Señor Presidente de la República

Lima, 16 de agosto 2018.

Presidente Martín Vizcarra, según la Agencia Reuters, Usted acaba de anunciar en Pucallpa “que dentro de seis meses su Gobierno probablemente apruebe leyes para poder explotar un reciente hallazgo de litio y uranio, eliminando un obstáculo clave para una mina de 800 millones de dólares planteado por la canadiense Plateau Energy Metals”[1].

La Minería de Uranio ha sido Prohibida en varias Sociedades

Cuando en el Congreso del Perú procesábamos la vacancia del corrupto PPK, usted se hallaba de embajador en Canadá. Allí debe haberse enterado de la bien fundada resistencia a la explotación de minas de uranio, por los efectos nocivos al ambiente y a la salud de las personas que dicha explotación genera.

Al respecto, le recuerdo que Canadá es uno de los mayores exportadores de uranio, teniendo normas y una institucionalidad ambiental más eficiente que la peruana. Sin embargo, el gobierno de la Columbia Británica –luego de estudios rigurosos de su comunidad científica– decretó la moratoria de todas las exploraciones mineras. Igualmente, así lo hizo el gobierno de la provincia de Nueva Escocia la que además ha prohibido la explotación de dicho mineral. La provincia de Quebec también tiene moratoria para minería de uranio, desde el año 2012.

Los Engaños de la Industria Nuclear

Seguramente, como a mí, a usted le habrá llegado también mucha información de las bondades de la energía del uranio. Recuerdo haber visitado Canadá hace unos años y, en las calles, unas jóvenes regalaban propaganda en favor de la energía nuclear, indicando “que era limpia y que resolvería los problemas del cambio climático pues no emite CO2”. Información que omitía los miles de toneladas de energía fósil y los millones de m3 de agua que demanda la extracción del uranio en extensos suelos que apenas tienen microgramos de dicho mineral o del transporte de uranio desde el lugar de extracción a los lejanos centros de enriquecimiento radiactivo.

Señor Presidente, hablar de uranio implica no dejar de evaluar la huella ecológica desde la producción en mina hasta la construcción de las centrales radiactivas y la energía fósil que se gasta en el enfriamiento de los millones de metros cúbicos de aguas calientes del proceso, sin las cuales las centrales nucleares se convierten en un infierno emisor de mortal radiación. No olvidemos casos como los de Three Mile Island, Pensilvania (1979), Chernobil (1986) y más recientemente Fukushima (2011). Casos que obligaron a otros países como Alemania, Suecia, Bélgica y Holanda a realizar importantes anuncios para cerrar las centrales nucleares y a dejar de usar la energía nuclear.

Sin embargo, la industria desea vendernos una “idea ambientalista” en torno al uso de la energía nuclear que sería una “solución” frente al cambio climático. Ahora, piden que olvidemos la problemática ambiental generada por los residuos radiactivos. Los lobbies españoles señalan que “no es tiempo de preocuparse ahora por ellos, sino de abastecer la creciente demanda energética de una creciente población”. Así, la cuestionada industria de energía nuclear, en vez de entender la necesidad de adaptabilidad ante el cambio climático, sabotean en España las normas y los incentivos estatales para el desarrollo de energías mucho más limpias o de menor impacto ambiental.

La Inaceptable Minería de Uranio

Hace varios años visité una mina de uranio cerca de Berlín. Lo explotó la empresa Wismut. Allí se explotó una mina de uranio que la Unión Soviética impuso por razones de seguridad de Estado en tiempos de la guerra fría. La mina apenas tenía dicho mineral, pero igual los líderes comunistas decidieron explotarla para no depender del uranio procedente de las minas de África o de países considerados sus enemigos. El fin de explotar el uranio en Wismut no era tanto energético cuanto militar. Limpiar esa mina ahora le cuesta a la Unión Europea aproximadamente dos billones de euros y tardará limpiarla cerca de dos décadas. Hasta el lecho del río está siendo dragado para remover sedimentos contaminados criminalmente. La gente del pueblo cercano y sus trabajadores presentaban tasas muy elevadas de varios tipos de cáncer, pero sobre todo de tipo pulmonar. Después de varias décadas de que la mina había dejado de operar todavía se puede ver cómo los desechos incandescentes, cual lava volcánica, debía ser mojados con equipos especiales que utilizan millones de m3 de agua para poderlos enfriar y luego movilizarlos a la zona de entierro o encapsulamiento de escombros radiactivos.

En Canadá y España algunos expertos en impactos de la industria nuclear me expusieron amplia información sobre la materia. En ese contexto uno de ellos me dio un consejo: “tenga Usted bien en cuenta: si se mete con la minería de uranio lo hará a su vez con la industria militar, evalúe si está dispuesto a meterse en eso y cuide mucho más su seguridad personal”, evidentememte conocía de lo que había sido capaz la transnacional minera Newmont – Buenventura – Yanacocha cuando su empresa de seguridad privada realizó la operación de reglaje, interceptaciones y puso en peligro la deguridad de los defensores ambientales de la ONG Grufides en lo que se conoció como la operación de espionaje y demolición “Operación Diablo”[2].

Muchas Voces no Atendidas

Durante los años 2006 a 2007 leí mucha información sobre el proceso de explotación de uranio y los impactos de este tipo de minería y la industria nuclear. Igualmente hablé muchas veces en público, di algunas conferencias sobre minería que incluía preocupaciones por la minera de uranio en Macusani, Puno, y hasta escribí en el diario La República un breve artículo sobre el tema denominado “Ecología de Paz” y comentaba el pedido del Papa Benedicto XVI a frenar el armamentismo nuclear. En diciembre de 2007 escribí así: “el mensaje (papal) nos habla de desarrollar una prudencia cuyo objetivo debe ser fortalecer la «alianza entre ser humano y medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual caminamos». El Papa llamaba a la tarea fundamental de «sentir la tierra como nuestra casa común» la que debe ser puesta al servicio de todos, adoptando «la vía del diálogo en vez de tomar decisiones unilaterales».

Con relación al problema específico de las demandas energéticas de los países más desarrollados, el mensaje papal denunciaba que: «Los países emergentes tienen hambre de energía, pero a veces esta hambre se sacia a costa de los países pobres que, por la insuficiencia de sus infraestructuras y tecnología, se ven obligados a malvender los recursos energéticos que tienen». Es más, sobre el armamentismo, el Papa iba más allá al sostener que: «Es verdaderamente necesaria una movilización de todas las personas de buena voluntad para llegar a acuerdos concretos con vistas a una eficaz desmilitarización, sobre todo en el campo de las armas nucleares (…). Soy consciente de que al renovar esta llamada me hago intérprete del deseo de cuantos comparten la preocupación por el futuro de la humanidad». Comentando esos llamados yo concluí mi artículo afirmando que “en Perú, la iglesia debiera llamar correspondientemente a una movilización contra la minería radiactiva que se pretende instalar”[3].  Probablemente por casualidad, fue el último artículo que escribí, pues luego la dirección del diario me comunicó que mis columnas no iban más.

Presidente, usted no ignora los Grandes Problemas de la Minería

Presidente Vizcarra, usted conoce los daños y los beneficios que puede causar la minería metálica. Siendo gobernador regional de Moquegua, usted tuvo a la todopoderosa e impune Southern como su vecina y socia de negocios familiares a través de la empresa C y M Vizcarra S.A.C.[4] , cuyo gerente general es su hermano César Vizcarra Cornejo. Entiendo que en su gestión logró utilizar el canon minero para resolver temas educativos; sin embargo, no logró hacer frente a la grave escasez de agua que afecta a las poblaciones y los agricultores que siguen reclamando sin ser atendidos, ni a la problemática por calidad de agua, producto de actividades mineras en la zona.

Asumo, Presidente, que la Ministra del Ambiente le habrá informado de los procedimientos administrativos sancionadores que tiene la Southern, del irremediable daño hecho (y que sigue haciendo) sobre el río Torata, cuyo lecho fue convertido en botadero de desechos mineros, burlando el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y valiéndose fraudulentamente de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que como admiten el SENACE y la Procuraduría del MINAM, se utilizó de manera indebida, bajo la complicidad del Ministerio de Energía y Minas y, por cierto, sin que haya ningún funcionario sancionado.

Como Congresista de la República he sostenido diferentes reuniones y conversaciones con los funcionarios del MINAM, del SENACE, del OEFA y hasta del MINEM, sobre el daño ambiental generados por las grandes mineras sobre los ríos Torata y Tumilaca. Es una obligación moral y política que usted tenga información que debiera considerar muy bien antes de auspiciar el inicio de nuevos proyectos mineros.

La inversión debe ser vista desde la justicia y la sostenibilidad ambiental, entendiendo la salud y el medio ambiente sano y equilibrado, como derechos fundamentales; por lo que no debiera someterlos o negarlos frente a los poderosos lobbies empresariales mineros.

Prevenir es Mejor que Remediar y Lamentar

Ahora bien, la minería de uranio en Puno y en Piura, no puede ser vista sólo como una oportunidad de inversión. La huella ecológica ambiental que generan sus efectos y los daños potenciales, como se demuestra en otros países como Alemania, Canadá aconsejan seguir la vía del principio ambiental precautorio.

Siete provincias canadienses que han evaluado bien los potenciales o reales daños han prohibido la minería de uranio en sus territorios y es conocido que en Estados Unidos los pueblos navajos que se vieron afectados por alta incidencia de cáncer y otros daños ambientales han conseguido de parte del gobierno federal una multimillonaria indemnización y el gobierno de la Nación Navajo han prohibido la minería de uranio en su territorio [5].

Presidente Vizcarra, está en sus manos seguir o no ese ejemplo. Recuerde además que tenemos la Ley Marco de Cambio Climático, promulgada por usted mismo. En dicha norma se plantea la importancia de adoptar medidas de adaptación al cambio climático, promover las energías limpias con enfoque de justicia ambiental y derechos de futuras generaciones, así como con enfoque intercultural que lo obliga a someter a consulta previa.

Bajo estas consideraciones, si su gobierno decide impulsar la minería de uranio en el Perú. Usted incurriría en una grave contradicción con el derecho fundamental de un ambiente sano y equilibrado.

Tarea Difícil, Lobbies y Poderosos Intereses Económicos Dominan el Congreso

Yo, desde mi trabajo congresal, seguiré trabajando por un desarrollo que no destruya y envenene nuestros aires, ríos y suelos, en este compromiso exigiré que se cumpla la legislación ambiental y no me cansaré en la defensa del derecho fundamental al medio ambiente sano y saludable. Este es también el compromiso de todos los congresistas y militantes del Frente Amplio y creemos que debiera ser también el compromiso de todos los demás congresistas y de la más amplia ciudadanía. Aunque tenemos razones para considerar que muchas veces se anteponen la indiferencia, la ignorancia o los intereses de poderosos grupos empresariales y lobbies, como ocurrió cuando en la comisión de Energía y Minas, la mayoría fujimorista envió al archivo, sin que hubiera mayor debate, el proyecto de ley del congresista Armando Villanueva (AP) que buscaba que el país (como ocurre en una inmensa mayoría en la región) tuviera una ley de prohibición de las bombillas incandescentes para dar paso a la ecoeficiente tecnología led.

El fujimorismo argumentó que la iniciativa legislativa iba “contra el libre mercado” y la “economía de los más pobres” (¡sic!). Así, sin debate, torpe y vergonzosamente archivaron el proyecto de ley. Algo similar podría ocurrir con el proyecto de ley que presenté sobre prohibición o restricciones del cianuro para las actividades mineras, restricciones que ya ocurren en muchos países y en la Unión Europea. El dictamen de prohibición de minería de cianuro está pendiente en la Comisión de Energía y Minas y corre el peligro de ser archivado con el argumento de que afectaría las inversiones mineras.

Estos hechos me demuestran que no será fácil plantear una regulación ambiental adecuada ante la posible extracción de uranio. Sin embargo, desde mi firme posición por justicia ambiental y social seguiré luchando y convocando a más ciudadanos y ciudadanas para un desarrollo que no viole derechos fundamentales. Como sus ministros del Minam y del MEM saben, así como desde el Frente Amplio nos esforzamos por conseguir la promulgación de la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas (Ley 30640), la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 30754), no me cansaré de convocar al consenso y al diálogo de las fuerzas políticas, para una mayor conciencia y compromiso legislativo ambiental. Puntualmente, en las próximas semanas o meses porque se pueda aprobar la ley de prohibición progresiva del plástico que los lobbies y el fujimorismo tienen frenada en el Congreso.

Lo Exhorto a No Privarles de Mejor Futuro a las Generaciones Venideras

Señor Presidente, somos el tercer país más vulnerable a los efectos del cambio climático. Hemos vivido en el norte del país desastres sociales producto de dichos efectos e impactos. Ahora mismo las regiones del sur vemos como nuestros niños, niñas, ancianas, ancianos y, la ganadería muere ante la falta de previsiones para enfrentar el frío inclemente. Las generaciones futuras deben heredar de nosotros un mundo ambientalmente mejor. Depende de nuestras acciones actuales garantizar que así sea. Lo exhorto, Presidente Vizacarra, a no privar de un mejor futuro a las generaciones que vendrán después de nosotros.

No debiera pues usted, Señor Presidente, insistir en su propósito de promover la minería de uranio, tal como se ha anunciado ahora en Puno pero que luego podría extenderse a Cusco y Piura donde también hay depósitos del mineral radioactivo y de los otros peligrosos metales que se hallan junto con él (radón, cesio, torio entre otros).

En todo caso, los defensores ambientales, y no pierdo la esperanza que la Academia y algunos políticos, (tal vez también algunos empresarios con conciencia ambiental), se lo exigiremos en todo espacio de diálogo democrático. Por cierto, la ministra del Ministerio del Ambiente, debiera emitir, como ente rector de las políticas ambientales, opinión clara sobre la materia, priorizando los derechos ambientales y no postergándolos o vulnerándolos por presiones de poderosos intereses económicos que se mueven detrás de la minería del uranio.

No estamos lejos de llegar a hablar de desplazados ambientales y, posteriormente, refugiados ambientales. No haga usted el camino para ello.

Me despido compartiéndole una cita de un reconocido académico canadiense, Gordon Edwards: “Hay muchas formas de producir electricidad que no necesita uranio. Hay formas de hacer isótopos médicos que no necesitan uranio. Lo único para lo que se necesita absolutamente el uranio son las armas nucleares. Si queremos que nuestros hijos tengan un futuro sostenible, si no queremos aumentar la carga sobre las generaciones futuras mediante la creación de más desechos nucleares, y si esperamos eliminar las armas nucleares del planeta, lo mejor es dejar el uranio en su lugar, en el terreno donde se encuentra. Esa es la opinión de los médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear (IPPNW) que, en 2010 pidió una prohibición global de la extracción de uranio”[6]. (Esta federación recibió el premio Nobel de la Paz en 1985).

¡Reflexione, en su recorrido por el país, hable y decida bien Presidente!

¡Por un Perú libre de minería radiactiva!

Marco Arana Zegarra

Congresista del Frente Amplio

Fuente:https://vozdelatierra.lamula.pe/2018/09/04/carta-abierta-al-presidente-martin-vizcarra-sobre-mineria-de-uranio-en-peru/vozdelatierra/

La empresa con sede en Canadá Tahoe Resources suspendió el jueves por la noche las operaciones mineras en la mina La Arena, en Perú, en respuesta a una protesta por el impacto de la mina en la cercana comunidad de La Ramada.

Un grupo de entre 80 y 100 personas se traspasó a la propiedad de la mina, interrumpió las operaciones y exigió el pago de los supuestos impactos del polvo y la vibración de las actividades de voladura en la comunidad, dijo Tahoe en un comunicado el viernes.

La minera dijo que había presentado cargos formales contra los líderes de la protesta por entrada ilegal ilegal.

A principios de la semana, Tahoe informó un intento de robo de oro en la misma mina. Los agujeros se cortaron en la parte superior de una tubería para extraer el oro de la solución. El intento de robo resultó en una descarga de la solución y la contaminación del sistema de gestión de aguas pluviales.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/09/tahoe-resources-informa-protesta-de-la-comunidad-en-mina-peru/

Desde el martes 21 de agosto, algunas localidades del Corredor Minero de Las Bambas han retomado acciones de protestas, incluyendo movilizaciones y bloqueo de carreteras. Ante ello, el Gobierno ha vuelto a decretar el 30 de agosto el estado de emergencia, suspendiendo o restringiendo derechos constitucionales en una ruta que abarca aproximadamente 482 kilómetros y que atraviesa Apurímac, Cusco y Arequipa.

(1) Se trata de conflictos diferentes, que no se explican todos por una única razón y que, por lo tanto, requieren también abordajes y soluciones diferentes:

• En el caso del fundo Yavi Yavi, los ciudadanos y ciudadanas de Fuerabamba han ocupado la vía para reclamar el uso de sus tierras en la construcción de la carretera por donde transitan los camiones de la empresa MMG Las Bambas. Ellos señalan que el fundo ha sido una compensación que les dio la empresa por los terrenos utilizados para el tajo abierto de la mina, y que por lo tanto el área donde se ubica la carretera es propiedad privada. Como una manera de reafirmar su posesión sobre el terreno, la comunidad incluso ha procedido a realizar cultivos y construcciones sobre la carretera.
• Sectores de Fuerabamba también están reclamando nulidad de los contratos celebrados hace varios años sobre tierras.
• En el caso del distrito de Velille, la población solicita que éste sea reincorporado como área de Influencia del proyecto minero Las Bambas, a fin de que se atiendan los impactos ambientales y sociales que le ocasiona la carretera por donde pasan diariamente alrededor de 300 camiones de carga pesada. Este distrito fue considerado como área de influencia en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pero fue retirado mediante una modificatoria del EIA al descartarse el mineroducto como medio para el transporte de concentrados.
• En el caso de la comunidad de Pisacasa, por ahora, el conflicto no es con la empresa minera, sino con el Estado, que según los dirigentes locales no habría venido cumpliendo, en los plazos y términos previstos, con los compromisos acordados en cuanto a proyectos educativos, productivos, entre otros, así como en lo referido a la compensación por los terrenos utilizados para la construcción de la carretera.En todos estos casos, existen demandas ambientales y sociales así como expectativas para que la minería se convierta en un elemento dinamizador de la economía local. Junto a ello, en algunos casos específicos existen actores ajenos a las comunidades que promueven demandas inviables motivados por intereses particulares.

(2) En las demandas legítimas existe un factor común: los vacíos legales y los problemas institucionales que requieren ser atendidos con urgencia. A lo largo del corredor minero se realiza el transporte terrestre de concentrados sin que se haya determinado las zonas afectadas por esta actividad, sus impactos y las medidas de mitigación. Al existir ese vacío, tampoco se realiza la fiscalización correspondiente que permita corregir los problemas existentes. Además, la carretera se construyó sin saneamiento físico legal de los predios, pasando en muchos casos por tierras de propiedad de comunal.

(3) En este marco, es importante reconocer los esfuerzos de diálogo que han venido realizando el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales. Pese a esto, los problemas no se han solucionado. Consideramos que ello tiene que ver con una problemática de larga data y con la necesidad de reformas profundas en la gobernanza, con instituciones más eficaces, que realmente nos conduzca a una convivencia pacífica y duradera.

(4) Consideramos que el estado de emergencia no es una salida, pues el descontento permanece y se puede agudizar si es que no se resuelven los problemas de fondo. Además, si bien existen protestas sociales, en algunos tramos, creemos que no tienen la gravedad para justificar un estado de emergencia y menos para extenderlo a todo el corredor minero. Además, creemos que la estrategia de criminalización social que se materializa mediante la presentación de denuncias y la apertura de largos procesos de investigación contra dirigentes y dirigentas no debe continuar pues constituyen una amenaza a los derechos a la libre asociación y organización.

Creemos que el actual gobierno tiene el enorme desafío de emprender un camino nuevo, con una institucionalidad que sea capaz de procesar los conflictos sociales, garantizando los derechos humanos y conciliando de manera adecuada y justa los diversos intereses existentes en la sociedad.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/cuatro-puntos-para-entender-las-protestas-en-las-bambas/

Un informe del Portal de investigación Ojo Público reveló que ambas empresas dejaron de pagar hasta un millón de soles en solo un año

El reportaje difundido esta mañana por el portal de investigación y se demuestra que un grupo de compañías mineras posee acceso privilegiado al agua. Se señala que “Toda el agua dulce del Perú está en manos de empresas, asociaciones y personas que obtuvieron licencias para extraer este recurso de ríos, quebradas y pozos. Por cada mil litros de agua se paga como máximo de 0,08 dólares”. Alrededor de 5.460 licencias pertenecen a 43 empresas privadas de los sectores agrario, minero e industrial. Todo esto ocurre en zonas donde el recurso hídrico es escaso y la mayoría de personas no tienen acceso a agua potable y desagüe. ¿Por qué tanto privilegio y desigualdad?

El 2015, la compañía minera Las Bambas, que opera en Apurimac y Cusco, debió pagar S/ 1’070.000, y según los registros analizados para esta investigación solo transfirió S/ 904 mil. Ojo Público también afirma que “En el caso de Minera Volcan, con operaciones en la sierra central del Perú y que tiene como accionista mayoritario a la multinacional Glencore, la mayor compañía comercializadora de productos primarios del mundo, debió pagar S/ 1’600 mil y pagó solo S/ 796 mil”. En ambos casos, Ojo-Publico.com determinó que los pagos efectuados durante todo el 2015 no correspondían al total de agua que declararon utilizar.

De acuerdo al análisis, Las Bambas y Volcan pagaron alrededor de S/ 93 por cada mil metros cúbicos de agua subterránea destinada al uso minero, cuando el costo establecido en el decreto supremo fue de S/ 185,30.

En el segundo reportaje se demuestra cómo las empresas mineras son las que más se benefician de los permisos de acceso al agua. “Son 20 las compañías que poseen derechos sobre 980 puntos de captación de agua para el procesamiento de sus minerales, suprimir el polvo en los caminos y cubrir las necesidades de sus campamentos”, se explica. Se estos, se entregaron hasta 141 derechos para extraer el recurso directamente de los acuíferos y fueron entregados a las mineras Las Bambas, Yanacocha, Southern Perú, Barrick y Antapaccay en Cajamarca, Cusco, Áncash y Moquegua, respectivamente. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), estas regiones se encuentran en permanente riesgo de sequía.

En Cajamarca, la empresa más beneficiada fue Yanacocha. “De los 195 derechos que se entregaron en este departamento, 142 son de Yanacocha, y 73 incluyen agua subterránea”

Los periodistas se comunicaron con Julio Jesús Salazar, ingeniero agrícola y antes funcionario de la ANA durante 10 años, quien aseveró que el procedimiento de entrega de licencias de agua es administrativo, y no contempla una distribución equitativa entre todos los usuarios.

“La Ley de Recursos Hídricos debe ser modificada para mejorar la distribución del agua. Me atrevo a decir que el sistema actual está generando serios conflictos porque concentra las fuentes de agua en los grupos de poder económico. El procedimiento es netamente administrativo, no técnico. Los estudios que se tienen sobre oferta y demanda de agua no son reales, se basan en cálculos estadísticos”, afirmó.

El reportaje completo se puede leer en el especial “Los dueños del agua”

Este es el corto documental que recoge los testimonios de familias en Las Bambas que ven limitado su acceso al agua por causa del Proyecto minero Las Bambas.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/785-mineras-las-bambas-y-volcan-no-pagan-por-toda-el-agua-que-usan-en-sus-operaciones

Tal como reportamos la semana pasada, comuneros y comuneras de Fuerabamba vienen realizando un paro y bloqueo de carretera a la altura del ex fundo Yavi Yavi. Su principal demanda tiene que ver con que los terrenos sobre los cuales se ha construido la carretera utilizada por la empresa minera MMG Las Bambas es de su propiedad, por lo cual han cavado zanjas y han tomado posesión del mismo.

“Desde el miércoles 22 de agosto, unas 100 personas de la comunidad de Fuerabamba han bloqueado la carretera nacional cerca de la zona Yavi Yavi, ubicada en el distrito de Colquemarca, en la región de Cusco”, confirmó el portavoz de la compañía en Australia, Ted Woodruff, en declaraciones a la agencia Reuters. “En esta etapa, no hay un impacto inmediato en las operaciones, pero se ha suspendido toda la logística de concentrados”.

Se supo que el día de ayer, lunes 27 de agosto, se hizo presente la Policía con un número aproximado de 200 efectivos, pero hasta el momento no se habría producido ningún desalojo ni enfrentamiento. Fuentes locales informaron a este Observatorio que aún no circulan los camiones mineros por la carretera.

Esta podría no ser la única protesta en el corredor minero en estos días. La comunidad de Pisacasa había acordado en asamblea del 21 de este mes realizar un paro hoy mismo si sus reclamos no eran escuchados por el Gobierno. En estos momentos -hoy martes 30 de agosto- en dicha localidad se encuentran reunidos representantes de la comunidad con varios ministerios, entre ellos Agricultura, Transporte, Vivienda, Interior, así como la Municipalidad Provincial. La población se encuentra expectante ante la posible llegada de funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros para iniciar un diálogo.

Por su parte, el distrito de Velille, ubicado en la región Cusco y que también es atravesado por el corredor vial utilizado para el transporte de concentrados mineros, acordó en una asamblea popular realizada hace unos días acatar un paro indefinido a partir del próximo 30 de agosto. Su demanda principal tiene que ver con la solicitud de modificar el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa a fin de ser incorporados como área de influencia, al sufrir los impactos ambientales de la carretera, tales como vibraciones y ruido, y polvareda constante que genera contaminación del aire por material particulado.

Por último, la comunidad de Antuyo también ha expresado su voluntad de realizar un paro con demandas sobre saneamiento de la propiedad de las tierras afectadas por la carretera. Hasta el momento no se han cumplido los acuerdos alcanzados el año pasado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Antuyo y otras tres comunidades respecto al saneamiento legal de las tierras y la compensación económica por su utilización para la vía del transporte minero.

Las protestas pacíficas que viene realizando y organizando la población local tienen que ver con la falta de estudios adecuados y oportunos sobre los impactos ambientales y sociales que iba a producir la carretera en la zona. Como ha mostrado un reciente informe, el cambio en la modalidad de transporte minero del mineroducto previsto inicialmente a la carretera que se utiliza ahora, se realizó sin contar con estudios adecuados acerca de los impactos y excluyendo a diversas comunidades consideradas inicialmente como áreas de influencia. Por otro lado, en muchos de estos casos tanto el Gobierno como la empresa utilizaron terrenos de propiedad de las comunidades, pasando por encima de su legítima propiedad y originando conflictos.

Desde el OCM invocamos tanto al Gobierno como a la ciudadanía a encontrar soluciones pacíficas a estos conflictos, en el marco del diálogo y el respeto a los derechos humanos.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/28/alerta-por-protestas-en-varias-localidades-del-corredor-minero/

Hoy martes, 28 de agosto, se lleva a cabo la presentación del libro: “CONSÚLTAME DE VERDAD, aproximación a una balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero“, de la directora de CooperAcción, Ana Leyva, en el Centro Cultural PUCP.

El ingreso al evento es libre, previa inscripción aquí. Deben confirmar su asistencia, colocando “asistiré” al evento de Facebook y escribiendo su nombre y apellido en el muro del mismo. Se hará entrega del libro a todos los asistentes.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/presentacion-del-libro-consultame-de-verdad-aproximacion-a-un-balance-sobre-consulta-previa-en-el-peru-en-los-sectores-minero-e-hidrocarburifero/

Un grupo de 200 personas, entre mujeres, hombres, niños y ancianos, se encuentra desde este martes acampando sobre la vía utilizada para el transporte de concentrados mineros de MMG Las Bambas. Las personas pertenecen a la comunidad de Fuerabamba, y están sembrando sus cultivos y construyendo en faena comunal sobre la misma carretera, reclamando que se trata de su propiedad. Los hechos vienen ocurriendo a la altura del Fundo Yaviyavi (distrito de Velille, Cusco).

Los comuneros y comuneras han cavado zanjas y colocado piedras en varias partes del camino, y los camiones que transportan el concentrado de minerales de la empresa Las Bambas no pueden circular. Sin embargo, la población sí está permitiendo el pase de otros vehículos particulares.

Los manifestantes señalan que los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía son de propiedad privada de la comunidad, pues la mina compró dichos terrenos y se los dio en compensación.

Por el momento no se reporta presencia policial en la zona, pero sí una gran situación de tensión.

La carretera es uno de los componentes del megaproyecto minero Las Bambas que viene causando mayor conflictividad en la zona, tanto por sus impactos ambientales (vibración, ruido y polvareda constante) como por disputas con las comunidades acerca de la propiedad de los terrenos sobre los cuáles se construyó la vía.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/08/24/alerta-comuneros-bloquean-carretera-de-concentrados-mineros-de-las-bambas/

Un par de días antes del 28 de julio, el presidente Vizcarra anunció el inicio del proyecto minero de Quellaveco en la región Moquegua (distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto). Según el Ministerio de Energía y Minas, Quellaveco representa una inversión de algo más de US$ 5 mil millones y se proyecta una producción de cobre de 300 mil toneladas por año en la primera década de producción, además de 3,400 toneladas de molibdeno.

La diferencia con otros proyectos mineros es que Quellaveco ya estaría listo para arrancar. Incluso en el registro del Ministerio de Energía y Minas figura como un proyecto en etapa de construcción, con una inversión ejecutada hasta el año pasado de US$ 250 millones y se proyecta el inicio de la fase de producción para el año 2022. Otro dato importante es que también cuenta con Estudio de Impacto Ambiental aprobado.  Como se sabe, el proyecto es de propiedad de la empresa anglo sudafricana Anglo American  (60%) y la japonesa Mitsubishi (40%). Esta última aumentó recientemente su participación (del 18% al 40%), a cambio de un aporte de US$ 600 millones, y será la que asuma la inversión en el tramo inicial.  Con la futura entrada en producción de Quellaveco, se consolida el polo de producción de cobre en el sur del país, que se inicia en Tacna (Toquepala), pasa por Moquegua (Cuajone y ahora Quellaveco), continúa en Arequipa (Cerro Verde), Cusco (Antapaccay, Constancia y, en proceso, Corocohuayco) y termina en Apurímac (Las Bambas). Gran parte de esta producción de cobre se exporta vía el puerto de Matarani en Arequipa: la proyección es que en los próximos años, por Matarani saldrá el 10% de la producción mundial de cobre.

Las razones de fondo de la postergación de Quellaveco

Como se conoce, Quellaveco es un proyecto que ha estado en compás de espera por varios años. La versión que se ha dado en los días posteriores a la presentación es que el proyecto se interrumpió el año 2013 debido a la drástica caída de la cotización internacional del cobre. Sin embargo, esto no es del todo exacto; no hay que olvidar que en esos años otros proyectos cupríferos en el Perú (como Las Bambas, Cerro Verde, entre otros), siguieron desarrollándose sin mayores inconvenientes, pese al escenario desfavorable, y hoy en día se encuentran en plena etapa de producción.

Lo que se sabe, y en su momento fue ampliamente informado en medios internacionales, es que Anglo American no pudo llevar adelante Quellaveco por las enormes dificultades financieras por las que atravesó a partir del año 2012 como consecuencia de las pésimas inversiones realizadas en los años precedentes y los altos niveles de sobreendeudamiento a los que había llegado.

La entonces CEO de Anglo American, Cynthia Carrol tuvo que renunciar en medio de serios cuestionamientos a su labor de parte de la junta de accionistas: las decisiones y las apuestas estratégicas que se tomaron durante su gestión no dieron resultados e inversiones importantes, como por ejemplo Minas Río (proyecto de hierro en Brasil) entre varias otras, terminaron entrampándose por problemas de sobre costo y reiteradas postergaciones. En ese contexto, se produjo una caída importante de las acciones de la empresa: informes de la época coinciden en señalar que bajo la gestión de Carrol, la empresa perdió un tercio de su valor en términos de capitalización.  Finalmente, Cynthia Carrol fue reemplazada a comienzos del año 2013 por Marc Cutifani, quien tuvo que implementar un drástico programa de austeridad para hacer frente a pérdidas registradas de alrededor de los dos mil millones de dólares por año. Ello significó revisar toda la cartera de activos de Anglo American y poner en venta varias de sus operaciones y proyectos en diferentes partes del mundo (Australia, Sudamérica y Sudáfrica).

En ese entonces, el propio Cutifani daba cuenta que la empresa había decidido vender alrededor de 15 activos, disminuir el número de empleados en un 35% y así lograr ingresos frescos por tres mil millones de dólares. Incluso en esos años se voceó en varias oportunidades la posibilidad de que Anglo American fuese absorbida por algunos de los gigantes de la minería mundial. Sin embargo, esto no ocurrió y como parte de sus políticas de austeridad y en paralelo a la venta de algunos de sus activos, varios de sus proyectos, entre ellos Quellaveco, entraron a la congeladora.Por lo tanto, no es totalmente cierto que Quellaveco haya sido postergado por la caída de la cotización de cobre y menos aún por problemas sociales en la zona de influencia. Cabe señalar que el reciente aumento de la participación de la japonesa Mitsubishi (de 18% a 40%), precisamente le da el respaldo financiero que necesitaba Anglo American y permitirá el impulso inicial del proyecto. Dicho sea de paso, todo indica que Anglo American prefirió darle una mayor participación a Mitsubishi, que permitir la entrada de Southern Perú -que también estaba interesada en el proyecto- como nuevo socio estratégico.

El acuerdo de Moquegua

Otro tema importante a recordar es que el año 2012, luego de un largo proceso de negociación, se logró firmar el acuerdo entre la empresa propietaria de Quellaveco, los representantes de las más importantes organizaciones sociales de Moquegua y el entonces gobernador regional, Martín Vizcarra. Saludado por todos, el acuerdo definió un aporte de la empresa de alrededor de mil millones de soles: 850 millones de aporte económico para la región y la diferencia para la construcción de represas: en la ficha técnica del proyecto, en cuanto a las fuentes de agua, se señala que el abastecimiento será a través de una bocatoma y el embalse de agua en ríos. La larga negociación previa tuvo a la base una serie de objeciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA): la mina pretendía extraer 700 litros de agua por segundo de la cuenca del río Tambo.

Como se conoce, ésta es una cuenca que se encuentra en una situación de estrés hídrico permanente y que además de Moquegua abastece al valle arequipeño del Tambo, en la provincia de Islay, precisamente donde busca implantarse el proyecto Tía María. Revisando información de la propia Autoridad Nacional del Agua, cabe señalar que Anglo American Quellaveco es la segunda empresa minera con el mayor número de permisos para extraer agua de zonas en alto riesgo de sequía e incluso cuenta con licencias permanentes. Lo cierto es que ya han pasado 5 años de la firma del acuerdo sobre Quellaveco en Moquegua y una primera tarea es confirmar si los compromisos logrados siguen vigentes para todos los actores comprometidos: población, empresa y autoridades. El paso siguiente será definir cómo se implementarán los acuerdos en esta nueva etapa.

Para comenzar algunos gremios de trabajadores de Moquegua han planteado que se les garantice empleo de acuerdo a los compromisos previamente establecidos con Anglo American y por otro lado, la Junta de Usuarios del Valle del Tambo hace unos días emitió un comunicado en el que señalan que Quellaveco afectaría la disponibilidad del agua en la cuenca si no se construye previamente la represa de Paltuture. Finalmente, es importante señalar que minas como la de Quellaveco, entre otras en el Perú, figuran entre las operaciones con el más bajo costo de producción a nivel internacional: una mezcla de factores como la ley de mineral, acceso a fuentes de energía, agua y conectividad, entre otros, hacen que los proyectos cupríferos en nuestro país sean sumamente rentables. Quellaveco proyecta un costo de producción de US$ 1.05 la libra de cobre. Con una cotización actual del cobre que bordea los US$ 3.00 la libra, proyectos como Quellaveco, Las Bambas, Constancia, Antapaccay, Cerro Verde, Coroccohuayco, Antamina, entre varios otros que se desarrollan en el país, son sumamente rentables y generan importantes utilidades a las empresas. Lo menos que se puede esperar es que las empresas desarrollen estos proyectos con los más altos estándares ambientales y sociales y que paguen todos los impuestos que les corresponde pagar.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/los-retos-de-quellaveco/

En el transcurso de esta semana y la siguiente, personal del Centro de Salud de Yauri y otros centros de salud de la provincia de Espinar han iniciado la entrega de los resultados del dosaje realizado por CENSOPAS en noviembre – diciembre del 2017, a un conjunto de personas de Espinar como parte de un estudio para determinar el nivel de presencia de 4 metales pesados (Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo) en sangre y orina, y cuyo resultado debió ser entregado en abril de este año. Al respecto, debemos de manifestar lo siguiente:

(1) Que con anterioridad se han realizado estudios  similares y se han entregado resultados de una forma que ha causado alerta, angustia e incertidumbre en las personas que aceptaron, de buena fe, ser analizadas. Esto debido a que el personal de salud no proporcionó información clara sobre los resultados obtenidos, una  interpretación de los mismos, ni una orientación de cómo se debía proceder en cada situación particular y en la comunidad.

(2) En estos momentos se encuentra en consulta ciudadana una propuesta de lineamientos de política nacional para responder a la problemática de la población expuesta a metales pesados y otras sustancias químicas, liderada por el sector salud. A partir de ello observamos en las autoridades competentes, una voluntad política de hacer las cosas de manera diferente.

(3) Siendo así, invocamos al Ministerio de Salud, a la DIRESA Cusco, a los Centros de Salud ubicados en la provincia que realicen la entrega de resultados dando toda la información necesaria a las personas dosadas y de ser posible que informen a través de los medios radiales locales la iniciación de la entrega de resultados, convocando ampliamente a las 897 personas dosadas en la provincia, resultando indispensable que los profesionales de salud expliquen el significado de esos resultados, las medidas que deben adoptar en cada caso y los pasos a seguir.

(4) Como reconoce la Organización Mundial de la Salud, la comunicación adecuada y oportuna resulta indispensable en cualquier proceso sobre salud pública, evitando conflictos y malestar social y de esta manera garantizando los derechos de las personas. El caso de exposición a metales pesados en Espinar requiere, entre otras acciones prioritarias, que personal de salud se encuentre previamente preparado para una estrategia de comunicación en salud intercultural

(5) Por último, junto con el acompañamiento del sector salud, sigue pendiente en este caso determinar las rutas de exposición y fuentes de contaminación, a fin de afrontar no solo las consecuencias sino las causas del problema desde una perspectiva de salud ambiental integral.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/espinar-por-una-entrega-de-resultados-de-dosaje-con-interpretacion-y-orientaciones-claras/

¿Cómo así nació el hoy famoso corredor vial minero que conecta Las Bambas, en Apurímac, con el puerto de Matarani, en Arequipa? ¿Cómo así el mineroducto, que era el medio elegido inicialmente para el transporte de los concentrados mineros, fue reemplazado por una carretera que ya ha causado más de un conflicto?

Una revisión exhaustiva de los cambios ocurridos en los estudios ambientales de Las Bambas en lo referido al transporte de concentrados, nos permite entender muy claramente que son las debilidades de la institucionalidad ambiental, tanto en la certificación como en la fiscalización,  el principal factor que actualmente propicia el surgimiento de los conflictos socioambientales en este caso.

Para entenderlo, reconstruyamos la historia desde el inicio. Este artículo resume algunos de los principales elementos del informe “El transporte de concentrados e insumos de Las Bambas y sus problemas e irregularidades”, publicado por CooperAcción.

En el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) inicial del proyecto Las Bambas, aprobado el año 2011, se señalaba que el transporte de concentrados de molibdeno y cobre se haría por mineroducto y el transporte de los suministros se realizaría por carretera, la misma que iría paralela al mineroducto, teniendo como recorrido: Las Bambas (Apurímac) hasta la mina Tintaya (Cusco) donde se ubicarían las plantas de filtros y molibdeno las cuales  se iban a utilizar  para completar el procesamiento del mineral. En el EIA se determina el área de influencia ambiental y social del mineroducto, se describe su línea de base ambiental: geomorfología, suelos y capacidad de uso mayor de tierras, hidrología, calidad de agua, calidad de aire, ruido, flora y fauna, comunidades, situación socio-económica. A partir de ello, se  identifica los impactos del transporte sobre cada uno de los componentes mencionados y las medidas de prevención y mitigación y compensación de daños, las que son incluidas en el plan de manejo y de monitoreo.

El 29 de agosto de 2013 mediante R.D. 319-2013-MEM-AAM, se aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) a través del cual se solicitó el traslado las plantas de filtros y molibdeno, de Tintaya (Cusco) a Apurímac (Las Bambas). El ITS tiene un procedimiento de evaluación de tan solo 15 días hábiles que fue regulado el año 2013, mediante D.S. 054-2013-PCM. El cambio de ubicación de las plantas de filtros y de molibdeno implicaba en la práctica un cambio en el medio de transporte de los concentrados, puesto que en adelante todo el procesamiento de los minerales se llevaría a cabo en la zona de Las Bambas. Sin embargo, el uso del mineroducto se mantenía en suspenso.

En marzo del 2014 se presentó la solicitud para la segunda modificatoria al EIA. Tenía como objetivo adicionar componentes auxiliares, actualizar el sistema de manejo de aguas y la información de línea de base ambiental y social e identificar los impactos que pudieran ocasionar los cambios planteados. En el documento presentado inicialmente no se hizo mención al cambio de modalidad del transporte de concentrados. Por el contrario, en el resumen ejecutivo se señala que “el acceso regular al área de la mina del Proyecto se mantiene igual al propuesto en el EIA”.

Como inicialmente no se planteó un cambio en la forma y ruta del transporte de concentrados, esto llevó a que en las opiniones técnicas, no se incluyera la opinión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y que tampoco  este tema  estuviera incluido en el proceso de participación ciudadana.

Sin embargo, posteriormente, en la etapa de formulación de observaciones, la autoridad ambiental (para el caso, el Ministerio de Energía y Minas, MINEM) pidió al titular minero que le  informe sobre  los cambios que haría en la forma del de transporte. De ello se da cuenta en la R.D.559-2014-MEM-DGAAM, del 17 de noviembre de 2014, que aprueba la segunda modificatoria del EIA, donde se señala que “el titular deberá detallar los posibles cambios o actualizaciones de la información en general (como el transporte, el plan de manejo, puntos de monitoreo entre otros) de las otras áreas aprobadas”.

Ante ello, el titular minero presenta  un escueto levantamiento de observaciones en setiembre de 2014, en donde indica la ruta del transporte y el número de camiones que utilizará sin dar mayor detalle.  La autoridad ambiental minera mantiene la observación, por lo que  la empresa tuvo que presentar  “Información Complementaria” en octubre de 2014, un mes antes de que se apruebe la segunda modificación del EIA.  En ella se señala que el transporte de concentrado de molibdeno y cobre será bimodal: se realizará por camiones desde Las Bambas hacia la estación de transferencia de Pillones (por un tercero) y desde allí, por vía férrea hasta el puerto de Matarani. Se precisa que queda postergada la construcción del mineroducto por un plazo indeterminado y que la ruta a utilizar es de acceso público; se indica que la flota de camiones consistirá “en 125 camiones cargados por día y 125 camiones retornando sin carga, además de más de 60 vehículos que abastecerán insumos”. Los camiones serán de 52,8 toneladas de peso bruto cada uno y 34 toneladas de carga. También se precisa que el transporte de concentrado lo realizará un tercero bajo la aprobación de su respectivo instrumento de gestión ambiental.

En  la información complementaria se adjunta un estudio de tráfico, que consiste en solo fichas indicando el lugar del punto de control y su fotografía. En el informe se señala que el estimado del tránsito de la ruta del transporte minero, durante el día, sería de 310 camiones. Dato muy alejado de la realidad, ya que solo el tráfico vehicular declarado por la propia empresa es mayor a ello (125 camiones de transporte de concentrados y 60 de insumos,  que de ida y vuelta suman 370). No se  tuvo en cuenta el número habitual de otros vehículos que transitan por la vía y los que realizan transporte minero para otras empresas.

Una de las cosas que más llama la atención es que se adjunta un informe de modelamiento de la dispersión de contaminantes provenientes del transporte que considera únicamente las emisiones producidas desde el tubo de escape de los camiones, sin tomar en cuenta el material particulado que se produce por la tracción vehicular, es decir, por el paso de las llantas sobre la vía afirmada. Lo que constituye, precisamente, uno de los impactos más sentidos y denunciados por la población.

Además,  en la Segunda Modificatoria del EIA  se reduce el área de influencia social, excluyendo a las comunidades del área del mineroducto. Deja fuera además, a la población que se ubica a lo largo de la vía que sería usada para  el transporte minero terrestre, la misma  que en varios tramos coincide con la ruta del mineroducto.  Es decir, desde la perspectiva de la empresa los impactos sobre la población del transporte minero por mineroducto sí son su responsabilidad, pero los impactos del transporte minero por carretera, no lo son.

Como no se identifican área de influencia  de la vía del transporte minero ni línea de base de ella,  tampoco se identifican sus impactos ni se  establecen  medidas para evitar, mitigar o compensar los daños que ahora están ocurriendo a quienes viven cerca de la carretera, salvo la existencia de un plan de contingencia para accidentes. En consecuencia, tampoco se han establecido  puntos de monitoreo para controlar el polvo, el ruido y la vibración.

Nos parece que todo lo ocurrido es irregular, pues un cambio tan importante como es el medio de transporte se viabilizó a partir de la formulación de una observación. El MINEM no debió permitirlo, es más debió exigir un nuevo estudio. No solo porque en este momento es difícil incorporar la información necesaria, sino también porque el procedimiento de evaluación ya se encontraba avanzado. Ya había pasado el momento de opiniones técnicas de los entes especializados o ministerios sectoriales como es el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y también había pasado la etapa de información y participación ciudadana.

Cabe indicar que la inacción del Estado ante los impactos del polvo, vibración y ruido que sufren las poblaciones que viven a lo largo de la carretera refleja además,  la incoherencia y vacíos  en materia de fiscalización ambiental. Ni OEFA, ni el MTC controlan los impactos de la actividad del transporte minero de concentrados y suministros, ni han establecido a la fecha medidas correctivas para que la situación de contaminación se controle.

Frente al estallido del conflicto social en torno a los impactos de la carretera, lo que ha hecho el gobierno nacional es reclasificar el nivel de la vía a nacional y celebrar un convenio con las empresas mineras que usan esa carretera y los gobiernos locales y regionales de esas jurisdicciones, para asfaltar. Evidentemente, esta es una solución ad hoc que no enfrenta la existencia de una regulación que diluye la responsabilidad sobre los impactos ambientales y permite una ineficiente evaluación y la fiscalización ambiental de la actividad minera en lo que respecta al transporte minero, resultando como gran perjudicada con ello, la población que vive en el entorno.

Un problema adicional es que parte de la vía se encuentra en tierras comunales que fueron entregadas en servidumbre para la fase de construcción a la empresa minera y que luego, se convirtió en vía de acceso público por decisión del gobierno local, sin que haya habido venta de esas tierras ni un proceso de expropiación. Esto ocurrió con la Ruta 954. En relación a este caso, en su momento, la Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de que se garantice el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades afectadas. Esta situación no resuelta fue una de las causas que ocasionó el  estallido del  conflicto en octubre del 2016, el mismo que tuvo como saldo un muerto.

Por otro lado,  se está entendiendo que al ser la carretera del transporte minero una vía pública, su asfaltado y mantenimiento le compete al Estado. Esto genera ciertas preguntas en relación a si es justo que el Estado se responsabilice de los impactos del transporte minero, que por sus dimensiones son significativos y permanentes, y causan estragos en la propia vía y en el entorno. En todo caso, consideramos que  mínimamente este tema debería ser materia de debate público.

Fuente: CooperAcción

Recientemente, en el marco de la Tercera Modificatoria de EIA que ha solicitado Las Bambas, el SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental) ha informado que se ha incluido aspectos relacionados al transporte de concentrados de mineral de la mina al puerto, incluyendo la evaluación de tales impactos y las medidas de control. Esto se ha realizado, nuevamente, a partir de una observación y no fue incluido en los Términos de Referencia iniciales del estudio. Si bien es un avance que el problema haya sido advertido, su inclusión tardía en la evaluación de la tercera MEIA impide que la ciudadanía y los organismos competentes puedan pronunciarse al respecto. Además, aún no queda claro si ello va a implicar una modificación del Área de Influencia Social del proyecto.

Hasta el momento, el principal foco de conflicto en torno al megaproyecto Las Bambas ha tenido que ver con los impactos causados por la carretera, una vía por donde transitan al menos 370 vehículos diariamente generando incesante polvareda, vibraciones y ruido. Como vemos, un adecuado proceso de certificación y evaluación ambiental hubiera permitido prevenir las razones que se encuentran detrás de estos conflictos, pero al parecer primó –una vez más- la lógica de acelerar procesos y acortar trámites para “promover” la inversión