Por Daniel Trujillo
La sociedad civil no pierde tiempo. A más tardar la próxima semana, la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica presentará al Presidente de la República, Mauricio Funes, el anteproyecto de ley de minería que prohíbe la extracción de metales en el país.
Representantes de la organización le tomaron la palabra al Jefe de Estado cuando, el sábado pasado, dijo que aceptaría cualquier propuesta que “claramente deje establecido de que no se van a autorizar prácticas orientadas a llevar a cabo proyectos de explotación y exploración minera”.
La Mesa aseguró que las palabras de Funes son un “claro cambio de actitud”, por lo que es el momento de emprender acciones jurídicas del parte del Ejecutivo.
David Pereira, miembro de la organización contra la minería sostuvo que el riesgo de nuevas demandas contra el Estado por negar permisos de explotación minera es latente, de ahí que cree que el mandatario acompañe un anteproyecto de ley que prohíba la actividad minera en el territorio.
La propuesta a presentar la Ejecutivo será la misma que está en la Asamblea Legislativa, que data de 2007 y cuyo estudio no ha avanzado en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático.
Manuel Fuentes, otro de los miembros de la Mesa aseguró que su anteproyecto lo revisarán antes de enviárselo al Presidente de la República, incluso, están abiertos al diálogo con el personal técnico del Gobierno para modificar algunos artículos.
Eso sí, Fuentes adelantó que el artículo dos del anteproyecto no está en discusión porque ese es el apartado que contiene el espíritu de la normativa y prohíbe la explotación minera y la extracción de todo tipo de metales en el país.
“No es negociable (el artículo dos). Nuestra lucha es que en el país no exista industria extractiva metálica. Nuestra propuesta de anteproyecto de ley también regula los otros tipos de minería no metálica”, subrayó Fuentes en referencia al cuerpo normativo elaborado por la sociedad civil y que contiene un aproximado de 40 artículos.
En estos momentos el Estado salvadoreño sostiene un arbitraje millonario con la compañía canadiense Pacific Rim, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI), del Banco Mundial, por negarle el permiso de explotación minera a la transnacional en la zona norte del departamento de Cabañas.
Pero, no sólo esto le preocupa a la Mesa contra la minería, también el proyecto Cerro Blanco, ubicado en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, cercano al Lago de Guija, uno de los afluentes del río Lempa.
La Iglesia Católica está preocupada respecto a este problema y espera que el Gobierno tome cartas en el asunto para evitar que el referido río, principal fuente de agua del país, se contamine de químicos producto de la explotación minera.