En uno más de los casos que empiezan a ser endémicos en México, las autoridades estatales de Colima parecen ciegas y sordas ante los reclamos de los habitantes de una localidad del municipio de Comala. La comunidad de Zacualpan se organizó para defender sus tierras y una importante fuente de agua de la entidad, amenazadas por la voracidad de una empresa minera que lo único que puede ofrecer a los indígenas nahuas y otomíes es contaminación y más miseria.
Esta comunidad de nahuas y otomíes protagoniza un movimiento contra la apertura de una mina que amenazaría la conservación del entorno natural y podría contaminar el manantial local, que es la principal fuente de agua potable para los cerca de 250 mil habitantes de la zona conurbada de la capital estatal.
Al margen de sus representantes de bienes comunales –a quienes acusan de operar a favor de la compañía minera–, los inconformes se agruparon en el Comité de Defensa del Pueblo Indígena de Zacualpan (CDPIZ) y con el apoyo del grupo ambientalista Bios Iguana iniciaron una serie de movilizaciones.
Amparado en la concesión 201872 para la explotación de oro, plata, cobre y manganeso –otorgada al ya fallecido Adolfo Pineda Martínez–, el empresario colimense Rigoberto Verduzco Rodríguez ha intentado varias veces obtener el aval del pueblo de Zacualpan –ha ofrecido 15 mil pesos a cada uno de los 305 comuneros– para iniciar la actividad extractiva en 100 hectáreas de la comunidad.
Para la coordinadora general de Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, es un misterio la identidad de los empresarios que pretenden extraer el oro y los otros minerales de Zacualpan, pues duda que Verduzco –propietario de un autolavado en el primer cuadro de Colima– sea el único inversionista, dada la magnitud del capital necesario para explotar una mina de esa naturaleza.
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