critican esta decisión ya que, alegan, los glaciares no siempre están en parques protegidos. “En Chile, 86,4% de los glaciares se encuentran en zonas protegidas, pero en el centro y norte del país, donde la escasez de agua es cada día más acuciante, los glaciares están sin protección”, aclara Lambert, antes de puntualizar que en estas regiones “las proyecciones climáticas anuncian una caída de las precipitaciones del 30% en los próximos cincuenta años”. “Desde 2005, ha habido seis o siete proyectos de ley de protección de glaciares presentados por senadores o diputados, pero siempre ha habido un bloqueo por el sector minero”, lamenta Sara Larraín, directora de la ONG Chile Sustentable. Por su parte, los representantes de la industria minera niegan haber ejercido presiones y se felicitan de la reciente retirada del proyecto de ley. “El gobierno adoptó una decisión seria que tenía un coste político. Una decisión bien analizada”, explica el presidente del Consejo Minero.
Mientras por el momento se ha enterrado toda esperanza de contar con una ley específica para la preservación de los hielos, hace unas semanas la entonces ministra de Medio Ambiente, Marcella Cubillos, anunció la creación de comisiones regionales compuestas por expertos para encontrar “una solución eficaz para proteger los glaciares”. Al mismo tiempo, dos proyectos siguen en suspenso: la reforma del Código de Aguas, para prohibir “los derechos de suministro de agua de glaciares”. De la misma forma, está paralizada la moción presentada por el diputado Guido Girardi (PPD), con el mismo objetivo, que pretende que los glaciares se conviertan en “bienes nacionales de uso público” protegidos por la ley, para autorizar únicamente actividades turísticas y científicas.

Fuente: Emol.com – http://www.emol.com/noticias/Tecnologia/2018/08/29/918774/La-mineria-y-el-cambio-climatico-Las-amenazas-de-los-glaciares-chilenos.html