La delegación de representantes de organizaciones sociales de las provincias de Cotabambas y Grau, se reunieron el día de ayer con el Sr. Enrique Felices, Jefe del Gabinete de Asesores del Premier Fernando Zavala.
Los dirigentes y comuneros presentes expresaron sus principales preocupaciones y propuestas de solución en torno a las operaciones de la empresa MMG – Las Bambas, las cuales han venido siendo expuestas en los cuatro ejes de la mesa de diálogo, instalada en febrero de este año.
La comunidad campesina de San Juan de Yanacocha, en Cerro de Pasco, realiza por segundo día una paralización en contra de la empresa minera Buenaventura. Advirtieron que si los funcionarios de la compañía no acceden a sus exigencias no solo prolongarán la medida de fuerza sino que la radicalizarán.
Como se recuerda, el miércoles pasado, 50 familiares de dicha comunidad campesina protestaron frente a las oficinas de Minas Buenaventura en Lima para denunciar que la actividad minera afecta a los recursos naturales de la zona.
Según el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, ello será posible si se solucionan los temas de conflictividad y tramitología.
Destrabar será uno de los verbos que seguiremos escuchando durante los siguientes días, más aún mientras se está a la espera de que el Congreso de la República dé ‘luz verde’ al Ejecutivo con las facultades legislativas. Más allá de esta decisión, la palabrita continuará en agenda, pues se supone que es lo que debe hacerse para poder reactivar la economía peruana.
Y, claro, nos referimos a los proyectos mineros que están en cola hace buen tiempo. Eso sí, no todos están detenidos debido a conflictos sociales. Según el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, se pueden destrabar proyectos equivalentes a US$20,000 millones (hay un total de US$55,000 millones) si se solucionan los temas de conflictividad y tramitología.
Mañana, miércoles 14 de setiembre, CooperAcción y OXFAM presentarán la publicación «Conviviendo con la minería en el sur andino»*, que recoge las experiencias de la Mesa de Diálogo de Espinar (2012-2013), la Mesa de desarrollo de Cotabambas (2012-2013) y la Mesa de Diálogo de Chamaca (2013), en zonas de influencia directa de actividades mineras en las regiones Cusco y Apurímac. Espacios de diálogo instalados luego de haberse generado conflictos entre la población y la minería a causa de desencuentros por temas ambientales, de salud o relacionados con el desarrollo local.
César Flores, autor de este libro, analiza las condiciones que generaron los conflictos sociales en tres zonas mineras y evalúa la efectividad de las mesas de diálogo como mecanismo para generar relaciones democráticas y respetuosas a largo plazo entre la población, Estado y empresa. En el caso de Cotabambas la población, preocupada por las modificaciones al proyecto Las Bambas y sin encontrar respuestas satisfactorias, inició un paro provincial indefinido en setiembre del 2015, cuya represión provocó la muerte de tres pobladores, decenas de heridos y la apertura de investigaciones fiscales y judiciales a un gran número de dirigentes.
Dirigentes de Cotabambas y Grau, distritos ubicados en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas participaron hoy en sesión de la Comisión de Pueblos Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.
Ahí pudieron manifestar su preocupación por las significativas modificatorias de los Estudios de Impacto Ambiental de dicho proyecto sin haber consultado a las comunidades de esta zona de Apurímac. Respecto a ello, solicitaron que un tercero externo evalúe y de opinión respecto a estas modificaciones. “Al no consultarnos estos cambios han vulnerado nuestros derechos.”, manifestó uno de los dirigentes presentes.
Los pobladores de los distritos afectados por la contaminación de los ríos en la cuenca Llallimayo anunciaron la noche del lunes 12 que permanecerán hasta hoy en las afueras del campamento minero de Aruntani SAC. El lunes por la mañana, cuando empezó el paro de 48 horas que acatan, los productores agropecuarios se movilizaron hasta la carretera de ingreso a esta empresa minera, a la que acusan de tener responsabilidad en la contaminación del agua.
Se trata de los comités de regantes de los distritos de Umachiri, Llalli y Cupi de la provincia de Melgar, quienes llegaron en decenas de vehículos y motos lineales hasta el centro poblado de Parina jurisdicción del distrito de Ocuviri (Lampa), para sumarse a la medida. Los pobladores de Llalli, Ocuviri, Umachiri, Cupi y Vila Vila, de las provincias de Lampa y Melgar, exigen el cierre definitivo de Aruntani y Ciemsa Las Águilas. Las acusan de contaminar la cuenca de Llallimayo y otros afluentes. La medida de fuerza continuará hoy. Esperan que las autoridades atiendan sus peticiones y reclamos.
El miércoles 14, CooperAcción y OXFAM presentarán la publicación «Conviviendo con la minería en el sur andino» que contará con un panel de especialistas en conflictos sociales, y con representantes de la región Apurímac.
La cita es en el Centro Cultural de la Pontíficia Universidad Católica del Perú – Av. Camino Real 1075, San Isidro, Lima. El ingreso es libre aunque la capacidad del auditorio es limitada. Las personas interesadas en asistir deben confirmar su asistencia escribiendo a prensa@cooperaccion.org.pe.
Se entregará un ejemplar de la ´publicación al público presente.
Bancada fujimorista retrocedió en presentar modificatoria de Ley de Consulta Previa
Según Úrsula Letona, Fuerza Popular convocará a comunidades indígenas para replantear proyecto
La RED MUQUI aseveró que antes de proponer normas que promueven un supuesto “equilibrio” entre la inversión y el respeto a las comunidades donde estas se llevan a cabo, el Ejecutivo y los congresistas deben entender a la Consulta Previa como un derecho y no como un “mero trámite” que da luz verde a la realización de proyectos extractivos.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), anexo del Banco Mundial (BM), con sede en Washington D C, Estados Unidos, es escenario de la audiencia pública por la demanda que la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation inició contra la República del Perú por el caso del “aimarazo”.
En la demanda (caso es el Nº. ARB/14/21), según informa la organización Suma Marka ONGD, la transnacional pide al Estado peruano una suma aproximada de 1200 millones de dólares como indemnización por la cancelación del proyecto minero Santa Ana en el año 2011.
El proceso de diálogo que inició en febrero avanza lentamente y sin concretar. Los pobladores denuncian que en la Mesa no existe ni siquiera un traductor oficial de quechua que pueda facilitar la comunicación con el Gobierno y la empresa.
Seis meses después desde que se instaló la Mesa de Diálogo en torno al proyecto Las Bambas, propiedad de la estatal china MMG, las comunidades se muestran preocupadas por sus limitados avances y demandan que el gobierno de PPK continúe con este proceso de diálogo. “Quisiéramos sentarnos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski para ver de qué forma vamos a trabajar a nivel de Cotabambas. Nosotros no estamos en contra de la mina, queremos que funcione pero respetando a las comunidades”, afirma Ebert Buendía de la comunidad campesina de Pisaccasa, en el distrito de Mara.