Juan Ángel Trasviña Aguilar, presidente de Medio Ambiente y Sociedad (MAS) expresó que la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), a la que pertenecen, se pronunció en contra de la instalación del proyecto minero El Arco.
Luego de que BCS Noticias informara en exclusiva sobre la autorización que Mexicana del Arco S.A. de C.V. solicitó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, hace unas semanas, las organizaciones integradas a REMA coincidieron en exhortar a la autoridad ambiental a no aprobar los planes de perforación dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios.
El proyecto de Perforación a diamante con recuperación de núcleo, para investigar a profundidad el comportamiento de la mineralización en la localidad de El Arco, Baja California, actualmente se encuentra en evaluación.
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Según diversos medios periodísticos, el 20 de enero, 15 efectivos de la Policía Nacional en compañía de varios miembros de la empresa SECURITAS, que presta servicios de seguridad a Minera Yanacocha, intervinieron la casa de Máxima Acuña Chaupe, ubicada en el sector de Tragadero Grande, frente a la Laguna azul, en el área donde se ubica el proyecto minero Conga. El objeto de dicha intervención habría sido prohibir a la familia Acuña Chaupe que realice actividades agropecuarias y obras de mejoramiento de su vivienda.
En un primer dictamen de una investigación que concluirá en 2016, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) concluyó que cinco empresas mineras de Canadá y el gobierno de ese país son responsables de violar los derechos humanos en América Latina.
Investigadores de la Universidad de Puerto Rico demostraron que entre 2001 y 2013 América del Sur perdió alrededor de 1.680 kilómetros cuadrados de bosque tropical como consecuencia de la extracción de oro.
Por votación del público, Máxima Acuña de Chaupe es la “Defensora del Año 2014”.
El arbitraje que dirime el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ente del Banco Mundial (BM), inició en Washington en septiembre de 2014 y la resolución final se espera para el mes de febrero.