Diputado Revela Responsabilidad por Reapertura de Mina San José

En el curso de las deliberaciones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el derrumbe en la mina San José, el diputado Lautaro Carmona, reveló la resolución 2225/210 del 28 de julio de 2010, firmada por el Secretario Regional Ministerial de Salud de Atacama, Raúl Martínez Guzmán que resuelve autorizar la reanudación de faenas en la mina, tras el último accidente del 7 de julio pasado que le amputó una pierna a un trabajador.


El diputado Carmona llamó la atención sobre este dictamen de un alto funcionario del actual gobierno, “sin tener en cuenta todos los antecedentes ni el historial de accidentes anteriores y la poca disposición de los dueños para solucionar los riesgos de la explotación”.

El documento fue exhibido por el diputado Carmona en la ronda de preguntas a Patricio Leiva, el subdirector (s) del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), quien admitió haber firmado el polémico reinicio de faenas en mayo de 2008.
El parlamentario recordó que si bien hasta ahora esta última había sido la decisión más cuestionada por los miembros de la comisión, la existencia de este nuevo decreto dirige las responsabilidades hacia las autoridades del actual gobierno.

Este punto de vista fue refrendado por el diputado Marco Antonio Núñez (PPD), quien argumentó que tras el accidente del 3 de julio pasado en que el minero Gino Cortés perdió una pierna, se paralizaron las faenas y posteriormente, tras el estudio de los cumplimientos de las normas de seguridad, tanto SERNAGEOMIN como la autoridad sanitaria decretaron el reinicio de las faenas.
“El SEREMI de Salud nombrado por el Presidente Sebastián Piñera emitió un decreto para reabrir la mina días antes del derrumbe. Luego el director de Sernageomin, Alejandro Vio, pagó con su cargo. Nos parece razonable que ocurra lo mismo con este seremi”, dijo Núñez.

Asimismo, el parlamentario planteó la gravedad que significa que este mismo SEREMI, Raúl Martínez, tiene actualmente en sus manos la decisión de autorizar la construcción de la termoeléctrica en la Hacienda La Castilla, cerca de Copiapó, resistida por toda la comunidad por su alto nivel de contaminación que amenaza la sobrevivencia de la ancestral comunidad colla de Totoral.

Este antecedente fue incluido en las labores de la comisión que citará en su momento al SEREMI de Salud, además de otras autoridades vinculadas a la extraña e inexplicable apertura de la mina San José que todo Chile lamenta.

El diputado Carmona comentó después de estas indagatorias:

“Me quedó, lamentablemente, una gran preocupación porque la hipótesis más mala desde el punto de vista de la responsabilidad de la conducción de la empresa se ha confirmado. Desde mi perspectiva, se demuestra la irresponsabilidad porque éste era un accidente absolutamente previsible, que pudo haberse evitado”.

Agregó que “incluso dado el derrumbe, se pudo haber evitado tener que conversar con los mineros 17 o 18 días después y bajo 700 metros de tierra, y ello incrementa en forma importante la responsabilidad de la conducción de la empresa, de sus dueños y su gestión. Ello genera también otro contrapunto: qué fuerte es el ímpetu y la entereza de 33 mineros en el fondo de la tierra, contra la falta de valor, de consistencia ética a lo menos de uno de los dueños de la empresa que elude asistir a la comisión donde tiene que asumir responsabilidades”.

Respecto a que el 95% de la responsabilidad del accidente correspondería a los dueños de la mina y sólo un 5% a Sernageomín –como afirmó el ex subdirector Yánez- el diputado comunista indicó:

“Creo que la responsabilidad de la empresa -absolutamente en primer lugar- es ineludible. Nadie puede dudar ni puede relativizar la irresponsabilidad de los empresarios. En segundo lugar, ha quedado demostrado que la capacidad del Estado chileno para fiscalizar y lograr que las empresas cumplan con sus obligaciones es débil”.

El diputado Carmona concluyó:

“¿Por qué existen aparatos del Estado que se supone nos abren expectativas de que van a fiscalizar, y no están capacitados para cumplir esas labores, porque no tienen personal, ni recursos ni condiciones materiales? Puras lamentaciones por los servicios que tenemos. Por eso hay que cambiarlos”.

La comisión entrevistó también a Patricio Leiva, subdirector (subrogante) de minería de Sernageomín quien firmó el oficio que permitió la reapertura total de la mina en marzo de 2008.
Explicó que lo hizo tras recibir sendos oficios de las anteriores reaperturas parciales y a instancias de sus superiores, Marcelo Guzmán, director regional y Santiago Pinilla, fiscalizador, en quienes tenía “plena confianza profesional”.

Ambos le habrían asegurado que no había resolución de apertura porque se trataba “de un nuevo mecanismo de reaperturas parciales” y que ya se estaba trabajando en la mina a los niveles autorizados para preparar la explotación más en profundidad.

Sin constatar en terreno estos hechos, Leiva firmó la autorización no sin antes determinar una futura inspección para que los dueños hicieran las rectificaciones en ventilación, sistema eléctrico, proyecto geomecánico, rampla y escalerado de la chimenea que faltaban.

Patricio Leiva, tras el término de su subrogación, reconoció que no siguió conociendo el proceso y sólo se enteró posteriormente de una visita de fiscalización según la cual no se habían tomado las medidas exigidas ni ningún resguardo al respecto.

Mientras sus superiores siguen argumentando no haber conocido documentos sobre la reapertura, el funcionario insiste que todos recibieron en su momento la documentación respectiva, antes de terminar la subrogación.

La comisión invitó nuevamente a los propietarios para declarar, cuestión que puede ocurrir la semana que se inicia, así como también citó a los funcionarios Patricio Cartagena, Marcelo Guzmán y Santiago Pinilla. También se prepara un viaje de los miembros de la comisión a la mina para examinar las labores de rescate y los pormenores de la situación en el terreno mismo del accidente.


Publicado el: 6 septiembre 2010
Categorias: Chile
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