Barrick Gold anunció esta semana que iniciará la exportación de oro desde la minera Pueblo Viejo, sin embargo, el convenio firmado con el Estado encuentra cada vez mayor oposición, al ser considerado «leonino». La Fundación Justicia y Transparencia presentó ante la Justicia un recurso de amparo, pidiendo la inconstitucionalidad del acuerdo con la corporación minera, de capitales norteamericanos y con operaciones en todo el continente.
Justicia y Transparencia aseguró que la Barrick tendrá beneficios por más de 2 mil millones de dólares durante este año, sólo por sus exportaciones de Pueblo Viejo.
El contrato, aprobado en 2009, establece que la minera empezará a rendir beneficios al Estado dominicano sólo cuando recupere la inversión en la explotación, que la propia firma estima en 3.700 millones de dólares, y cuando alcance una rentabilidad del 10 por ciento. Luego de esto, Barrick Gold comenzaría a pagar al Estado dominicano un 28,75 % de participación en las utilidades netas y el 25 % del impuesto sobre la renta.
El Estado dominicano podrá recibir beneficios luego de 25 años de operación de la compañía, que estima un beneficio de 50 mil millones de dólares en ese período. Mientras tanto, la población es quien recibirá el gravo pasivo ambiental ocasionado por la actividad.
Las condiciones «leoninas» del convenio y el impacto ambiental del proyecto han sido denunciadas por organizaciones sociales y grupo ecologistas, que exigen al Gobierno que renegocie el contrato con Barrick Gold, para que el país tenga algún beneficio.
Ante la polémica, varios legisladores han expresado su arrepentimiento, manifestando que aprobaron el acuerdo con la empresa «por desconocimiento» y planteando la posibilidad de una revisión. Organizaciones defensoras del medio ambiente locales continúan señalando además del perjuicio económico hacia las arcas del Estado que la explotación causará daños irreparables como la destrucción de grandes extensiones de bosques y la contaminación de acuíferos.