Las comunidades campesinas de Espinar exigirán la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Antapacay, a fin de que se incluya a aquellas localidades y sectores que no han sido consideradas como afectadas en el área de influencia directa por las operaciones mineras.
La decisión fue acordada durante el II Congreso de Analisis de Impactos Ambientales, Sociales, Territoriales y Económicos de la Mineria en las Comunidades Campesinas de Espinar, realizado el pasado jueves 19 de junio en el local comunla de la comunidad de Alto Huancané.
Todo comenzó hace casi 100 años, en 1922, cuando la mina de La Oroya empezó a ser explotada a gran escala. Desde entonces, esta ciudad ha escrito una larga historia de contaminación, fraude, indiferencia y manipulación. En el 2012, Doe Run Peru (DRP), empresa estadounidense propietaria de la mina desde 1997, abrió sus puertas luego de tres años de silencio y empezó nuevamente a operar el circuito de zinc con más de 500 empleados. Sin embargo, el futuro de estos trabajadores, de la ciudad y de la propia planta minera aún no está claro.
El día de ayer, miércoles 18 de junio, pobladores de la comunidad campesina de Huisa, en el distrito de Espinar, tenían previsto una reunión con el Gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Glencore – Xstrata, en el campamento minero de Antapaccay.
Los gobiernos regionales en Perú no cumplen con la labor de supervisar a las personas y empresas dedicadas a la minería artesanal e ilegal en el país, ni reportan estas actividades a las entidades competentes, reveló un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Los pronunciamientos son cada vez más audaces. A los reclamos por los supuestos excesos en los trámites que enfrentan los inversionistas, voceros empresariales y algunos editoriales de la prensa han comenzado a mencionar que la culpa de todos los males la tienen algunos ministerios. El Ministerio del Ambiente (MINAM) es uno de los blancos principales.
La empresa minera Huacoto continúa cerrada porque no ha cumplido con los requisitos para reanudar sus operaciones, entre ellos, la licencia social de la comunidad que jamás la obtendrá», dijo uno de los miembros de la Comisión de Lucha contra la Contaminación Minera del distrito de Orurillo, de la provincia de Melgar, Víctor Valero.
El Frente de Lucha para la Defensa del Apu Ccarhuarazu convocó a un paro de 24 horas en la provincia de Sucre y el Valle del Sondondo (Lucanas) para hoy, medida en contra de la empresa minera Laconia South America, que pretende iniciar actividades de exploración en los territorios de la cabecera de cuenca del Ccarhuarazu.
Aunque el presidente de la República, 
Las comunidades aymaras del sector andino de chile volvieron a arremeter contra la minera Minsur ubicada en el distrito andino de Palca, denunciando que los pozos que utilizan para extraer agua están secando los bofedales en la zona.
Epifania Zorilla afuera de su casa en San Antonio de Juprog, Perú, el 16 de mayo de 2013. Hace 20 años Perú dio carta blanca para que las empresas multinacionales de la minería invirtieran y explotaran sus recursos naturales. En poco tiempo, el país registró un crecimiento económico sin igual en América Latina. Pero este auge fue una maldición para miles de familias campesinas que vieron cómo el poco dinero que les pagaron por su tierra se evaporó rápidamente mientras luchaban por adaptarse al desarraigo.