La realidad panameña ante el modelo extractivo minero en el 2016, se enmarca en la corrupción y evidente continuidad del Gobierno Nacional, de ceder concesiones mineras en todo el territorio. Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial – minera y la supuesta voluntad oficialista, empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo.
A la deriva queda el país, sin una regulación, a merced de las empresas concesionarias, para que haga y deshaga todo lo que no esté estipulado legalmente, vulnerando el estado de derecho y posterior las normas en materia de derechos humanos y ambiente. Máxime, la funcionalidad de las instituciones con competencia en materia de comercio e industria, como de ambiente, que su misión y visión sobre la cuestión ambiental global, ha quedado rezagada o carente de programas de formación científica y socioambiental.
Panamá, como expresamos en distintos espacios de comunicación, se ha vendido como un paraíso de prosperidad y auge financiero, pero esta falacia a quedado a descubierto por los grandes intereses de políticos y empresarios que se turnan el poder para garantizar las acciones y comercio, como es el caso de las actividades extractivas. En donde los Panamá Papers muestran las figuras involucradas en la corrupción proveniente de las operaciones ilícitas para favorecer consorcios y accionistas. La minería no escapa de este eslabón, y para garantizar esta usurpación de los bienes comunes, elevaron la actividad minera como inyector determinante para el Producto Interno Bruto del País.
Uno de los casos muy visualizado, es el fracaso del proyecto Petaquilla Gold, ubicado en el Distrito de Donoso, provincia de Colón, cuyo mayor acciones es el empresario Richard Fifer, que violó los derechos laborales de miles de trabajadores, y extrajo para sus cuentas bancarias las ganancias que generó las exportaciones de oro. Igualmente en un observatorio que se realiza en esta zona, comprobamos también el modus operandi como el proyecto extractivo de cobre Minera Panamá, vulnera a los trabajadores panameños, desmotando sus derechos, para luego ceder esas plazas de trabajo a extranjeros sin la calidad de prestaciones laborales.
A lo expuesto, le incorporamos una serie de violaciones de derechos humanos y ambientales, en donde la calidad de vida ha quedado en segundo plano para las comunidades campesinas e indígenas, ya que sus ríos, sus tierras y aire, son contaminados y aniquilados por la fuerza industrial canadiense y criolla. Una caso preciso es la violación a los convenios para el manejo del Corredor Biológico Mesoamericano, que ha sufrido una tortura legal por parte de las altas jerarquía de la justicia panameña, para que las empresas minera en dicha zona de Coclesito, operen sin medir los grandes efectos negativos a futuro.
A ese ritmo, justifican con sus ganancias, pero que a su vez limpian su rostro mercantil, promoviendo actividades sociales y programas de compensación por pérdida de biodiversidad, ante la devastación que generaron. Y en el marco de la ciudadanía y su bienestar, los campesinos se han visto engañados por las promesas y proyectos sociales fracasados, que al descalificar la cultura y progreso de vida tradicional, han optado como esperanza continuar su arado con las pocas tierras que poseen. Ya que las empresa mineras, a través de un programa de compra venta, se benefició de las tierras que eran trabajados por las comunidades.
A esa contaminación, violación fragante y muerte, el Estado incumple con el ejercicio de los derechos humanos, en la protección y propio avance autónomo que las comunidades desean. Aún desconocemos las sanciones y reparo por los daños vertido por la empresa Petaquilla Gold.
En el 2016, otro de los casos que pone en alerta a las comunidades del interior del país, es la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Quema. De la Empresa Minera Cerro Quema, subsidiaria de la minera canadiense Pershimco Resources, ubicado en el Distrito de Tonos, provincia de Los Santos. Que se encuentra en su etapa final como es el Estudio de Impacto Ambiental EIA categoría III.
Pero una singular situación esta en boga de la opinión pública como de científicos y ambientalistas, es que la provincia de Los Santos, perteneciente a la Península de Azuero, sufre fuertemente los impactos del cambio climático, vulnerando sus afluentes y ríos para la vida productiva agrícola y consumo de agua potable para los ciudadanos. Que por décadas ha sucumbido por deforestación y mal manejo territorial, y que actualmente, el inicio de las operaciones de este proyecto extractivo producirá una grave crisis ambiental. Ya que la actividad extractiva consume cantidades de agua y territorio, lo que sus áreas adyacentes, sufrieran y posterior se generaliza una sequía y contaminación.
Dos muestras de la situación minera en Panamá son evidentes, y que si tomamos los actuales proyectos aprobados por el Ministerio de Comercio e Industrias que son 16 contratos, el estado estará obligado a buscar pronto solución ante la crisis ambiental que produce estos proyectos extractivos mineros.
También es importante exponer, el aumento de la criminalización de la protesta social o defensores de los derechos humanos. Casos como: persecución a los moradores de isla Pedro González por oponerse a una megaobra de turismo inmobiliario del millonario grupo Eleta, la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO, la amenaza a la periodista y defensora de la Laguna de Matusaragati de Darién, Ligia Arreaga, los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá, la detención absurda al catedrático de la Universidad de Panamá, Evidelio Adames, y otros, son algunos, en que los inversores de la crisis ambiental apuntan.
A lo anterior, se le suma la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmencita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco.
Por ende, esta criminalización a campesinos y activistas, las futuras víctimas pueden ser las comunidades rurales, que se opongan al modelo extractivo minero. Y que para restar dicha imposición, el movimiento socioambiental en reiterada veces ha dicho que un mejor modelo de vida basada en la agroecología nacional, la cual promueve un equilibrio con la biodiversidad y la cultura responsable de consumo.
Y el extractivismo, tentáculo del capitalismo, genera ganancia pero solo para quienes portan el poder financiero, y no así para el poder colectivo que es decir el bienestar para la salud, cultura, ambiente y felicidad.
Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/panama-extractivismo-minero-y-corrupcion/
El Foro “Minería y desarrollo: perspectivas desde la Sociedad Civil” ha sido un momento de debate entre diferentes actores, a pesar de la ausencia de representantes de la minería industrial que fueron invitados, como: Cámara Minera de Nicaragua y HEMCO, S.A.
Las mineras están volviendo a realizar transacciones después de años de austeridad que paralizaron las inversiones en producción futura. Los presupuestos de exploración están aumentando y las mineras buscan adquirir activos a través de asociaciones o compras directas. Goldcorp seguirá buscando oportunidades, dijo Garofalo en la entrevista el lunes, aunque señaló que los grandes depósitos son cada vez más difíciles de encontrar. Inversión inicial sería de US$ 260 millones.