
Por no respetar el gobierno federal su derecho a la consulta libre, previa e informada durante la asignación de las concesiones a compañías canadienses y estadunidenses, al menos 40 comunidades indígenas de los Valles Centrales, Sierra Sur, Mixteca y el Istmo de Tehuantepec han declarado sus territorios libres de minería.
En algunos casos, esa disposición ha surgido de la decisión de la organización comunitaria, pero en otros, producto de la determinación del Cabildo o de los comisariados de bienes comunales, como en el caso de Ciudad Ixtepec, Santo Domingo Zanatepec, San Miguel Chimalapa, región del Istmo de Tehuantepec, así como en Santa María Zaniza, Santo Domingo Teojomulco, San Lorenzo Texmelucan, San Jacinto Tlacotepec, Santiago Minas, Santa Cruz Zenzontepec, San Mateo Yucutindoo, Santiago Textitlán y Santiago Amoltepec, región de la Sierra Sur.
Así como en San Jerónimo Silacayoapilla, San Juan Mixtepec y Buena Vista, Cañada de Galicia, Vergel, Primavera, Santa Catarina Cuanana, Huanacaxtle y Los Cuajilotes, perteneciente a Santiago Yosondúa, región de la Mixteca.
Además, en Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio ...
27 abril, 2018
Así lo determinó el Tribunal Administrativo del Huila al fallar en segunda instancia una Acción de Tutela que el alcalde Pablo John Trujillo Motta había instaurado contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Luego de haberse destrabado la posibilidad de realizar en Oporapa una Consulta Popular en la que sus habitantes decidirían si se permitía o no la implementación de represas hidroeléctricas o proyectos de extracción minera, tras superar una serie de obstáculos de tipo legal, y tras la presentación de una Acción de Tutela en la que el alcalde de ese municipio solicitaba la financiación de ese ejercicio democrático por parte del gobierno nacional, el Tribunal Administrativo del Huila negó la pretensión y dejo sin la posibilidad de costear la elección con recursos oficiales.
Así se conoció en las últimas horas al ser notificado el alcalde oporapense a quien se le ratifica en la decisión que no es obligación del Estado costear por completo el despliegue logístico de ese mecanismo de participación ciudadana dado que la Ley 1757 de 20165 no impone esa obligatoriedad a las instituciones oficiales del nivel central.
La Acción ...
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