En el Mes de la Minería y de la conmemoración del accidente de los 33 mineros de Atacama, el Ministerio de Minería y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) dieron a conocer el Balance Nacional de la Seguridad Minera en Chile, estudio que analizó la cantidad y motivo de los accidentes fatales y graves registrados desde el año 2000 en adelante. La mayor cantidad de accidentes de este tipo se observa en las regiones de Antofagasta, Atacama, y Coquimbo.
Al respecto, la ministra de Minería, Aurora Williams, evidenció que «el sector tiende a acercarse a sus mínimos históricos, lo que significa que el desafío será cada vez más arduo para bajar los índices de accidentes, que de hecho es el más bajo de todos los sectores de la economía».
El coordinador de la Mesa de Gestión de Riesgo de este departamento hondureño, Wilson Galo, lamentó el incremento de actividades mineras en diversas partes de Choluteca, sin la autorización de las autoridades correspondientes.
El Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic) ratificó su rechazo a la minería a cielo abierto, las hidroeléctricas, la privatización del agua y el llamado fracking (técnica para la extracción hidráulica de gas y petróleo) en la Sierra Madre Oriental, tal como pretenden autoridades y empresas promotoras.
Gran preocupación generó en la C.C. Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba) la desaparición de tres trabajadores de la empresa Río Blanco Copper S.A., en el marco de una expedición que tenía por objeto el levantamiento de información topográfica en tierras de la citada comunidad (lo que llama la atención después de varios años de exploración minera en la zona).
En medio de duro racionamiento hídrico en la ciudad de Vallenar por agotamiento de las aguas y el rechazo a los megaproyectos, el Valle del Huasco convoca a un punto de prensa en el marco de la 12 ° Marcha por el agua y la vida.
Las compañías mineras que trabajan en México, han logrado ganancias enormes, más enormes todavía que los beneficios de los pueblos que habitaban las zonas de explotación.
El grupo de ambientalistas Uruguay Libre de Megaminería tuvo durante todo el proceso de discusión del proyecto de Aratirí un rol activo tanto en las calles como en los lugares de debate académico. Juntaron firmas para establecer en la Constitución la prohibición de ese tipo de proyectos, y se movilizaron en distintas oportunidades tanto en Montevideo como en el interior. Raúl Viñas, uno de los voceros de la organización, aseguró a El Observador que la lucha del movimiento no se detiene a pesar de que el proyecto Aratirí está sin avances. «Esté o no esté Aratirí no importa, el tema es que existen propuestas en el mundo de armar desastres como estos, y Uruguay no es país adecuado para hacerlo», dijo.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) pidió al Papa Francisco instruir a los jerarcas de la Iglesia católica mexicana a que dejen de presionar a los sacerdotes que apoyan a los pueblos y comunidades perjudicados por esa actividad y, por el contrario, los respeten, protejan y animen en su labor pastoral.
La extensión territorial de la Costa Chica y Montaña es de 700 mil hectáreas, y la tercera parte de esta extensión está concesionada a distintas mineras en el estado de Guerrero, México. Hoy en este país existen 70 mega proyectos de este tipo; de los cuales 25 operan a cielo abierto.