Maiker González, señalado por minería no regulada, enfrenta protestas por dañar áreas protegidas. Denunciantes piden medidas urgentes y acusan impunidad por conexiones políticas y corrupción.
Denuncian grave depredación ambiental y explotación ilegal en ríos de la Guázara
depredacion en enriquillo
Barahona. La Fundación de Protección del Medio Ambiente de la Región Enriquillo, junto a la Asociación Incorporada y una amplia coalición de organizaciones sociales, emitió una alerta urgente sobre el deterioro ambiental que afecta a cinco ríos en el área de La Guázara. Según denuncias presentadas durante una reunión comunitaria celebrada el pasado domingo, las afectaciones serían consecuencia directa de una explotación minera masiva presuntamente liderada por el empresario Maiker González.
De acuerdo con las organizaciones, el caudal hídrico de los ríos ha disminuido de forma alarmante, lo que pone en riesgo no solo la biodiversidad de la zona, sino también la seguridad de las comunidades que dependen de estos recursos naturales. El uso de maquinaria pesada para la extracción de materiales sin controles ni permisos adecuados ha alterado significativamente los cauces fluviales, provocando daños irreversibles al ecosistema.
Expertos ambientales señalan que La Guázara se compone de lomas que funcionan como barreras naturales ante huracanes y ciclones, actuando como un escudo para comunidades cercanas como Cachón y Cabral. La destrucción de este sistema natural no solo representa un desastre ecológico, sino que también incrementa la vulnerabilidad de miles de habitantes frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Empresario vinculado a antecedentes de controversia ambiental
Maiker González, empresario minero con residencia en Baní, ha sido centro de múltiples denuncias y protestas por actividades extractivas no reguladas. Diversas organizaciones han señalado su implicación en operaciones en áreas protegidas como Las Dunas de Baní, Azua, Cachón y la sierra de San Cristóbal.
En movilizaciones anteriores, más de 3,000 personas lograron detener temporalmente algunas de sus operaciones por violaciones a la ley ambiental y afectaciones al patrimonio natural. Las investigaciones actuales sugieren que González habría adquirido derechos mineros de forma ilegítima, a través de familiares de antiguos titulares, como la esposa de Bolívar Ventura, en un proceso de separación legal.
Según los denunciantes, este procedimiento le permitió continuar las actividades mineras bajo nuevas razones sociales, en un esquema que implicaría una inversión estimada entre 400 y 500 millones de pesos, todo ello sin respetar las normativas ambientales ni sociales vigentes.
Las entidades sociales y ambientales acusan a González de operar dentro de un patrón de impunidad, en el que empresarios con poder económico y conexiones políticas evaden controles mediante permisos ilegales, presión institucional y supuesta corrupción administrativa.
Frente a la gravedad de la situación, el líder comunitario Domingo Feliz anunció que en las próximas semanas se iniciará un plan de lucha urgente que reunirá a todas las organizaciones sociales y ambientales de la región Enriquillo,con el objetivo de frenar las actividades extractivas, exigir responsabilidades y reclamar al gobierno medidas efectivas contra los crímenes ecológicos.