El paquete normativo, en gran medida, no permite establecer con claridad una relación causal entre el problema y las medidas propuestas. En razón de ello, tampoco existe un análisis costo beneficio de lo que se gana y de lo que se pierde. No se explicita, aunque se puede intuir, quiénes son los beneficiados y quiénes resultarán afectados con ellas. Es más, los afectados ni siquiera son visibilizados como tales y por lo tanto, sus derechos e intereses están ausentes en el diseño del proyecto de ley. Analicemos un ejemplo.
¿A quién beneficia el recorte en la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por tres años y la reducción de multas en un 65%, y quiénes son los afectados con ello? El principal objetivo de las medidas, según la exposición de motivos, es agilizar las inversiones. En este caso, se trataría de inversiones en actividades mineras, hidrocarburíferas, eléctricas, pesqueras e industriales, ya que ellas son las que el OEFA fiscaliza.
Organizaciones ambientalistas e indígenas están desde este miércoles en pie de guerra en Perú contra medidas del Gobierno que flexibilizan los controles a la explotación minera, a fin de fomentar la inversión y el crecimiento. Unas 50 entidades medioambientales y de derechos humanos convocaron a una marcha a última hora del miércoles en el centro de Lima para rechazar un paquete de medidas enviado por el gobierno de Ollanta Humala al Congreso.
El ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, cuestionó que el ministro del AmienteManuel Pulgar no haya renunciado ante las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo.
Las comunidades campesinas de Espinar exigirán la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Antapacay, a fin de que se incluya a aquellas localidades y sectores que no han sido consideradas como afectadas en el área de influencia directa por las operaciones mineras.
Todo comenzó hace casi 100 años, en 1922, cuando la mina de La Oroya empezó a ser explotada a gran escala. Desde entonces, esta ciudad ha escrito una larga historia de contaminación, fraude, indiferencia y manipulación. En el 2012, Doe Run Peru (DRP), empresa estadounidense propietaria de la mina desde 1997, abrió sus puertas luego de tres años de silencio y empezó nuevamente a operar el circuito de zinc con más de 500 empleados. Sin embargo, el futuro de estos trabajadores, de la ciudad y de la propia planta minera aún no está claro.
El día de ayer, miércoles 18 de junio, pobladores de la comunidad campesina de Huisa, en el distrito de Espinar, tenían previsto una reunión con el Gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Glencore – Xstrata, en el campamento minero de Antapaccay.
Los gobiernos regionales en Perú no cumplen con la labor de supervisar a las personas y empresas dedicadas a la minería artesanal e ilegal en el país, ni reportan estas actividades a las entidades competentes, reveló un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Los pronunciamientos son cada vez más audaces. A los reclamos por los supuestos excesos en los trámites que enfrentan los inversionistas, voceros empresariales y algunos editoriales de la prensa han comenzado a mencionar que la culpa de todos los males la tienen algunos ministerios. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es uno de los blancos principales.
La empresa minera Huacoto continúa cerrada porque no ha cumplido con los requisitos para reanudar sus operaciones, entre ellos, la licencia social de la comunidad que jamás la obtendrá», dijo uno de los miembros de la Comisión de Lucha contra la Contaminación Minera del distrito de Orurillo, de la provincia de Melgar, Víctor Valero.
El Frente de Lucha para la Defensa del Apu Ccarhuarazu convocó a un paro de 24 horas en la provincia de Sucre y el Valle del Sondondo (Lucanas) para hoy, medida en contra de la empresa minera Laconia South America, que pretende iniciar actividades de exploración en los territorios de la cabecera de cuenca del Ccarhuarazu.