El enfrentamiento que sostuvieron comuneros y efectivos policiales el pasado viernes por la viabilidad o no del proyecto Cañariaco en Lambayeque dejó más de treinta heridos, cuatro de ellos de gravedad. Fotografías demuestran que efectivos hicieron uso de armas letales.
Los hechos se iniciaron cuando la policía desalojó la carretera que conduce al campamento de la empresa minera canadiense Candente Cooper, en Marayhuaca, distrito de Incahuasi, que estaba ocupada pacíficamente por los comuneros que se oponen al proyecto minero Cañariaco.
El Defensor del Pueblo (encargado) Eduardo Vega Luna recordó al Poder Ejecutivo que la Comunidad San Juan de Cañaris tiene existencia legal y personería jurídica como “comunidad de indígenas” y en consecuencia “debería ser sujeta al procedicimiento de consulta previa” ante cualquier medida administrativa que la afecte.
Por Luis Hallazi Méndez*
Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
La protesta de la comunidad San Juan de Cañaris contra el proyecto minero Cañariaco intenta ser desvirtuada con el manido argumento de que se trata de una “minoría” azuzada por “radicales antimineros”. Como este argumento ya no lo cree nadie ahora se pretende negar que les asista el derecho a la consulta previa. Para esclarecer este tema compartimos dos artículos con posición opuesta sobre el tema.
– Entrevista al abogado Juan Carlos Ruiz Molleda donde explica que toda decisión que viole un derecho fundamental debe declararse nula.
El conflicto en torno al proyecto Cañariaco, a cargo de Candente Cooper, en el distrito de San Juan de Cañaris, región Lambayeque, obliga a tratar nuevamente la importancia que tienen los procesos de consulta previa en nuestro país. Juan Carlos Ruiz Molleda del Instituto de Defensa Legal (IDL) trató este tema en entrevista con Radio San Borja.