En un Estado Democrático de Derecho, las personas rigen sus vidas por las leyes y las instituciones. En él, la propiedad es un derecho fundamental y la posesión de un terreno tiene protección cuando es legítima.
Cerca del proyecto minero Conga se ubica el Predio “Tragadero Grande”, de 25 hectáreas. Máxima Chaupe sostiene que ella y su familia ocupan este predio desde 1994, año en que lo compró, y acredita su derecho con un certificado de posesión y una transferencia de dominio realizada a su nombre y al de su esposo. Sin embargo, Minera Yanacocha afirma, sin la suficiente acreditación, que el terreno es suyo y por ello denunció a Máxima y a su familia por delito de usurpación. Hubo un juicio en donde éstos fueron absueltos en segunda instancia, cuya sentencia se leyó el 20 de diciembre de 2014. Minera Yanacocha no satisfecha con el fallo, presentó un recurso extraordinario de casación, cuya sola presentación no suspende la ejecución de la sentencia.