En los últimos días, el gobierno ha insistido sobre la necesidad de viabilizar y reforzar la cartera de proyectos mineros, que durante los próximos cinco años permitirían una inversión de US$14,000 millones. Sin embargo, y en paralelo, también se vienen anunciando próximas medidas de una reducción mayor de los estándares ambientales (o «sinceramiento», como lo ha llamado el MINAM: La República, 01-03-2017) y un conjunto de simplificaciones de trámites (Gestión, 28-02-2017) (esto último, en un Estado sin institucionalidades fuertes, permite menor rigurosidad al momento de otorgar las autorizaciones).

Grafico muestra (Inversiones a nivel mundial en exploraciones mineras, 1993-2016)

En vez de «sincerar» normativa, la pregunta central para todos los peruanos y peruanas, en momentos como los actuales, debería de ser en qué país queremos vivir en los próximos años. ¿Cuánta corrupción estamos dispuestos a tolerar? ¿Cuánta inseguridad ciudadana? ¿Cuánta contaminación del medio ambiente? ¿Cuánto contrabando?, etc.

El argumento para rebajar estándares y flexibilizar permisos, que viene repitiendo el actual gobierno y la SNMPE, es que las inversiones mineras en Perú están cayendo, principalmente en exploración. Pues es una «verdad a medias» y bastante tendenciosa si no se hace hincapié en las tendencias mundiales. De hecho, en la última semana de febrero, durante la Convención Internacional de Prospectores y Desarrolladores Mineros en Canadá, la más importante del mundo, apareció el último reporte de tendencias mundiales en la exploración minera, en el que se confirma un descenso drástico y continuo por cuarto año consecutivo desde el año 2013 (ver gráfico 1). La primera conclusión que debemos sacar es que el Perú no padece de ninguna «maldición minera» que no se esté viviendo en otras partes del mundo.

Lo segundo. Un dato clave es preguntarnos sobre el origen del descenso de las inversiones mundiales. Pues la respuesta aparece en el mismo gráfico anterior: junto a las barras que indican las inversiones mineras en exploraciones año a año, la línea azul indica el nivel de precios de los minerales1, y ambos datos siguen perfectamente la misma tendencia o camino. Es decir, para la industria minera a nivel mundial, el factor clave para invertir son los precios internacionales. De hecho, sin la subida reciente del precio del cobre no se podría explicar el interés de Anglo American por retomar el proyecto Quellaveco (paralizado en los últimos años por los bajos precios). Lo tercero que hay que tener en cuenta es que, en términos relativos, el Perú no ha variado sustancialmente su participación en las exploraciones mineras a nivel mundial. Luego de Canadá y Australia con una participación de 14% y 13%, respectivamente, y que lideran históricamente estas inversiones, le siguen EEUU (7%), Chile, China, Perú y México (6%), Rusia (5%), Sudáfrica y Brasil (4%), etc. Si comparamos este mapa frente a los últimos años, vemos que estas participaciones han variado mínimamente.

Esta campaña ya es conocida, y empezó el año 2013 con los primeros paquetazos ambientales. Sin embargo, una vez más no se contempla la otra realidad del país («la no empresarial»). Un dato revelador y reiterado numerosas veces es que el 70% de los más de 200 conflictos mensuales registrados por la Defensoría del Pueblo tienen como origen demandas socio ambientales. Por otro lado, 45% del total de conflictos son mineros, según cifras de la Defensoría y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Sin embargo, ¿Qué estándares está ofreciendo el actual gobierno para solucionar los conflictos sociales? ¿Existe voluntad política en el presidente para crear un sistema nacional de conflictos, que tenga un enfoque de derechos que ampare a todos los peruanos y peruanas? ¿Seguirá concentrado únicamente en el adelanto social (obras públicas) para apaciguar cualquier vulneración de derechos? ¿Podemos aspirar a un estándar que asegure «ni un muerto más por conflictos» (en los últimos diez años ha habido 270 fallecidos y 4,600 heridos por conflictos sociales)? ¿Seguiremos siendo uno de los países más coercitivos en la región en términos de criminalización de la protesta? ¿Cuáles son los estándares para estos temas? ¿A qué convivencia ciudadana aspiramos?

Esta manera de encarar al país, a veces tan claramente economicista y sin instituciones, nos lleva a recordar que el 2001 se retorna a la democracia en el Perú, pero a una «democracia inconclusa», ya que con los años no se encararon las grandes reformas ni mucho menos se logró de que todos los peruanos y peruanas podamos dialogar y decidir en igualdad de condiciones.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/opinion/695-verdades-a-medias

La Junta de Acreedores de Doe Run Perú ha programado para el 10 de marzo la primera subasta de los activos de la empresa: Complejo Metalúrgico de La Oroya y la Unidad Minera de Cobriza.

Para el complejo la Oroya se fijó un precio de 336,78 millones de dólares y para Cobriza 70,78 millones de dólares, haciendo un total de US$ 407,56 millones, según informó Doe Run.

El precio base para la subasta corresponderá a las 2/3 del valor convencional de cada una de las unidades productivas. La junta de accreedores de Doe Run aprobó también las  bases integradas y modelos de contrato de compraventa. Previa a esta aprobación se modificó, entre otros puntos, las fechas para la segunda y tercera subasta, quedando establecidas para el 21 y 30 de marzo del presente año, respectivamente.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/doe-run-peru-asi-se-llego-nueva-subasta-noticia-1968446/3

La minera Santa Luisa Mining ha desconocido la mesa de diálogo conformada tras la protesta de los pobladores de la comunidad campesina de Llamac, en Áncash, por la ilegal posesión de sus terrenos en el tramo Salhuayoc-Taulimpa, por más de 22 años.

El comunero Giovani Aliaga, miembro de la comisión de negociación, relató que en 1995 la empresa les solicitó, de forma temporal, una trocha carrozable para realizar trabajos de exploración, pero con el paso de los años la retuvieron arbitrariamente.

«La empresa ha desalojado a un grupo de campesinos que recuperó sus tierras. El 7 de marzo pasado, un contingente policial ha destruido sus corrales y sembríos», dijo.

Indicó que la comunidad vendió a la minera 1,500 hectáreas para la explotación de cobre, zinc y plata, pero no la zona que la empresa usa como vía de transporte de mineral.

Precisó que Santa Luisa Mining no ha cumplido con los compromisos de responsabilidad social y el Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado sin audiencia pública y habría indicios de contaminación.

Aliaga denunció que a inicios de marzo se realizó la cuarta mesa de diálogo, pero en la práctica, la minera ya pateó el tablero. El experto en temas mineros, Juan Aste, detalló que la minera ya adelantó su postura, en el sentido de que mantendrá la posesión de las zonas que son reclamadas por la comunidad de Llamac.❧

Fuente:http://larepublica.pe/impresa/politica/855945-campesinos-de-llamac-denuncian-minera-por-apropiarse-de-sus-terrenos

El derrame de 15 mil metros cúbicos (15.000.000 de litros) de relave minero de las minas Shila y Paula de la empresa Buenaventura, llegó a los ríos Molloco, Huaruro, Latica y hasta el río Colca, pero aquí no pasó absolutamente nada, dicen que el caso fue archivado por la fiscalía porque no hubo contaminación. Increíble.

¿Y que fue del derrame de la cancha de relaves de las minas de Shila y Paula de propiedad de la empresa Buenaventura, ocurrido en marzo del 2016?

¿Qué hicieron los que hoy resucitan como los abanderados de la lucha de los pueblos de Caylloma? ¿Dónde está la denuncia de los congresistas que hoy dicen defender los intereses del pueblo?

Indignante

Fiscalía especializada en materia ambiental de Arequipa, el 3 de octubre del 2016, ordenó el archivo definitivo de la denuncia sobre derrame de relave de la presa Shila Paula. Pobladores no están enterados.

La fiscal Carolina Amiry Cáceres Zuñiga, lo hizo en base a informes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). ¡Tremendo favorcito que le hicieron a la minera Buenaventura!

En sus informes la ANA dijo que no existe ningún parámetro analizado que supere los estándares de calidad ambiental para el agua. ¿Quién conoce tan poderosos informes de los sesudos técnicos de la ANA?

Por su parte, el OEFA en oficio enviado a la fiscalía dice que con sus cuatro supervisiones especiales al lugar y con el apoyo del poderoso Director de la Segunda Especialidad en Contaminación y Gestión Ambiental de la UNSA ha concluido que hubo contaminación pero su impacto no es significativo. ¿Dónde está escondido el informe de estos señores? ¿Por qué no lo colgaron dicho documento en su página web, tal como lo han hecho con otros casos? Increíble.

Fuente:http://www.noalamina.org/latinoamerica/peru/item/16976-archivaron-causa-por-derrame-de-15-millones-de-litros-de-relaves-mineros-en-los-rios-molloco-huaruro-latica-y-colca

Al menos 200 personas, entre empresarios, proveedores y contratistas del Perú participaron de la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC 2017), celebrada en Toronto del 5 al 8 de marzo.

«El resultado ha sido muy positivo», evaluó el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, en conversación con este Diario.

«Se demostró una vez más el compromiso del sector público y privado de posicionar al Perú como un destino de inversión minera en América Latina», señaló y apuntó que la delegación peruana fue la tercera más grande del mundo en la feria.

«Esto se da en un contexto en el que la situación [el precio] de las materias primas está mejor que el año pasado y, por lo tanto, el ambiente ha sido más auspicioso para el crecimiento de la producción minera», comentó.

Además, informó que en la feria se reunió con empresas mineras juniors (exploradoras), medianas y grandes, que le expresaron su interés de seguir invirtiendo en el país. Apuntó que visitó la Bolsa de Toronto, donde 65 empresas listadas tienen interés en invertir en el país. «Una parte muy importante es que las empresas logren conseguir el financiamiento para llevar a cabo los proyectos», refirió.

Cabe destacar que el Perú es el segundo productor mundial de cobre y plata, después de China y México, en cada caso. En el 2016 los niveles de producción del primero aumentaron en 70% desde el 2014, destaca la Guía de Inversión Minera 2017-2018 desarrollada por EY Perú.

Aún así, el número de petitorios mineros cayó de 7.247 en 2012 a 5.306 el año pasado, según datos de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMP). En tanto, la inversión en exploración pasó de US$905 millones en 2012 a US$373 millones en 2016.

REGLAMENTO DE EXPLORACIÓN 
El ministro informó que su cartera sigue trabajando en la revisión del reglamento de exploración minera y que este será presentado a fines de este mes.

El nuevo reglamento apuntará a agilizar la obtención de licencias de exploración como también a facilitar los procedimientos técnicos. Además, revisaría exigencias en materia de capacitación y seguridad.

«Va a ser un procedimiento más simple y apropiado para la realidad de la actividad exploratoria que permita manejarse con flexibilidad en los casos que haya identificación de hay recursos», dijo.

En el nuevo reglamento también se definirían mecanismos para la devolución del IGV para la actividad de exploración minera.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/mem-peru-ojos-industria-minera-mundial-noticia-1974432

“MMG Las Bambas está incumpliendo sus compromisos”, denunció la mañana del viernes Rodolfo Abarca, presidente del Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas. “Es injusto que haya una inversión minera tan grande, y en la zona no haya inversión en salud, en educación, en transporte”, declaró. Por su parte, el congresista apurimeño Richard Arce alertó que si la empresa se acoge a la figura de depreciación acelerada, la región prácticamente no recibirá canon en los próximos años, y exigió a la cuprífera de capitales chinos “respeto” por las comunidades locales. Las declaraciones tuvieron lugar durante el foro “Estándares Socioambientales de las Inversiones Mineras de China en el Perú”.

Las Bambas, Toromocho, Shougang, entre otros, son los principales proyectos mineros chinos en Perú. China se ha convertido en el principal inversor minero en el Perú y en uno de los más importantes en América Latina. “35% de la inversión minera en el Perú es ahora de origen chino, y estamos exportando más de 7 mil millones de dólares anuales en minerales e hidrocarburos hacia China”, señaló la directora de CooperAcción, Ana Leyva. En tanto, más del 80% de inversiones chinas en América Latina se orientan a los sectores de energía y recursos naturales, explicó, por lo que el gigante asiático es ahora un actor clave para la región y la ciudadanía requiere conocer y discutir sobre los estándares ambientales y sociales de estas inversiones.

En el marco de esta rápida expansión china en inversiones extractivas, las empresas de este país han empezado a desarrollar lineamientos y políticas para sus estándares sociales y ambientales. La expositora ecuatoriana Paulina Garzón, de la Iniciativa para las Inversiones Sustentables China – América Latina (IISCAL), explicó que documentos tales como la Directiva de Crédito Verde y los Lineamientos de Responsabilidad Social para las empresas chinas incorporan la necesidad de diálogo con las comunidades y actores de la sociedad civil y diligencia para evitar impactos ambientales negativos. Así mismo, Emily Greenspan, de Oxfam, explicó que la cámara de minería china (CCCMC) ha incorporado la noción de consulta y consentimiento previo, libre e informado.

Sin embargo, estas políticas y lineamientos son de cumplimiento voluntario y no obligatorio. Durante este importante foro, se destacó la brecha existente entre estas declaraciones de principios, y su cumplimiento en la realidad, debido a que las inversiones mineras chinas en Perú muestran constantes conflictos con las comunidades. “En el Perú no se están cumpliendo estos lineamientos de las empresas chinas”, denunció Rodolfo Abarca, del Frente de Defensa de Cotabambas. Por ello, los participantes destacaron la necesidad de fortalecer la regulación nacional y a las autoridades ambientales, puesto que este es el mejor camino para garantizar estándares socioambientales adecuados.

Durante el foro participó también Efraín Arana, asesor de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Cogreso de la República, quien enfatizó que megaproyectos como Las Bambas, que afecta hasta a tres regiones del país, requieren una Evaluación Ambiental Estratégica y no un mero Estudio de Impacto Ambiental. Así mismo, coincidió en la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y la participación social a través del ordenamiento territorial y la zonificación ecológica y económica.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/690-inversiones-mineras-chinas-deben-respetar-estandares-ambientales-y-sociales

Hoy 6 de marzo se dará inicio al juicio oral en contra de dieciséis líderes y lideresas comunitarios que se oponen al Proyecto Minero Conga después de que la 2ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín, Cajamarca, presentó acusación en la que pide condenas de hasta 36 años de prisión a varios de ellos.

Este proceso se da como consecuencia directa de la lucha de las comunidades locales contra la Minera Yanacocha, una empresa conjunta propiedad de la compañía estadounidense Newmont Mining Corporation y la empresa peruana Buenaventura, y la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), sub-organismo del Banco Mundial para el sector privado. Durante más de veinte años, las operaciones en Yanacocha—la mina de oro a cielo abierto más grande de América del Sur— han causado devastación ambiental y conflictos sociales con impactos negativos para la comunidad. Con el Proyecto Conga pretenden depositar 96,000 toneladas de relaves mineros tóxicos al día, en lugares ecológicamente sensibles como las cabeceras de cuenca que constituye su principal fuente generadora de recursos hídricos en esta zona. Debido a la oposición a este proyecto, en julio del 2012, se generó una represión de fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército contra manifestantes de las ciudades de Celendín y Bambamarca, dejando cinco muertos, entre ellos un joven de 16 años, además de heridos y cientos de procesados.

Estas denuncias y procesos penales, desde nuestras perspectivas podrían criminalizar la disidencia frente a los proyectos extractivistas, pues no solo los cargos son absolutamente alejados de las conductas de los líderes sociales, sino las penas son equivalentes o más graves a las que se pediría para delincuentes de alta peligrosidad en este país.

Entre los acusados por la Fiscalía se encuentra Milton Sánchez Cubas, Secretario General de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otra acusada que se enfrenta a cargos infundados es la defensora medioambiental Jeni Cojal, quien fue informada sobre las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse. Contra esta acción hoy se encuentra en curso un recurso de nulidad.

Las organizaciones que suscribimos este documento estamos profundamente preocupadas que, ante la movilización social legítima, la respuesta del Estado sea el uso de la fuerza y uso del derecho penal contra los líderes y lideresas defensores de derechos humanos, del territorio y el medio ambiente. Por lo tanto, ante la criminalización, señalamiento y persecución de los líderes y lideresas en Cajamarca, recordamos a las autoridades, especialmente a los fiscales y el Poder Judicial, que tienen la obligación de velar por los derechos al debido proceso de los acusados, así como a un juicio justo y a un tribunal imparcial.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes manifestamos nuestra intención de permanecer vigilantes ante abusos adicionales, e instamos al Poder Judicial a que vele por los derechos de los defensores y defensoras como premisa fundamental de un país democrático y plural.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/main/advanced-stuff/cooperaccion-informa/696-rechazamos-pedido-de-fiscalia-de-36-anos-de-prision-para-lideres-ambientalistas-en-celendin

Entrevista. El funcionario, junto al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, viajará la próxima semana a Canadá para participar en el congreso de exploración minera más grande del mundo, PDAC 2017, donde promocionarán el potencial geológico de nuestro país. Además, prevé una mayor recuperación de los capitales privados para 2018, con el impulso de diversos proyectos.

Qué es lo que prepara el Gobierno para promover la exploración minera en el Perú?

–Haremos modificaciones de simplificación administrativa y reducción de trámites para los temas de exploración minera, porque los yacimientos que hoy se exploran son probablemente los proyectos del futuro. En la actividad exploratoria hay normalmente un proceso previo para identificar un recurso minero y, posteriormente, pasar a declarar una reserva, la cual se convierte finalmente en un proyecto minero.

Por lo tanto, cuando más exitosos seamos identificando recursos, la posibilidad de tener nuevos proyectos mineros es mayor.

Aunque vale aclarar que no todos los recursos mineros se convierten en proyectos, pues en el camino hay áreas que se dejan de lado por motivos de naturaleza metalúrgica y falta de infraestructura, entre otros factores.

–¿Estas modificaciones contemplan incentivos tributarios?

–Hay puntos que están relacionados con devoluciones del impuesto general a las ventas (IGV), pues en temas de incentivos tributarios la legislación es bastante clara.
Hay circunstancias en que la actividad de exploración requiere realizar un conjunto de gastos, los que comprometen pagos de IGV, y en este caso la idea es que si no se tiene éxito con la exploración, este impuesto no represente un costo para los inversionistas.

Claro está en que si el proyecto tiene éxito, ese IGV se trasladará a los procesos hasta que los recursos se conviertan en proyectos.

–¿Forman parte del nuevo reglamento para la exploración minera?

–Sí y deberíamos estar en condiciones para terminarlo este primer trimestre.

–¿Cuáles son las expectativas con este nuevo reglamento?

–Partimos de un contexto en que los precios de los minerales se están recuperando, entonces podemos decir que la sensación de ambiente de negocios para las inversiones mineras también mejora.

El zinc registra precios altos, la cotización del cobre creció 30% y las perspectivas en los otros metales también son favorables. En resumen, el ambiente para la inversión minera es favorable y no solo en el Perú.

–¿Este rebote se podría ver este año?

–No, este año seguiremos registrando una caída en la inversión minera, principalmente por la menor inversión en los megaproyectos como Las Bambas y Cerro Verde.
Esperamos una recuperación de los capitales privados para el próximo año, impulsado por proyectos como Tía María, Pampa de Pongo, Quevalleco y Michiquillay.

–Con este nuevo reglamento, ¿se espera hallar megaproyectos?

–Lo que pasa es que los megaproyectos se darán cuando las condiciones de riqueza mineral, metalúrgicas y financieras lo permitan. Hay yacimientos muy grandes en el Perú, pero estos todavía no están listos porque la señal de precios en los mercados tampoco es la óptima, y las empresas mineras preferirán ingresar en un mercado que tenga una coyuntura de mejores precios.

Recordemos lo que pasó hace algunos años; la demanda mundial bajó por la desaceleración económica y nuevos proyectos de cobre salieron al mercado. Ambos factores llevaron al cobre a un precio cercano a los dos dólares la libra.

–¿En qué estrategia se trabajará para reducir la conflictividad social?

–Existen dos herramientas importantes: una es el adelanto social y la otra es el Viceministerio de Gobernanza Territorial. Ambos apuntarán a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos involucrados con los proyectos extractivos para hacer viables los mismos.

Promocionará potencial geológico peruano

El Perú participará en la Convención Internacional PDAC 2017, el congreso de exploración y prospección minera más grande del mundo, adelantó el ministro Tamayo.
Precisó que el evento se realizará en la ciudad de Toronto, Canadá, del 5 al 8 de este mes, el cual es organizado anualmente por la Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC).

“La lógica de asistir a este evento es poner a disposición de los inversionistas el potencial geológico importante que tiene nuestro país para que puedan desarrollarse más proyectos”, manifestó.

En ese sentido, el funcionario explicó que la presencia del Perú en ese importante evento busca dar a conocer el gran potencial minero que ostentamos gracias a nuestra ubicación privilegiada en el centro de la cordillera de los Andes, que es la fuente de las mayores reservas metálicas del mundo.

A ello se suman, dijo, bajos costos de exploración y operación, estabilidad macroeconómica, grado de innovación de sus proveedores locales y los esfuerzos que hace el Gobierno para promover una convergencia entre los sectores productivos,las comunidades y la minería.

Fuente:http://www.elperuano.pe/noticia-%E2%80%9Cse-alistan-incentivos-tributarios-para-impulsar-exploracion-minera%E2%80%9D-51617.aspx

27-02-2017
La semana pasada fueron publicadas las cifras consolidadas del crecimiento económico del año 2016: según el INEI, la economía peruana creció 3.9%, impulsada sobre todo por el sector de la minería metálica que creció en 21.8%. La minería da cuenta de casi la mitad del crecimiento del año pasado.
Lo cierto es que después del comportamiento espectacular de la minería metálica en los dos últimos años, con tasas de crecimiento de dos dígitos, las proyecciones del propio Ministerio de Economía y Finanzas muestran un menor dinamismo: 7.4% para este año, 2.9% en 2018 y apenas 1.2% en 2019.

Es por eso que desde el gobierno se ha comenzado a señalar que se busca destrabar varios de los proyectos que forman parte de la cartera de inversiones mineras. El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, acaba de anunciar que los proyectos que se destrabarían de inmediato son: Tía María, Río Blanco, Toromocho (ampliación), San Gabriel, Quellaveco, Mina Justa, Pampa del Pongo y Michiquillay.

Los siete proyectos mencionados suman una inversión de 11,314 millones de dólares. En orden descendente tenemos: Quellaveco (3,300 millones); Río Blanco (1,500); Pampa del Pongo (1,500 millones); Tía María (1,400); Toromocho (1,350); Michiquillay (1,000); Mina Justa (744); San Gabriel (520).

Sin embargo, lo que no ha mencionado el ministro Thorne es que los proyectos anunciados no tienen el mismo nivel de avance y tampoco se está tomando en cuenta el contexto social que enfrentan y la propia situación por la que atraviesan las empresas. Veamos por partes.

Entre los proyectos que en principio estarían más avanzados figura Quellaveco, que tiene su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y que además el año 2012 suscribió un acuerdo con la población y el entonces gobernador regional y actual vicepresidente, Martín Vizcarra. Al margen de la vigencia o no del acuerdo, el problema central para el desarrollo de Quellaveco ha sido la difícil situación por la que atraviesa la propia empresa Anglo American: como se sabe, la actual gestión de la centenaria empresa sudafricana viene tratando de superar en los últimos años el desastre provocado por una descontrolada estrategia de expansión que fue financiada por un enorme endeudamiento. Para tener una idea de la situación, hay que señalar que hasta hace muy poco se hablaba de una posible venta o disolución de Anglo American. Por lo tanto, es muy difícil pensar que una empresa sobre endeudada pueda sacar adelante un proyecto de las características de Quellaveco, y dentro de las posibilidades que se barajan, se ha especulado sobre una posible alianza o venta del proyecto a Southern Perú.

En el caso de Tía María, que también cuenta con EIA aprobado, está claro que se mantiene el rechazo de la población al proyecto. La reciente visita del presidente Kuczynski a la provincia de Islay y más específicamente al Valle del Tambo, ha confirmado que la oposición de la población se mantiene y que no existe lo que las propias empresas definen como licencia social para operar. Por lo tanto, este proyecto no tiene ninguna posibilidad de ser reactivado en el corto plazo.

Pampa del Pongo es un proyecto de hierro de la empresa china Jinzhao Mining, que se ubica en la provincia de Caravelí (Arequipa) y que también cuenta con EIA aprobado. El desarrollo de este proyecto ha recibido un nuevo impulso luego de la firma de los convenios de promoción y los memorandos entre Perú y China a finales del año pasado, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC 2016. La empresa ha anunciado el inicio de la construcción para el 2018 y una posible fase de explotación entre el 2020 y 2021.

Aparte de la ampliación de Toromocho, que no presenta mayores inconvenientes que la propia gestión de la empresa china, lo cierto es que los demás proyectos mencionados están bastante más atrasados y tendrán que pasar varios filtros antes que puedan concretarse: San Gabriel, en medio de suspensiones, ha presentado su EIA y está en proceso de evaluación, mientras que el resto se encuentra en fase de exploración. Mención especial merece el proyecto Río Blanco, que no sólo no cuenta con EIA aprobado, sino que sigue enfrentando una fuerte resistencia de la población de las provincias piuranas de Huancabamba y Ayabaca.

Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen anuncios sobre posibles decisiones de inversión en torno a proyectos mineros. Son diversas variables las que cuentan para que finalmente se tome una decisión: desde las variables financieras y la capacidad de endeudamiento de las propias empresas; el propio contexto global, tan influyente en una actividad como la minería; hasta los temas sociales y ambientales que se presentan en las zonas de influencia de los propios proyectos.

Lo cierto es que siendo realistas, en los próximos años veremos madurar algunos cuantos proyectos de ampliación de operaciones mineras que ya están en curso y por allí alguno que otro nuevo emprendimiento nuevo. Para este año se proyectan alrededor de 4 mil millones de dólares en inversiones mineras, el monto más bajo de los últimos cinco años; y para el quinquenio, el propio Ministerio de Energía y Minas proyecta una inversión de 14 mil millones de dólares, muy por debajo de la inversión alcanzada en el quinquenio pasado.

Ya no estamos en la efervescencia de la década pasada y pese a las resistencias, hay que hacerse a la idea que la evolución de la inversión minera y de la propia producción, será bastante más pausada de lo que algunos esperan. Mientras tanto, se debería estar trabajando la agenda de derechos sociales y ambientales que sigue estando pendiente.

27 de febrero de 2017

DEVOLUCIÓN DE IGV Y CAÍDA DE LA RECAUDACIÓN
23 de febrero de 2017
José De Echave C.
Fuente: www.sunat.gob.pe, Elaboración: CooperAcción

El ministro Thorne acaba de reconocer que los ingresos tributarios siguen cayendo de manera sostenida y que además esta situación se explica por las crecientes devoluciones del IGV, sobre todo “por los grandes proyectos mineros que nos están quitando recaudación”.

Lo que no ha reconocido el ministro es que este tema no es ninguna novedad y que lamentablemente tampoco es algo excepcional. Desde el año pasado, hemos señalado que la SUNAT le venía devolviendo a las empresas más de lo que estas aportan por tributación.

¿Qué está pasando? ¿De qué se trata este tema de las devoluciones del IGV?

Vayamos por partes. Cualquier empresa cuando vende algo que produce o comercializa tiene que pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV), lo que les genera un débito fiscal. ¿Qué pasa con las empresas que venden a mercados externos? Como las exportaciones no están gravadas con el IGV, por ende sus ventas no generan débitos fiscales.

Esa misma empresa cuando realiza compras diversas genera un crédito fiscal: el crédito fiscal es el IGV que grava las compras que realizan las empresas.

En el caso de las empresas mineras, al vender al exterior sin el pago de IGV, se interrumpe la cadena débito-crédito y se genera lo que en la jerga tributaria se conoce como “saldos a favor del exportador”. La legislación tributaria en el Perú permite que las empresas utilicen los “saldos a favor del exportador” contra el pago del Impuesto a la Renta y/o solicitar su devolución.

Ello provoca que en determinadas coyunturas, en términos netos, el Estado termine subsidiando al sector minero y que la recaudación caiga. Es lo que ha venido ocurriendo en los dos últimos años: desde el año 2015, el monto devuelto a las empresas supera el Impuesto a la Renta recaudado por la SUNAT, y la diferencia alcanzó la cifra de -3,945.2 millones de soles en 2016. Es precisamente lo que se puede observar en el gráfico que adjuntamos.

El ministro Thorne ha señalado que esta situación es pasajera o coyuntural. Lo cierto es que la data estadística muestra que no es así: en el caso minero, sólo en el período del súper ciclo de precios de los minerales hemos tenido una recaudación neta en azul. Como se puede apreciar en el gráfico, hasta antes del año 2003 estábamos en rojo y todo indica que desde el año 2015 hemos vuelto a la normalidad: recaudación neta en rojo.

Lo más grave es que nada hace pensar que la situación vaya a cambiar en los próximos años y en este contexto la meta de presión tributaria que se ha fijado el gobierno parece difícil de alcanzar.

¿Qué hacer? Para comenzar habría que corregir la legislación tributaria que permite esta enorme discrecionalidad en el uso de los “saldos a favor del exportador” por las empresas. Pero además, necesitamos en serio y a fondo, discutir una verdadera reforma tributaria que corrija esta y otras distorsiones.

No es aceptable que precisamente en los dos últimos años la minería haya estado creciendo a tasas históricas de dos dígitos y que ese salto productivo no esté acompañado de un mayor aporte tributario al país: por el contrario el aporte tributario de la minería no ha dejado de caer.

Las devoluciones del IGV a la minería terminan siendo una suerte de subsidio del Estado -en realidad de todos los peruanos- a las empresas que debe corregirse cuanto antes.