Mario Alejandro Valencia, analista de Cedetrabajo.
Algunos dirigentes de la minería se vienen lamentando de que en Colombia exista un proceso de estigmatización en su contra. Lejos de esta imputación, quienes conformamos procesos sociales como la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, Reclame, más que detractores del sector minero-energético somos ciudadanos conscientes de los desastres que está produciendo su actividad descontrolada en el país. Lamentablemente, los argumentos para demostrarlo abundan: no hay una cosa en la minería colombiana que se esté haciendo bien.
En lo ambiental, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, dijo a finales de 2012 que Colombia estaba “al borde de un desastre ambiental”. Advirtió que en Santa Marta había un “mal manejo de aguas”, “transporte descubierto” y “barcazas no permitidas” y hasta barcos con “banderas de países muy raros”. El gobierno de Santos no hizo nada. El 13 de enero una barcaza con más de 500 toneladas de carbón se hundió. No fue un accidente, estaba cantado que iba a ocurrir. El 7 de marzo de este año, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales impuso una medida preventiva a Prodeco por realizar explotación por fuera de su título minero. El 11 de marzo Cortolima, mediante resolución, suspendió actividades ilegales que Anglogold Ashanti estaba ejecutando en el municipio de Piedras sin licencia. Los ejemplos podrían continuar por páginas enteras.
En lo social las cosas son peores. Israel Aguilar, cacique del resguardo zenú del alto San Jorge no vacila en afirmar que “Cerromatoso nos está matando”. Según Israel, “hoy la mayoría de las tierras entre Puerto Libertador, San José de Uré y Montelíbano pertenecen a BHP Billiton”. Juan Gossaín describió la situación en una crónica reciente de El Tiempo: en Flechas, el año pasado hubo 36 embarazos, de los cuales 14 terminaron en abortos involuntarios. A los trabajadores de la mina “en las muestras de sangre les han encontrado cobre, níquel, cobalto, azufre, hierro y sílice”. Más al Norte, La Guajira es hoy, después de tres décadas de explotación minera, el departamento más pobre de Colombia. En Uribia el 96% de sus habitantes viven con Necesidades Básicas Insatisfechas. La unidad del pueblo guajiro, con todos los sectores sociales y políticos, logró frenar el proyecto de Cerrejón para desviar el río Ranchería.
No son los discursos ni la propaganda sobre Responsabilidad Social Empresarial los que van a salvar al país de los daños ambientales y la ruina agrícola e industrial que ya sufrimos. Una política minero-energética pensada para proteger los intereses nacionales y delimitar su accionar, es lo único que logrará una armonía con una minería necesaria y bien hecha.
Por lo pronto, sobran razones para que los colombianos salgamos a las calles el viernes 15 de marzo, juntando 100.000 Voces por el Agua, en defensa del páramo Santurbán, el páramo Pisba, el lago de Tota, Cajamarca, Ranchería, el río Magdalena y todas las zonas del país amenazadas por la Aplanadora Minero-Energética del gobierno de Santos.