Perú

La Libertad: minería ilegal ha contaminado lagunas de Huamanchuco

Autor: Johnny Aurazo, El Comercio.pe

En la provincia andina de Sánchez Carrión, al este de la región La Libertad, la minería ilegal ha destruido parte del Qhapaq Ñan (Camino Inca, en quechua) que cruza la zona. La ancestral ruta, que forma parte de la red de caminos prehispánicos erigida varios siglos atrás, unía a la cultura Huamachuco con otros asentamientos locales.

La ilícita actividad minera también ha contaminado las lagunas de Huaylillas, que hoy abastecen a la población del distrito de Huamachuco y a localidades como Sarín y Curgos (este último fue considerado en el 2015 el distrito más pobre del país por el Instituto Nacional de Estadística e Informática). Las lagunas también son reserva de agua para la provincia de Santiago de Chuco, que limita con Sánchez Carrión.

Agua que sirve para el consumo humano y de los animales, así como para regar los cultivos que son el recurso vital y económico de la zona. Sin embargo, la contaminación ha alterado la rutina. “Es probable que estas poblaciones estén tomando agua contaminada con metales pesados”, admitió Confesor Bermúdez, consejero regional por Sánchez Carrión, a El Comercio.

—Pasivos ambientales—
Roberto Vásquez, promotor de la asociación local Andes Sagrados, indicó que, de las 27 lagunas en Huaylillas, al menos seis o siete han sido afectadas gravemente por la actividad de los mineros ilegales. Estos extraen, principalmente, oro y carbón.

“Lo que está pasando es gravísimo. Hablamos de la posible afectación de los habitantes de Huamachuco y de miles de hectáreas destinadas para el cultivo. Además, se sospecha que entre veinte y treinta mineros ilegales excavan por Huaylillas, cuya superficie total es de casi 18 mil hectáreas”, añadió Vásquez.

Algunas de las lagunas más afectadas serían Cuchuro, Negra y Huangacocha. En setiembre último, El Comercio halló una excavación hecha por mineros ilegales a casi 4.100 metros sobre el nivel del mar, en las inmediaciones de Cuchuro, cerca del Qhapaq Ñan.

Para Gilmer Barreto, coordinador de las juntas vecinales del distrito de Huamachuco y miembro de la asociación Voluntarios por la Conservación, la situación en la laguna de Huangacocha es aun peor, pues existen pasivos ambientales mineros (relaves, pozas) que siguen contaminando el área. “Los ilegales buscan carbón, que está en auge. Luego, lo sacan en camiones hacia Trujillo”, contó Barreto.

Maritza Monzón, también de la asociación Voluntarios por la Conservación, indicó que la contaminación en esta zona ya ha sido denunciada ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Trujillo, así como ante las gerencias regionales del Ambiente y de Energía, Minas e Hidrocarburos.

“Pero todo queda en trámites burocráticos. El proceso es muy lento y no se ha sancionado a nadie todavía. Huaylillas tiene más de 74 concesionarios mineros. Toda la zona ya está concesionada y esto podría agravar la situación [en cuanto a la contaminación ya existente]”, afirmó Monzón.

—Ordenanza pendiente—
El consejero regional Confesor Bermúdez criticó que, hasta la fecha, el Gobierno Regional de La Libertad no haya emitido la ordenanza que declara a Huaylillas un sitio para la conservación de la diversidad biológica en la región. Esto, pese a que –en febrero del 2016– la Gerencia Regional del Ambiente anunciara su creación. “Estamos solos. A las gerencias no les interesa la defensa de nuestro territorio”, concluyó Bermúdez.

El titular de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Ricardo Sandoval, aseguró que ya se ha entregado un informe a la fiscalía de Trujillo para que esta denuncie penalmente a los mineros ilegales. “Nosotros podemos sancionar a los mineros informales cuando no extraen en el área que les corresponde, pero no a los ilegales”, indicó.

Este Diario buscó la versión de la Gerencia Regional del Ambiente de La Libertad, pero al cierre de la edición no obtuvo respuesta.

Fuente:http://elcomercio.pe/peru/la-libertad/libertad-mineria-ilegal-contaminado-lagunas-huamanchuco-noticia-462411

Perú

Sociedad de Minería arremete contra la normatividad ambiental y la institucionalidad del País.

Autor: Mirtha Vásquez (GRUFIDES), Ocmpe

En la famosa conferencia anual de minería, PERUMIN, el grupo de empresarios mineros nuevamente enfiló sus armas contra normatividad ambiental básica de este país, y de paso contra la institucionalidad que, aunque débil, todavía tiene este Estado.

 

Cuestionaron la aprobación de la Ley 30640, norma que no dispone sino una cosa fundamental, da un plazo de un año a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que desarrolle el marco metodológico necesario para determinar qué es una cabecera de cuenca y cómo delimitarlas. Esta norma viene a ser absolutamente pertinente ya que pese a que las cabeceras de cuenca están estipuladas en el Art. 75 de la Ley de Recursos Hídricos, e incluso el Estado se ha comprometido a su protección por reconocerlas como zonas ambientalmente vulnerables, nunca ha procedido a identificarlas. Esta falta de regulación ha abonado también a los conflictos socioambientales surgidos, pues en todos ellos se discute si los megaproyectos están o no en cabecera de cuenca.

 

La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo se ha manifestado en contra de este proyecto, calificándolo como una seria amenaza para la inversión minera, mostrándose en contra de su aplicación, pretendiendo atentar así no solo contra la normatividad ambiental que este país desarrolla, sino contra la institucionalidad misma, pues cuestionan una ley aprobada por unanimidad en el Congreso de la República y promulgada por el propio Presidente.

 

Vale la pena recordar que la aprobación de esta norma duró muchos meses, y fue consultada a las autoridades competentes, quienes dieron su anuencia; también se le dio oportunidad al sector minero de opinar, hecho que omitió. Por ello, es inaudito que a estas alturas se pretendan imponer, cuestionando tal Ley y sugiriendo no aplicarla.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=noticias/02/10/2017/sociedad-de-miner-arremete-contra-la-normatividad-ambiental-y-la

Perú

CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CARHUAMAYO EN JUNÍN DENUNCIAN QUE MINERA MILPO AFECTA SU ACCESO AL AGUA

Autor: OCMPe

La compañía minera Milpo es la actual operadora del proyecto de zinc Shalipayco, que se ubica en el distrito de Carhuamayo, departamento de Junín. El yacimiento ubicado a 12 km de la ciudad de Carhuamayo poseería además plata, cobre y oro, motivo por el cual la empresa viene realizando exploraciones en los alrededores de la laguna Yanacocha.

 

Según informó la radio local La Nueva Zona, las últimas intervenciones realizadas alrededor de la laguna habrían secado los puquiales, conocidos popularmente como ojos de agua, y se ha mermado el agua para Carhuamayo, pues la planta de tratamiento de agua potable para la ciudad se abastece de estas fuentes hídricas.

 

Señalaron además haber constatado que el agua contiene una sustancia turbia y lechosa, por lo que exigieron a las autoridades pertinentes hacer los estudios del caso a fin de prevenir enfermedades estomacales en la población o la intoxicación de sus ganados, que pastean con regularidad por la zona.

 

De acuerdo a la información brindada por el Frente de Defensa del Agua de Carhuamayo, a través de una resolución del Cuarto Juzgado Contencioso de Lima se había programado para el día 24 de agosto a las 10 am una inspección a la laguna Yanacocha, a fin de constatar los impactos que pudiera haber causado la exploración minera, que según la empresa Milpo no ha causado ninguna afectación socioambiental. No obstante por falta de logística esta diligencia fue encargada al Juzgado Mixto de Junín, tras lo cual la población empezó a organizarse para acompañar a la comitiva.

Llegado el día de la inspección el Ministerio Público remitió una carta informando que no tenían planificada una visita a la laguna, generando confusión entre los pobladores. Sin embargo el Frente de Defensa del Agua aclaró que la fiscalía no tenía participación en el proceso y que el Juzgado Mixto no había remitido ninguna resolución de postergación para la diligencia, por lo que junto con los presidentes de las comunidades, caseríos, centros poblados y barrios del distrito, así como en presencia del alcalde, los jueces de paz, las juntas del vaso de leche y la población en general realizaron una caminata de 4 horas hacia la laguna, que constituye la reserva de agua para el pueblo de Carhuamayo y forma parte de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de Junín.

Lamentablemente la inspección no se pudo concretar porque el Juzgado Mixto se encontraba en huelga, según informaron medios locales. Por lo que informaron que en un tiempo prudencial programarán una nueva fecha.

 

Nuevamente nos encontramos frente a una situación que pone en riesgo el frágil ecosistema de las cabeceras de cuenca y que generaría un nuevo conflicto social ante la lenta respuesta de las autoridades.

Fuente:http://www.conflictosmineros.org.pe/?q=alertas/25/08/2017/alerta-ciudadanos-del-distrito-de-carhuamayo-en-jun-n-denuncian-que-minera-milpo

Perú

En Perú denuncian contaminación de niños con metales pesados en zonas mineras

Autor: agencia EFE , El Carabobeño
Conflicto Relacionado: Cerro de Pasco- Volcán-Lima , La Oroya-Doe Run-

Un estudio elaborado en las ciudades peruanas de Cerro de Pasco y La Oroya reveló hoy que los 24 niños de la muestra presentan niveles de arsénico, plomo, cadmio y mercurio por encima de los estándares permitidos debido a su exposición a relaves y emisiones de la minería y metalurgia en esas localidades.

El estudio realizado en el Instituto de Salud Pública de Quebec se llevó a cabo en 2016, a solicitud de la Red de Propuesta y Acción Muqui, que congrega a 29 instituciones de comunidades asentadas en zonas mineras del país.

Los análisis de cabello, sangre y orina a los menores, de entre 3 y 15 años de edad, arrojaron que todos presentaron de forma predominante niveles elevados de las especies de arsénico más peligrosas que son las inorgánicas y producen cáncer.

Asimismo, 15 de los niños de Cerro de Pasco, considerada la capital minera del Perú, y 3 menores de La Oroya excedieron el estándar del ministerio de Salud para plomo en la sangre.

En el caso del mercurio, 12 niños de la muestra superaron el estándar de medición oficial por la orina, y en cadmio cuatro de los menores excedieron el estándar oficial.

El médico que estuvo a cargo del estudio, Fernando Osores, explicó a Efe que “hay un daño real a la salud que el Ministerio de Salud no quiere aceptar”, pues no ha establecido una política sanitaria para atender a la población expuesta a metales pesados.

Uno de los niños analizados, Benjamín, de 6 años, perdió la visión de su ojo izquierdo hace tres años debido a la presencia de un retino blastoma y su madre Lourdes Mendoza se quejó de la indolencia del Estado.

“Sólo nos dicen que no va a salir el plomo de su cuerpo y que salgamos de Cerro de Pasco” para tener alguna mejoría, dijo Mendoza a los periodistas.

“Benjamin y todos los niños como él tienen un riesgo inaceptable de exposición crónica a metales, que son altamente venenosos para el ser humano, y mucho más para un niño que está en periodo de desarrollo”, indicó Osores.

Según el médico, Benjamin tiene “un crecimiento anómalo de células retinales, un retinoblastoma, que ya le ha hecho perder un ojo y que posiblemente le haga perder el otro, y cuyo pronóstico no es para nada halagüeño”.

Además, explicó que hay niños que presentan problemas conductuales, hiperactividad y dispersión en la atención, que son producidas debido a la contaminación crónica por el plomo.

“Tienen niveles de 20 y 30 microgramos de plomo (cuando el estándar oficial está en 10 microgramos) y niveles históricos permanentes encontrados por el ministerio”, anotó.

El tratamiento para eliminar los metales pesados en el organismo es la quelación, “pero llegar a ese tratamiento es aceptar que el Estado fracasó en impedir que la población se enferme”, afirmó Osores.

El director de la Red Muqui, Javier Jahnke, expresó que hay una falta de voluntad política del Estado de atender este tema, que está vinculado al respeto de los derechos humanos en el acceso a la salud.

Por su parte, el regidor Jaime Silva, del distrito Simón Bolívar en Cerro de Pasco, recordó la declaratoria de emergencia ambiental en su localidad debido a la existencia de más de 2.000 niños con plomo y otros metales en su organismo, según un estudio elaborado en 2009 por la universidad italiana de Pisa.

“El Gobierno central poco o nada viene haciendo para enfrentar la contaminación por metales pesados. Es un tema que el gobierno no quiere atender ni aceptar”, declaró Silva tras haber participado en una veintena de mesas de diálogo con el Ejecutivo.

Silva demandó al Estado una política de atención especializada en contaminación por metales pesados, una clínica con expertos y la aprobación de las guías protocolo de atención médica por intoxicación con metales pesados.

Fuente: https://www.el-carabobeno.com/peru-denuncian-contaminacion-ninos-metales-pesados-zonas-mineras/

Mexico, Perú

“El M4 existe porque resiste” Declaración del IV Encuentro del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero

Autor: La República

Como hace cinco años en Valle de Siria en Honduras, las comunidades, pueblos y organizaciones que somos el M4 nos hemos reunido del 22 al 25 de septiembre en la Ciudad de San José en Costa Rica para reconocernos y reafirmarnos en la lucha contra el modelo extractivo minero.

Como entonces, hoy confirmamos que el modelo extractivo minero se ha impuesto como el megaproyecto de mayor impacto territorial y de avasallamiento de derechos humanos, de acaparamiento de tierras y destrucción de la Madre Tierra en América Latina.

En estas jornadas de trabajo del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-, las representaciones de 13 países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Sierra Leona, Canadá y Estados Unidos) coincidimos en que la actividad minera en nuestros territorios ha avanzado al amparo de políticos y tecnócratas poco informados o ineficaces cuando no corruptos, por la imposición de intereses corporativos sobre el interés colectivo, por apetitos personales y silencios cómplices. En este sentido, consideramos que la minería en nuestros territorios es consecuencia de un modelo democrático deficitario que, al operar bajo la lógica de que tener el poder es tener la razón, inevitablemente coloca a los pueblos en una situación de vulnerabilidad. Tenemos la claridad para afirmar y denunciar que la minería no sería posible sin un entramado institucional que trae causa de un modelo de desarrollo que -a través de la extracción irracional de bienes comunes naturales- favorece la lógica de reproducción, acumulación y centralización del capital.

Para lograr sus objetivos de productividad, las empresas mineras externalizan sus costes aprovechando la permisividad de la legislación y la corrupción de los gobiernos. Las mineras aprovechan la pobreza de la gente y la ausencia de alternativas, lo que suele facilitar la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Las mineras obtienen insumos baratos o gratuitos y canalizan sus energías hacia el lobby político. Este proceso es reforzado por instituciones financieras internacionales y los gobiernos del norte quienes, a través de las «medidas de ajuste estructural», obligan a países como los nuestros a estimular las exportaciones de lo que suelen llamar «recursos naturales» mediante la exención de impuestos y otros incentivos financieros.

Es esa lógica de acumulación por despojo la que nos ha llevado a enfrentar una de las crisis más severas de violaciones a los derechos humanos en Latinoamérica. El M4, sus miembros y sus organizaciones han sido víctimas de la violencia extractivista. El 3 de marzo del 2016 en Honduras, en el marco de los intercambios y alianzas que facilita nuestro movimiento, fue asesinada nuestra compañera Berta Caceres, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH); en el mismo episodio, el compañero mexicano Gustavo Castro, referente latinoamericano del movimiento social por la defensa de la tierra y el territorio y prinicipal impulsor y dinamizador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) fue herido y, en su condición de víctima, criminalizado por el gobierno de Honduras. Sin embargo, estamos en pie, existimos porque resistimos.

Esa misma crisis se expresa en la violencia estructural que sufren nuestros pueblos y que se echa de ver en los indignantes niveles de pobreza y en la discriminación metódica a nuestros pueblos y comunidades. Por ello, insistimos en rechazar las injusticias socioambientales que ocasionan las mineras a su paso por nuestros países: nos oponemos a la militarización de nuestros territorios, al debilitamiento del tejido social, a la división de las comunidades, a los atentados contra la integridad física y emocional de defensores y luchadores de derechos humanos, a la criminalización de la protesta y a la coercion de la libertad de expresión; a la contaminación de la tierra, el agua y el aire, a la erosión y desertificación de los suelos, a la pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje; a las altísimas contribuciones al cambio climático, las afectaciones a la salud y los empleos precarios; al falso desarrollo y a la injerencia de las mineras en las decisiones políticas y económicas de nuestros países.

Sabemos que la causa fundamental de la destrucción del territorio y la sobreexplotación de los bienes comunes naturales reside en la desigualdad, los desequilibrios de poder y el neocolonialismo que atraviesa nuestras sociedades, por ello reforzamos nuestra convicción de que un verdadero progreso social estaría mediado por la humanización de las condiciones de trabajo, viviendas dignas y distribución igualitaria de la riqueza; por una educación de calidad y la adecuación de los planes de estudio a las distintas realidades existentes; por una seguridad social efectiva y la concepción integral de la salud entendida no solo como la ausencia de enfermedad sino también como la garantía de las condiciones individuales y colectivas que la hacen posible (alimentación sana, agua limpia, suficiente y accesible para todas y todos, entre otras).

Aspiramos a un modelo de sociedad basado en la vida digna sustentado por normas, valores, reglas, comportamientos y políticas que promuevan la democratización y participación de los pueblos en la toma de decisiones, el empoderamiento personal y comunitario, la realización de los derechos humanos, la reducción de la violencia, la sustentabilidad de las actividades productivas, el final de las desigualdades de género, el desarrollo cultural, científico y la creatividad artística; de manera importante, aspiramos a un modelo de sociedad que mantenga una relación con los minerales basada en las necesidades humanas y no en los dictados del mercado, los intereses especulativos y financieros, las ganancias o la guerra.

Desde el M4, imaginamos pueblos y comunidades donde la gente pueda realizar su potencial más alto garantizando sus necesidades básicas y aumentando sus opciones vitales basándose en la confianza de que su entorno es un lugar seguro, educativo, libre y espiritualmente satisfactorio en el que vivir y donde la comunidad ética incluya, en un sentido amplio, a toda la naturaleza.

Celebramos la prohibición de la minería en El Salvador y la moratoria a la misma en Costa Rica. Hacemos un llamado al resto de los gobiernos a seguir el camino de los pueblos y no de las corporaciones.

Saludamos con gran alegría la integración al M4 de los países hermanos de Colombia, Ecuador, Haití, Perú y Sierra Leona, quienes coinciden con nosotros en la necesidad de construir una sociedad alerta y movilizada que nos permita revigorizar la democracia, contar con organizaciones sociales fuertes e independientes que porten los esfuerzos de transformación de la sociedad y ofrezcan espacios apropiados para que las luchas contra el modelo extractivo minero germinen y se fortalezcan.

Junto a ellos, continuaremos trabajando para construir espacios colectivos adecuados que estimulen el surgimiento de un vínculo identitario fuerte que, más allá de nuestras luchas concretas, nos articulen en torno a la lucha contra el Modelo Extractivo Minero.

Consideramos que bajo el actual sistema capitalista y de acumulación no existe la “minería verde”, “sustentable”, “socialmente responsable”, “ecológica” o “limpia”. Por ello, exigimos:

  • Primero. La salida inmediata de las empresas mineras y sus proveedoras de nuestros territorios, así como el alto total de la entrega de nuestros territorios en concesiones para la explotación minera de parte de los gobiernos de nuestros países.
  • Segundo. El cese total a la represión a defensoras y defensores de derechos humanos, de la tierra y del territorio.
  • Tercero. Conclusiones favorables de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de nuestro compañero mexicano Mariano Abarca, asesinado en el año 2009 en su lucha contra la empresa minera canadiense Black Fire y cuya familia y organizacion, al día de hoy, no ha obtenido justicia por parte de las autoridades mexicanas.
  • Cuarto. En atención a los tratatos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestros países, el respeto total a las decisiones que, en ejercicio de su autonomía, toman nuestros pueblos, sean cuales sean las formas y los mecanismos para ello.
  • Al gobierno Hondureño le demandamos el esclarecimiento del crimen cometido contra Berta Caceres, el COPINH y Gustavo Castro.Enviamos un saludo solidario al pueblo mexicano que en días recientes ha sido sufrido el azote de sismos consecutivos que han afectado a la Ciudad de México y a los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Estamos con ustedes!

    En comparación con otras expresiones políticas que aspiran a atemperar los efectos nocivos que produce este modelo de desarrollo, el M4 es contundente y señala que

    ¡Del Perú a Canadá la minería no va!

    Fuente:http://movimientom4.org/2017/09/el-m4-existe-porque-resiste-declaracion-del-iv-encuentro-del-movimiento-mesoamericano-contra-el-modelo-extractivo-minero/

Perú

Nativos peruanos demandaron a compañía minera

Autor: Patricia Arnone , 2do Enfoque
Conflicto Relacionado: Yanacocha

Perú.- Una familia de nativos de Perú demandó ante una corte federal en el estado de Delaware (Estados Unidos) a la compañía minera de oro más grande de América del Sur. Se trata de la estadounidense Newmont Mining Corporation, que opera en territorio peruano mediante de su filial Yanacocha.

Según reseñó el portal Actualidad RT, Máxima Acuña de Chaupe fue la promotora de la exposición judicial para denunciar la persecución que viene soportando su familia por parte de la compañía. Según la denuncia, la minera busca apropiarse de las tierras ancestrales de esta familia campesina en la región de Cajamarca para difundir su negocio.

La ciudadana peruana es representada por EarthRights International (ERI), una Organización No Gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos y la ecuanimidad ambiental.

Su conductor, Marco Simons, sustentó en un comunicado citado por Diario Correo, que la petición busca “contener la intimidación y la persecución contra la familia Chaupe, para que puedan vivir sosegadamente y cultivar sus tierras”.

De esta manera, puso de relieve “el acoso sistemático y los abusos físicos y psicológicos” llevados a cabo contra la familia por parte del personal de la compañía multinacional. Por su parte, Acuña de Chaupe agregó que pretenden “obtener el reconocimiento de los perjuicios que hemos encontrado”.

Los nativos contra las mineras y las petroleras

En Perú se han observado varios de estos conflictos durante los últimos años. La denuncia de Acuña de Chaupe resulta únicamente un modelo de una problemática que cruza toda la nación.

De hecho, la misma campesina ganó el año pasado el Premio Medioambiental Goldman por una querella contra la compañía Yanacocha en relación al plan Conga.

Sin embargo, eso se ha visto con el afamado emprendimiento conocido como Lote 192, que cuenta con el diecisiete por ciento de las reservas petroleras peruanas. Allí la Pacific Exploration & Production se encuentra en apremio con comunidades originarias que piden la cancelación de un resarcimiento por la explotación de sus tierras.

De hecho, han detenido la producción como manera de protesta para requerir una consulta ante una potencial nueva concesión y para reclamar medidas de protección ambiental.

Fuente:http://segundoenfoque.com/nativos-peruanos-demandaron-a-compania-minera-31-382997/

Perú

Volcan: Es imposible hacer minería con 265 trámites

Autor: Juan Saldarriaga, El Comercio.pe
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

El presidente de la minera, José Picasso, resaltó que sacar adelante el proyecto Las Bambas tomó alrededor de 12 años.

El martes pasado, en Perumin, la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, reveló que de 265 diferentes trámites que un proyecto minero necesita para salir adelante, sólo el 10% compete al sub-sector minero.

“El 90% está en manos del ministerio de Agricultura, del ministerio de la Producción (Produce), del ministerio de Defensa, del ministerio del Ambiente y otros sectores”, señaló.

Según José Picasso, presidente de Volcan, es imposible que la minería trabaje en estas condiciones.

“La ministra Aljovín está encaminada a reducir trámites. No es posible que para hacer minería se necesiten 265 normas. Toledo nos dejó con 20 normas. Alan García con 40. Humala nos dejó con 265. Es inviable hacer minería así”, exclamó.

Picasso recordó los casos de los proyectos de Southern Copper, que fueron presentados en Perumin 2011 y que todavía no salen adelante, salvo uno: la ampliación de Toquepala.

“¿Cuánto demoró sacar adelante Las Bambas? 12 o 13 años. En cualquier lugar del mundo los proyectos salen en la mitad de tiempo”, dijo.

Un estudio presentado hoy por Rafael Valencia Dongo, presidente de Estrategia Consultores, mostró que el tiempo promedio para que un proyecto minero avance de la etapa de desarrollo a la de explotación suma diez años en el Perú.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/jose-picasso-imposible-mineria-265-tramites-noticia-460034

Perú

ICMM: El principal problema de la minería peruana es la mala percepción del público

Autor: Juan Saldarriaga, El Comercio.pe

Las poblaciones de todos los países mineros del mundo vinculan fuertemente la actividad minera con el desarrollo, menos en el Perú, reveló un estudio del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), presentado en Perumin por Tom Butler, presidente de esta organización que agrupa a las 23 compañías mineras más grandes del mundo.

“La gente en otros países cree que los beneficios de la minería superan largamente los efectos negativos; pero eso no ocurre en el Perú, donde una proporción importante de peruanos rechaza minería”, dijo.

Según el estudio del ICMM, el 41% de la población de USA en zonas mineras y no mineras está de acuerdo con la minería, mientras que el 9% está en desacuerdo.

“En el Perú, por el contrario, sólo el 17% de la población está de acuerdo con la actividad minera”, señaló Butler.

El ejecutivo remarcó que esta brecha obedece a un factor determinante: la mala percepción del público debido a una mala comunicación.

“La minería hace una importante contribución socio-económica al Perú, pero la percepción ciudadana no refleja esa percepción”, explicó.

Por esta razón, Butler hizo dos recomendaciones: Uno, que la minería se esfuerce en mostrar resultados continuos en desempeño medioambiental y de contrato social, y que comunique bien estos resultados.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/peru/icmm-principal-problema-mineria-peruana-mala-percepcion-publico-noticia-460040

Perú

SNMPE: La ‘cabecera de cuenca’ es una fantasía de la antiminería

Autor: Juan Saldarriaga , El Comercio.pe

«La minería apoya el enfoque de cuenca. Eso es algo factible y ya se está haciendo […] Pero hablar de ‘cabecera de cuenca’ es un absurdo», señaló Luis Marchese, titular de la SNMPE.

La Ley 30640, que establece y reglamenta las ‘cabeceras de cuenca’, restringirá las inversiones en minería, alertó Luis Marchese, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

«Lo que hace la norma es definir una guía metodológica para establecer las cabeceras de cuenca, pero resulta que este término es una entelequia: se refiere al lugar desde donde parten los cursos de agua, o sea, donde llueve, y donde llueve es en todo el Perú», apuntó el líder gremial.

Marchese hizo hincapié en que la norma es una fantasía creada por gente que se opone a la minería, en clara alusión a Marco Arana, autor de la norma.

En ese sentido, dijo que la SNMPE interactuará con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y pedirá un debate más amplio para hallar una solución a esta traba a la inversión minera.

La ANA, en efecto, ha sido requerida por el Congreso de la República para que defina una guía metodológica.

«La minería apoya el enfoque de cuenca. Eso es algo factible y ya se está haciendo. Está escrito en el Acuerdo Nacional de Agua. Pero hablar de ‘cabecera de cuenca’ es un absurdo. Es un término que no existe en ninguna parte del mundo», sentenció Marchese.

Fuente:http://elcomercio.pe/economia/snmpe-cabecera-cuenca-fantasia-antimineria-noticia-459796

Perú

Las deudas pendientes de ocho mineras por el uso del agua

Autor: Elizabeth Salazar Vega. Ojo Publico.com
Conflicto Relacionado: Antamina-Juprog-Huari , Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero , Yanacocha

El análisis de una base de datos construida por  Ojo-Publico.com en base a pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua revela que 10 de las mineras más importantes del Perú tienen autorización para explotar hasta 302 mil millones de litros de agua cada año, a cambio de una compensación máxima de S/0,27 por cada m3 consumido. Sin embargo, las cifras de la autoridad no cuadran con las de las empresas. Ocho mineras deben un total de S/1,6 millones al Estado por el uso del agua.

Cada año, diez de las compañías mineras más importantes que operan en el Perú están autorizadas a usar un máximo de 302.442 millones de litros de agua de quebradas, lagunas y acuíferos para atender sus operaciones. La lista la integran Southern Peru, Antamina, Milpo-Votorantim, Volcan, Xstrata, Buenaventura, Las Bambas, Minero Horizonte, Yanacocha y Barrick, y la cifra se desprende del análisis de una base de datos construida por  Ojo-Publico.com con reportes obtenidos a través de pedidos de información a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), institución encargada de la gestión hídrica en el país.

Según la ANA, el consumo promedio anual de estas compañías no supera el 25% de los volúmenes permitidos. Sostienen, por ejemplo, que el 2016 las mineras usaron apenas el 14% de los volúmenes de agua permitidos y el 2015 el 36%. Sin embargo, las cifras de la autoridad se contradicen con las licencias y consumos declarados por las propias empresas, confirmando con ello la débil fiscalización del Estado en la explotación de este recurso.

Ojo-Publico.com solicitó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) el detalle del agua utilizada por las 10 mineras que poseen el mayor número de licencias para extraer este recurso, los volúmenes otorgados, el detalle de las cantidades usadas cada año y el pago que se les exige en compensación por este consumo.

El análisis de la base de datos señala que, desde el 2012 hasta fines del 2016, estas mineras utilizaron solo 377.589 millones de litros de agua para procesar sus minerales, suprimir el polvo en sus áreas de trabajo y cubrir las necesidades de servicios de sus campamentos. Pero los volúmenes de consumo que la ANA le atribuye a las mineras, son ínfimos respecto a las cantidades reales. Uno de los casos más evidentes es el de Southern Perú Cooper, subsidiaria del Grupo México y compañía que más agua capta y extrae en el Perú, según la información oficial.

De acuerdo con los reportes de la ANA, el 2015 todas las operaciones de Southern usaron 24.780 millones de litros para cubrir las necesidades de las dos minas de cobre que administra en Cuajone (Moquegua) y Toquepala (Tacna). Sin embargo, los reportes que la misma empresa aloja en su página web revelan que ese año gastó el doble:   50.490 millones de litros. Una cantidad similar a la que ocuparían 12.500 piscinas olímpicas y que representa total del consumo de los habitantes de Tacna y Moquegua durante un año.

Pero no solo no concuerdan las cifras del uso, tampoco los volúmenes autorizados a la compañía minera. El volumen que la institución estatal otorgó y registró a favor de dicha empresa es mayor al que esta admite.

Lo reportado en la última   memoria anual del Grupo Mexico indica que su filial peruana tiene licencia para explotar un máximo de 1.950 l/s, es decir, aproximadamente 61.500 millones de litros cada año, un volumen similar al consumo anual de la mitad de la población de Arequipa, región en donde Southern tiene a Tía Maria, proyecto minero que se encuentra paralizado precisamente por conflictos por el agua. Sin embargo, según la ANA, la empresa tiene autorización para más: 139.342 millones de litros.

La oficina de comunicación de Southern Perú Cooper respondió por escrito a Ojo-Publico.com y sostuvo que ellos cuentan con medidores en cada punto de captación del recurso. No precisaron cuántas licencias tienen, pero confirmaron que los litros de agua autorizados y utilizados son los mismos que señalan en su memoria anual. Estos son «enviados y verificados mensualmente por la ANA». Añadieron que toda la información es pública y puede obtenerse de dicha institución; sin embargo, como detallamos más arriba las cifras de la ANA no cuadran.

Ruth Preciado, ingeniera especializada en gestión hídrica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene que –además de estas incongruencias en el registro de la ANA– los cálculos del uso minero del agua siempre quedarán cortos porque no se incluye el líquido que se pierde en el bombeo a tajo abierto, ni mucho menos el drenaje que hacen las empresas para secar la zona y evitar infiltraciones en sus proyectos.

“Este drenaje tiene un impacto negativo en el agua subterránea, pues impide que el líquido se almacene en temporada de lluvia para nutrir las quebradas en época seca. Ello reduce su disponibilidad de agua en las zonas bajas”, explicó la ingeniera.

El límite de metros cúbicos de agua que puede extraer cada minera es fijado por resoluciones administrativas emitidas entre 1972 y el 2009, primero por el Ministerio de Agricultura, y ahora por la ANA, cuando no se contaba con estudios de disponibilidad hídrica nacional, ni se conocía la sobreexplotación o superposición de usos en cada quebrada, laguna o río.

Los datos obtenidos por  Ojo-Publico.com muestran que el 57% del total de las licencias otorgadas a estas 10 importantes mineras fueron entregadas antes del 2010, año en que la ANA publicó su primer estudio sobre la situación de los recursos hídricos en el Perú. Y fue recién desde el año 2012 que dicha institución empezó a elaborar planes de gestión del agua detallados para cada cuenca.

COBROS MÍNIMOS

Desde el 22 de junio de este año, la Constitución Política del Perú reconoce el agua como un bien público, Patrimonio de la Nación, e impone al Estado el deber de priorizar el acceso y el consumo humano sobre otros usos. Todo el que la extrae de sus fuentes naturales está obligado a pagar una retribución económica al Estado.

El monto de este pago lo calcula la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con una fórmula aprobada el 2012 y que se oficializa a través de un  decreto supremo cada año, y es firmado por el Ministerio de Agricultura. Lo recaudado debe servir para mejorar la gestión y disponibilidad del agua en todo el Perú.

Sin embargo, no existen medidores o equipos en el Estado para cuantificar los volúmenes de agua que usan las mineras. Mirco Miranda, consultor en recursos hídricos y ex funcionarios de la ANA, explica que son las propias empresas las que envían una declaración jurada indicando el agua que consumieron durante el año. Cuando la información no es enviada, la Oficina de Régimen Económico de esta institución les factura un promedio aproximado en base al límite máximo permitido.

De acuerdo al Decreto supremo 024-15, toda empresa que obtenga una licencia de uso minero está obligada a pagar una retribución por el derecho de uso de agua  en sumas que van de S/0,09 a S/0,27 céntimos por cada metro cúbico (mil litros) utilizados.

Los agricultores pagan entre S/ 0,0010 a S/ 0,0030 por cada m3 de agua catalagoda de uso agrario. Los montos por el uso poblacional van entre S/ 0,004 y el S/ 0,03, pero, según la ANA, mineras como Volcan, Yanacocha, Southern, Minero Horizonte, Milpo y Buenaventura, también cuentan con licencias de este tipo para atender las demandas de sus campamentos mineros, por lo que algunas de sus licencias acceden a este pago menor.

“Las propias mineras informan sus consumos a la ANA. El Estado no cuenta con medidores.”

Teniendo en cuenta estos montos, la base de datos que construyó  Ojo-Publico.com con información de la ANA revela que dicha institución facturó a las diez mineras un total de S/ 38 millones por el consumo de los 377.589 millones de litros de agua que usaron en cinco años; desde la última fase del boom minero del 2012 hasta el cierre del 2016.

Pero las empresas no siempre pagan. La data oficial muestra que 8 de las 10 mineras que analizamos deben un total de S/1,6 millones al Estado por el uso del agua. Solo Southern y Xtrata aparecen con todas sus facturas canceladas.

Funcionarios de la ANA confirmaron que las deudas por los consumos del 2015 al 2012 ya han sido enviadas a la Oficina de Ejecución Coactiva, pero que no podrían precisar si las mineras han presentado algún recurso o reclamo para no cumplir con su obligación. La lista la encabeza Volcan, con S/829.206 de pago pendiente; seguido de Milpo-Votorantim con S/ 536.278. En tanto, Buenaventura y Yanacocha tienen deudas que datan del 2012.

La información remitida por la Oficina de Régimen Económico de la ANA también muestra que el año pasado no se giró ningún recibo a nombre de la canadiense Barrick, la mayor productora de oro del mundo. Los reportes señalan que hubo un volumen de utilización de agua cero, pese a que su proyecto estrella Lagunas Norte, en La Libertad, estuvo en plena actividad y produjo  435.000  onzas de oro anual.

Lo mismo sucede con  Las Bambas, minera de la compañía china Minerals and Metals Group (MMG), que  reanudó sus operaciones en Apurímac a mediados del 2016 luego de un severo conflicto con los habitantes de la zona; y con  Antamina , controlada por el consorcio BHP Billiton Ltd, Glencore, Teck Cominco Ltd y Mitsubishi Corp, y que  el año pasado pesó un promedio de 430 mil toneladas de cobre y 170 mil de zinc en Áncash. Ambas compañías no tienen facturas de agua por pagar pese a su alta producción.

En la Oficina de Régimen Económico de la ANA no explicaron por qué en sus archivos no aparecen recibos a nombre de dichas mineras.

Se les solicitó a Antamina, Las Bambas y Barrick el detalle de los volúmenes de agua que están autorizados a extraer en todo el país, así como las cantidades utilizadas en los últimos cinco años, pero no dieron estos detalles. Por escrito Antamina dijo que la información la podíamos obtener de la ANA, pero aseguraron que el 100% de agua que usan es de lluvia y más del 99% de lo empleado en el procesamiento de minerales es reciclada. No obstante, existen 10 resoluciones que le otorgan a Antamina derechos de uso en dos quebradas, un río y una laguna de Áncash, así como un acuífero en Barranca, Lima.

“La ANA no le facturó consumo alguno a Barrick, Antamina y Las Bambas por sus actividades del 2016”

Por su parte, los voceros de Las Bambas dijeron que más del 95% del agua utilizada para sus operaciones extractivas es reciclada y les reportan cada mes a la ANA sus consumos. Barrick, en tanto, solo precisó que «el uso del agua es gestionado por estrictos estándares, regulados por las autoridades gubernamentales nacionales y locales de cada región en la que operamos».

Fabiola Alburqueque Vílchez, comisionada de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, de la Defensoría del Pueblo, advierte que el 35% de los conflictos sociales se concentran en la cantidad, calidad y oportunidad del uso del agua. «En el caso de la minería, la poca transparencia y falta de información actualizada sobre cuánto consumen estas empresas termina exacerbando las demandas de las poblaciones que conviven con proyectos extractivos», dijo. La minería no subsiste sin agua, tampoco la agricultura que se desarrolla a su alrededor.

La ANA ha puesto sus esfuerzos en mapea el uso agrícola y poblacional de este vital recurso, pero no en saber cuánto gastan y pagan las grandes empresas.

Fuente: https://ojo-publico.com/502/el-agua-que-las-empresas-mineras-no-pagan