Crece tensión entre las ONGs y Goldgroup por Caballo Blanco

22 de Febrero 2012
José Luis Aguilar
La Consulta Pública sobre Caballo Blanco, se llevo a cabo en Alto Lucero, con la participación de ambientalistas, ONGs e instituciones gubernamentales.

Día a día, las descalificaciones, acusaciones, así como las justificaciones de bienestar económico se polarizan entre las instancias gubernamentales y privadas respecto a la mina de Caballo Blanco; los grupos ecologistas acusan un grave deterioro ambiental de la zona por la tecnología de extracción, y se manifiestan en torno al polémico proyecto.

Ánimos caldeados y posiciones irreductibles por parte de la minera canadiense Goldgroup, que protagonizó choques con los ambientalistas, marcaron el rumbo de la Reunión Pública Informativa sobre Caballo Blanco en Actopan. Mantas de protesta dirigidas a los empresarios canadienses y sus promotores en Veracruz con la leyenda “stop liying and destroying life” (dejen de mentir y destruir la vida) y carteles de la ecologista Lavida se percibían en el lugar. A las 9:00 horas empezaron las exposiciones. Cerca de las 11:00 horas fue visible la presencia de fuerzas castrenses. La reunión se desarrolló en el Salón Social de Alto Lucero, fuertemente resguardado en su exterior por el Ejército y la Policía estatal, con el anuncio de 69 participaciones y en los términos que marca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental, según laSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Los propios impulsores de la minera a cielo abierto parecieron darle la razón a los señalamientos del INAH y a los ambientalistas cuando el encargado de la realización y análisis del estudio de riesgo de Caballo Blanco, Jesús Enrique Pablo Dorantes, aseveró que dentro de los terrenos de la empresa se encuentran humedales y vestigios arqueológicos, y se comprometió a reforestar la zona, crear UMAs y áreas de interés para la conservación de las aves.

Según los presentadores del proyecto minero, el proyecto es de capital internacional, pero también tiene mexicano, por lo que no puede afirmarse que la promotora sea una empresa extranjera.
Sin embargo, en un momento la tensión entre las partes en conflicto obligó a que el moderador de la Semarnat detuviera las exposiciones por un momento y decretara un receso. Las ONGs exigieron a la empresa canadiense hablar con la verdad y no minimizar los impactos que la actividad minera generará en el ambiente de la región y el daño a vestigios prehispánicos. Iracundos, algunos demandaron al alcalde de Alto Lucero, a quien acusan de haber sido “comprado” por la minera, dar a conocer a la población la Manifestación de Impacto Ambiental y de Salud que esto ocasionaría.

No bastaron los mensajes de protesta en inglés para la minera extranjera. A menos de una hora de iniciada la reunión, un representante de la empresa de Canadá se ufanaba de los grandes beneficios que supuestamente traerá el proyecto, cuando una mujer morena increpó a Goldgroup: “Mentirosos, todo lo que ustedes dicen son mentiras. En Arroyo Agrio nos contaminaron el arroyo. Es mentira que traigan progreso”. Otras personas más la secundaron y crecieron las voces de protesta.

En la asamblea también Pronatura manifestó su postura en contra del proyecto de Goldgroup por el daño a las especies de plantas y animales. Asimismo, integrantes del grupo “Madres Veracruzanas contra Laguna Verde” deploraron que las operaciones de la mina interfieren con el PERE (Programa de Emergencia Radiológica Externa) de Laguna Verde.

Por si fuera poco, dijeron, a la fecha la empresa Minera Cardel y Goldgroup Mining no han pagado al Ayuntamiento los derechos por el cambio de uso de suelo ni el impuesto predial.
El moderador de la Semarnat no podía callar a los inconformes que intervenían en desorden. Debido a ello el expositor tuvo que parar la presentación de diapositivas. Luego de unos dos o tres minutos, el moderador decretó un receso. Poco después las intervenciones se reanudaron.

DEFIENDE CONACYT A MINERA; ABOGA PORQUE SEMARNAT PIDA ASESORÍA A LA UV

En entrevista por separado en Xalapa, el investigador del Sistema Nacional de Investigaciones (Conacyt) Rafael Vela Martínez, dijo que investigadores de la Universidad Veracruzana son los más idóneos para opinar sobre beneficios o riesgos de la explotación de la mina Caballo Blanco, en Alto Lucero, porque cancelar el proyecto podría afectar económicamente a gente que vive en marginación.

Admitió que manejar químicos o metales como el uranio puede afectar al ambiente de Veracruz, pero también depende de las reglas de seguridad que se va a aplicar. Por esa razón, recomendó al delegado de Semarnap, Manuel Molina, que pida que sea la UV quien asesore las verdaderas consecuencias, económicas y ecológicas del proyecto, aunque justo a los académicos de les ha acusado de asesorar a la minera extranjera.

Dijo que es muy fácil pedir desde el escritorio que se dé marcha atrás al proyecto porque va a contaminar, pero que se hace por las fuentes altamente contaminantes que ya existen.
Consideró que no se han realizando con suficiencia estudios de impacto ambiental y de activación de la economía: “Pareciera que con manejar la palabra sustentable, o la cuestión ecológica, todo se paraliza.
Está tan manipulado lo que es el desarrollo sustentable y capitalizado por grupos, dijo, incluso por partidos políticos, que empiezan a enrarecer el ambiente.

“Es necesario que participen científicos de la Máxima Casa de Estudios; si alguna institución tiene calidad y reconocimiento, estatal, nacional e internacional, es la UV, ya que existen científicos altamente calificados en el tema, pues quienes gobiernan a puras ocurrencias o presiones políticas, poco valoran el trabajo que se hace en estas instituciones”.
Dijo que con ese proyecto. “Estamos en una situación entrampada, porque cerrar esa mina podría afectar económicamente a familias, que no tienen alternativa clara a mediano plazo para superar sus condiciones de marginación y pobreza”.
La polémica por la explotación de la mina evidencia que muchos tratan de capitalizar, pero nadie habla del aspecto positivo para una economía regional que esta marginada y que nadie atiende.
Y los grupos ambientalistas que se oponen al proyecto, ni el propio gobierno hacen nada por contaminaciones intensas que existen en mantos acuíferos generados por agroindustria, industria química, desechos de zonas urbanas y otras áreas.
“Ahí nadie se pronuncia porque son proyectos ya establecidos y es ir en contra de estructuras de poder”.

PARTIDOS SE DIVIDEN EN TORNO A LOS “BENEFICIOS” DE CABALLO BLANCO

Previo al encuentro en Actopan, el Movimiento Ciudadano que impulsa a Andrés Manuel López Obrador en la contienda a la Presidencia, manifestó su apoyo a la campaña impulsada por la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida), rechazando la explotación de la mina. En un comunicado expuso: “La mina a cielo abierto es una actividad industrial altamente contaminante, presentando una grave amenaza al paisaje, contaminando el aire, suelo, subsuelo y el agua; destruyendo montañas por la gran cantidad de explosivos y material tóxico, siendo una amenaza a la integridad ambiental así cómo poniendo en riesgo de la seguridad de las personas aledañas a la región, cómo de manera nacional”.

Agregó que ciudadanos de Veracruz y del país, organizaciones estatales, nacionales e internacionales, ven con preocupación el proyecto minero a cielo abierto Caballo Blanco, por lo que lanzaron un llamado a autoridades federales y estatales que detengan este proyecto, pues lo consideran peligroso y altamente contaminante, además de no ser sustentable ni resolver los problemas económicos de la zona.

Ya en Actopan, en su participación, la diputada local del PRI, Ainara Rementería, de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Aguas del Congreso del Estado, sostuvo que se requiere de una evaluación de fondo del proyecto. “El futuro de Veracruz, no puede a mi juicio, abordarse de otra manera”.

Por su parte, la diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Adriana Sarur Torre, se dijo partidaria del proyecto de la minera canadiense advirtió que si se impidiera a la minera canadiense Goldgroup instalarse se perdería la oportunidad de generar empleos y apuntalar la economía de la zona. “Lo más recomendable es que lleguen a acuerdos y ver cuáles son las consecuencias” ambientales, aseveró. Por lo tanto, el PVEM dio un espaldarazo a los impulsores de la empresa extranjera, que alista un tipo de explotación a cielo abierto en Veracruz prohibido en Canadá, lugar de origen de la minera, Europa y Costa Rica, por su negativo impacto ambiental.

De paso, Sarur Torre presumió que su bancada presentó una iniciativa para que la plata sea de uso corriente, pero no se ha dictaminado en la Comisión de Hacienda.

GOLDGROUP PRESUME GENERACIÓN DE EMPLEO

La minera extranjera, por su parte, presumió que crearán mil empleos previo a la etapa de explotación, posteriormente sólo será de entre 300 y 400 plazas de empleo, de serle otorgados los permisos de explotación.
Al respecto, el representante legal de Goldgroup, Richard Irvine, ha precisado que la creación de entre 800 y mil empleos serán por un año, es decir, temporales, y serán relativos a la construcción.

Francisco Escandón ingeniero técnico del proyecto comentó que han realizado una inversión de 385 millones de dólares. Afirman que las “voladuras” (explosiones) son controladas y por lo tanto seguras. El agua del proceso se mantiene en un circuito cerrado. Así, el agua con cianuro no toca el suelo debido a que se mantiene en áreas aisladas.

De acuerdo a la información proporcionada por los representantes de la minera utilizarán 334 hectáreas de terrenos de esta zona costera además de que se afectarán alrededor de 64 hectáreas.

Carlos Retureta García, alcalde de Actopan, a quien los ambientalistas acusan de haber recibido sobornos de Goldgroup, sostuvo que si bien podría haber daños al medio ambiente por parte de la minera Caballo Blanco, igualmente también traerá beneficios y comparó el proyecto minero con el de del libramiento de Xalapa o la cementera de Apazapan.

CABALLO BLANCO NO GALOPA SI NO RESPETA AL AMBIENTE: ALVARADO

Caballo Blanco es un proyecto que no cabalgaría si pusiera en riesgo el ambiente. De no cumplir con la normatividad ambiental vigente y de no garantizar que sus actividades serán acordes al desarrollo sustentable de Veracruz, el Gobierno del Estado no avalará el desarrollo de la mina a cielo abierto Caballo Blanco, aseveró en entrevista el secretario de Medio Ambiente (Sedema), Víctor Alvarado Martínez.

Tal como ha sido la política desde el inicio de la administración de Javier Duarte de Ochoa, expresó el funcionario estatal, todo proyecto que se pretenda establecer en la entidad debe de cumplir con la exigencia establecida por las leyes y las normas en la materia, en función de considerar al medio ambiente como parte integral de su desarrollo y sobre todo, garantizar que la afectación no sea mayor al impulso que genere.

Respecto a la consulta pública organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, en la cual convocó a las instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, ONG y sociedad en general, Alvarado Martínez dijo que la Sedema participa como parte de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable.

Asimismo, dio a conocer que directivos de la dependencia están presentes en el foro, atendiendo la exposición tanto de la empresa que promueve el proyecto, como la de los organismos e individuos que han solicitado la consulta para poder conocer todos los puntos, considerarlos e integrar la opinión técnica con relación a los posibles impactos y riesgos ambientales de este desarrollo, junto con su respectivo análisis para hacerlo del conocimiento de la federación.

El funcionario precisó que las actividades mineras, de acuerdo al marco legal existente en nuestro país, son reguladas desde el punto de vista ambiental por el Gobierno Federal, es decir, por la Semarnat.
“En ese sentido, nosotros como Secretaría del Medio Ambiente del Estado hemos solicitado que esa dependencia federal, a través de lo que está establecido por la ley, solicite al Gobierno del Estado nuestra opinión en cuanto a los posibles impactos de este desarrollo; y es precisamente hasta el 27 de este mes que nosotros tenemos como fecha límite para poder integrarla”.

Víctor Alvarado destacó que en este proceso se está privilegiando no sólo la participación de instituciones académicas y centros de investigación, sino también la de organizaciones no gubernamentales y de expertos que tengan algo que aportar para que el Gobierno del Estado emita su posición con respecto al impacto ambiental de la mina.

“Desde que esta solicitud llegó a la Secretaría del Medio Ambiente nosotros recibimos la instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de hacer este análisis de forma muy objetiva, muy clara y sobre todo, analizada a detalle, para dejar garantizado que este desarrollo, la infraestructura de la mina, cumpla con la normatividad ambiental”, dijo.

El titular de la Sedema dijo que la ley estatal en lo referente a la protección al medio ambiente faculta a la dependencia para solicitar la opinión a terceras personas, mismas que pueden ser instituciones u otros grupos. En ese sentido se ha solicitado no sólo la opinión de instituciones académicas sino también de las paraestatales, como es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como al Centro Nacional para la Prevención de Desastres y a la Secretaría de Protección Civil. Dijo que la opinión de estos organismos será importante, especialmente en lo que se refiere al manejo de explosivos, las vibraciones que estos provocan y otros posibles impactos al entorno, de modo que su opinión también se pueda integrar en la postura final.

Finalmente, expresó que se está “haciendo una labor muy amplia y muy detallada para emitir una postura muy objetiva y sobre todo, muy clara, para que la ciudadanía esté segura y muy consciente de la labor que el Gobierno del Estado desarrolla en el análisis de todas las iniciativas que tienen que ver con el aterrizaje de inversiones, de forma que se considere la afectación al desarrollo ambiental”.


Publicado el: 24 febrero 2012
Categorias: Mexico
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