31 de Mayo 2011
Hace más de 20 días, miles de pobladores de la zona sur de Puno iniciaron una paralización indefinida para exigir al gobierno el retiro del proyecto minero Santa Ana, propiedad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Company, ubicado en el distrito de Huacullani, de la provincia de Chucuito – Juli; así como la cancelación de las concesiones mineras y de hidrocarburos otorgadas en todo el sur de la región Puno.
Foto: Protestas en Puno
Esta demanda, encabezada principalmente por el pueblo aymara, es un reclamo que se hace público a inicios del año y que tiene su sustento en que Puno se ha convertido en la segunda región con el mayor número de hectáreas concesionadas del país. Según un artículo publicado por José de Echave de CooperAcción, “las concesiones mineras en Puno pasaron de 433,321 hectáreas el año 2002 a 1’643,746 en 2010. Un aumento del 279%”.
Además, de acuerdo con información procesada por la Red Muqui, elaborada con datos proporcionados por los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, las actividades hidrocarburíferas abarcan 11 de las 13 provincias de la región.
A ello se suma que, según el Inventario Actualizado de Pasivos Ambientales Mineros, hasta agosto de 2010, se han identificado 256 Pasivos Ambientales en la Región, ubicados en las provincias de Carabaya (80), Puno (16), San Antonio de Putina (51), Sandia (3), Lampa (54), San Román (9), Azángaro (2), Huancané (1), Chucuito (37), entre otros.
Debido a la ausencia de voluntad política por parte del gobierno para establecer un verdadero diálogo que permita atender a las demandas de las comunidades altoandinas, el pasado 26 de mayo la población radicalizó sus medidas de protesta, lo que motivó hechos puntuales de violencia contra locales públicos y privados. Sin embargo, resultó preocupante la actitud pasiva de la policía local al no prevenir la ocurrencia de estos hechos, lo cual puede generar dudas sobre los intereses que hay detrás de evitar que este conflicto se resuelva.
Protestas en Puno
El sábado último el Ejecutivo, en coordinación con las autoridades locales y regionales de Puno, llegó a varios acuerdos con el objetivo de atender las demandas de la población que protesta contras las concesiones mineras y de hidrocarburos. Entre ellos destacan la suspensión por 12 meses de petitorios mineros en las zonas de Chucuito, Yunguyo, Collao y Puno. Además, la paralización de los trabajos de exploración del proyecto minero Santa Ana hasta que la empresa realice la consulta a las comunidades campesinas para obtener dicho permiso.
A esto último se suma, la suspensión por 12 meses del procedimiento de estudio de impacto ambiental de la mina Santa Ana, así como la conformación de una comisión multisectorial, en principio integrada por autoridades y sociedad civil, para analizar caso por caso las demandas específicas de la población.
Sin embargo, según declaraciones del propio presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la región sur de Puno, Walter Aduviri, ofrecidas al diario La República, se reiniciarán las acciones de protesta en Puno, “toda vez que el Ejecutivo no ha accedido a firmar dos decretos supremos que supongan la derogatoria de la actividad minera en la región”.
Según información recogida por el mismo medio, el puente de Desaguadero que une Perú y Bolivia aún se encuentra bloqueado, lo mismo sucede con la carretera que conecta Puno con Ilave.
En este marco, el alcalde provincial de la ciudad, Luis Butrón, junto a organizaciones sociales, gremiales y ONG de la zona han conformado el Colectivo por la Dignidad y la Paz Social de Puno, quienes buscarán establecer un diálogo con los dirigentes aimaras y el Estado para encontrar una solución pacífica a las demandas.