Centenares de tacneños se congregaron ayer 29 en la plaza de la Mujer para participar de la denominada acción cívica y movilización «por la vida, por el diálogo y por la dignidad» en rechazo al inicio de operaciones del proyecto Pucamarca de la empresa minera Minsur. Durante la marcha de protesta la población exigió la implementación de una consulta popular.
Con una multitudinaria movilización, que fue convocada por los integrantes de la mesa de trabajo de la provincia de Tacna, la población tacneña mostró su rotundo rechazo al inicio de operaciones del proyecto Pucamarca de la empresa Minsur y exigió al gobierno central la conformación de una mesa de diálogo.



– Un nuevo elemento de análisis aporta el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL). El proyecto Cañariaco no puede ejecutarse sin el consentimiento de las comunidades afectadas por que el proyecto implica el desplazamiento de éstas, situación especial sobre la que existe obligatoriedad del consentimiento.
El enfrentamiento que sostuvieron comuneros y efectivos policiales el pasado viernes por la viabilidad o no del proyecto Cañariaco en Lambayeque dejó más de treinta heridos, cuatro de ellos de gravedad. Fotografías demuestran que efectivos hicieron uso de armas letales.
El Defensor del Pueblo (encargado) Eduardo Vega Luna recordó al Poder Ejecutivo que la Comunidad San Juan de Cañaris tiene existencia legal y personería jurídica como “comunidad de indígenas” y en consecuencia “debería ser sujeta al procedicimiento de consulta previa” ante cualquier medida administrativa que la afecte.
Por Luis Hallazi Méndez*
Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.