El día de ayer se conoció la noticia que el Tribunal Arbitral internacional encargado del caso “La Oroya” había resuelto parcialmente a favor del Estado peruano.
El resultado marca un paso importante en la controversia que enfrenta el Perú con la empresa norteamericana al amparo del capítulo de protección a las inversiones del TLC Perú Estados Unidos. Como se sabe, The Renco Group Inc. (“Renco”) inició el proceso de arbitraje en contra del Perú el año 2011. La empresa reclamaba que había sido objeto de trato discriminatorio y que había sido víctima en el Perú de una expropiación indirecta.
Para conocer con mayor detalle los antecedentes del caso y la problemática de La Oroya, compartimos el libro «Doe Run VS Péru: Lecciones de una demanda injusta», publicado por la Red Peruana por una Globalización con Equidad y CooperAcción. El texto completo puede ser descargado AQUÍ.
A propósito del nuevo llamado que hace Nelson Pizarro, Presidente Ejecutivo de Codelco, -realizado en la conmemoración de los 45 años de la nacionalización del cobre- a construir un “nuevo acuerdo” para la minera, es preciso señalar a qué tipo de nuevo trato apunta el señor Pizarro, en tiempos en que la minería ha causado grande estragos tanto a las comunidades que conviven a diario con estas grandes empresas mineras, ya sea Estatal o de capitales transnacionales, como para el ecosistema en el que habitamos. A qué se refiere cuando habla de “…mantener nuestro liderazgo mundial en la producción de cobre” o comenta que “Hoy la meta es ser más productivos, más innovadores y más sustentables…” ¿Qué es lo que Pizarro le está pidiendo al país y a los territorios? ¿Un poco más de laxitud?
La Agencia Andina acaba de anunciar que el Tribunal Arbitral internacional encargado del caso “La Oroya” -denominado The Renco Group Inc. contra el Perú- resolvió parcialmente a favor del Estado peruano. La fuente es el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta es una historia de poder y despojo. Un pequeño pueblo en Durango fue estafado por una empresa canadiense para explotar sus tierras, ricas en plata. El gobierno de Canadá intervino con las autoridades mexicanas para proteger los intereses de la minera y quitarle a la gente sus tierras. La batalla en los tribunales lleva 4 años.
Mientras, el pueblo muere de sed.
El día más temido por las comunidades ha llegado y exigen cierre definitivo
El conflicto social causado por la empresa minera Southern Perú, por su intención de instalar la minera cuprífera Tía María en el Valle de Tambo, no ha concluido, ya que este miércoles las marchas contra esta minera se reiniciaron en horas de la tarde.
Enclavada a unos cuarenta kilómetros al norte de Gastre, cerca del límite con Río Negro, enriqueció a sus propietarios ingleses y argentinos. Más de un millón y medio de toneladas de residuos tóxicos permanecen abandonadas en el lugar. En términos de volumen procesado, el proyecto Navidad equivaldría a la explotación de cuarenta minas Ángela.
La resolución final del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial -cualquiera que sea-, sobre la demanda interpuesta por la minera Pacific Rim, ahora Oceana Gold, no significa que el Estado deba entregarle una concesión para operar, aseguró ayer el abogado representante del país en este caso, Luis Parada.
Organizaciones sociales y vecina/os de la localidad de Putaendo entregaron una carta al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, exigiendo tomar acciones urgentes tras tener acceso a informe que acredita graves niveles de contaminación producto de la actividad minera en la zona, el cual era de conocimiento de las autoridades.
Con voz fuerte y llena de rabia, Faustina Guzmán exclamó su rechazo a la actividad minera en Ciudad Ixtepec, ella y otras 500 personas más marcharon por las principales calles para dejar claro que no aceptarán la instalación de ninguna minera.