Artículo de Sergio Sánchez, de la Coordinadora Campesina por la Vida, que prueba cómo el Código Minero ha sido reformado para exonerar por completo de impuestos a las explotaciones mineras y cargar al estado panameña sus costos.

La actividad minera a cielo abierto es una actividad altamente contaminante y ecológicamente injustificable; en Panamá país que se caracteriza por tener un clima de “bosque tropical lluvioso”, la minería a cielo abierto es aún más contaminante. Por esta razón en algunos países como Costa Rica este tipo de minería ha sido prohibido.

En otros países se pretende justificar la existencia de minas a cielo abierto por los recursos económicos que genera para el país; en Panamá no existe ni siquiera esta justificación, pues el Código de Recursos Minerales ha sido hecho y reformado con la idea de que al país no le quede siquiera una pequeña porción de los recursos económicos que la actividad minera genera.

El Código de Recursos Minerales ha sido desde 1998 permanentemente reformado para ajustarlo a ley 9 de 1997 (Ley de Minera petaquilla SA) de forma tal el código contiene hoy muy bien reglamentadas las garantías que necesita cualquier compañía minera para explotar una concesión sin pagarle al estado un solo centavo por las ganancias que obtenga de la operación; antes y por el contrario provee la forma por la cual el estado quede deudor del concesionario.

Debido a lo extenso que sería el analizar cada uno de los artículos de la parte económica de la ley que hacen desfavorable para el país otorgar y permitir la explotación minera ya sea metálica o no metálica, nos permitiremos el resaltar algunos de ellos, adelantando que no son todos y que cada cual estará en condiciones de hacer sus ´propias conclusiones.

El  artículo 232 del Código de Recursos Minerales, adopta lo que dice la cláusula décimo tercera en el numeral 3 de “Deducciones Fiscales” del contrato de Minera Petaquilla SA. Dice el artículo 232: “Todo concesionario tendrá derecho a incluir como gastos de operación aquellos deducibles de acuerdo con las leyes de impuestos sobre la renta que estén vigentes. Además de los cánones superficiales, regalías, impuestos directos, impuestos de importación y el cargo de depreciación, los siguientes renglones podrán deducirse como gastos de depreciación”….  Y sigue en los literales a; b; c; d; añadiendo todo tipo de gastos, como: amortización anual del mineral, costo de excavaciones, galerías, gastos por servicios de abasto, etc, etc.

Queda claro que si pueden deducir los impuestos directos entonces no pagaran impuestos, queda claro que si pueden deducir como un gasto general más las regalías, entonces no pagaran regalías, Está muy claro en la ley, que las empresas mineras y canteras gozan de un privilegio especial que el mismo Código de Recursos minerales les facilita; y esta facilidad consiste en poder realizar una actividad comercial e industrial exenta de toda carga tributaria y de toda responsabilidad social.

El artículo 243 del código de recursos minerales adopta lo que dicen la clausulas 1 y 3 de la cláusula décimo tercera de “Deducciones Fiscales” del contrato de Minera Petaquilla SA. Dice el artículo 243 del Código de recursos minerales: “Se consideraran como gastos generales deducibles las contribuciones y los gastos pagados a la Nación y Municipios y los gastos que sean inherentes o que se realicen en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños da conformidad con este código.”.

Este articulo (243) no hace más que reforzar y perfeccionar lo que el articulo 232; fija, aclara que todo gasto pagado a la Nación o a cualquier Municipio es deducible, se entiende pues que si pagan una multa, este pago es deducible y así también las tasas, timbres, contribuciones, etc. De igual manera fácilmente se colige que quien paga los impuestos municipales es el estado. En buenos términos no pagaran un centavo al país y se llevaran el mineral gratis.

De acuerdo  con la citada disposición la empresa tiene derecho a una deducción fiscal por los gastos que haga en infraestructura social y también en lo que invierta en educación (así como los gastos que sean inherentes; que se realicen en relación con la educación y adiestramiento de ciudadanos panameños). En base a lo expuesto en los textos arriba presentados, la empresa genera publicidad engañosa mediante la cual hace ver que es una empresa dadivosa, que cumple su responsabilidad social y coopera con donaciones de ayuda al pueblo en estos renglones de gran importancia para las comunidades pero, lo malo es que después pasará una factura al Gobierno Nacional por esta ayuda. Quien en realidad hace el gasto social sigue siendo el Estado.

Las abusivas clausulas económicas se refuerzan unas a otras haciendo legal la transferencia de un enorme riqueza perteneciente al pueblo panameño a una empresa ´privada que de seguro si tributara en su país de origen. Este código de recurso Minerales y sus reformas han sido avaladas por gobiernos y asambleas legislativas entreguistas y sin interés en el progreso del país.

Por las razones antes expuestas Minera Panamá y cualquier empresa que se dedique a la minería no metálica, no pagaran por la concesión un centavo a país independientemente del monto de sus ganancias. Resaltamos aquí que a varios años del cierre de Petaquilla Gold no existe un informe de cuanto se perdió en esta fallida explotación. Nunca se dio un informe final al cierre de Minera Santa  Rosa. ¿Cuánto ganaron y cuánto pagaron?, sigue siendo un enigma.

Se hace necesaria la inmediata anulación del código de marras y la prohibición de la minería a cielo abierto en el país; porque si los motivos económicos para estas medidas son de inmediata aplicación, los motivos ecológicos son de planetaria necesidad.

Coordinadora Campesina Por La Vida

Sergio Sánchez Silvera

Fuente:http://kaosenlared.net/panama-la-mineria-no-dejara-uncentavo-al-pais/

El presente documento, es la óptica por la que atraviesa la realidad panameña con sus aciertos y desaciertos en el ejercicio de los Derechos Humanos, enfatizando las garantías para los defensores y activistas de los bienes ecológicos.

En ese sentido, Panamá y su virtud geopolítica comercial, no es capa de la escena socioambiental de la región, máxime en el marco de las políticas extractivas, son diversas iniciativas enmarcada a la explotación y mercantilización de sus tierras y aguas.

Y en el marco de las políticas neoliberales, el movimiento ciudadano organizado, a disputado sus intereses socioeconómico a favor de la mayoría, rechazando medidas perjudiciales emitidas por sectores del poder económico del país, en conjunto con el poder político oficialista y opositor. Quienes han sido beneficiado en las relaciones comerciales internacionales, reformas de leyes e instrumentos legales para concatenar tratados, acuerdos y exportaciones de materia prima. Cuyo efecto vulneran los Derechos Humanos, la consulta previa, libre e informada, y que a la post es una violación a la soberanía de Panamá.

Por ende, las comunidades rurales afectadas por concesión y permisos para extraer aguas y tierras (para minería, hidroelécricas, turismo inmobiliario, otros). En conjunto con organizaciones urbanas, marginas por proyectos inmobiliarios en deterioro del ambiente mantienen una plataforma de resistencia debido a lo siguiente:

1. Los proyectos desarrollistas en el país, están bajo la lógica financiera privada. Más no así como un programa de país, involucrando la colectividad de los sectores sociales productivos.

2. Ante la crisis ambiental global, Panamá, mantiene un régimen carente de debate y transformación de su política y cultura estatal. Que evidencia un nulo pensamiento y accionar sobre la cuestión socioambiental, y su contraproducente soluciones bajo los falsos dictámenes de la economía verde.

3. Que ante el comportamiento comercial, la acumulación de capitales y enriquecimiento del patrimonio nacional, no representa el consenso de la mayoría de los ciudadanos panameños. Ya que la poca participación ciudadana, la falta de transparencia y el tráfico de influencia, extinguió la voluntad soberana nacional.

Ante lo expuesto, este sector social organizado, han promovido proyectos y modos de vida ante el extractivismo poco visible en la opinión pública por los medios de comunicación, como la producción agrícola local, turismo ecológico y comercio popular solidario, que de manera informal lo desconoce el estado, ya que no representa un gran impulso a la economía nacional. Pero si un equilibrio entre las necesidades humanas y el respeto a la soberanía ecológica.

El escenario expuesto sobre las iniciativas populares y el ejercicio de los derechos humanos también a sufrido un retroceso o atentado, especialmente a las comunidades rural que mantienen una relación de productividad y ambiente. Que además de su diversa cultura tradicional y espiritual, sus raíces germinaron de tierras y aguas fértiles, que son actualmente codiciada por empresas extractiva.

Y ante el despojo, las comunidades y dirigencia son amenazadas, hostigadas, reprimidas, encarceladas y criminalizadas por los estamentos de la seguridad del estado. Todo esto como estrategia de los gobiernos para garantizar los espacios y seguridad jurídica para que las empresas operen.

A continuación presentamos algunos casos de persecución a defensores del ambiente durante los últimos 8 años son:

1. Represión y daños físico a indígenas en la provincia de Bocas del Toro contra la ley inconsulta y nefasta “Ley Chorizo”. http://www.alainet.org/es/active/39548

2. Detención y extradición de defensores de los derechos humanos como es el caso del activista Olmedo Carrasquilla y periodista Francisco Gomez Nadal. http://www.prensa.com/politica/Arrestan-ambientalista-actitud-sospechosa_0_2837716213.html http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-panama-dos-periodistas-expulsados-panama-denuncian-amenazas-mucha-presion-psicologica-20110304175823.html

3. Muerte de dos cuidadanos (Mauricio Méndez y Jeronimo Tugri) en la lucha contra la apertura legal para concesiones minera a estado extranjeros como a empresas para la extracción mineral. https://www.ocmal.org/dos-muertos-en-protesta-indigena-contra-la-actividad-minera/

4. Represión y detenciones en playa Santa Clara, en la provincia de Coclé, que se oponen a proyectos de carácter turístico privado. http://www.prensa.com/edilsa_gonzalez_roca/Pescadores-antimotines-enfrentan-Cocle-desalojo_0_3346165389.html

5. Detención arbitraria a los moradores y campesinos Simón Morales y orden de arresto contra Aurelio Camaño Hernández de Bahía Honda en la provincia de Veraguas por el ex mandatario Ricardo Martinelli para un proyecto turistico costero y privado. https://youtu.be/6EYzHUmHOCY

6. Represión al movimiento campesino de Veraguas (RESAVE: Red Ecológicas, Social y Agropecuaria de Veraguas) que se oponen a 6 proyectos hidroeléctricos. https://youtu.be/-EHdh1aVdoc

1. Hostigamiento a los moradores de la Isla Pedro Gonzáles por defender sus tierras ante el megaproyecto hotelero Pearl Island. http://www.radiotemblor.org/?p=1662

8. Represión, intimidación y encarcelamiento a campesinos en defensa del río san Pablo en la provincia de Veraguas. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/campesinos-rebelan-contra-hidroelectricas/23834817

9. Represión y encarcelamiento a ambientalistas de la provincia de La Chorrera que se oponen a la termoeléctrica. Entre los detenidos estuvieron: el educador Carlos Villa, Raúl Ossa, Licenciada Anayansi Acevedo, señora Francisca Giralde De Ossa,el periodista Carlos Acevedo, profesora Carmen Marín y enfermera Dini Olmedo de Gómez. https://youtu.be/mHufb0bMSxY

10. Amenaza de muerte a la ambientalista Ligia Arreaga en la provincia de Darién por defender la Laguna Matusagaratí. https://www.frontlinedefenders.org/es/case/death-threats-against-ligia-arreaga

11. Persecución y encarcelamiento a la dirigencia indígena Ngäbé Büglé en caso de la hidroeléctrica Barro Blanco. Enfatizando la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmecita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco. https://youtu.be/1yujGlw2jjI

12. Amenazas e injuria a la dirigencia campesina del río Cobre por el empresario Eduardo Vallarino. Enfatizando la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/empresa-demanda-10-millones-activista/23964712

13. Demanda a los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/vecinos-coco-piden-demolicion-proyecto-inmobiliario/23894684 http://www.prensa.com/judiciales/Grupo-Suarez-vecinos-Coco-Mar_0_4573042651.html

14. Detención al catedrático de la Universidad de Panamá y asesor de los afectados en el caso Barro Blanco, Evidelio Adames, cuya requisa no tuvo razón o justificación de parte de las autoridades judicial y policiales. http://www.tvn-2.com/nacionales/provincias/Docente-universitario-denuncio-ser-victima-abuso-policial_0_4690780925.html

15. Demanda ordinaria de 40 mil dólares por daños y perjuicios presentado por la empresa Mina Cerro Quema al ambientalista Basilio Pérez. http://www.prensa.com/provincias/Minera-Cerro-Quema-ambientalista-Azuero_0_4814518507.html

Estos son algunos hechos en que activistas, dirigentes comunitarios y defensores han sido violentados, y en donde no se cumple las garantías en el ejercicio de los Derechos Humanos. Cuestión que va en detrimento del cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periodico Universal EPU, normas internacionales en materia de los Derechos Humanos y construcción de la paz.

Y en este ultimo sentido, es importante exponer algunas circunstancias contraria a la paz y movilidad pública:

1. Los estamentos de seguridad nacional, han desconfigurado sus deberes y enfoque hacia los defensores de los Derechos Humanos. Que los responsabilizan bajo el perfil de crímenes comunes.

2. En los últimos lustros, la implementación de estrategias y equipamiento a fuerzas especiales (SENAFRONT, SPI, otros) para supuestamente garantizar el estado de derecho o seguridad pública han generado un clima de estado de sitio. Cuya acto contradice a la norma constitucional, en donde prohibe el ejercicio u operaciones de estamentos militares, y estrategias que implique el uso de armas de guerra. Una evidencia son los ejercicios y adiestramientos militares, que ejecutan anualmente los países que suscriben las Operaciones Navales (Convenio Arias – Becker) en las aguas panameñas sobre seguridad internacional, terrorismo y el narcotráfico. Así de los ejercicios Panamax 2015 que organizó el Comando Sur de EE.UU. cuyos jefes identificaron a “los campesinos e indígenas” panameños como los enemigos a combatir ante la ola de protestas.

3. El clima de inseguridad nacional, por los indices de criminalidad, han generado desconfianza de la ciudadania a los estamentos de la policía, ya que han sido involucrados en actos ilícitos. Cuyo efectos, se replica en la represión y encarcelamiento a quienes se manifiesten por una necesidad humana (agua, educación, etc.) o problema nacional (sector agropecuario, indígena, etc.)

4. Además el sistema general de cumplimiento en materia de los Derechos Humanos es inoperante, con la nueva ley de Asociación no se garantiza el pleno ejercicio, y tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección a los y las defensores.

Podemos concluir, que es evidente la militarización de las áreas en donde se ejecutan proyectos extractivos, se criminaliza la protesta social, a quienes su voz son ignoradas por los gobiernos de turnos y los Derechos Humanos es un estandarte populista en las tribunas diplomáticas cuando en su ejercicio es lo contrario en Panamá.

Panamá, 12 de octubre de 2017.

Olmedo Carrasquilla Aguila
Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=9644

La empresa Minera Panamá (MPSA), de propiedad de la empresa canadiense First Quantum, tiene una concesión en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón en Panamá, que abarca un área de 13.600 hectáreas insertas en un área protegida para explotar cobre a cielo abierto. Además, la empresa construyó un puerto de aguas profundas sobre el mar Caribe que ocupa un área de 200 hectáreas por el cuál sacará el mineral del país y una central de energía a base de carbón para proveerse de energía para sus operaciones. La concesión se ubica a unos 120 kilómetros al oeste de la Ciudad de Panamá. Para obtener las autorizaciones ambientales, la empresa ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

¿Quién es First Quantum?

Esta empresa canadiense, compró en el año 2013 un 80 por ciento del capital accionario de Minera Panama SA (MPSA) que pertenecía mayoritariamente a la canadiense Inmet Mining/Petaquilla, que ya contaba con la concesión para explotar cobre y oro en la zona. Como la gran mayoría de las empresas canadienses que operan en América Latina, First Quantum cuenta con un historial de acusaciones de violaciones a los derechos humanos en otros países donde ha operado. Un informe de las organizaciones OECD Watch, Oxfam Canada y la organización de Zambia DECOP, ha denunciado que la empresa estuvo involucrada en ese país en el desalojo de pobladores de un área que tradicionalmente habían ocupado, causando graves daños a las comunidades. Otro informe alega que en 2002 la empresa había estado involucrada en la explotación ilegal de los recursos naturales en República Democrática del Congo, en África.

En Panamá, la concesión de más de 13.000 hectáreas está inserta en el Corredor Biológico Mesoamericano. Un área de conexión regional de gran riqueza que será severamente dañada por la explotación de cobre por parte de MPSA. Se trata de bosques con un excelente estado de conservación que albergan una riqueza increíble en términos de biodiversidad. La población adyacente es mayoritariamente población campesina e indígena que se dedica a la agricultura de subsistencia y la ganadería.

Las poblaciones aledañas ya vivieron en carne propia los impactos de la minería. Ya que en la misma región operó Petaquilla Gold, que en sus 100 hectáreas de concesión provocó contaminación de ríos, deforestación, impactos en la salud de las comunidades, sin mencionar los cientos de promesas incumplidas. La empresa se vio sumergida en un escándalo financiero. Fue abandonada, dejando en el camino grietas abiertas y piscinas con cianuro que aún hoy son una amenaza latente para los ríos y las personas de la zona, además de miles de trabajadores sin cobrar salarios y otras obligaciones laborales por parte de la empresa.

La compensación de daños incompensables

Minera Panama/First Quantum está obligada a realizar compensación por las pérdidas irreparables al ambiente que la extracción a gran escala de cobre va a generar, de acuerdo a las exigencias que el gobierno le marcó para darle las autorizaciones ambientales. La empresa se ha comprometido a seguir los estándares a los que obliga la Corporación Financiera Internacional (CFI), el ala privada del Banco Mundial, por lo que ha presentado planes de “compensación por pérdida de biodiversidad”.

La mina aún no ha comenzado a operar. No obstante, y tal vez para apaciguar a las ONGs conservacionistas que promovieron la declaración del Corredor Biológico Mesoamericano como área protegida y a las voces de los pobladores locales que se oponen a la destrucción masiva que el proyecto va a generar, si ha montado una fuerte campaña de promoción de sus actividades. Estas incluyen varios programas como parte de su estrategia de compensación. De acuerdo a su página en internet, la empresa “está comprometida a mantener un impacto neto positivo sobre la biodiversidad y ser un líder mundial en la gestión de la biodiversidad.”

El WRM realizó una visita a la zona a finales del 2016 para conversar con pobladores locales y conocer de primera mano lo que sucede a nivel local.

Entre los planes de compensación por pérdida de biodiversidad que la empresa tiene previstos, se encuentra la reforestación de 7.300 hectáreas. Esta plantación serviría para compensar las pérdidas irremediables que el proyecto minero va a generar en la zona del Corredor Mesoamericano. Los pobladores locales con los que conversamos en la zona de Coclecito conocían que la empresa estaba llevando a cabo planes de reforestación. A pesar de la gran propaganda en el sitio web de la empresa, durante la visita apenas pudimos ver unas pocas matas de café y unos pocos árboles nativos plantados en un borde empinado de la carretera.

En la de por sí absurda lógica de la compensación, parece aún más difícil imaginar que unas matas de café y unos pocos árboles puedan compensar por la pérdida de los bosques de la región que brindan refugio a una gran diversidad de fauna y flora, incluso a especies endémicas amenazadas de extinción y que además son de suma importancia para las comunidades locales que los usan cotidianamente .

Además, debido a que varias especies que habitan la zona evidentemente verán su hábitat destruido, la empresa ha hecho convenios con organizaciones internacionales en un intento de salvar algunas de estas especias – y así mejorar su imagen. Por ejemplo, su asociación con la organización Sea Turtle Conservancy busca proteger a las tortugas marinas en peligro de extinción que precisamente anidan en la costa caribeña que ahora será impactada por el puerto de aguas profundas que será utilizado para extraer el mineral.

Otro de los planes de compensación que la empresa presentó se trata de apoyar la gestión de las áreas protegidas que rodean la concesión: parque Santa Fé y Omar Torrijos, así como la creación de una tercera área de uso múltiple en Donoso, totalizando unas 250.000 hectáreas. Minera Panamá dice que cubrirá los gastos para equipos, infraestructura, monitoreo biológico, la educación y un programa de capacitación que beneficia a los guardaparques en todas las áreas protegidas de Panamá.

Aquí yace otra de las grandes falacias de los mecanismos de compensación. Las corporaciones ni siquiera deben montar sus propios planes de compensación, ya que han encontrado un camino que las libera de la responsabilidad de implementar un proyecto de compensación y lo que es más importante, las libera de la responsabilidad y el costo de mantener dichos proyectos, sobretodo una vez que la mina haya dejo de funcionar.

Además, uno de los conceptos subyacentes de la compensación es que estos deben ser “adicionales”. Es decir, los promotores de un proyecto de compensación tienen que demostrar que de no ser por ese proyecto el área que ahora pretenden conservar hubiese sido destruida. Lo que no es el caso en las áreas protegidas.

Usando métodos ilegítimos, como lo es la compensación de daños incompensables, Minera Panama se apresta a abrir y destruir los bosques panameños ubicados sobre el Corredor Biológico. Los mecanismos de compensación se basan en una lógica mercantilista que entiende un bosque como un conjunto de partes independientes e intercambiables. Una gran diferencia con respecto a la cosmovisión de los pueblos indígenas y campesinos, que ve al bosque como un todo interconectado e interdependiente incluso con ellos mismos, para quienes  permitir la destrucción y fragmentación  de un área tan rica como lo es el Atlántico caribeño es criminal.

Fuente: http://movimientom4.org/2017/09/las-compensaciones-ambientales-en-panama-una-estrategia-que-abre-areas-protegidas-para-la-actividad-minera/

Miembros del Frente Santeño Contra  la Minería piquetearon frente al Juzgado Primero del Circuito, en la provincia de Los Santos, para apoyar al ambientalista Basilio Pérez quien fue demandado por la empresa Minera Cerro Quema por haber hecho denuncias de irregularidades ambientales de esa minera. Héctor Cárdenas, abogado defensor de Pérez, indicó que al día de hoy aún no se le ha aprobado a la empresa Minera Cerro Quema el estudio de impacto ambiental categoría III y su concesión venció hace cinco meses.

Fuente: Crítica

Cárdenas manifestó que es necesario que la población santeña esté pendiente porque el proyecto minero en Quema de Tonosí se encuentra ubicado en la fuente de recarga hídrica de los río Estivaná, Tonosí y La Villa, que proporciona el agua para la provincia de Los Santos.

Panamá, un país que se caracteriza por sus abundantes precipitaciones, debe prescindir de la minería metálica a cielo abierto por los estragos que causa en los acuíferos la lluvia ácida, recomendó hoy el experto estadounidense Glenn Miller.

Catedrático de la Universidad de Nevada y químico, Miller participó este miércoles en un foro convocado por el no gubernamental Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá para analizar el caso de la concesión de Cerro Quema a una empresa canadiense para extraer oro, y que está sobre los principales acuíferos de la región de Azuero.

Miller fue el orador de fondo del encuentro, celebrado en la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, en la que expuso que la industria minera ha cambiado en los últimos años “de forma dramática”, porque está “preocupada por cómo son percibidos por el público”, dado que son relacionados con la contaminación.

Pero, advirtió, no es el caso de Panamá, “porque no tiene experiencia minera” y todavía tiene un marco legal “inadecuado” para el siglo XXI, contrario por ejemplo a Perú, Chile, Australia, Canadá o Estados Unidos. (…) Panamá registra precipitaciones “el doble o triple” de otros lugares dada su ubicación en la zona tropical, de manera que al extraerse con cianuro y agua el oro de los pozos de roca los minerales no útiles reaccionen expeliendo químicos tóxicos al ambiente que se mezclan con la lluvia y luego crean drenajes hídricos ácidos.

En Cerro Quema se tienen dos pozos y una tina de lixiviación con cianuro (…). Esa concesión se ubica en la cima del cerro del mismo nombre, ubicado a unos 300 kilómetros al suroeste de la capital panameña, y debajo de ella están los acuíferos de las 10 principales cuencas hidrográficas de la península de Azuero, que comprende las provincias centrales de Herrera, Los Santos y Veraguas. “Rebanar el cerro” aumentaría los perjuicios porque quedarían expuestos los canales subterráneos por donde discurre el agua de lluvia y aumentaría el deterioro de la cobertura vegetal al arrastrar las tierras cuesta abajo. En esas circunstancias, añadió, luego de 5 o 6 años de explotación minera ningún plan de remediación será útil, aseveró. “Y si descubren cobre será peor”, apuntó.

La empresa panameña MCQSA, responsable de la mina y subsidiaria de la canadiense Orla Mining Ltd., asegura en su página web que el origen del Proyecto Cerro Quema se remonta a finales de la década de 1980, y que “desde hace tres años se encarga de la exploración, evaluación, desarrollo y explotación de depósitos minerales de manera responsable, respetando el medio ambiente”.
“La superficie dedicada al Proyecto Cerro Quema ocupa el 6 % de las 768 hectáreas circundantes, y están siendo debidamente manejadas para la mitigación y compensación ambiental. El Proyecto Cerro Quema cuenta con la debida autorización del Gobierno de la República de Panamá para la extracción de material metálico (oro)”, añade.

El abogado Juan Antonio Tejada Mora, del Frente Santeño contra la minería, denunció en el mismo foro que la concesión de 15.000 hectáreas a Minera Cerro Quema S.A., de capital canadiense, “ya prescribió y no puede prorrogarse”, pues era por 20 años que se cumplieron en febrero pasado y la extensión se pidió “extemporáneamente”.

Basado en las leyes panameñas, Tejada dijo a Acan-Efe que en los 20 años transcurridos “no se sabe cuánto ha invertido la empresa, ni si ha extraído algo, lo que se sabe es que sus ganancias las ha obtenido con la venta y compra de sus propias acciones en la bolsa”. Agregó que “de boca”, el director nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, Temístocles Velarde, le dio permiso a la minera de continuar sus labores de exploración y explotación sin tener autorización para ello y desconociendo la legislación panameña.
“Presiones o percepciones”, mencionó Tejada en su exposición, reciben los funcionarios de las empresas mineras, reguladas por un código de 1963 que requiere “urgente actualización”, mientras lamentó que tampoco se refleje en la prensa la problemática.

Fuente: Metro Libre con información de EFE
http://movimientom4.org/2017/07/panama-debe-prescindir-de-la-mineria-metalica-a-cielo-abierto/

1. Transcurrida más de una década, a partir de las impositivas medidas neoliberales en nuestro país, las evidencias de progreso y superación del estatus social, son pocas, máxime en las comunidades rurales (indígenas y campesinas). La exclusión social, empobrecimiento, la ejecución de políticas paternalista (Beca Universal, SENAPAN, Red de Oportunidades, 120 a los 65, otros), y proyectos extractivos tales como: la minería e hidroeléctricas, han hecho de nuestros pueblos, una vida improductiva, y más dependiente.

2. Que ante la crisis ambiental que sufre el planeta, observamos con mucha preocupación, la carencia de soluciones verdaderas al cambio climático, hambre y agua. De la cual, han transcurrido mesas, cumbres y foros nacionales e internacional, con pocas las probabilidades de aplicar los acuerdos producidos. Convirtiéndose éstas, en otra carga más a la situación socio ambiental, y donde la minería metálica agrava dicha crisis. Por ende, no hay forma que el extractivismo minero, como es Minera Cerro Quema, garantice la preservación de los acuíferos de la provincia de Los Santos, tan necesarios en una región golpeada por las sequías y en donde los productores santeños han realizado cuantiosas inversiones.

3. Panamá, en la escena de la mal llamada globalización, su economía marco un auge. Sin embargo, a su extremo, el índice económico alcanzo una mala distribución de la riqueza. Y que en la actualidad se mantiene, expresado en los pueblos indígenas, áreas campesinas y periferia urbana de la capital istmeña. En el marco de la política económica, la minería no ha demostrado ser otro renglón del producto interno bruto PIB para solventar la carencia de mejores condiciones para la salud, educación, transporte, acueductos y seguridad social.

4. Pruebas, y testimonios de familias afectadas, y daños ambientales por la industria extractiva minera en Panamá, son evidencias para que el gobierno desista con su discurso desarrollista, favoreciendo, bajo libre comercio, a las transnacionales del capital minero. Los casos de Minera Remance, Mina Santa Rosa, Petaquilla Gold y otros, son muestra que Panamá, no le corresponde este modelo de producción económica, y que por el contrario ha empeorado el estatus social de las comunidades rurales cerca a los proyectos, generando contaminación, conflictos laborales, aumento de la crisis ambiental local, y aislamientos obligados de comunidades fuera de límites de concesión minera, como es el caso de los pobladores de la comunidad de Donoso, secuestrados por Minera Panamá. De igual manera la nula rendición de cuentas y transparencia de lo que revierten las exportaciones del oro y otros metales.

5. Por lo anterior, comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de los Derechos Humanos, movimientos sociales y de ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá.

6. Rechazamos las pretensiones del Gobierno de Panamá, de aplicar la mal llamada Economía Verde, bajo programas como Compensaciones por Pérdida de la Biodiversidad, Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono, Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, Servicios Ambientales y otros, en la lógica financiera; ya que son formas de justificar la continuidad de una economía de libre mercado a través de la minería y otros proyectos extractivos.

7. Exigimos reformas a la legislación minera en territorio panameño, paralelamente la pronta cancelación de concesiones que incumplen con los preceptos legales de dicha actividad. Y el estado cumpla pronto con las sanciones penales a proyectos que han generado consecuencias negativas (contaminación en Coclesito, enriquecimiento ilícito en Donoso, etc.) para el ambiente y los poblaciones. De igual forma exigimos a las empresas mineras el cierre de sus operaciones como lo estipula el código minero panameño, ya que luego del fracaso de sus objetivos, abandonan sus obligaciones.

8. Las comunidades rurales, hostigadas por estos proyectos depredadores en Panamá, aspiramos a un Economía Popular Solidaria, basada en la igualdad de oportunidades, con participación ciudadana directa, y con respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional. Que también contribuya a un mejor nivel de calidad de vida para las y los panameños.
Es por eso que invitamos a usted, a organizaciones sociales y ciudadanos del mundo a firmar esta petición al Gobierno de Panamá:
Frente Ciudadano contra la Minería en Coclesito
Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del pueblo Ngäbé Büglé y Campesino
Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE
Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC
Frente Santeño contra la Minería
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4. Capitulo de Panamá.

Panamá, 17 de abril de 2017.

Fuente:https://www.change.org/p/presidente-de-panam%C3%A1-juan-carlos-varela-petici%C3%B3n-de-cancelaci%C3%B3n-al-modelo-extractivo-minero-en-panam%C3%A1?recruiter=709718723&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive

El lunes 3 de abril en la en la última sesión de la Comisión Codificadora de Ambiente, se aprobó la propuesta de ley que prohíbe la minería industrial en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y fuentes hídricas.

Posteriormente, el texto único del código será presentado a la Asamblea Nacional para que el proyecto de ley sea discutido en primer, segundo y tercer debate.

Las leyes que serán retomadas están la de vida silvestre, ley forestal, de incentivos forestales, los temas de las faltas administrativas ambientales, leyes que crean áreas protegidas, estudios de impacto ambiental y otras.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/prohiben-la-mineria-a-cielo-abierto-en-areas-protegidas-de-panama/

La realidad panameña ante el modelo extractivo minero en el 2016, se enmarca en la corrupción y evidente continuidad del Gobierno Nacional, de ceder concesiones mineras en todo el territorio. Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial – minera y la supuesta voluntad oficialista, empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo.

A la deriva queda el país, sin una regulación, a merced de las empresas concesionarias, para que haga y deshaga todo lo que no esté estipulado legalmente, vulnerando el estado de derecho y posterior las normas en materia de derechos humanos y ambiente. Máxime, la funcionalidad de las instituciones con competencia en materia de comercio e industria, como de ambiente, que su misión y visión sobre la cuestión ambiental global, ha quedado rezagada o carente de programas de formación científica y socioambiental.

Panamá, como expresamos en distintos espacios de comunicación, se ha vendido como un paraíso de prosperidad y auge financiero, pero esta falacia a quedado a descubierto por los grandes intereses de políticos y empresarios que se turnan el poder para garantizar las acciones y comercio, como es el caso de las actividades extractivas. En donde los Panamá Papers muestran las figuras involucradas en la corrupción proveniente de las operaciones ilícitas para favorecer consorcios y accionistas. La minería no escapa de este eslabón, y para garantizar esta usurpación de los bienes comunes, elevaron la actividad minera como inyector determinante para el Producto Interno Bruto del País.

Uno de los casos muy visualizado, es el fracaso del proyecto Petaquilla Gold, ubicado en el Distrito de Donoso, provincia de Colón, cuyo mayor acciones es el empresario Richard Fifer, que violó los derechos laborales de miles de trabajadores, y extrajo para sus cuentas bancarias las ganancias que generó las exportaciones de oro. Igualmente en un observatorio que se realiza en esta zona, comprobamos también el modus operandi como el proyecto extractivo de cobre Minera Panamá, vulnera a los trabajadores panameños, desmotando sus derechos, para luego ceder esas plazas de trabajo a extranjeros sin la calidad de prestaciones laborales.

A lo expuesto, le incorporamos una serie de violaciones de derechos humanos y ambientales, en donde la calidad de vida ha quedado en segundo plano para las comunidades campesinas e indígenas, ya que sus ríos, sus tierras y aire, son contaminados y aniquilados por la fuerza industrial canadiense y criolla. Una caso preciso es la violación a los convenios para el manejo del Corredor Biológico Mesoamericano, que ha sufrido una tortura legal por parte de las altas jerarquía de la justicia panameña, para que las empresas minera en dicha zona de Coclesito, operen sin medir los grandes efectos negativos a futuro.

A ese ritmo, justifican con sus ganancias, pero que a su vez limpian su rostro mercantil, promoviendo actividades sociales y programas de compensación por pérdida de biodiversidad, ante la devastación que generaron. Y en el marco de la ciudadanía y su bienestar, los campesinos se han visto engañados por las promesas y proyectos sociales fracasados, que al descalificar la cultura y progreso de vida tradicional, han optado como esperanza continuar su arado con las pocas tierras que poseen. Ya que las empresa mineras, a través de un programa de compra venta, se benefició de las tierras que eran trabajados por las comunidades.

A esa contaminación, violación fragante y muerte, el Estado incumple con el ejercicio de los derechos humanos, en la protección y propio avance autónomo que las comunidades desean. Aún desconocemos las sanciones y reparo por los daños vertido por la empresa Petaquilla Gold.

En el 2016, otro de los casos que pone en alerta a las comunidades del interior del país, es la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Quema. De la Empresa Minera Cerro Quema, subsidiaria de la minera canadiense Pershimco Resources, ubicado en el Distrito de Tonos, provincia de Los Santos. Que se encuentra en su etapa final como es el Estudio de Impacto Ambiental EIA categoría III.

Pero una singular situación esta en boga de la opinión pública como de científicos y ambientalistas, es que la provincia de Los Santos, perteneciente a la Península de Azuero, sufre fuertemente los impactos del cambio climático, vulnerando sus afluentes y ríos para la vida productiva agrícola y consumo de agua potable para los ciudadanos. Que por décadas ha sucumbido por deforestación y mal manejo territorial, y que actualmente, el inicio de las operaciones de este proyecto extractivo producirá una grave crisis ambiental. Ya que la actividad extractiva consume cantidades de agua y territorio, lo que sus áreas adyacentes, sufrieran y posterior se generaliza una sequía y contaminación.

Dos muestras de la situación minera en Panamá son evidentes, y que si tomamos los actuales proyectos aprobados por el Ministerio de Comercio e Industrias que son 16 contratos, el estado estará obligado a buscar pronto solución ante la crisis ambiental que produce estos proyectos extractivos mineros.

También es importante exponer, el aumento de la criminalización de la protesta social o defensores de los derechos humanos. Casos como: persecución a los moradores de isla Pedro González por oponerse a una megaobra de turismo inmobiliario del millonario grupo Eleta, la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO, la amenaza a la periodista y defensora de la Laguna de Matusaragati de Darién,  Ligia Arreaga, los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá, la detención absurda al catedrático de la Universidad de Panamá, Evidelio Adames, y otros, son algunos, en que los inversores de la crisis ambiental apuntan.

A lo anterior, se le suma la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmencita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco.

Por ende, esta criminalización a campesinos y activistas, las futuras víctimas pueden ser las comunidades rurales, que se opongan al modelo extractivo minero. Y que para restar dicha imposición, el movimiento socioambiental en reiterada veces ha dicho que un mejor modelo de vida basada en la agroecología nacional, la cual promueve un equilibrio con la biodiversidad y la cultura responsable de consumo.

Y el extractivismo, tentáculo del capitalismo, genera ganancia pero solo para quienes portan el poder financiero, y no así para el poder colectivo que es decir el bienestar para la salud, cultura, ambiente y felicidad.

Fuente:http://movimientom4.org/2017/03/panama-extractivismo-minero-y-corrupcion/

El lunes 23 de mayo, haciendo uso de la fuerza, se realizó el desalojo del campamento de los indígenas Ngäbé Büglé “Mama Tata”, y el martes 24 de mayo se inició el llenado de la represa Barro Blanco, que según datos de la empresa Generadora del Istmo S.A. GENISA llegará hasta 109 metros de altura con una velocidad de llenado de dos metros diarios. Terminando a su máxima capacidad en la primera semana de agosto del 2016.

Desde entonces se han presentado diversas manifestaciones y declaraciones públicas de las organizaciones indígenas y sus autoridades tradicionales en contra de este llenado, argumentando que debe prevalecer el Acuerdo del 10 de agosto del 2015 con las autoridades nacionales que en su articulado # 5 dice: “El Gobierno Nacional se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco, hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo, debidamente legitimado por las instituciones democráticas establecidas por la ley.”

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