Toronto (Canadá), 3 may (EFE).- El sector minero y petrolero canadiense ha multiplicado sus inversiones en Latinoamérica en los últimos años, pero también se enfrenta a graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y conflictos legales con gobiernos por sus prácticas laborales, sociales y medioambientales.
El sector minero canadiense se enfrenta a un aluvión de acusaciones y conflictos
«En esos lugares se han cometido asesinatos, secuestros y se han destruido bienes del Estado y de la propiedad privada (…) Yo no voy a permitir que siga caminando de esa forma», dijo el presidente Otto Pérez al anunciar su decisión de «implantar el estado de excepción».
Mataquescuintla. Militares tomaron cuatro poblados en el sureste de Guatemala, donde rige este jueves el estado de excepción, tras enfrentamientos entre policías y opositores al proyecto de explotación minera concedido a una empresa canadiense, el más reciente de una serie de conflictos por la extracción de recursos naturales.
Por Eliana Gilet / Betania Núñez
Una organización popular parece consolidarse. Montevideo la vio desfilar por su principal avenida a fines del año pasado, en la III Marcha Nacional en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales. Al margen de las organizaciones tradicionales crece un movimiento diverso y amplio, que tiene sus raíces en el interior del país. Son Frenteamplistas, blancos, colorados, anarquistas, ateos, católicos o evangelistas de Tacuarembó. Los une su posición contraria a la instalación de la minería a cielo abierto en el país.
Diana Porras
La Corte de Apelaciones de Copiapó concedió una orden de no innovar ante el proyecto minero El Morro. De esta manera, se suspende el proceso de consulta establecido el pasado 13 de marzo mediante resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama, tendiente a preguntar a la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos sobre los alcances de esta iniciativa.
El gobierno del general Otto Pérez Molina parece buscar quitarse de encima la mochila de acusaciones por violaciones a los Derechos Humanos con más y más violencia y atropellos. En las últimas horas fue declarado el estado de excepción en cuatro municipios que se encuentran en resistencia contra la minera canadiense San Rafael.
La medida, que se ejecuta a un mes exactamente de una similar decretada en el municipio de Santa Cruz Barillas para reprimir la resistencia a la construcción de una represa por parte de un consorcio español, afecta a San Rafael Las Flores y Castillas, en el departamento de Santa Rosa, y Xelajpán y Maraquescuintla, en Jalapa y se extiende por un periodo de 30 días.
El ejército desplegó cientos de efectivos para ocupar cuatro poblados en el sureste de Guatemala, donde rige este jueves el estado de excepción, tras enfrentamientos entre policías y opositores al proyecto de explotación minera concedido a una empresa canadiense Tahoe Resources, el más reciente de una serie de conflictos por la extracción de recursos naturales.
«En esos lugares se han cometido asesinatos, secuestros y se han destruido bienes del Estado y de la propiedad privada (…) Yo no voy a permitir que siga caminando de esa forma», dijo el presidente Otto Pérez al anunciar en rueda de prensa su decisión de «implantar el estado de excepción».
Con el proyecto aprobado en Diputados y ahora a consideración del Senado, el gobierno está lanzando sus últimos cartuchos para justificar una ley de minería de gran porte que ha quedado atada sin remedio al proyecto minero de Aratirí, que perdió el apoyo multipartidario que había logrado en 2011 y enfrenta una creciente resistencia en amplios sectores de la población.
Víctor L. Bacchetta
«Cuatro empresas mineras analizan instalarse en el país». Con esta afirmación, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, salió a la prensa en la última semana para apoyar el proyecto de ley de minería de gran porte a consideración del Parlamento, dando a entender que esos proyectos de minería auguran un futuro brillante para el Uruguay.
El presidente Otto Pérez Molina suma su segundo Estado de Sitio. Ayer implantó esta medida en los municipios de Mataquescuintla y la cabecera de Jalapa, en Jalapa; San Rafael Las Flores y Casillas, en Santa Rosa, donde los vecinos se oponen a la Minera San Rafael.
El mandatario aseguró que el tema minero no es el motivo principal de la restricción de las garantías. Ayer, el Presidente dijo que su decisión es resultado de una investigación del Ministerio Público (MP) que comenzó hace seis meses. “Esto permitió determinar que los hechos delictivos cometidos van desde asesinatos, secuestros y la destrucción de bienes del Estado, asociación ilícita y robo de armas”, aseguró.
La ampliación del proyecto Andina 244 impactará 26 glaciares, lo cual provocará la perdida de millones de litros de agua que abastecen a la región Metropolitana y de Valparaíso.
¿Se quedará Santiago sin agua?
Es la pregunta que surge ante la puesta en marcha del nuevo proyecto de Codelco que afectará directamente a las comunas de la región Metropolitana y Valparaíso.
Una comisión integrada por miembros del PRD y del Movimiento Morelense contra las Concesiones de Metales Preciosos solicitará a alcaldes que modifiquen su programa de reordenamiento territorial, para poner un candado legal que impida la minería a cielo abierto en sus territorios.
De acuerdo con Ignacio Suárez Huape, militante perredista, expondrán la medida a 15 alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se reunirán el sábado en un balneario ubicado al sur del estado.