PERÚ, PAÍS DE DEFENSORES DESPROTEGIDOS QUE ESPERAN JUSTICIA
Andrés Espinoza       Foto: CooperAcción

Del 21 de enero al 3 de febrero estuvo en nuestro país el señor Michel Forst, relator de las Naciones Unidas sobre el tema de defensores de derechos humanos. La misión de Forst era conocer la situación en la que los defensores desarrollan su labor y con ese propósito visitó distintas zonas de nuestro país (Lima, Piura, Cusco y Madre de Dios), reuniéndose con líderes, activistas, dirigentes, etc., que dieron testimonio de lo difícil y riesgoso que es luchar por la defensa de los derechos humanos en nuestro país.

El resultado de esta visita se puede resumir en la siguiente declaración del relator:

“A pesar de los esfuerzos de la Ministra de Justicia y el Viceministro de Derechos Humanos, […] un gran número de personas defensores de derechos humanos, y especialmente de los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y sus derechos humanos, no pueden actuar en un entorno seguro y propicio.[i]”

La conclusión a la que llega Forst toma en cuenta los diferentes testimonios de todos los defensores que acudieron a las audiencias convocadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y por otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil[ii]. Dos casos que merecen ser resaltados, dada la coyuntura: los de Javier Mamani y Brandon Quispe, ambos defensores de la provincia de Cotabambas en Apurímac, que en setiembre de 2015 fueron injustamente detenidos por la Policía Nacional que se encontraba custodiando las instalaciones de la minera Las Bambas. La detención ocurrió en el marco del conflicto que estalló en las inmediaciones de esta operación minera, en la localidad de Challhuahuacho y que dejó como resultado tres muertos y numerosos heridos.

Javier y Brandon detallan que ellos coincidieron con la movilización y subieron a la camioneta del Centro de Salud para ayudar a los heridos. También explicaron que la camioneta entró a las instalaciones de la empresa minera y que luego no los dejaron salir. Su versión es corroborada por personal del Centro de Salud y otros testigos.

Es importante decir que Javier Mamani es una persona respetada en el distrito de Haquira (Cotabambas) y que habitualmente conducía la ambulancia que transporta enfermos en su distrito. Brandon Quispe, apenas tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos y había pasado por Challhuahuacho para hacer compras llevando frutas y alimentos en su mochila, como relata una amiga suya a quien visitó en el Centro de Salud.

Para ambos el Ministerio Público pide una condena entre 15 y 17 años de pena privativa de la libertad, a lo que se suma una reparación de 20 mil soles al Estado y más de 88 mil dólares a la empresa. Brandon y Javier forman parte del grupo de 19 defensores criminalizados que ya llevan más de cuatro años esperando justicia, en un proceso que ha tenido sucesivas interrupciones por falta de intérpretes del quechua y problemas en las notificaciones judiciales.

A pesar de que en el proceso se presentaron diversas pruebas y testimonios que demuestran la inocencia de ambos defensores, y que los cargos quedaron desvirtuados (quedando en evidencia el comportamiento arbitrario de la Policía), el proceso aún continúa y el 18 de febrero habrá una última audiencia.

Los defensores de Cotabambas esperan que en este caso se repita lo que acaba de pasar en un Juzgado Penal de Cusco, en donde se absolvió a defensores de Chumbivilcas -que fueron perseguidos penalmente durante varios años por ejercer su derecho a la protesta ante las afectaciones al medio ambiente y a los derechos humanos de la empresa minera ANABI-. Esta es una sentencia que sienta un precedente positivo para los casos de defensores criminalizados en el Perú y se espera que sirva como un importante antecedente para el caso de Javier, Brandon y sus otros 17 compañeros.

No hay que perder de vista la recomendación de Michel Forst: “poner fin a la criminalización imperante de las personas defensoras” [iii](Forst, 2020). Según el relator, son los defensores del medio ambiente en contextos de “proyectos de desarrollo insostenibles” los que corren más riesgos de detenciones arbitrarias, vigilancia, violencia y desprestigio.

Luego de la visita del relator de Naciones Unidas, sería importante que el Ministerio de Justicia le dé prioridad a la implementación del Protocolo sobre Protección de Defensores de Derechos Humanos, aprobado el año pasado. Este Ministerio debería tomar acciones no solo de registro y protección de defensores, sino también de justicia reparativa en casos como los de Brandon y Javier, que han padecido por años la persecución y la estigmatización por parte de la empresa y el Estado.

Así mismo, debemos recordar que en casos donde interviene una empresa transnacional, la labor de respeto a los defensores no solo compete al Estado peruano, sino también al país de origen de la empresa y a las Naciones Unidas. En este caso estamos hablando de China, país que se comprometió a “establecer un marco jurídico para garantizar que las actividades realizadas por las industrias sujetas a su jurisdicción no menoscaben los derechos humanos en el extranjero”[iv].

En cuanto a las Naciones Unidas, es importante considerar que no basta con constatar las injusticias vividas por los defensores, sino asegurar que los Estados avancen en la implementación de acciones para garantizar los derechos humanos de los y las defensores/defensoras.

[i] Declaración de Fin de Misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Visita a Perú, 21 de enero 3 de febrero de 2020 https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=S&fbclid=IwAR0rlgYVQ1_3l3Xw-EabT_pwxwQwyTnvilpg3iVp4Q7SiFV-hRcssehNQ78

[ii]Derechos Humanos Sin Fronteras (Cusco), Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Oxfam en Perú, Fedepaz, Asociación Pro Derechos Humanos, Red Muqui, Amnistía Internacional, EarthRights International, ENTREPUEBLOS, y Broederlijk Delen.

[iii] Declaración de Fin de Misión, Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Visita a Perú, 21 de enero 3 de febrero de 2020 https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25507&LangID=S&fbclid=IwAR0rlgYVQ1_3l3Xw-EabT_pwxwQwyTnvilpg3iVp4Q7SiFV-hRcssehNQ78

[iv] Informe sombra realizado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) que fue presentado y planteó recomendaciones en el Examen Periódico Universal – China http://chinaambienteyderechos.lat/reports/

El Poder Ejecutivo ha iniciado diálogo con un grupo de comunidades, pero hay otras a las que aún no responde por su pedido de que se les consulte por el proyecto de ampliación minera Coroccohuayco.
PUBLICADO: HACE 9 HORAS

Como informamos anteriormente, el proyecto minero Coroccohuayco, que en realidad es la ampliación de la mina Antapaccay en Espinar (Cusco), se ha venido planeando sin la debida consulta previa a las comunidades de la zona.

Si bien la semana pasada, el Ministerio del Ambiente (Minam) y Senace iniciaron una mesa de diálogo, solo estaría considerando a 13 comunidades y dejando de lado a otros ocho grupos.

El portal de investigación OjoPúblico, tuvo acceso a documentos que revelan que el gobierno estaría dejando de lado a ocho comunidades.

También se publicó un oficio de junio del 2019, en el que los dirigentes de las comunidades de Chillque Molloccahua, Kanamarca, Mamanocca, Canlletera, Huacroyuta Marquiri, Antacama, Huarcapata y Chorrillos, solicitaron al Ministerio de Cultura (Mincul) que se les incluya en el proceso de consulta previa porque se consideran «pueblos originarios asentados en la cuenca del río Salado, en el entorno del yacimiento minero Ccorccohuayco (operado por Glencore), dentro del área de influencia e impacto».

Según informa el portal de investigación, en julio del año pasado, el Mincul envía un oficio al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para reportar que existía el pedido de estas comunidades para que se implemente la consulta. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el día de hoy.

El pasado 19 de noviembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, se comprometió con representantes de las comunidades de Espinar a implementar la consulta previa por el proyecto Coroccohuayco, para lo cual se estableció un plazo de 30 días. Sin embargo, lo que pasó un mes después (19 de diciembre) fue que representantes del Ejecutivo señalaron que las preparaciones para la consulta se iniciarían a fines de enero de este 2020. Luego, en una entrevista a la agencia estatal Andina el 27 de diciembre, el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, incluyó a esta mina de Glencore como parte de los proyectos que debería estar en desarrollo en este 2020.

La semana pasada, una comisión de Alto Nivel del Ejecutivo se reunió con los representantes de los distritos de Pallpata, Alto Pichigua, Pichigua, Condoroma y Ocoruro de la provincia de Espinar para entablar un diálogo en relación al pedido de anulación de Resolución del Senace que aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Integración Coroccohuayco.
https://redaccion.lamula.pe/2020/02/11/consulta-previa-en-espinar-las-comunidades-a-las-que-el-gobierno-no-responde-por-proyecto-minero-de-glencore/jorgepaucar/

Según informa el portal de investigación, en julio del año pasado, el Mincul envía un oficio al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para reportar que existía el pedido de estas comunidades para que se implemente la consulta. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el día de hoy.

El pasado 19 de noviembre del 2019, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zevallos, se comprometió con representantes de las comunidades de Espinar a implementar la consulta previa por el proyecto Coroccohuayco, para lo cual se estableció un plazo de 30 días. Sin embargo, lo que pasó un mes después (19 de diciembre) fue que representantes del Ejecutivo señalaron que las preparaciones para la consulta se iniciarían a fines de enero de este 2020. Luego, en una entrevista a la agencia estatal Andina el 27 de diciembre, el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, incluyó a esta mina de Glencore como parte de los proyectos que debería estar en desarrollo en este 2020.

La semana pasada, una comisión de Alto Nivel del Ejecutivo se reunió con los representantes de los distritos de Pallpata, Alto Pichigua, Pichigua, Condoroma y Ocoruro de la provincia de Espinar para entablar un diálogo en relación al pedido de anulación de Resolución del Senace que aprueba la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Integración Coroccohuayco.

Muqui Informa, Noticias
Foto de Vidal Merma
Abel Kana Quispe, teniente gobernador, y Jorge Kana Taco, fiscal comunal de Urinsaya, del distrito de Coporaque, perteneciente a la provincia de Espinar, fueron liberados el día de ayer, lunes 3 de febrero, aproximadamente a las 9pm; tras la audiencia llevada a cabo por el juez Miguel Choque Zea de Sicuani, que declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva que la fiscal Carmen Rosa Salas estaba solicitando para los dos comuneros mencionados, por el delito de secuestro al trabajador de la empresa Prosegur, Elvis Flores Maldonado, que brinda servicios de seguridad a la empresa minera Las Bambas.
¿Cómo se dieron los hechos?

En medio de las protestas y asambleas realizadas el 30 de enero por la comunidad de Urinsaya, para que el gobierno anule el DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur; la población detectó a una persona infiltrada, Elvis Flores, que estaba tomando fotos y grabando video sobre las acciones que realizaba la comunidad.

Los comuneros, al darse cuenta de ello, interrogaron a la persona, como se puede ver en uno de los videos, donde se aprecia que conversan, pero, que no está retenido en contra de su voluntad.

«Cuando la Fiscal hace la intervención el día 30 de enero, en el lugar de los hechos y encuentra a la supuesta víctima “retenida”, sólo encuentra a la propietaria del hospedaje, quien inicialmente refiere que efectivamente se encontraba alojado desde el 27 de enero y después que, fue obligada por la comunidad a retenerlo en su propia habitación y de eso dio noticia a la Fiscalía, su compañero de trabajo de la supuesta víctima de secuestro», señala Ramiro Llatas, abogado de los dirigentes.
¿Qué se les imputa?

Se acusa a los dirigentes de haber secuestrado al trabajador de la minera cuando este se encontraba en su cuarto. ¿Qué dice el parte policial? Que le pusieron alambres a la puerta de su cuarto en el hospedaje donde se encontraba.

Sin embargo, las dos personas que estuvieron detenidas no se encontraban en Urinsaya durante el 30 de enero; estaban en la ciudad de Espinar. El teniente gobernador y el fiscal de la comunidad se encontraban haciendo diligencias en la municipalidad de Espinar. Según la denuncia, supuestamente habían secuestrado al trabajador, y luego habían vuelto a Espinar. En espinar se entregaron a la policía porque los estaban buscando en Urinsaya.

Por la falta de pruebas, el juez de Sicuani resolvió levantar la prisión preventiva a los 2 detenidos. Sin embargo, la solicitud de prisión preventiva para los otros ocho comuneros continúa en ciernes y se verá en una próxima audiencia.
Defensa legal

El abogado de los comuneros, Ramiro Llatas, de la institución de Derechos Humanos Sin Fronteras, señalo que, de acuerdo a la ley, “la prisión preventiva es una medida de ultima ratio, no una medida principal, al menos cuando se trata de hombres del campo que viven de la agricultura y los trabajos eventuales que desarrollan. Tiene arraigo domiciliario, familiar y laboral. Agregó que “los dos comuneros de Coporaque no han participado ni se ha podido demostrar su participación en estos supuestos hechos delictivos de secuestro”.

No obstante, la libertad de los dos detenidos frente a la prisión preventiva, la fiscal Carmen Rosa Salas está solicitando 30 años de cárcel para los 10 comuneros.

Datos:

La comunidad de Urinsaya no está incluida como parte del área de influencia directa o indirecta del proyecto minero Las Bambas, pero sufren las mismas afectaciones que otras comunidades, al tener el paso de 500 camiones diarios por la carretera que atraviesa sus comunidades.
Actualmente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones viene comprando los terrenos a algunas comunidades adyacentes al corredor minero sur. Sin embargo, es decisión de la comunidad y las familias vender sus terrenos al Estado, y ello no puede imponerse como lo viene haciendo el gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 026-2019, que autoriza al MTC a expropiar las áreas que resulten necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura denominada “Corredor Vial Apurímac – Cusco”.

Cusco: Juez levanta prisión preventiva a 2 dirigentes de Espinar

A través de su consultora, Juan Carlos Liu realizó un informe en el 2012 que señalaba que el Gasoducto Sur —proyecto por el que la empresa brasileña acaba de demandar al Perú ante el CIADI— era autosostenible.

El presidente Martín Vizcarra informó este lunes que ya se aceptó la renuncia al ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, luego de que este domingo se reveló que en el 2012, a través de su consultora Cosanac, realizó un informe que sostuvo el proyecto Gasoducto del Sur —por el que Odebrecht acaba de demandar al Perú ante el CIADI— era autosostenible con los aportes de los usuarios a través de los recibos de luz.

Según reveló Panorama, ese documento, el entonces titular de Energía, Jorge Merino, lo llevó a Proinversión y el proyecto fue adjudicado a Odebrecht. En ese momento Liu Yonsen además era asesor ministerial, mientras que la fiscalía que investiga el caso, considera ese informe como indicio de colusión.

LA PERMANENCIA DE LUI YONSEN EN EL GABINETE ERA INSOSTENIBLE.

«Ante las denuncias que se han dado, hoy día temprano en la mañana nos hemos comunicado y se ha tomado decisión de aceptar su renuncia», señaló el jefe del Estado desde Villa El Salvador, donde supervisa las acciones del Gobierno para atender a los afectados por la deflagración de gas el pasado 23 de enero.

El mandatario Vizcarra señaló que la denuncia contra Liu merece una investigación que determine el nivel de las responsabilidades en este caso. «He escuchado a varios periodistas que se han referido al tema del ministro de Energía y Minas, solamente para decirlo muy concreto, ya se le ha aceptado la renuncia al cargo», insistió.

El ahora exministro admitió que hizo consultorías para Odebrecht a través de Cosanac. «Prestamos en algunos momentos, algunos servicios a Odebrecht, pero era de naturaleza regulatoria», alegó consultado al respecto, pero omitió en su declaración jurada de intereses esos servicios que colisionan con el cargo que hasta hoy ocupaba.

Lo que sí puso Lui Yonsen en su declaración jurada de intereses es fue asesor del ministerio de Energía y Minas entre el 2010 y 2014 y a la vez fue consultor externo de la misma cartera.

Así fue que a fines de 2012 se le solicitó a su consultora preparar un informe de evaluación para definir si el gasoducto era cofinanciado o autosostenible. «Lo que nosotros en este informe señalamos que esa APP (asociación público-privada) podía ser autosostenible», explicó Lui al citado dominical.

https://redaccion.lamula.pe/2020/02/10/vizcarra-confirma-renuncia-de-ministro-de-energia-y-minas-tras-revelarse-que-asesoro-a-odebrecht/redaccionmulera/

Foto: LaDecana.pe
Una entrevista de Miluska Pizarro

Noticias SER entrevistó al electo congresista por el departamento de Puno, Yvan Quispe Apaza, a fin de recoger sus opiniones sobre el proyecto de explotación del litio. Quispe Apaza, integrante del partido Frente Amplio, da su postura con relación a las actividades mineras.

Uno de los temas que más preocupa a la población es el relativo a la minería y sus impactos ambientales ¿Cuáles serán las principales medidas que planteará al respecto?

En principio debemos revisar bajo qué mecanismos se realizará la explotación de los recursos y los términos en los que se suscriben los contratos con las empresa concesionarias. Generalmente en nuestro país, los ingresos que genera el sector minero, que son bastante grandes en términos de utilidades, benefician sólo a las empresas. Una de nuestras funciones será fiscalizar este tema para que el beneficio llegue a todos.

Luego del anuncio del descubrimiento de un yacimiento de litio en Carabaya, se abre nuevamente la posibilidad de implementar un gran proyecto minero en nuestra región ¿Qué información y opinión tiene al respecto? ¿Estaría a favor o en contra?

Nosotros estamos a favor de la minería responsable, que no genere daños ambientales. No obstante, en el país no hay buenas experiencias respecto a la explotación de recursos minerales. Dos son los puntos que podríamos resaltar. Primero, los gravísimos daños ambientales generados en varios lugares; y en segundo lugar, está el tema de utilidades que no son las que uno espera.

¿Qué acciones y medidas debe realizar al gobierno nacional en relación al proyecto de litio? ¿Cumplirá algún rol al respecto desde el Congreso de la República?

Cumpliremos con nuestro rol de fiscalizadores. Si se desarrolla este proyecto velaremos que sea en beneficio de la población y no cause daños ambientales.

¿Cuáles son las tareas que deben cumplir el gobierno regional y los gobiernos municipales si finalmente se lleva a cabo el proyecto de litio?

Las autoridades deben estar atentas a las condiciones y los términos en que se pretende llevar a cabo la explotación de litio.

¿Qué opina de las propuestas que señalan que debe seguirse un modelo como el que se intentó implementar en Bolivia para la explotación y transformación del litio?

Bolivia es un país que está entrando en un proceso de industrialización y por supuesto a nosotros nos gustaría implementar algo similar. Sin embargo, somos conscientes de que en este momento no hay voluntad política. En el Perú, el modelo beneficia principalmente a las empresas mineras, a pesar de que tenemos un gran potencial en comercio, turismo, servicios y otros sectores económicos. Si queremos cambiar esta situación, uno de los primeros pasos que tenemos que dar es el cambio de artículos en la Constitución Política.

También se menciona el potencial de uranio en Carabaya ¿Tiene alguna opinión al respecto?

Es una gran preocupación. La explotación de uranio genera gravísimos problemas ambientales.
http://www.noticiasser.pe/entrevista/yvan-quispe-si-se-desarrolla-el-proyecto-del-litio-en-carabaya-velaremos-para-que-no

Medida se dicta a una semana que se realizan protestas en Espinar por la reactivación del transporte de minerales por el corredor de la empresa MMG Las Bambas.
8 Febrero, 2020
Ante la declaración del estado de emergencia en una parte del Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa (corredor minero) en los tramos comprendidos las provincias de Espinar y Chumbivilcas, el periodista Vidal Merma señala que los dirigentes consideran una provocación del Ejecutivo ante las protestas que se realizan desde hace una semana.
Fue este sábado que el Gobierno declaró, mediante el Decreto Supremo N°020-2020-PCM, el estado de emergencia en parte denominado corredor minero, en los tramos comprendidos entre los distritos de Coporaque (Espinar) y Ccapacmarca (Chumbivilcas), en la región Cusco.
La norma señala que esta medida incluye también los 500 metros adyacentes a cada lado de la vía, “a fin de evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades en las localidades mencionadas y con el objeto de cautelar el orden interno, así como preservar los derechos constitucionales de la población”.
El hombre de prensa en comunicación con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos claro’ de la plataforma radio-TV Exitosa, señaló que esta norma fue a raíz de que se retomaron las protestas contra las actividades de transporte de minerales por el corredor de la empresa MMG Las Bambas.
Merma, periodista especializado en temas de medio ambiente hace siete días se realizaban protestas por la reapertura de la actividad de la minera sin cumplir los compromisos que adquirieron en bien de la comunidad.
Al respecto dijo que los dirigentes de Coporaque en Espinar señalaron que estas protestas se debe por el incumplimiento de la minera Las Bambas a los acuerdos como el de que solo usarían esa vía por tres años para la construcción de la planta minera. “Van siete años y han apertura esta vía para aperturar el paso del concentrado de cobre desde las bambas hacia el puerto de Matarani. Todo esto sin beneficio para la comunidad”, indicó.
“La población está tomando esta declaratoria de emergencia como una provocación por el Estado peruano. Ante esta situación se está haciendo una convocatoria multiorganizacional en Chumbivilcas, para una respuesta social ante la declaratoria de emergencia”, acotó.
Por último, señaló que en vez de hacer esta declaratoria de emergencia, el Gobierno debió buscar el diálogo ante los reclamos de la población. “Tras siete días de protestas, dictan esta medida. Esto demuestra la incapacidad del gobierno frente a los reclamos. Debió al menos convocarse a una mesa de diálogo”, concluyó.
CORREDOR MINERO SUR

El DS N°020-2020-PCM, que declara el estado de emergencia por 30 días en parte del Corredor Minero Sur, dispone que la Policía mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta mMedida surge a raíz de que se retomaron las protestas contra el paso de camiones de la empresa MMG Las Bambas por el corredor vial.
Es la segunda ocasión en el que la se adopta esta medida en un parte de dicha vía. Desde el 28 de enero de 2020, pobladores del Centro Poblado de Urinsaya del distrito de Coporaque bloquearon paso de vehículos por el puente Huañamayu.
https://exitosanoticias.pe/v1/gobierno-declara-en-estado-de-emergencia-corredor-minero/
https://exitosanoticias.pe/v1/wp-content/uploads/2020/02/dkop.jpg

Maniobra. Lanza el Plan de Cierre de Brechas y prepara un proyecto de ley sobre Ordenamiento Territorial, mientras comunidades de Loreto, Cusco y el sur de Ayacucho llevan mesas de diálogo con serias discrepancias.

Elizabeth Prado
07 Feb 2020
En el Ejecutivo están convencidos de que no pueden seguir discutiendo sobre el agua potable que le falta a una comunidad o la electricidad que le falta a otra, y se han propuesto encontrar una forma de relación con perspectivas de largo plazo. Es lo que refiere el viceministro de Gobernanza territorial Raúl Molina.

«Después de varios meses de tratos, tenía la sensación de que nos desgastábamos mucho tanto las organizaciones indígenas como nosotros en negociaciones individuales sobre los mismos problemas. Entonces, identificamos todas las necesidades de servicios e infraestructura de estas comunidades para que, en un plazo de 6, 7 u 8 años todas tengan un mismo nivel de cobertura de agua, transporte, salud, educación y también oportunidades económicas. Con estas prioridades estamos armando una estrategia de desarrollo», sostiene Molina respecto al Plan de Cierre de Brechas.

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Ordenamiento territorial
Del proyecto legislativo sobre Ordenamiento Territorial que presentarán al Congreso explica que esta normativa busca que la población se ponga de acuerdo sobre la convivencia de distintas actividades socioeconómicas en un territorio.

Anota que esto no significa que donde hay agricultura no puede haber minería.

“Puede haber si se respetan reglas que permitan que las dos actividades convivan. En el Perú no hemos hecho este proceso porque es un ejercicio que genera tensiones”, comenta.

Luego agrega que el Ordenamiento Territorial también tiene que ver con la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres porque fija el uso de suelos con criterios de prevención de riesgos. Así, ya no se permitiría que las quebradas se orienten a uso urbano, o que zonas muy vulnerables de cabecera de cuenca o de bosques tropicales vayan a actividades industriales.

PUEDES VER Cusco: Conflictos se retoman en Corredor Minero del Sur
En tanto, dijo que el diálogo seguirá siendo una herramienta decisiva para el relacionamiento con las organizaciones indígenas y campesinas.

«Todas las veces que tengamos que hablar con las organizaciones indígenas lo vamos a hacer y siempre nos aseguraremos de que la gente sienta que el Estado está considerando, dentro de lo que las leyes lo permiten, su voz», afirma.

Conflictos picantes
La conflictividad social en Loreto, el Corredor Minero y en el Sur de Ayacucho están en efervescencia.

El viceministro de Gobernanza Territorial reconoce que en Loreto la consulta sobre el Lote 192 anda un poco más lenta de lo que se previó, que hubo algunas tensiones, pero está en marcha.

PUEDES VER Cusco: Con bloqueo de vías reinicia huelga antiminera
Sin embargo, esta semana llegaron a Lima dirigentes indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón para reunirse con el viceministro de Hidrocarburos, Víctor Murillo, y asegurar el reinicio del diálogo y un buen proceso de consulta. También abordarán agendas pendientes con la Presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Ambiente, y Defensoría del Pueblo.

En cuanto al Corredor Minero del Sur Raúl Molina informa que están tratando de trabajar con las empresas mineras la creación de un fondo de desarrollo para Chumbivilcas.

Dijo que la postura de la comunidad de Capaccmarca de derogar el decreto que convirtió en vía nacional una vía comunal no es factible porque tiene un trámite engorroso. En su lugar el Ejecutivo ha propuesto el asfaltado total y la creación de tres peajes en la zona.

También admite que el sur de Ayacucho “es una zona picante”. De ahí que el 17 de marzo irán a Puquio, provincia de Lucanas, para instalar cuatro mesas de trabajo.

PUEDES VER Tía María: Arequipa podría ser afectada por decisión de Vizcarra
Proyecto Tía María iría en el año 2024
Raúl Molina indicó que Southern podría poner en operación Tía María en el año 2024 y para ello requiere dos años de obra previa, y por eso no saldrá en el gobierno de Martín Vizcarra.

“Más allá de Tía María lo importante es la apuesta del gobierno de que las actividades económicas convivan con la gente. Eso es lo que hace que yo y los ministros nos movamos por todo el país. Todas las actividades económicas son posibles si operan de manera que puedan convivir con la gente. Esto es aplicable para Tía María, el Corredor Vial y también para la zona petrolera”, sostiene.
https://larepublica.pe/politica/2020/02/07/el-gobierno-busca-apagar-conflictos-sociales-con-una-nueva-estrategia/

Autoridades y dirigentes cusqueños demandan ser incluidos como zona de influencia directa del proyecto Ccoroccohuayco, que es la ampliación de la mina Antapaccay de Glencore

Diálogo en Espinar, Cusco.
La República
05 Feb 2020
Autoridades y dirigentes campesinos de cinco distritos de la provincia de Espinar, en Cusco, decidieron iniciar el diálogo con representantes del Ejecutivo nacional. Se trata de Pallpata, Ocoruro, Pichigua, Alto Pichigua y Condoroma.

La viceministra de Gestión Ambiental, Lies Linares, y la alta comisionada para el diálogo y desarrollo del Corredor Minero del Sur, Paola Bustamante, escucharon las demandas de los espinarenses. Ellos piden la anulación de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), que ya fue admitida por la Presidencia Ejecutiva de Senace.

PUEDES VER: Gobernador y electos congresistas buscan elaborar la agenda Cusco
“Han iniciado el proceso de nulidad y eso sigue su curso”, dijo Linares.

La otra demanda es ser incluidos como zona de influencia directa del proyecto Ccoroccohuayco, que es la ampliación de la mina Antapaccay de Glencore.
https://larepublica.pe/sociedad/2020/02/05/cusco-cinco-distritos-de-espinar-se-sientan-a-dialogar-sobre-conflicto-minero-lrsd/

03 de febrero de 2020

Los días 4, 5 y 6 de febrero se retomará el juicio oral a los 19 defensores criminalizados luego del conflicto social de Las Bambas del 2015. Ellos y sus comunidades llevan esperando justicia desde hace cuatro años en este juicio que se ha postergado más de 8 veces.

En la acusación, la Fiscalía Provincial Mixta de Challhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad. Así mismo se está pidiendo como reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares a favor de la empresa minera MMG Las Bambas por daños a la propiedad privada.

Con el objeto de velar por el debido proceso, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos participarán como observadores durante en el juicio oral.

Cabe precisar que en la visita del relator de defensores de Naciones Unidas, Michel Forst, los señores Brandon Quispe y Javier Mamani, acusados en el referido proceso judicial, denunciaron que agentes de seguridad les sembraron armas.

El día miércoles 05 en el lugar del juzgado, comunidades de toda la provincia se harán presentes para mostrar su solidaridad con los defensores sometidos a juicio y levantar su reclamo frente a la postergación de otro de los procesos judiciales en contra de defensores que ya tienen más de 4 años sin resolverse.

Por otro lado, es necesario recordar que las investigaciones de los casos de 3 defensores que murieron durante los conflictos del 2015 y 2016, aún se encuentran en etapa preliminar.

www.cooperaccion.org.pe

3 febrero, 2020 DHSF
El pasado viernes 31 de enero, La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva de 9 meses para dirigentes de Espinar. A la fecha, están detenidos Abel Kana Quispe y Jorge Kana Taco, Teniente Gobernador y Fiscal de la Comunidad Espinarense de Urisanya respectivamente. La razón: el supuesto ‘secuestro’ a Elvis Flores, un trabajador de la empresa PROSEGUR, que brinda servicios de seguridad para la compañía minera ‘Las Bambas’, quien habría llegado a vivir en un hospedaje de la comunidad desde el 25 de enero.

El supuesto delito se habría cometido el 30 de enero. Los comuneros descubrieron que Flores estaba grabando y fotografiando durante las asambleas comunales y acciones de protesta. Aquí, cabe señalar que Urinsaya, que pertenece al distrito de Coporaque, inició medidas de lucha exigiendo la anulación del DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur, sin informar y consultar previamente a las comunidades, que, en la actualidad, se ven afectadas por el transporte de más de 500 vehículos que trasladan concentrado de cobre y otros insumos.

Para las tres de la tarde, del 31 de enero, La Fiscalía recibe la denuncia de Flores, afirmando que los comuneros lo habían encerrado en su propio hospedaje. A partir de este momento, surgen una serie de irregularidades por parte del Ministerio Público, pues deciden detener a Virginia Ccaña, dueña del hospedaje, en calidad de imputada, quien, según comunicaciones con el abogado de oficio, ha sido obligada a declarar.

Lo inexplicable, es que después de las declaraciones de Ccaña, la Fiscal de Espinar, Carmen Rosa Salas –la misma que estuvo a cargo de la denuncia en contra del ex Alcalde y Ex dirigentes en el conflicto del 2012- oficializa una denuncia de prisión preventiva a diez comuneros que ocupan algún cargo dirigencial: 08 hombres y 02 mujeres.

Actualmente, Abel Kana y Jorge Kana, están detenidos en el Poder Judicial de Sicuani, y Salas ha ordenado que la audiencia de prisión preventiva se realice para hoy, 03 de febrero, a las tres de la tarde. Este caso es ‘Sui Generis’ en Espinar, pues es la primera vez que existe la posibilidad que diez dirigentes puedan ir a prisión en calidad de ‘prevención’ en un marco de protesta social.

Relación de Investigados:

1.- Abel Kana Quispe – Teniente Gobernador

2.- Jorge Kana Taco – Fiscal de la Comunidad

3.- Santos Gregorio Arpi Quispe – Integrante de Ronda Campesina

4.- Guillermo Hermogenes Quispe Taco – Integrante de Ronda Campesina

5.- Matilde Huamani Ccompi – Comunera

6.- Roger Choqueccota Qquehue – Integrante de Agrupación Vecinal

7.- Isaias Kana Huillca – Presidente de Comunidad

8.- Brigida Huamani Huillca – Presidenta de Club de Madres

9.- Guillermo Kana Chuma – Comunero de Sector Churpa Baja

10.- Gregorio Sinanyuca Quispe – Presidente de Ronda Central de la comunidad

Datos:

*Los comuneros también exigen reparación por daños a su salud y medio ambiente, además de la afectación de sus terrenos agrícolas, además demandan ser reconocida como área de influencia directa de del proyecto minero Las Bambas.

*Durante los días de protesta, la comunidad ha solicitado la presencia del Gerente General de MMG Las Bambas, para retomar el diálogo y exponer sus demandas, sin embargo no ha existido ningún acercamiento de parte de la empresa.

*La Federación Unificada de Campesinos de Espinar – FUCAE, inmediatamente tomo postura con un pronunciamiento, exigiendo al Estado que deje de criminalizar a los dirigentes, y que más bien demuestren ‘voluntad franca y trasparente para resolver sus demandas’.