Yerko Roa Núñez 27/09/2026
En un hecho sin precedentes, los tres ministros titulares del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitaron, luego de que en la misma página del órgano se anunciara el rechazo a las medidas cautelares solicitadas respecto del proyecto Prospección Minera El Alto —más conocido como Pascua Lama 2.0—. El artículo fue subido sin ninguna resolución conocida que lo respaldara y bajado horas después. Los litigantes también apuntan a un posible conflicto de interés del relator de las causas, quien trabajó para Minera Zaldívar, empresa de la cual Barrick Gold es dueña del 50%.
El proyecto pertenece a Compañía Minera Nevada SpA, filial de Barrick Gold, y contempla 62 pozos de sondaje de diamantina sobre 43 plataformas en la alta cordillera de Alto del Carmen, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. Con una inversión de US$35 millones, la prospección busca, según la propia declaración de impacto ambiental, “determinar la factibilidad técnica de una explotación minera” en los mismos terrenos del clausurado Pascua Lama.
La aprobación ambiental de El Alto fue impugnada ante el tribunal antofagastino mediante tres reclamaciones. La tarde del miércoles 23 de septiembre, cuando las comunidades aún esperaban un pronunciamiento, el sitio web del Primer Tribunal Ambiental publicó sorpresivamente una nota sobre el rechazo de las solicitudes de medidas cautelares vinculadas a la prospección. En el expediente, sin embargo, no existía ninguna resolución en ese sentido.
Pero horas después la noticia fue bajada. Al día siguiente todos los ministros titulares se inhabilitaron.
EL FANTASMA DE PASCUA LAMA
El proyecto El Alto se ubica en los mismos terrenos en que Barrick Gold intentó llevar a cabo, a inicios de los 2000, el proyecto Pascua Lama. Esa iniciativa buscaba explotar un yacimiento de casi 18 millones de onzas de oro y 635 millones de onzas de plata durante alrededor de 25 años, pero en 2013 la autoridad ambiental detuvo la construcción: la firma no había terminado su plan de manejo de aguas, había realizado descargas contaminadas al río Estrecho y había ocultado información de monitoreo de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza.
En 2018, la Superintendencia del Medio Ambiente determinó la clausura total y definitiva del proyecto, lo que fue ratificado en 2020 por el propio Primer Tribunal Ambiental. Pese a ello, entre 2020 y 2021 la empresa realizó sondajes ocupando plataformas del mismo proyecto que se suponía debía cerrar, labores que la Corte Suprema declaró “ilegales y arbitrarias” en febrero de 2022:
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—Las únicas faenas u obras permitidas son aquellas que conduzcan al fin pretendido: la citada clausura —concluyó entonces el máximo tribunal, que dio por acreditado que la minera había utilizado “plataformas existentes del proyecto, incluso rehabilitándolas estructuralmente de ser necesario”.
Por eso, las comunidades sostienen que El Alto es un nuevo intento de Barrick de levantar un proyecto en la misma zona, que vulnera lo que resolvió la Corte Suprema. Con ese argumento, la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera, el Comité Ambiental Comunal de Alto del Carmen y la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos pidieron suspender los efectos de la resolución que aprobó la prospección antes del inicio de las obras, programado para septiembre.
La nota del tribunal que anunciaba el rechazo de esas cautelares fue replicada por el Portal Minería Chilena, que también la bajó después. Al día siguiente, en menos de dos minutos, entre las 18:53 y las 18:55 horas, el relator de la causa R-174-2026 certificó la inhabilidad de los tres ministros titulares: el juez presidente del tribunal, Alamiro Alfaro Zepeda, y los ministros Sandra Álvarez Torres y Marcelo Hernández Rojas.
Todos invocaron la misma causal: haber “manifestado de cualquier modo dictamen sobre la cuestión pendiente, con conocimiento de ella, vinculada con la solicitud de medida cautelar”.
—Llamamos al tribunal consultando por qué estaba esta noticia, si en ninguna parte constaba esa resolución, no aparecía en el expediente, no nos habían notificado. Entonces, por qué estaban publicando algo que todavía no era oficial ni constaba en ninguna parte. Nos dijeron que era muy raro, que era preocupante, y después bajaron la noticia —relata Bruno Barrientos, abogado de la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera.
Por otro lado, Karinna Fernández, abogada que representó a vecinos de Alto del Carmen en una solicitud de cumplimiento estricto del fallo del recurso de protección —que fue rechazada—, opina que la filtración “no sólo erosiona gravemente la confianza pública en la administración de justicia, sino que vulnera los estándares mínimos de imparcialidad y el debido proceso”. A su juicio, la Corte Suprema tiene “el deber inexcusable de fiscalizar estas anomalías” y adoptar “medidas drásticas para garantizar que la justicia ambiental actúe libre de presiones y con absoluta transparencia”.
CINCO AÑOS EN BARRICK
El relator que certificó las inhabilidades fue Álvaro Funes Palacios, abogado titulado en la Universidad Católica del Norte que se desempeña en el Primer Tribunal Ambiental desde octubre de 2018. Según su perfil de LinkedIn, antes de llegar al tribunal fue durante cinco años jefe de Asuntos Legales de Barrick Gold Corporation en la Compañía Minera Zaldívar, en Antofagasta.
Para los reclamantes, la asignación de Funes a una causa en que está involucrada una filial de Barrick corona una serie de irregularidades, entre ellas que el tribunal contaba desde principios de agosto con los informes de Sernageomin y la Dirección General de Aguas que había pedido para resolver las cautelares, y finalmente nunca llegó a decidir el asunto. Mientras tanto, según las comunidades, ya hay movimiento de obras en el territorio.
—Se agrava cuando nos enteramos, por investigación propia, que el relator que tiene encargada la causa, habiendo otros relatores disponibles en el tribunal, es un abogado que antes de trabajar en el Tribunal Ambiental trabajó en Barrick cinco años —afirma Barrientos—. Eso solamente aumenta la sospecha que tenemos a esta altura, y los miedos de que toda la demora haya sido deliberada.
Barrientos añade que el viernes pasado estaba programada la vista de un recurso de protección presentado por las comunidades contra la Superintendencia del Medio Ambiente, por la demora de ese organismo en investigar y tramitar las denuncias contra el proyecto. La filtración de la noticia se produjo apenas dos días antes de esa audiencia, lo que para el abogado vuelve todo “preocupante” y “muy irregular desde el comienzo”.
El jueves, el secretario abogado del Primer Tribunal Ambiental, Gonzalo Vergara Araya, certificó el envío de las causas al Segundo Tribunal Ambiental, con asiento en Santiago, en aplicación del artículo 10 de la Ley N° 20.600, que regula los casos en que un tribunal ambiental no puede reunir a sus integrantes.
En esa sede podría ocurrir una nueva inhabilitación, ya que su jueza presidenta, Marcela Godoy, está casada con Gonzalo Montoya Cisterna, gerente legal de Compañía Minera Zaldívar, la misma firma en que trabajó Funes.
La Unidad de Investigación de Bío Bío contactó al juez presidente del Primer Tribunal Ambiental, Alamiro Alfaro Zepeda, para consultar sobre la filtración de la noticia, la inhabilitación de los ministros y la conexión del relator con Barrick. Luego de canalizar las dudas por los canales internos, desde el Primer Tribunal Ambiental enviaron una respuesta vía mail.
En dicho correo, mencionaron que el Colegiado de Ministros había acordado por mayoría que no correspondía “emitir pronunciamientos adicionales a aquellos que constan formalmente en los respectivos expedientes”, dado que las consultas “se encuentran vinculadas a causas judiciales actualmente en tramitación”:
–Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que esta judicatura ha reforzado sus protocolos y procedimientos internos asociados a la comunicación de decisiones jurisdiccionales y al debido resguardo de los deberes y garantías inherentes al ejercicio de su función jurisdiccional –señalaron.
Así las cosas, tras lo sucedido, los litigantes deberán seguir esperando hasta que el Segundo Tribunal Ambiental resuelva finalmente la disputa.
https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2026/09/27/desastre-en-tribunal-ambiental-ministros-se-inhabilitan-tras-filtrarse-decision-sobre-pascua-lama-2-0.shtml