Una nueva norma expedida el 6 de enero para impulsar la inversión en proyectos mineros afectaría derechos de las comunidades campesinas al modificar y hacer más débiles algunos requisitos y procedimientos.
Así se desprende del análisis que realiza la abogada Ana Leyva al analizar las modificaciones que introduce en el art. 35 del Reglamento de Procedimientos Mineros y sus modificatorias el Decreto Supremo 001-2015-EM expedido el 6 de enero de 2015 por el ministerio de Energía y Minas.
La abogada observa que reemplazar la autorización comunal para uso del terreno superficial de la comunidad por un documento de fecha cierta expedida por ésta “podría interpretarse como si cualquier documento podría ser válido, lo cual no es correcto”.
Desde 2011, se han desarrollado 9 procesos que han culminado la etapa de diálogo. Todos corresponden a la Amazonía. Los pueblos Quechua, Aymara, Uro y Jacuro no son incluidos en Base de Datos de Pueblos Indígenas sujetos a consulta.
El 6 de enero de 2015 se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo 001-2015-EM, el cual establece disposiciones para impulsar la inversión en proyectos mineros a través de modificaciones en los requisitos para la obtención de la concesión de beneficio1 y la autorización del inicio o reinicio de actividades de exploración y explotación; así como en los procedimientos para su aprobación.
Tres de las más importantes regiones del sur de Perú tuvieron a la minería ilegal como sus mayores problemáticas: Arequipa, Puno y Tacna. ¿Encontrarán solución con sus nuevas autoridades?
Uno de los temas que marcó la agenda nacional en el 2014 que se va fueron las elecciones regionales y municipales que se dieron el 5 de octubre. Aquel día varias de las regiones definieron a sus nuevas autoridades y, como era de preverse, muchas de las campañas estuvieron marcadas por procesos de conflictividad social y ambiental. El caso más emblemático sin duda alguna es el de Cajamarca.
Tal y como se adelantó hace unos días durante la presentación del último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el próximo año se vislumbra como el más convulso de toda la era Humala. Ya con nuevas autoridades electas, distintas localidades del interior del país se sentirían lo suficientemente empoderadas como para emprender nuevas protestas.
Tensa es la situación entre los comuneros de Untuca, en el distrito de Quiaca por la colocación de una tranquera para evitar actos delincuenciales e intromisión de extraños en sus tierras por actividades ilícitas.
El 24 de mayo del 2011 inició la odisea de la familia Chaupe por mantener bajo su propiedad la parcela denominada “Tragadero Grande”, que en 1994 adquirieron de la Comunidad Campesina Sorochuco, comunidad que expidió el correspondiente Certificado de Posesión.
El pueblo respondió. Una multitud calculada en más de 15 mil personas se movilizó el miercoles 10 de diciembre de manera ordenada y pacífica como medida de presión para exigir compromisos firmes y vinculantes a la COP 20. La colorida Marcha en Defensa de la Madre Tierra expresó la voz de las comunidades, organizaciones sociales, juventud, mujeres, trabajadores y ciudadanía en general. La novedad es que esta vez todos y todas marcharon por un tema que hoy se advierte como crucial para la humanidad: el calentamiento global y la crisis climática que ya golpea a la población de diversas partes del mundo.
Presentación de XV Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú