Fiscalía de Huancabamba decide archivar investigación penal seguida
contra 15 personas defensoras de derechos humanos que en defensa de
la tierra y el ambiente se oponen al proyecto minero “Río Blanco”
Lima, 18 de enero del 2024
Al mismo tiempo, contradictoriamente y sin contar con elementos de convicción, decide continuar con la
investigación preparatoria contra 11 personas defensoras por supuesto delito de lesiones graves.
Hace unos días, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huancabamba (Carpeta Fiscal No. 189-
2020), procedió a notificar la Disposición Fiscal No. 07-2023, por la cual decide archivar, en parte, la
investigación preliminarla seguida por supuesto delito de de tortura, lesiones graves, coacción,
secuestro, asociación ilícita para delinquir y robo agravado que seguía contra 15 personas
defensoras de derechos humanos y el ambiente, entre ellos el párroco de la Parroquia de
Huancabamba y el Alcalde de Carmen de la Frontera, siendo los demás miembros de la Comunidad
Campesina de Segunda y Cajas, ubicada en la provincia de Huancabamba en la Region Piura.
Sin embargo, en forma contradictoria, sin contar con elementos de convicción que respalden su
decision, en la misma Disposición Fiscal No. 07-2023, resuelve continuar con la investigación
preparatoria contra otras 11 personas defensoras de derechos humanos y el ambiente, a quienes,
también venía investigando, todos miembros de la Comunidad Campesina antes citada.
Como se recordará, con fecha 6 de enero de 2020, la antes citada Fiscalía decide abrir investigación
preliminar por supuesto delito de secuestro, lesiones graves, tortura, etc., contra 26 personas
defensoras de derechos humanos, entre ellos diversos dirigentes de las Rondas Campesinas de la
provincia de Huancabamba, así como de la Comunidad de Segunda y Cajas. Dicha investigación
preliminar, incluyó como investigados al Presidente de las Rondas Campesinas de la Provinicia de
Huancabamba, Octavio Cunaique Labán; al que fuera Alcande Provincial de Huancabamba, Ismael
Huayama Neyra, al Párroco de la Iglesia de la ciudad de Huancabamba, Fray Jorge Rumi Cóndor y
otros más..
Al respecto, los ronderos señalaron que no cometieron delito de secuestro, que, en realidad, de lo
que se trató es de una falsa denuncia del supuesto agraviado Manuel Francisco Julca Campos,
agente de seguridad de la empresa Río Blanco Cooper S.A. (como lo aceptó la empresa en un
pronunciamiento público que circuló el 30 de diciembre de 2019), quien venían generando acciones
de division al interior de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, interfiriendo en las decisiones
comunales, ofreciendo dinero a algunos miembros de dicha Cmunidad Campesina para que se
expresen a favor de la actividad minera y desprestigien a los dirigentes que están en contra de la
presencia de la empresa minera Río Blanco Cooper S.A..
Por ello, los dirigentes de la Comunidad de Segunda y Cajas, así como de las Rondas Campesinas de
Huancabamba, al tomar conocimiento de los actos de division comunal e intento de compra de
conciencias de algunos miembros de la Comunidad Campesina, por parte del supuesto agraviado,
lo sometieron, legítimamente, a justicia comunal, tal como lo establece el artículo 149o de la
Constitución Política del Perú, que en modo alguno supuso la vulneración de sus derechos.
Después de culminarse la investigación preliminar, la fiscalía ha señalado que no existen elementos
de convicción para considerar que hubo comisión de los ilícitos denunciados por parte de las
personas investigadas, porque no tenían condición de funcionarios públicos a cargo del resguardo
de la supuesta víctima, es decir, no podían haber cometido delito de tortura; lo denunciados sólo
retuvieron a la persona para aplicar justicia comunal por lo que no tenía intención alguna de
cometer secuestro y tampoco coacción y robo agravado, por lo que resolvió archivar la
investigación.
Sin embargo, este razonamiento no fue aplicado a 11 de las personas defesnoras de derechos
humanos investigados contra los que si se ha formalizado investigación preparatoria y continúa la
investigación preparatoria, a pesar de encontrarse en los mismos supuesto de los 15 otros
investigados a los que si se ha archivado la investigación.
En relación a lo antes señalado, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
(organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú) que
asumió la defensa legal de las personas defensoras de derechos humanos investigadas a quienes
ahora se les ha archivado la investigación, si bien expresa su satisfacción con este extremo de la
Disposición Fiscal, al mismo tiempo expresa su rechazo por la que considera una injusta decision de
formalizer investigación preparatoria contra otras 15 personas defensoras de derechos humanos a
las que en realidad, también, debió archivarse la investigación, reitera, por encontrarse en los
mismos supuestos de hecho que aquellas 11 personas defensoras a quienes si se les archivó dicha
investigación. Ello, precisamente, porque lo único que hicieron fue defender sus derechos
fundamentales como campesinos, respect a su derecho a la tierra y su derecho a gozar d euna a su
ambiente sano y equilibrado..
Igualmente, FEDEPAZ precisa que este largo proceso, de más de 4 años, evidencia que las
defensoras y los defensores fueron denunciados falsamente de la comisión de delitos graves y que
ha puesto, también, en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar a
todas las personas que, en defensa de los derechos fundamentales de su comunidad, se oponen
públicamente a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales; evidenciándose,
igualmente, que el único propósito, del Estado y la Empresa es amedrentarlos y evitar que sigan
protestando.
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