02/01/2025
Audiencia final del caso Ariana: Última oportunidad para salvar el agua para 10 millones de personas

Este 8 de enero tendrá lugar la última audiencia de segunda instancia del caso Ariana, la empresa minera que pretende explotar cobre en pleno sistema de lagunas de Marcapomacocha, que abastece de agua a Lima y Callao. En esta audiencia se espera el voto dirimente de un quinto juez, dado que las opiniones en la primera sala constitucional de Lima se encuentran empatadas a dos votos, con los magistrados Ordóñez y Tapia a favor de la suspensión del proyecto minero y los magistrados Cueva y Suárez que se han manifestado en sentido contrario.

Ariana es un proyecto minero de la empresa Southern Peaks, que se emplaza dentro del sistema Marcapomacocha, el sistema hídrico de donde Sedapal capta agua de la cuenca del Mantaro para desviarla hacia la cuenca del Rímac y así garantizar las cantidades de agua necesarias para abastecer a la capital del país y sus más de 10 millones de habitantes. Este sistema hídrico está conformado por un conjunto de lagunas, así como bofedales naturales, que son ecosistemas captadores de agua, y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas que permiten alimentar al túnel trasandino Cuevas-Milloc, que la transporta hacia la cuenca del Rímac.

Pese a que el proyecto minero Ariana recibió la aprobación de su estudio de impacto ambiental (EIA) en 2016 por parte de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el propio Sedapal considera que constituye un grave riesgo que podría impactar la calidad y cantidad de agua que reciben Lima y Callao. Sin embargo, la opinión de la empresa de agua potable no fue tomada en cuenta. Es así que, en 2019, un grupo de ciudadanos de Lima interpusieron una demanda de amparo contra el proyecto minero, presentando numerosos argumentos técnicos que ofrecen indicios razonables de que la construcción de una mina y el emplazamiento de relaves tóxicos en el sistema de Marcapomacocha ponen en riesgo las fuentes de agua de Lima y Callao.

En enero de 2023 la jueza Rocío del Pilar Rabines, del sexto juzgado constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto minero y la realización de estudios hidrogeológicos que determinen el riesgo existente. Sin embargo, tanto la empresa como el Estado apelaron la sentencia. La audiencia del próximo 8 de enero es la audiencia definitiva de la segunda instancia, en donde se determinará qué posición obtiene los tres votos necesarios para dictar sentencia: la suspensión del proyecto, o su construcción.

Luego de casi seis años de proceso judicial, el voto dirimente de un juez podría ser decisivo para el derecho al agua en cantidad y calidad adecuadas para las próximas generaciones. La ciudadanía debe permanecer alerta y vigilante, esperando que la primera sala constitucional de Lima tome conciencia de la responsabilidad histórica que tiene en sus manos.

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(VIDEO)
Redacción El Búho
25/01/2025

TENSIÓN POR MINERA | Una multitud integrada por ronderos y ciudadanos de Huancabamba, en Piura, salieron a protestar contra el proyecto minero Río Blanco. Exigen se respete los resultados de la consulta previa en la que expresaron un rotundo rechazo a la actividad minera, cuando fueron consultados. Aseguran que seguirán luchando para defender el agua, el medio ambiente y el territorio. Gran parte de la población vive de la agricultura, ganadería y el turismo.

El video ¡AGRO SÍ, MINA NO! | Ronderos salen en multitudinaria protesta contra proyecto minero en Piura se publicó en YouTube en este enlace: https://youtu.be/n2gCEg5DdBA

Dichas fiscalías superiores podrán abordar los delitos de homicidio, lesiones graves y extorsiones cometidos en agravio de periodistas y todos los delitos en agravio de personas defensoras de derechos humanos.
Ministerio Público. (Foto: GEC)

14/01/2025
El Ministerio Público dispuso ampliar las competencias de las fiscalías superiores especializadas en Derechos Humanos, la Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Delitos de Terrorismo y la Fiscalía Superior del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, para que todas ellas conozcan los delitos de dichas especialidades.

Así lo establece la Resolución de la Fiscalía de la Nación 075-2025-MP-FN, publicada este martes en el boletín Normas Legales del Diario El Peruano.

Se indica que, en adición a sus funciones, dichas fiscalías superiores podrán conocer en segunda instancia los delitos contra la humanidad previstos en diferentes capítulos del Código Penal; los delitos comunes que constituyan casos de violación de derechos humanos; y delitos conexos a los mismos.

También podrán abordar los delitos de homicidio, lesiones graves y extorsiones cometidos en agravio de periodistas y todos los delitos en agravio de personas defensoras de derechos humanos, siempre que sean en razón a su labor de defensa, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Por último, podrán conocer los delitos de terrorismo previstos en el Decreto Ley 25475 y sus respectivas modificatorias, así como el delito de apología de terrorismo tipificado en el artículo 316 y 316-A del Código Penal y delitos conexos.

En ese sentido, se dispone que la coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad efectúe la distribución equitativa de carga procesal de las fiscalías superiores, conforme a las competencias señaladas.

En la parte considerativa de la resolución se indica que la finalidad de este cambio es uniformizar el abordaje de estos delitos de manera integral y fortalecer la operatividad del sistema fiscal especializado, mejorando la eficacia e inmediatez del accionar del Ministerio Público en beneficio de la ciudadanía en general.

La norma lleva la firma de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela.
https://gestion.pe/peru/politica/gobierno-peruano-ministerio-publico-amplia-competencias-a-fiscalias-superiores-para-atender-a-victimas-de-protestas-noticia/

Imagen: CooperAcción 07/01/2025
Ciudadanos de Lima, ex autoridades, trabajadores de Sedapal y técnicos especialistas se pronunciaron en contra de la continuación del proyecto minero Ariana, por representar un riesgo para la provisión de agua para los más de 11 millones de habitantes de Lima y Callao. En ese sentido expresaron su preocupación por el voto dirimente del juez que verá el caso de la demanda de amparo contra este proyecto, en la última audiencia de la segunda instancia, que se realizará mañana 8 de enero, y donde se decidirá si prosigue o se suspende este proyecto minero.

El proyecto minero Ariana es una explotación minera subterránea de yacimientos de cobre y zinc, que se superpone a la zona estratégica del sistema hídrico de Marcapomacocha, conformado por lagunas, bofedales naturales, ecosistemas captadores de agua y una compleja trama de aguas superficiales y subterráneas, que alimentan al túnel trasandino Cuevas-Milloc, a través del cual, se transporta el agua a la cuenca del Rímac, representando el 62% del agua que abastece a Lima y Callao en época de estiaje.

Imagen: CooperAcción

El ex viceministro José De Echave, quien es parte demandante en este proceso judicial, explicó que “aquí nadie cuestiona la importancia de la minería, no estamos en una lógica anti minería”. “Lo que estamos es preocupados, con mucha legitimidad, porque se pretende afectar con un proyecto de estas características un sistema que es fundamental”, señaló, recordando que incluso el sistema hídrico de Marcapomacocha está considerado como un activo crítico del Estado y que por lo tanto debería ser intangible.

“Nos dirigimos al juez, pedimos que evalúe seriamente el caso, porque lo que está en riesgo es el derecho al agua para todos los limeños y limeñas, y también para los chalacos y chalacas”, expresó Ana Leyva, abogada de CooperAcción. “Hay una alta posibilidad de que se afecte el túnel trasandino, o que se produzcan filtraciones y se contamine la calidad del agua. Esperamos que se haga justicia y que se haga prevalecer el bien superior que es el derecho al agua, la salud y la vida”, puntualizó.

“Lima es una ciudad desértica. Si no fuera por el agua que viene de la sierra central, Lima sería una población que no tendría agua”, recordó Luisa Eyzaguirre, representante del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SUTESAL)”. “Tenemos 650 mil personas que no cuentan con el servicio de agua en Lima. ¿Existe la posibilidad de dotar de agua a esta población cuando estás teniendo el riesgo de implementar un proyecto de estas características, totalmente lesivo a los intereses de la gente? Definitivamente no” señaló de manera tajante.

19/12/2024
Desde el Geoportal de CooperAccion hemos llamado la atención sobre la evolución del número de hectáreas concesionadas en todo el país. En las tres últimas décadas, hemos hecho un seguimiento riguroso, identificando momentos de expansión, retrocesos y nuevas etapas de crecimiento.

Hay algunos departamentos que en la actualidad tienen más del 50% de su territorio ocupado por concesiones mineras. Siempre es bueno precisar que esto no quiere decir que toda esa área otorgada se va a convertir en una operación minera; sin embargo, las concesiones son derechos mineros vigentes, otorgados por el Estado peruano, que terminan presionando el territorio y a los propietarios de la superficie.

En todos estos años hemos encontrado situaciones que podríamos calificar como absurdas. Algunos ejemplos: concesiones mineras otorgadas en el santuario nacional Tabacones Namballe (que en principio es intangible) o en la mundialmente famosa Montaña de 7 colores o Montaña Vinicunda, en Cusco, entre varios otros casos. En algunos de los ejemplos mencionados, nuestras denuncias lograron que las concesiones mineras fueran anuladas. Recientemente, hemos descubierto que el 60% del reservorio de Poechos, en Piura, está ocupado por concesiones mineras.

El reciente conflicto en torno a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las demandas de los propios pequeños mineros (informales e ilegales), también ha colocado sobre la mesa el tema de la concentración de las concesiones mineras: frente a la propuesta del ahora exministro Rómulo Mucho de crear zonas especiales para la pequeña minería y la minería artesanal, las asociaciones de mineros han señalado que ya no hay espacio porque todo está concesionado: en la actualidad son algo más de 20 millones de hectáreas ocupadas por derechos mineros a nivel nacional en las zonas con mayor riqueza geológica y apenas 15 empresas concentran el 80% de estas concesiones.

En realidad, lo que se ha producido, desde la década del 90 del siglo pasado, es un proceso de acaparamiento de tierras nunca antes visto, a través de la política de concesiones: empresas de todo tamaño e incluso personas naturales que controlan concesiones mineras, subarriendan a terceros a cambio de un pago, regalía o la entrega de una parte de la producción. Muchos de estos convenios terminan en disputas que se resuelven en varias zonas de manera violenta.

En la propuesta del exministro Rómulo Mucho se hablaba de entregar cuadrículas y que las concesiones mineras sean intransferibles, para que sean explotadas únicamente por el titular. Puede ser una pista. Se tienen que analizar diversas alternativas y hacer varios ajustes a la política de concesiones mineras para quebrar el acaparamiento extremo que se presenta en la actualidad.

Newsroom Infobae 18/12/2024

Lima, 18 dic (EFE).- La minería ilegal en Perú tiene contactos y relaciones políticas en el Congreso, que apuntan a «fortalecerse» en los próximos años, e incluso le está disputando territorio a la gran minería formal en el país, según ha denunciado este miércoles el Observatorio de Conflictos Mineros.

«Es un sector que tiene contactos y relaciones políticas en el Congreso y todo indica que va a fortalecerse», ha declarado el investigador de la organización CooperAcción, José de Echave, durante la presentación del informe número 35 del Observatorio de Conflictos Mineros.

Ha añadido que, paradójicamente, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) «ha permitido la incorporación de mineros ilegales», al convertirse en «una ventana que ha permitido que se inscriban».

Esa situación se debe a que el Reinfo abre un largo proceso de formalización que les permite seguir con sus actividades extractivas.

De Echave ha afirmado que «es evidente que el avance de este tipo de minería es fuente importante de conflictividad social» e incluso está «disputándole territorio a la gran minería».

En tal sentido, ha recordado los conflictos sociales y actos de violencia en las regiones de Amazonía, Cajamarca, Pataz, así como las provincias altas de Cuzco y Apurímac, con alta presencia de lavaderos de oro.

Además, De Echave ha denunciado la «trágica» lista de defensores medioambientales asesinados, en torno a las 40 víctimas, por enfrentarse a las mafias de tala, narcotráfico y minería ilegal.

A su vez, la abogada de la organización Grufides y ex primera ministra, Mirtha Vásquez, ha dicho que «el Estado no está invirtiendo en hacer un diagnóstico sobre la escasez del recurso hídrico» en regiones como la norteña Cajamarca, donde la minera Yanacocha produce el 12 % del oro del país.

Esta región ha pasado, en el último semestre, con «el nivel de escasez de agua nunca antes visto», al punto que «la municipalidad ha tenido que abastecer con cisternas a la ciudad de Cajamarca».

Vásquez ha atribuido la escasez de agua en esa región a la actividad minera de Yanacocha, dado que está localizada en una cabecera de cuenca y tiene que bombear agua para que se pueda captar este recurso en la planta de tratamiento de la ciudad.

La abogada ha indicado que con la ampliación del plazo del Reinfo, la Fiscalía no va a poder frenar este tipo de actividades y los mineros ilegales «empiezan a generar una dinámica de mucho ataque contra los defensores ambientales y rondas (vigilantes) campesinas» en varios sectores de Cajamarca.

Por su parte, el director de la organización Fedepaz, David Velazco, ha recordado los casos de dirigentes y manifestantes procesados y sentenciados por haberse opuesto a proyectos mineros en Arequipa, Piura y Apurímac en los últimos años.

Velazco ha manifestado que «no existe ni una sola prueba» que acredite la acción penal contra dos dirigentes condenados por las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa mexicana Southern Copper.

«Se intenta hacer escarnio en los dirigentes y que se eviten» otras acciones de protesta, ha comentado el representante de Fedepaz.

Ha agregado que también hay once manifestantes condenados por las protestas contra el yacimiento cuprífero de Las Bambas, en Apurímac, con ausencia de pruebas y sentenciados presuntamente por «motivación de tipo político y no jurídico».

Igualmente, Velazco ha mencionado que, desde hace 15 años, existen 54 personas procesadas por haberse opuesto al proyecto Rio Blanco en Piura.

«Estos son un claro ejemplo de cómo hay una absoluta precariedad para que estas personas desarrollen su actividad de defensa» del medioambiente, ha expresado.EFE
https://www.infobae.com/america/agencias/2024/12/18/observatorio-advierte-del-avance-de-mineria-ilegal-en-peru-con-el-respaldo-politico/

José De Echave C.
17/12/2024
Desde la creación del geoportal de CooperAccion y el continuo monitoreo de la evolución de las concesiones mineras en el país, hemos encontrado situaciones que podríamos calificar como absurdas. Algunos ejemplos: concesiones mineras otorgadas en el santuario nacional Tabacones Namballe o en la mundialmente famosa Montaña de 7 colores o Montaña Vinicunda, en Cusco. En algunos casos, nuestras denuncias lograron que las concesiones mineras fueran anuladas.

En esta ocasión queremos llamar la atención de que el geoportal de CooperAccion muestra que el reservorio de Poechos, la obra hidráulica más importante construida en el cauce de un río (el Chira) y fundamental para la provisión de agua en esa parte del país, está en gran medida concesionado para minería. Esto es aún más grave cuando vemos la sequía histórica que enfrenta Piura, situación que tenderá a agravarse cada vez más debido al cambio climático.

Poechos se ubica en el distrito de Lancones, provincia de Sullana. Como se puede apreciar en el primer mapa, el 16.3% del distrito de Lancones está concesionado, pero una aproximación a la imagen del reservorio (segundo mapa) muestra que las concesiones mineras ocupan el 60.6% de Poechos.

Cabe recordar que Poechos entró en operación el año 1976 y desde entonces permitió almacenar los excedentes de agua del río Chira durante el período de lluvias para regularlos y de esa manera satisfacer la demanda de los valles del Medio y Bajo Piura y Chira, además de abastecer el consumo de agua de la población. El impacto de Poechos en todo este tiempo ha sido notable en la agricultura de la región Piura, permitiendo el aumento significativo de las áreas cultivables y hasta dos campañas agrícolas por año.

Por eso, llama la atención que una obra de infraestructura hídrica de esta magnitud sea concesionada para la minería; más aún en una zona como Piura donde el agua es un bien escaso.

¿Cuál es la explicación? Varios expertos señalan que, desde la inauguración de Poechos, no se le ha hecho descolmatación alguna y, como consecuencia, el 60% del reservorio estaría con sedimentos (una suerte de lodo aluvial acumulado). Desde hace varios años se maneja la información de que esos sedimentos tendrían una composición importante de minerales, sobre todo oro. Incluso, hace unos años, el expresidente Kuczynski señaló que en Poechos se tenía reservas de oro más importantes que en Yanacocha: se habla de 580 millones de metros cúbicos de lodo acumulado y proyecciones de un gramo de oro por metro cúbico.

Al margen de cuán ciertas sean estas afirmaciones y de cuánto oro realmente hay en Poechos, lo que sí se puede confirmar es que, en la actualidad, gran parte de este reservorio está ocupado por concesiones mineras. Al parecer, son dos personas naturales las que tienen la titularidad de las concesiones en Poechos: Juan Carlos Ramírez Larizbeascoa y Juan Carlos Ramírez Malatesta.

¿Tiene sentido poner en riesgo uno de los más importantes reservorios de agua del país, que es determinante para abastecer de agua a una región como Piura? Sacamos este tema a la luz para que la población esté informada e insistimos en la necesidad de discutir la política de concesiones mineras en el Perú. Nadie discute la necesidad de llevar adelante un proceso de descolmatación de Poechos. Sin embargo, entregar concesiones mineras en el reservorio es un despropósito.

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12/12/2024
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha presentado un revelador informe sobre los retrocesos en la protección de los pueblos indígenas y sus territorios.

Mineros ecuatorianos han ingresado a territorio peruano, con maquinaria pesada, generan un foco de conflicto social y de pérdida de control territorial.

El 11 de diciembre se cumplen dos años desde las primeras muertes en el sur andino, resultado de la represión estatal durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Las víctimas eran de origen indígena, y estos eventos fueron el preludio de un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso, que resultó en la concentración del poder político en este último.

En el contexto de esta crisis, se presentó el informe «Posicionamiento político del Grupo sobre Pueblos Indígenas de la CNDDHH frente a la situación de los pueblos indígenas u originarios en el Perú». Este documento, que se elabora anualmente, fue enviado a la OIT en agosto y destaca el debilitamiento institucional y la aprobación de políticas públicas que afectan a las comunidades indígenas.

Durante la presentación, Luis Hallazi, representante del Instituto del Bien Común, señaló que el gobierno actual está supeditado a un Congreso autoritario que promueve cambios y reformas constitucionales de facto, afectando la institucionalidad.

Destacó que en el Perú, 55 pueblos indígenas organizados en 3.003 comunidades poseen alrededor del 30% del territorio. Sin embargo, los procesos de saneamiento físico-legal están detenidos por diversas razones, lo que facilita invasiones en sus tierras, especialmente en la Amazonía, debido a la Ley Forestal y la expansión de las economías ilegales.

Ana Leyva, co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH, denunció la situación de impunidad respecto a las muertes de 49 personas durante los últimos dos años de conflicto. No solo no se ha hecho justicia, sino que se intenta justificar estas muertes, trasladando la responsabilidad a las víctimas. Esta situación refleja el poco valor que se otorga a las vidas de estas personas en el país.

Leyva criticó la falta de inclusión de las organizaciones indígenas en un evento denominado “cumbre indígena” que fue convocada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso dejando de lado a las organizaciones indígenas nacionales. Lo que constituye una negación a su condición de interlocutores en temas indígenas. Además, expresó la preocupación por el próximo censo nacional, que se está organizando con muy poco tiempo y sin la participación de todas las organizaciones indígenas nacionales. Recordó que el censo es importante porque permitirá saber cuánta población se considera indígena y dónde está. De ello depende las políticas de inclusión y el presupuesto asignado a ellas, así como la determinación de la representación política que les corresponde.

Conflicto por el oro

Respecto a la minería ilegal y el cultivo ilícito de coca, Luis Hallazi señaló que se han incrementado significativamente entre 2018 y 2022, afectando a las comunidades indígenas y áreas protegidas. Se han identificado más de 56 pistas clandestinas de aterrizaje en comunidades nativas. Un caso destacado es el de los Kakataibo, quienes enfrentan minería ilegal, cultivos ilícitos, falta de titulación, invasión, tala forestal y violencia.

Leyva señaló reveló que mineros ilegales de oro han ingresado a territorio peruano en la zona Comainas, cerca a la comunidad de Antigua Canan, Amazonas, utilizando maquinaria pesada, sin que ninguna autoridad los detenga. Lo que significa pérdida de control territorial y de soberanía.

Informe sobre posicionamiento político del GTPPII de la CNNDDHH / Miembros del GTPPII de la CNNDDH

Ángel Damian, representante de la Confederación Nacional Agraria (CNA) señaló la existencia de minería ilegal transfronteriza en el río Puyango, la misma que afecta las aguas del río Tumbes. Asimismo, criticó la Ley APCI impulsada por el Congreso, que busca poner fin al financiamiento internacional para las ONG que trabajan en favor de comunidades indígenas y otras poblaciones vulnerables. Damian afirmó que desde la CNA lucharán contra esta norma y buscarán la derogación de la Ley Anti-Forestal.

Para conocer más sobre esta propuesta y, en general, sobre la situación actual de los pueblos indígenas, no deje de revisar el informe completo de la CNDDHH ingresando al siguiente enlace: https://goo.su/kTEl

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27/11/2024
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El pasado 14 de noviembre fue aprobada la cuarta modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) del proyecto minero Las Bambas, por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

La Resolución Directoral N° 00146-2024-SENACE-PE/DEAR, del 13 de noviembre de 2024, señala que esta modificación permitirá actualizar el plan de minado, incremento del procesamiento, cambios en accesos en el sistema de manejo de aguas y otras modificaciones, con el fin de optimizar procesos en la operación minera, así como nuevas medidas de manejo ambiental.

En relación a esta modificación, la empresa anuncia inversiones por US$ 1753 millones en la etapa de construcción y US$ 4893 millones para la etapa operativa. En el caso del yacimiento de Ferrobamba (actualmente en explotación), voceros de la propia empresa han señalado que se encuentra en la quinta etapa de exploración y se evalúa tres etapas adicionales que buscan ampliar la vida útil de la mina. Como se sabe, Las Bambas cuenta con tres yacimientos: Fuerabamba, Chalcobamba y Sulfobamba.

Cabe mencionar que la aprobación de esta cuarta modificatoria del estudio de impacto ambiental ha sido rechazada por la Federación de Defensa de los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y Distrito de Progreso-Grau, quienes difundieron un comunicado al respecto, donde se expresan en estos términos: “exigimos que el Senace, se rectifique y convoque a un nuevo proceso de socialización de la cuarta MEIA presentada por la empresa Las Bambas”.

Además, la mencionada Federación cuestiona las modificaciones unilaterales que el Gobierno ha hecho al llamado “Espacio de diálogo para el desarrollo de la provincia de Cotabambas y distrito de Progreso”, donde se eliminaron tres sub grupos de trabajo importantes que tenían temas pendientes: “rechazamos de manera categórica la publicación de la resolución ministerial N.300-2024-PCM que en términos simples ha eliminado 3 sub grupos de trabajo vitales para provincia de Cotabambas y Grau

Según los reportes de la Defensoría del Pueblo, Apurímac es la cuarta región con el mayor número de conflictos (13%). Cabe precisar que 8 de los 13 casos reportados son de índole socioambiental, sobre todo vinculados a la presencia minera. Una expresión de esta situación de tensión social es el carácter casi permanente de los estados de emergencia en el denominado corredor vial del sur. Una medida que, por definición, debería ser excepcional, ya que implica la restricción de derechos, ha sido prolongada, en lo que va del año, hasta en siete ocasiones.