José De Echave C.
En una reciente visita al Perú, Juan Ramón de Páramo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha[1], señalaba que “no hay mecanismos necesarios para que las empresas cumplan con los objetivos del respeto a los derechos humanos. No hay una estructura institucional que garantice una gobernanza eficaz sobre las autoridades de las empresas”.
Es cierto, a diferencia de los mecanismos obligatorios y vinculantes que protegen los derechos de los inversionistas, el campo de la protección de los derechos humanos en los países que reciben las inversiones se mueven en el ámbito de los instrumentos voluntarios.
No hay punto de comparación entre por un lado los capítulos que protegen las inversiones de los tratados de libre comercio o de los tratados bilaterales de inversión y por otro los códigos voluntarios y las políticas de responsabilidad social de las empresas. Asimetría total y absoluta: mientras que la protección de los derechos de los inversionistas se mueve en el campo de mecanismos obligatorios (tratados, arbitrajes internacionales y sanciones en contra de los países), la protección de los derechos humanos está bajo el paraguas de mecanismos que no son vinculantes.
En las últimas semanas en varios medios de comunicación se ha informado de los avances logrados en el espacio de la Mesa de Diálogo de Challhuahuacho, en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac.
Denuncian representantes de ONGD.
Parece que la Comisión de Justicia del Congreso ha excluido a la Justicia Rondera de un dictamen que busca crear un nuevo Código Penal. A los que vivimos en las zonas rurales es como dejarnos sin justicia. Por eso el Poder Judicial teme que se elimine este servicio desinteresado que dan las Rondas, y que signifique la criminalización de las mismas. El Juez Duberlí Rodríguez Tineo, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, dice: “Sería lamentable que todo el camino que se ha avanzado se retrocediera para pasarlas prácticamente a la ilegalidad, con lo cual vendría una persecución penal contra las Rondas Campesinas, una criminalización.”(La República, 8 de Junio 2015)
En el marco del debate sobre el Proyecto Tía María, en la Universidad Nacional Agraria que se desarrolló el jueves 28 de Mayo entre especialistas de CooperAcción y representantes de la empresa Southern Peru, la ingeniera Marlene Castillo ofreció a la comunidad universitaria asistente elaborar y hacerles llegar la ponencia esbozada. 
El domingo 7 de junio se realizó el Primer Congreso Interdistrital de Rondas Campesinas en el centro poblado de Vigaspampa, en la provincia de Celendín. Bajo el lema “Consagrar la vida en defensa de la verdad”, el objetivo del evento fue promover la defensa de los intereses campesinos y garantizar el derecho a la vida de las comunidades.