Panamá, un país que se caracteriza por sus abundantes precipitaciones, debe prescindir de la minería metálica a cielo abierto por los estragos que causa en los acuíferos la lluvia ácida, recomendó hoy el experto estadounidense Glenn Miller.

Catedrático de la Universidad de Nevada y químico, Miller participó este miércoles en un foro convocado por el no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá para analizar el caso de la concesión de Cerro Quema a una empresa canadiense para extraer oro, y que está sobre los principales acuíferos de la región de Azuero.

Miller fue el orador de fondo del encuentro, celebrado en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, en la que expuso que la industria minera ha cambiado en los últimos años “de forma dramática”, porque está “preocupada por cómo son percibidos por el público”, dado que son relacionados con la contaminación.

Pero, advirtió, no es el caso de Panamá, “porque no tiene experiencia minera” y todavía tiene un marco legal “inadecuado” para el siglo XXI, contrario por ejemplo a Perú, Chile, Australia, Canadá o Estados Unidos. (…) Panamá registra precipitaciones “el doble o triple” de otros lugares dada su ubicación en la zona tropical, de manera que al extraerse con cianuro y agua el oro de los pozos de roca los minerales no útiles reaccionen expeliendo químicos tóxicos al ambiente que se mezclan con la lluvia y luego crean drenajes hídricos ácidos.

En Cerro Quema se tienen dos pozos y una tina de lixiviación con cianuro (…). Esa concesión se ubica en la cima del cerro del mismo nombre, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de la capital panameña, y debajo de ella están los acuíferos de las 10 principales cuencas hidrográficas de la península de Azuero, que comprende las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veraguas. “Rebanar el cerro” aumentaría los perjuicios porque quedarían expuestos los canales subterráneos por donde discurre el agua de lluvia y aumentaría el deterioro de la cobertura vegetal al arrastrar las tierras cuesta abajo. En esas circunstancias, añadió, luego de 5 o 6 años de explotación minera ningún plan de remediación será útil, aseveró. “Y si descubren cobre será peor”, apuntó.

La empresa panameña MCQSA, responsable de la mina y subsidiaria de la canadiense Orla Mining Ltd., asegura en su página web que el origen del Proyecto Cerro Quema se remonta a finales de la década de 1980, y que “desde hace tres años se encarga de la exploración, evaluación, desarrollo y explotación de depósitos minerales de manera responsable, respetando el medio ambiente”.
“La superficie dedicada al Proyecto Cerro Quema ocupa el 6 % de las 768 hectáreas circundantes, y están siendo debidamente manejadas para la mitigación y compensación ambiental. El Proyecto Cerro Quema cuenta con la debida autorización del Gobierno de la República de Panamá para la extracción de material metálico (oro)”, añade.

El abogado Juan Antonio Tejada Mora, del Frente Santeño contra la minería, denunció en el mismo foro que la concesión de 15.000 hectáreas a Minera Cerro Quema S.A., de capital canadiense, “ya prescribió y no puede prorrogarse”, pues era por 20 años que se cumplieron en febrero pasado y la extensión se pidió “extemporáneamente”.

Basado en las leyes panameñas, Tejada dijo a Acan-Efe que en los 20 años transcurridos “no se sabe cuánto ha invertido la empresa, ni si ha extraído algo, lo que se sabe es que sus ganancias las ha obtenido con la venta y compra de sus propias acciones en la bolsa”. Agregó que “de boca”, el director nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Temístocles Velarde, le dio permiso a la minera de continuar sus labores de exploración y explotación sin tener autorización para ello y desconociendo la legislación panameña.
“Presiones o percepciones”, mencionó Tejada en su exposición, reciben los funcionarios de las empresas mineras, reguladas por un código de 1963 que requiere “urgente actualización”, mientras lamentó que tampoco se refleje en la prensa la problemática.

Fuente: Metro Libre con información de EFE
http://movimientom4.org/2017/07/panama-debe-prescindir-de-la-mineria-metalica-a-cielo-abierto/

1. Transcurrida más de una década, a partir de las impositivas medidas neoliberales en nuestro país, las evidencias de progreso y superación del estatus social, son pocas, máxime en las comunidades rurales (indígenas y campesinas). La exclusión social, empobrecimiento, la ejecución de políticas paternalista (Beca Universal, SENAPAN, Red de Oportunidades, 120 a los 65, otros), y proyectos extractivos tales como: la minería e hidroeléctricas, han hecho de nuestros pueblos, una vida improductiva, y más dependiente.

2. Que ante la crisis ambiental que sufre el planeta, observamos con mucha preocupación, la carencia de soluciones verdaderas al cambio climático, hambre y agua. De la cual, han transcurrido mesas, cumbres y foros nacionales e internacional, con pocas las probabilidades de aplicar los acuerdos producidos. Convirtiéndose éstas, en otra carga más a la situación socio ambiental, y donde la minería metálica agrava dicha crisis. Por ende, no hay forma que el extractivismo minero, como es Minera Cerro Quema, garantice la preservación de los acuíferos de la provincia de Los Santos, tan necesarios en una región golpeada por las sequías y en donde los productores santeños han realizado cuantiosas inversiones.

3. Panamá, en la escena de la mal llamada globalización, su economía marco un auge. Sin embargo, a su extremo, el índice económico alcanzo una mala distribución de la riqueza. Y que en la actualidad se mantiene, expresado en los pueblos indígenas, áreas campesinas y periferia urbana de la capital istmeña. En el marco de la política económica, la minería no ha demostrado ser otro renglón del producto interno bruto PIB para solventar la carencia de mejores condiciones para la salud, educación, transporte, acueductos y seguridad social.

4. Pruebas, y testimonios de familias afectadas, y daños ambientales por la industria extractiva minera en Panamá, son evidencias para que el gobierno desista con su discurso desarrollista, favoreciendo, bajo libre comercio, a las transnacionales del capital minero. Los casos de Minera Remance, Mina Santa Rosa, Petaquilla Gold y otros, son muestra que Panamá, no le corresponde este modelo de producción económica, y que por el contrario ha empeorado el estatus social de las comunidades rurales cerca a los proyectos, generando contaminación, conflictos laborales, aumento de la crisis ambiental local, y aislamientos obligados de comunidades fuera de límites de concesión minera, como es el caso de los pobladores de la comunidad de Donoso, secuestrados por Minera Panamá. De igual manera la nula rendición de cuentas y transparencia de lo que revierten las exportaciones del oro y otros metales.

5. Por lo anterior, comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de los Derechos Humanos, movimientos sociales y de ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá.

6. Rechazamos las pretensiones del Gobierno de Panamá, de aplicar la mal llamada Economía Verde, bajo programas como Compensaciones por Pérdida de la Biodiversidad, Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, Servicios Ambientales y otros, en la lógica financiera; ya que son formas de justificar la continuidad de una economía de libre mercado a través de la minería y otros proyectos extractivos.

7. Exigimos reformas a la legislación minera en territorio panameño, paralelamente la pronta cancelación de concesiones que incumplen con los preceptos legales de dicha actividad. Y el estado cumpla pronto con las sanciones penales a proyectos que han generado consecuencias negativas (contaminación en Coclesito, enriquecimiento ilícito en Donoso, etc.) para el ambiente y los poblaciones. De igual forma exigimos a las empresas mineras el cierre de sus operaciones como lo estipula el código minero panameño, ya que luego del fracaso de sus objetivos, abandonan sus obligaciones.

8. Las comunidades rurales, hostigadas por estos proyectos depredadores en Panamá, aspiramos a un Economía Popular Solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa, y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional. Que también contribuya a un mejor nivel de calidad de vida para las y los panameños.
Es por eso que invitamos a usted, a organizaciones sociales y ciudadanos del mundo a firmar esta petición al Gobierno de Panamá:
Frente Ciudadano contra la Minería en Coclesito
Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del pueblo Ngäbé Büglé y Campesino
Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE
Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC
Frente Santeño contra la Minería
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4. Capitulo de Panamá.

Panamá, 17 de abril de 2017.

Fuente:https://www.change.org/p/presidente-de-panam%C3%A1-juan-carlos-varela-petici%C3%B3n-de-cancelaci%C3%B3n-al-modelo-extractivo-minero-en-panam%C3%A1?recruiter=709718723&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

El lunes 3 de abril en la en la última sesión de la Comisión Codificadora de Ambiente, se aprobó la propuesta de ley que prohíbe la minería industrial en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y fuentes hídricas.

Posteriormente, el texto único del código será presentado a la Asamblea Nacional para que el proyecto de ley sea discutido en primer, segundo y tercer debate.

Las leyes que serán retomadas están la de vida silvestre, ley forestal, de incentivos forestales, los temas de las faltas administrativas ambientales, leyes que crean áreas protegidas, estudios de impacto ambiental y otras.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/prohiben-la-mineria-a-cielo-abierto-en-areas-protegidas-de-panama/

La realidad panameña ante el modelo extractivo minero en el 2016, se enmarca en la corrupción y evidente continuidad del Gobierno Nacional, de ceder concesiones mineras en todo el territorio. Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial – minera y la supuesta voluntad oficialista, empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo.

A la deriva queda el país, sin una regulación, a merced de las empresas concesionarias, para que haga y deshaga todo lo que no esté estipulado legalmente, vulnerando el estado de derecho y posterior las normas en materia de derechos humanos y ambiente. Máxime, la funcionalidad de las instituciones con competencia en materia de comercio e industria, como de ambiente, que su misión y visión sobre la cuestión ambiental global, ha quedado rezagada o carente de programas de formación científica y socioambiental.

Panamá, como expresamos en distintos espacios de comunicación, se ha vendido como un paraíso de prosperidad y auge financiero, pero esta falacia a quedado a descubierto por los grandes intereses de políticos y empresarios que se turnan el poder para garantizar las acciones y comercio, como es el caso de las actividades extractivas. En donde los Panamá Papers muestran las figuras involucradas en la corrupción proveniente de las operaciones ilícitas para favorecer consorcios y accionistas. La minería no escapa de este eslabón, y para garantizar esta usurpación de los bienes comunes, elevaron la actividad minera como inyector determinante para el Producto Interno Bruto del País.

Uno de los casos muy visualizado, es el fracaso del proyecto Petaquilla Gold, ubicado en el Distrito de Donoso, provincia de Colón, cuyo mayor acciones es el empresario Richard Fifer, que violó los derechos laborales de miles de trabajadores, y extrajo para sus cuentas bancarias las ganancias que generó las exportaciones de oro. Igualmente en un observatorio que se realiza en esta zona, comprobamos también el modus operandi como el proyecto extractivo de cobre Minera Panamá, vulnera a los trabajadores panameños, desmotando sus derechos, para luego ceder esas plazas de trabajo a extranjeros sin la calidad de prestaciones laborales.

A lo expuesto, le incorporamos una serie de violaciones de derechos humanos y ambientales, en donde la calidad de vida ha quedado en segundo plano para las comunidades campesinas e indígenas, ya que sus ríos, sus tierras y aire, son contaminados y aniquilados por la fuerza industrial canadiense y criolla. Una caso preciso es la violación a los convenios para el manejo del Corredor Biológico Mesoamericano, que ha sufrido una tortura legal por parte de las altas jerarquía de la justicia panameña, para que las empresas minera en dicha zona de Coclesito, operen sin medir los grandes efectos negativos a futuro.

A ese ritmo, justifican con sus ganancias, pero que a su vez limpian su rostro mercantil, promoviendo actividades sociales y programas de compensación por pérdida de biodiversidad, ante la devastación que generaron. Y en el marco de la ciudadanía y su bienestar, los campesinos se han visto engañados por las promesas y proyectos sociales fracasados, que al descalificar la cultura y progreso de vida tradicional, han optado como esperanza continuar su arado con las pocas tierras que poseen. Ya que las empresa mineras, a través de un programa de compra venta, se benefició de las tierras que eran trabajados por las comunidades.

A esa contaminación, violación fragante y muerte, el Estado incumple con el ejercicio de los derechos humanos, en la protección y propio avance autónomo que las comunidades desean. Aún desconocemos las sanciones y reparo por los daños vertido por la empresa Petaquilla Gold.

En el 2016, otro de los casos que pone en alerta a las comunidades del interior del país, es la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Quema. De la Empresa Minera Cerro Quema, subsidiaria de la minera canadiense Pershimco Resources, ubicado en el Distrito de Tonos, provincia de Los Santos. Que se encuentra en su etapa final como es el Estudio de Impacto Ambiental EIA categoría III.

Pero una singular situación esta en boga de la opinión pública como de científicos y ambientalistas, es que la provincia de Los Santos, perteneciente a la Península de Azuero, sufre fuertemente los impactos del cambio climático, vulnerando sus afluentes y ríos para la vida productiva agrícola y consumo de agua potable para los ciudadanos. Que por décadas ha sucumbido por deforestación y mal manejo territorial, y que actualmente, el inicio de las operaciones de este proyecto extractivo producirá una grave crisis ambiental. Ya que la actividad extractiva consume cantidades de agua y territorio, lo que sus áreas adyacentes, sufrieran y posterior se generaliza una sequía y contaminación.

Dos muestras de la situación minera en Panamá son evidentes, y que si tomamos los actuales proyectos aprobados por el Ministerio de Comercio e Industrias que son 16 contratos, el estado estará obligado a buscar pronto solución ante la crisis ambiental que produce estos proyectos extractivos mineros.

También es importante exponer, el aumento de la criminalización de la protesta social o defensores de los derechos humanos. Casos como: persecución a los moradores de isla Pedro González por oponerse a una megaobra de turismo inmobiliario del millonario grupo Eleta, la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO, la amenaza a la periodista y defensora de la Laguna de Matusaragati de Darién,  Ligia Arreaga, los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá, la detención absurda al catedrático de la Universidad de Panamá, Evidelio Adames, y otros, son algunos, en que los inversores de la crisis ambiental apuntan.

A lo anterior, se le suma la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmencita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco.

Por ende, esta criminalización a campesinos y activistas, las futuras víctimas pueden ser las comunidades rurales, que se opongan al modelo extractivo minero. Y que para restar dicha imposición, el movimiento socioambiental en reiterada veces ha dicho que un mejor modelo de vida basada en la agroecología nacional, la cual promueve un equilibrio con la biodiversidad y la cultura responsable de consumo.

Y el extractivismo, tentáculo del capitalismo, genera ganancia pero solo para quienes portan el poder financiero, y no así para el poder colectivo que es decir el bienestar para la salud, cultura, ambiente y felicidad.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/panama-extractivismo-minero-y-corrupcion/

El lunes 23 de mayo, haciendo uso de la fuerza, se realizó el desalojo del campamento de los indígenas Ngäbé Büglé “Mama Tata”, y el martes 24 de mayo se inició el llenado de la represa Barro Blanco, que según datos de la empresa Generadora del Istmo S.A. GENISA llegará hasta 109 metros de altura con una velocidad de llenado de dos metros diarios. Terminando a su máxima capacidad en la primera semana de agosto del 2016.

Desde entonces se han presentado diversas manifestaciones y declaraciones públicas de las organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales en contra de este llenado, argumentando que debe prevalecer el Acuerdo del 10 de agosto del 2015 con las autoridades nacionales que en su articulado # 5 dice: “El Gobierno Nacional se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco, hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo, debidamente legitimado por las instituciones democráticas establecidas por la ley.”

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El agua, la tierra y la vida silvestre de Panamá se agotan y deterioran debido a la contaminación, concesiones y uso irracional de los recursos, afirman expertos en el medio ambiente.

Lo que es peor, dicen, es que la amenaza no se detiene. Y es que hasta mayo de 2016 había en el Ministerio de Comercio e Industrias 389 solicitudes de empresas para explorar y explotar minerales metálicos y no metálicos. Una cifra que se suma a las 168 concesiones mineras otorgadas en décadas pasadas.

Lo anterior significa que hasta este año hay 557 concesiones mineras en trámite u operación dentro de poco más de 30 mil kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 40% del territorio nacional de unos 75 mil 517 kilómetros cuadrados.

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Campesinos, activistas y grupos indígenas sugieren suspender las licencias hídricas y mineras antes de que se deterioren los recursos naturales. Panamá tiene cerca de 75 mil 517 kilómetros cuadrados de extensión, y en 30 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional hay concesiones mineras en trámite u operación.


El agua, la tierra y la vida silvestre de Panamá se agotan y deterioran debido a la contaminación, concesiones y uso irracional de los recursos, afirman expertos en el medio ambiente.

Lo que es peor, dicen, es que la amenaza no se detiene. Y es que hasta mayo de 2016 había en el Ministerio de Comercio e Industrias 389 solicitudes de empresas para explorar y explotar minerales metálicos y no metálicos. Una cifra que se suma a las 168 concesiones mineras otorgadas en décadas pasadas.

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Por Nicolás Boeglin (*) Mayo 2016

Resumen: La reciente demanda contra Panamá registrada ante el CIADI por una empresa minera norteamericana constituye una nueva señal sobre la peligrosa deriva del arbitraje inversionista-Estado en América Latina. En este artículo, se pretende dar algunos elementos sobre la práctica reciente del CIADI, y sobre la imperiosa necesidad de remediar los alcances de algunas cláusulas a favor del inversionista en los tratados bilaterales de inversión (TBI) suscritos en los años 90, que reaparecen en los acuerdos de libre comercio firmados en los años 2000.

Según las últimas actualizaciones de la página oficial del Banco Mundial, el pasado 15 de abril, se registró formalmente ante el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI) una nueva demanda contra Panamá. La limitada información con la que el CIADI da usualmente a conocer detalles sobre las demandas registradas explica que, al momento de redactar estas líneas (2 de mayo del 2016) en la ficha técnica se lea, con relación a la empresa demandante:

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Han transcurrido 4 años de los hechos en que el pueblo indígena Ngäbé Büglé se levanto en rebeldía contra la política extractiva minera, enfatizado en ese momento por el ex presidente Ricardo Martinelli. La muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez, fueron asesinados por las balas de la cobardía en que un gobierno, no creyó en los Derechos Humanos, ni en el respeto al pueblo panameño. Una represión brutal, persecución y encarcelamiento fueron algunos de los actos atroces, que marco el retorno de un régimen opresor y a favor de las multinacionales extractivas de los bienes ecológicos.

Los familiares de las víctimas y heridos aún exigen justicia y castigo para el ex presidente Ricardo Martinelli, por ser el responsable de permitir las concesiones mineras en los territorios indígenas. Además por la muerte, daños y afectaciones a los indígenas que lucharon contra la minería el 5 de febrero del 2012.

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