Diversas organizaciones nacionales e internacionales, solicitaron a Carlos Gálvez Pinillos, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que se le abra un proceso sancionador en aplicación del Código de Ética a la Minera Yanacocha por el hostigamiento contra la familia de Máxima Acuña de Chaupe, en Tragadero Grande, Cajamarca. La carta fue publicada en la edición del domingo 8 de marzo en el diario La República.
Todo indica que Yanacocha habría violado los artículos 4, 5 y 8 del Código de Ética de la SNMPE, al cual se adhirió el año 2002. La presión de la Minera Yanacocha, no solo afectó la vivienda de la familia Acuña Chaupe, sino también las actividades económicas que realizan y sobre todo la tranquilidad y seguridad de todos sus miembros.
“Yanacocha debe ser una de las empresas que más daña la imagen de la minería en el Perú y a nivel internacional. Un proceso sancionador sería un excelente mensaje hacia la sociedad peruana y a toda la comunidad internacional” enfatizaron.
Las altas temperaturas no sólo se deben al declarado período estival, sino también a que se ha iniciado el año con un notorio incremento de la conflictividad social. Varios conflictos en diferentes partes del país se han reactivado y han elevado la temperatura en el terreno social y político: en la Amazonía, la toma de los pozos en el lote 1AB en tres cuencas en la región Loreto desde inicios de enero; los recientes sucesos en Pichanaki en Junín y la tensión permanente en la provincia de Condorcanqui en la región Amazonas. En zonas de influencia minera, tenemos los casos de Tía María en la provincia de Islay, Arequipa, donde la población acaba de organizar una gran movilización en contra del proyecto minero; el de Las Bambas en Cotabambas, Apurímac; el caso Uchucarco en la provincia de Chumbivilcas en Cusco y la permanente conflictividad en regiones como Cajamarca y Ancash. Según la base de datos de la Defensoría del Pueblo, en los últimos meses se han registrado por lo menos 10 nuevos conflictos activos.
En un Estado Democrático de Derecho, las personas rigen sus vidas por las leyes y las instituciones. En él, la propiedad es un derecho fundamental y la posesión de un terreno tiene protección cuando es legítima.
El martes 24 de febrero, el Diario La República publicó un artículo del conocido periodista Ricardo Uceda sobre el caso de la campesina Máxima Acuña Chaupe y la disputa que tiene con la empresa minera Yanacocha por el Terreno Tragadero Grande, ubicado en la zona de influencia del Proyecto minero Conga y muy cerca de la emblemática «Laguna Azul».
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), abrirá una Oficina de Enlace en la provincia de Espinar, departamento de Cusco, en un plazo máximo de 60 días hábiles, según la 
Si bien el panorama de inversiones parece alentador, para varios analistas, estos pueden truncarse por los conflictos sociales. El congresista Juan Carlos Eguren precisa que el gobierno no tiene la suficiente autoridad para hacer respetar los proyectos. Ante las primeras manifestaciones retrocede y eso genera un panorama de inestabilidad jurídica que ahuyenta las inversiones. Aunque habría que aclarar que los conflictos se originan por la desconfianza que generan los EIAs, los instrumentos para mitigar una posible contaminación ambiental; sin embargo, estos son diseñados a la medida de la empresa y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas que promueve la inversión. 
La empresa Minera Yanacocha SRL ha sido notificada con la Resolución Directoral N°018-2014-OEFA/DS, de fecha 16 de diciembre de 2014. Entre otras cosas, el documento informa a la compañía que durante las acciones de supervisión que ha llevado a cabo el OEFA, se constató que por el lado sureste del depósito de desmonte San José – Parte Sur, existen filtraciones que eran descargadas directamente al suelo natural, con un pH de 4,12, de carácter ácido, que está en más de un 200% fuera de rango de los límites máximos permisibles, aprobado mediante Decreto Supremo N°010-2010-MINAM. Dichas filtraciones discurren sobre suelo natural, hasta llegar a la quebrada Quishuar, San José, cuya agua es captada por el canal San José Río Grande.
Rosa Quedena, abogada y coordinadora del área DESCA de Fedepaz, estuvo presente en la conferencia de prensa sobre los Proyectos de Derogatoria de la Ley 30230 y del Decreto Supremo 001-02015-EM, normas que son consideradas un Paquetazo Antiambiental con el que este gobierno atenta contra la seguridad territorial de las comunidades.
La historia de Acuña, una campesina madre de cuatro hijos que nunca pudo aprender a leer ni a escribir y que ganó un juicio a la empresa minera que más oro produce en Sudamérica, saldrá publicada en el siguiente número de Etiqueta Verde, hermana de la revista 
Como sucede en diversos puntos del país, las comunidades campesinas y organizaciones del distrito de Challhuahuacho, en la región de Apurímac, se mantienen a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Minmetals, empresa estatal de capitales chinos que lidera el consorcio al frente del megaproyecto minero Las Bambas.