Perú

Rechazan minería en territorios ancestrales del pueblo Shawi

Autor: Servindi.org

Declaración conjunta de comunidades nativas pertenecientes al pueblo Shawi manifestaron que presencia de actividad minera en sus territorios pone en peligro sus modos de vida.

Riesgos a la vida, la salud, el medio ambiente, así como a los derechos colectivos del pueblo Shawi, traería la presencia de la empresa Minerales Camino Real Perú S.A.C. a la cuenca de Paranapura, en el distrito de Balsapuerto.

Ante ello las autoridades de la provincia de Alto Amazonas, del pueblo Shawi de la cuenca de Paranapura y afluentes, y de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI – SL) adoptaron una declaración conjunta de oposición a la empresa.

En el documento no solo rechazan la exploración y explotación minera, sino que señalan que la ubicación de los lotes de concesión afectan directamente las áreas tituladas de comunidades nativas Shawi.

Asimismo, dicha afectación también se extiende a los sistemas de uso que practica dicho pueblo en su posesión ancestral, lo cual se relaciona directamente con sus formas de subsistencia.

Del mismo modo, advirtieron que los daños se presentarán a corto plazo, como contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área.

Igualmente, indicaron que a mediano plazo esta contaminación se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas.

De otro lado, la declaración conjunta también asumió la posición colectiva  de “rechazar la creación de un Área de Conservación Regional Cerro Escalera Shawi del Distrito de Balsapuerto, toda vez que su propuesta de creación se sobrepone al territorio ancestral del pueblo en mención”, según se lee en el documento.

Para leer a declaración conjunta, haga clic aquí.

CORPI: DECLARACION CONJUNTA

En Yurimaguas a los 28 días del mes de mayo del 2018, reunidos las autoridades de la provincia de Alto Amazonas y autoridades comunales del pueblo indígena Shawi de la cuenca de Paranapura (Distrito de Balsapuerto) y afluentes y la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas CORPI – SL, motivados por una preocupación conjunta sobre la amenaza de ingreso de una Empresa denominada “Minerales Camino Real Perú S.A.C” en la cuenca del Paranapura, adoptamos la siguiente Declaración Conjunta:

1. Respetar los derechos colectivos territoriales del pueblo Shawi:

Según el croquis de ubicación de lotes de concesión éstas afectan directamente las áreas tituladas de comunidades nativas Shawi y el sistema de uso que practica dicho pueblo de su posesión ancestral. Los daños se presentaran a corto plazo en la contaminación de las aguas que consumen los habitantes del área y a mediano plazo se extenderá contra la población urbana, principalmente a los habitantes de la ciudad de Yurimaguas.

La afectación no solo va a manifestarse en la contaminación de las aguas, sino que también su efecto va a cortar radicalmente el sistema de subsistencia desde donde la población Shawi se alimenta diariamente.

En el sector donde pretende ingresar la empresa es el territorio del pueblo Shawi. Las áreas que se encuentran como supuestamente libres son zonas donde la población realiza las actividades de caza, pesca y recolecta, lo cual está vinculado de manera inmanente con el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. La preocupación que expresamos está relacionado a los riesgos de vulneración de los derechos colectivos que se avecina y del desconocimiento de los compromisos internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas asumidos por el Estado. Este razonamiento lo realizamos de acuerdo a los preceptos establecidos en el Convenio 169 de la OIT en sus artículos 13 y 14, en el sentido que define el territorio en la totalidad del hábitat que ocupan los pueblos por posesión ancestral y obliga al Estado reconocer el derecho de propiedad y de posesión.

Al respecto el EXP. Nº 03343-2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional sostuvo que el artículo 13 de la Convención 169 establece que el término “tierras”, para el caso de los pueblos indígenas, incluye el concepto de “territorio” ya que la unidad de la comunidad a su territorio excede la noción de propiedad patrimonial. Se piensa así en un dominio espiritual y cultural de la tierra.

La Corte IDH por su lado ha señalado que la posesión tradicional de los territorios ancestrales tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio emitido por el Estado y otorga a los pueblos indígenas el derecho al reconocimiento oficial de su propiedad y su registro. [Caso Sawhoyamaxa Vs Paraguay, parr. 128]. Siguiendo esta línea la corte también interpretó que los derechos de propiedad del pueblo indígena se extienden a los recursos naturales que están presentes en sus territorios, recursos tradicionalmente usados y necesarios para la supervivencia, desarrollo y continuación de su forma de vida como pueblo. [Caso Saramaka Vs Surinam, parr. 122]. La vida de los miembros de la comunidad depende fundamentalmente de las actividades de subsistencia entre los cuales está la práctica de la agricultura, caza, pesca y recolección que se realiza en el territorio comunal titulado o en áreas tradicionales, por tanto, la relación que la comunidad mantiene con sus tierras y recursos se encuentra protegida el derecho a la vida, la honra y la dignidad. [Caso Comunidad Mayagna (sumo) Awas Tigni Vs Nicaragua parr. 140.]. En el caso de los pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales y al uso y el disfrute de los recursos naturales que en ellas se encuentran están directamente vinculados con la obtención del alimento y el acceso a agua limpia (Yakye Axa Vs. Paraguay parr. 167).

2. Principio precautorio sobre efectos negativos al cambio climático:

Estamos de igual forma viendo con mucha preocupación el daño que se va a provocar sobre el medio ambiente de establecer una actividad extractiva en las cabeceras de las aguas, teniendo en cuenta que una actividad minera de esta naturaleza va a generar secuelas imposibles de reponer humanamente que no solo va a afectar a la población local sino va a trasladarse la contaminación en los ríos en donde el 50% de la población total de la provincia depende de este recurso vital. Consideramos que nuestra preocupación es legítima y la posición que asumimos no está dirigido a oponernos al desarrollo que necesita el país, sino, estimamos prudente que en este caso es mejor preferir la estabilidad del medio ambiente y del clima a favor de la población involucrada.

Amparamos nuestra posición basándonos al principio precautorio que rige el art. 3, inc 3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (Aprobado por Resolución Legislativa Nº 26185) el cual establece que “Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible.

El compromiso con el clima no solo debe ser como política del Estado, sino como una cultura que debe generalizarse en todo el país que ayude a mejorar las formas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales con medidas más amigables con el clima.

Por todo lo dicho y análisis abordado a la situación adoptamos la decisión de no respaldar el proyecto de exploración y explotación minera en el territorio del pueblo Shawi. Así mismo, por medio de esta, también queremos expresar la posición colectiva de rechazar la creación de una ACR Cerro Escalera Shawi del Distrito de Balsapuerto, toda vez que su propuesta de creación se sobrepone al territorio ancestral del pueblo en mención.

Para mayor constancia suscribimos a continuación en Yurimaguas a los 28 días del mes de mayo de 2018.

Fuente:https://www.servindi.org/31/05/2018/rechazan-actividades-mineras-exploratorias-en-territorios-ancestrales-del-pueblo-shawi

Perú

El Congo y el Perú

Autor: José de Echave. Cooperacción.org
Conflicto Relacionado: Las Bambas- Apurimac-Corredor Minero

Invitado por la institución belga 11.11.11, acabo de visitar la República Democrática del Congo (RDC), entre el 8 y el 16 de mayo. La RDC (es importante utilizar las siglas o el nombre completo, para diferenciarlo de uno de los países vecinos, que lleva la denominación de República del Congo) se ubica en la zona central occidental del África Sub-sahariana. El país es atravesado por el ecuador, lo que significa que un tercio del territorio se ubica en el Hemisferio Norte y dos tercios en el Hemisferio Sur.

La RDC es el segundo país más extenso del continente africano, con más de 2 millones 344 mil kilómetros cuadrados. La historia del Congo está marcada por diferentes eventos que influyeron en la evolución reciente del país: obtenida la independencia de Bélgica el año 1960, este país africano vivió años de gran inestabilidad política y enfrentamientos. Los conflictos armados y las dictaduras dominaron durante un buen tiempo, siendo el gobierno más largo el de Joseph Desiré Mobutu, un ex militar que gobernó ese país -con el respaldo de los Estados Unidos y como parte de un estrategia que buscaba alejar el África de la influencia de la ex URSS- con mano de hierro entre 1965 y 1997, en medio de escándalos de corrupción y de flagrantes violaciones de derechos humanos. Entre 1971 y 1997, precisamente por decisión de Mobutu, la actual RDC se llamó República del Zaire.

Los viejos aficionados al boxeo recordarán que la mítica pelea de box entre Mohamed Alí y George Foreman, el año 1975, se realizó en la capital de este país, Kinshasa, precisamente en los tiempos del presidente Mobutu, en los que el dinero de la corrupción servía para satisfacer los caprichos del dictador africano.

El Perú y el Congo: entre las similitudes y las diferencias

Como el Perú, la RDC es un país megadiverso: su territorio se divide en dieciséis eco-regiones y posee una gran variedad de biomas: desde la sabana en las regiones del sur, la selva montana de las regiones montañosas del este, los lagos africanos al este y la selva del Congo que es, después de la selva amazónica, la segunda más extensa del mundo.

Otra coincidencia con el Perú es que la economía de este país depende en gran medida de la explotación de recursos naturales, sobre todo los mineros. El Congo es el mayor productor de cobalto en el mundo y es también uno de los mayores productores de cobre y diamantes, entre otros minerales. Las mayores unidades de producción se ubican en la zona sur este del país, en lo que era la antigua provincia de Katanga, hoy dividida en las provincias de Lualaba y Alto Katanga.

La visita que realizamos incluyó varias reuniones con organismos no gubernamentales internacionales que trabajan en este país e instituciones de la propia sociedad civil congoleña. Participamos en conferencias, talleres y sobre todo visitas de campo, precisamente a las dos provincias mencionadas, Lualaba y Alto Katanga, zonas de producción minera.

En los últimos 25 años las zonas de explotación minera han crecido considerablemente. Luego de la puesta en marcha del código minero del año 2002 y en la vorágine desatada por el súper ciclo de precios de los minerales (2003-2012), grandes inversionistas llegaron a este país y han desarrollado importantes emprendimientos. Como en el Perú, la llegada de las inversiones mineras y el desarrollo de nuevos emprendimientos, se presentó como el inicio de una etapa de prosperidad para el país y sobre todo para las provincias y poblaciones que acogían esas inversiones. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido y la prosperidad sólo ha alcanzado para los grupos que están enquistados en el poder del país y que han manejado la renta extractiva para su beneficio personal.

A diferencia del Perú, en la RDC se optó por mantener algunas empresas mineras públicas, como es el caso de la Gecamines, una suerte de Centromin Perú, que pese a los graves problemas de corrupción en los que ha estado envuelta, sigue desarrollando actividades de exploración y producción, en muchos casos en alianza con empresas extranjeras. Entre los principales inversionistas mineros figuran empresas chinas, de Europa y de América del Norte. A nivel de empresas, destaca el protagonismo de Minmetals (MMG) y de la suiza Glencore, que también operan en el Perú.

En este país también se ha instalado desde hace un tiempo una vasta actividad minera informal, la que ha estado envuelta en grandes conflictos. Por ejemplo, se calcula que un tercio de la producción de diamantes se desarrolla de manera informal y salen del país vía contrabando. Además, un caso más extremo es la explotación ilegal y venta clandestina generalizada de los llamados “minerales de conflicto o de sangre”, como el tantalio y el estaño, cuyo control y explotación ha provocado guerras y conflictos entre la RDC y países fronterizos, con un saldo de millones de muertos en las últimas décadas, sobre todo en la zona oriental del país. Grupos armados, empresas y sobre todo países fronterizos como Ruanda o Uganda, han estado envueltos en varias guerras que se han desarrollado en el territorio de la RDC.

Los retos de la gobernanza

El tema de la minería plantea varios retos a este país africano. En primer lugar, el tema de la transparencia financiera: en la RDC, como en buena parte de países africanos, la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI por sus siglas en inglés) ha intentado darle un poco de transparencia a las cuentas y a los ingresos que genera una actividad como la minería. Los problemas de falta de transparencia encubren graves problemas de corrupción y el uso indebido de los ingresos que generan las actividades extractivas. A diferencia de lo que ha ocurrido en el Perú, en el caso de la RDC los reportes de la EITI han permitido acceder a una mayor información sobre las cuentas que genera la actividad minera y por lo tanto, a una mayor supervisión de la sociedad civil y exigencia de transparencia.

Sin embargo, los mayores problemas que se mantienen tienen que ver con los temas ambientales y la afectación de los derechos de las comunidades en las zonas de influencia de las operaciones mineras. Solo un dato que muestra la ausencia de gobernanza ambiental: de 180 países evaluados por el Índice de Desempeño Ambiental (que trabaja la Universidad de Yale), el Congo aparece en el puesto 178.

La debilidad de las políticas y de la institucionalidad ambiental es notoria y queda en total evidencia cuando uno visita las zonas donde se desarrollan actividades como la minería. El acceso a las fuentes de agua aparece como un tema central en la agenda ambiental: como ocurre en el Perú, hemos podido notar cómo las empresas se apropian de las fuentes de agua y el acceso para las comunidades depende básicamente de la capacidad de negociación y la buena voluntad de las empresas.

Por otro lado, el incremento de las operaciones mineras en varias de las provincias de este país ha planteado un número elevado de procesos de desplazamientos forzados de poblaciones enteras. En la medida que la propiedad de la tierra le corresponde al Estado y no a las comunidades, los mecanismos de protección de sus derechos son muy débiles. Además, como ocurre en el Perú, pese a que el derecho a la consulta previa, libre e informada está formalmente reconocido, no se aplican verdaderas consultas ciudadanas y los niveles de organización de las comunidades no permiten, por el momento, respuestas contundentes orientadas a la defensa de sus derechos.

Es preocupante el precario nivel organizativo de las comunidades afectadas y la manera cómo enfrentan los conflictos con las empresas mineras, por lo general de manera aislada, en condiciones de total asimetría y sin mayor respaldo, salvo el apoyo de algunos organismos no gubernamentales. La escasa visibilidad de los conflictos imposibilita que las demandas escalen, logren niveles altos de movilización y una agenda de derechos estructurada.

Pese a ello, en los últimos tiempos se ha venido trabajando un nuevo código de minas en la RDC. Este trabajo ha sido participativo, incluyendo a representantes de la sociedad civil y lo logrado representa un notorio avance en materia de gobernanza ambiental, participación ciudadana, descentralización y transparencia financiera. El nuevo código ha sido aprobado el 2018 y ahora queda el reto de su reglamentación e implementación.

Actores que están aquí y allá y las estrategias en curso

Como hemos mencionado, en el Congo operan empresas conocidas en nuestro país, como  Minmetals, entre varias otras empresas chinas, Glencore, Freeport, etc. La visita a las zonas de influencia de varias de estas empresas, nos ha permitido comprobar las difíciles condiciones de vida y los graves problemas de contaminación que enfrentan las comunidades vecinas a las operaciones.

Además, la relación entre la minería del Congo y la del Perú recientemente se hizo notoria, luego de la adquisición de la mina Las Bambas, por Minmetals al grupo Glencore. Según la información recogida por los grupos de organismos no gubernamentales del Congo, la adquisición de la mina de Las Bambas por Minmetals, fue financiada en gran medida por las operaciones en este país africano. De esa manera, Glencore pudo culminar el proceso de fusión/adquisición del grupo Xstrata, lo que ha permitido tener un rol preponderante en la producción mundial de cobre.

Pero aparte de las empresas que operan, está claro que el enorme desafío para ambos países,  es cómo construir una real gobernanza para los sectores extractivos. Pese a las diferencias entre el Congo y el Perú, también hay puntos en común, retos y desafíos similares: la presión de la economía y de las inversiones, la defensa del territorio y de los derechos de las comunidades y de la naturaleza, el desempeño ambiental, la transparencia y los ingresos fiscales, los efectos del cambio climático, etc.

Por ello ha sido importante este intercambio; el comenzar a compartir experiencias y algunas de las estrategias que se implementan en cada uno de los países. Se necesita un proceso de reflexión más global del lado de las poblaciones y de las diversas organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando por la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por este tipo de actividades e impulsan procesos en diferentes continentes para construir una verdadera gobernanza para los sectores extractivos.

Un reto clave para salir del esquema de extracción exacerbada en ambos países es que los actores múltiples construyan espacios de participación ciudadana directa en los territorios y jueguen un rol central en el proceso de construcción de gobernabilidad democrática y de gobernanza. Esta reflexión parte de lo local y se debe proyectar a nivel global.

 

Perú

Geógrafo alemán, Cristobal Bittner: “la gran limitación es la minería, por la contaminación que genera para el desarrollo de las actividades agrícolas en Junín”.

Autor: REd.Muqui.org
Conflicto Relacionado: Conga

En el auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro se realizó hoy jueves 31 de mayo la presentación del Estudio “Alternativas de desarrollo en regiones mineras del Perú”, realizado por el SLE de la Universidad Humboldt de Berlín, Alemania, con el apoyo de la Red Muqui, pastoral social de dignidad humana (Passdih) y la agencia Misereor.

La presentación del estudio estuvo a cargo del geógrafo Cristobal Bittner, miembro del equipo de seis post graduados que a fines del año 2016 realizó dicho estudio en las regiones de Cajamarca en la zona de Celendín vinculada con el proyecto Conga, y en Junín, en la zona del Valle del Mantaro, cuya cuenca está seriamente impactada por la actividad minera.

Bittner destacó que se evidencian “graves afectaciones ambientales generados por la actividad minera, que impactan en las actividades económicas locales como la agricultura y la ganadería”. El investigador remarcó que “el Estado no genera información sobre contaminación e impactos ambientales. Hay una falta de transparencia que exige la necesidad de procesar información periódica y continua que permita evidenciar las causas de los impactos”.

De otro lado, Bittner mencionó en las conclusiones, que “hay un gran potencial en la agricultura, que brinda empleo y aporta a la soberanía y seguridad alimentaria”. Destacó que “el Valle del Mantaro es el granero de Lima, es el principal aportante para su alimentación. Los productores tienen importantes técnicas ancestrales que aplican en sus actividades y deben ser consideradas”.

Aseveró que sin embargo, “hay limitaciones para el acceso a la tierra y no hay niveles de organización de los productores, como las cooperativas, por ejemplo, que se deben impulsar” y remarcó que “la gran limitación es la minería, por la contaminación que genera para el desarrollo de las actividades agrícolas en Junín”.

Entre las recomendaciones destacan que ante la falta de información de parte del Estado sobre los impactos ambientales, “que es necesario organizar a los productores para que realicen mediciones ambientales participativas, que son importantes para ejercer una adecuada vigilancia”. Asimismo, indicó que “se deben considerar las áreas de influencia directas e indirectas de los proyectos al establecer las zonas remediación”. El geógrafo considera que las medidas que se tomen desde el Estado, deben “buscar lograr la seguridad alimentaria, y seguridad de los mercados para los ingresos de los productores, además del Estado debe apoyar como prioridad la agricultura familiar”.

Finalmente afirmó que el Ordenamiento Territorial debe priorizarse, estableciendo zonas de protección en especial en las zonas de recarga hídrica donde ni la minería ni la industria deberían ingresar”.

Por su parte la Ing. Jessica Solis del GORE Junín, informó que está trabajando “una ordenanza regional para proteger las cabeceras de cuenca (donde operan las empresas mineras)”. Para ello, cuentan con el respaldo de la Constitución, la Ley de Recursos Hídricos, y otros para establecer áreas intangibles en las cabeceras de cuenca.

Finalmente el Ing. Wilmar Luján de la Universidad Nacional del Centro, indicó que es imprescindible este tipo de estudios para la Universidad, pues faltan estudios sobre la contaminación en el Perú, y en especial en el Valle del Mantaro.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/749-geografo-aleman-cristobal-bittner-la-gran-limitacion-es-la-mineria-por-la-contaminacion-que-genera-para-el-desarrollo-de-las-actividades-agricolas-en-junin

Perú

Minero sentenciado por contaminar ambiente quiere gobernar Puno

Autor: Servindi.org

Se trata de Alexander Flores Pari, quien fue sentenciado junto con su socio César Chambi Masco a cuatro años de prisión efectiva por daños al medio ambiente. El 19 de junio se confirmará de manera oficial su candidatura.

Alexander Flores Pari pretende postular por segunda vez al Gobierno Regional de Puno. Este precandidato fue sentenciado por daños al medio ambiente en el distrito Ananea, ubicada en la provincia puneña de San Antonio de Putina.

De acuerdo con el reportaje del portal de investigación Ojo Público, en 2012, el Ministerio Público inició una investigación contra el aspirante al gobierno regional y su socio César Chambi Masco por “realizar vertimientos en las aguas terrestres del río Inambari-Ananea, causando daños a la calidad ambiental”.

Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva y al pago de una reparación civil de un millón de soles. Sin embargo, el proceso fue archivado.

Ananea es el principal foco de contaminación del río Ramis. Según el portal, 30 mil cabezas de ganado murieron por el consumo de agua contaminada.

A esta denuncia se suma los nexos que tiene con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno. Pues, su ahijado Rubén Palacios Mamani se desempeña como director de Medio Ambiente de la DREM.

Actualmente, Flores es titular de la concesión Roma 1 2015, ubicada en Lampa. El 19 de junio se confirmará de manera formal su candidatura al Gobierno Regional de Puno.

Usted puede leer el reportaje completo de Ojo Público aquí.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/30/05/2018/minero-contaminador-pretende-postular-por-segunda-vez-al-gobierno

Perú

Cuando protestar se convierte en un delito

Autor: Via Campesina.org
Conflicto Relacionado: Antamina-Juprog-Huari

En enero del 2011, pobladores de los caseríos de Huallacancha y Taruscancha se movilizaron contra la empresa minera Antamina, debido al incumplimiento de unos acuerdos realizados entre la comunidad y dicha compañía extractiva.

A raíz de ello, a dos comuneros: Melitón Cadillo Arce y Narciso Espinoza Amado, la Sala Mixta Descentralizada de la provincia de Huari, les dictó una sentencia de 24 años de cárcel por los delitos de secuestro y entorpecimiento a los servicios públicos, en agravio a dos trabajadores de la compañía.

Posteriormente, el 26 de abril se emitió una sentencia absolutoria por el caso de secuestro; sin embargo, aún se mantiene el proceso por entorpecimiento de carretera, caso por el que solicitan se ratifique los 4 años de cárcel.

José Gonzales López, abogado de Melitón Cadillo, ha señalado que existe un aspecto jurídico que no se ha tomado en cuenta en el proceso: la carretera mencionada por la minera no es una vía pública, sino una vía asfaltada que constituye una servidumbre de paso a favor de Antamina. De ahí que precisamente, uno de los acuerdos que se establecieron entre la minera y la comunidad fue el pago por servidumbre de paso que atraviesa los terrenos de las comunidades que reclamaron. Acuerdo, que hasta el día hoy, no ha cumplido la Compañía Minera Antamina.

En ese sentido, dicho acuerdo también es mencionado en el Informe Policial de la comisaría de Yanacancha. Ahí se indica que la movilización de la comunidad es debido a que los altos funcionarios de la minera Antamina S.A. desde hace más de 12 años no han cumplido con una serie de compromisos, entre los cuales se menciona: la construcción de colegios, postas médicas, construcción de puentes y también el pago por servidumbre (Pista asfáltica).

Ello resulta relevante, dado que en el informe también se detalla la conversación y acuerdos entre el representante de Antamina, Pablo de Flor Belaunde y los representantes de la Comunidad Campesina de Taruscancha, con presencia del Alcalde del Gobierno Local de San Marcos, donde se indica que llegaron a un entendimiento entre ambas partes, siendo uno de los principales acuerdos: “La indemnización al 100% de los afectados por la construcción de la vía asfáltica del km. 79 al 86 (sector de Taruscancha)”. En ese sentido, para el abogado José Gonzales, este dato constituiría la corroboración de que la vía asfáltica construida corresponde a una servidumbre de paso.

Por otro lado, para el dirigente campesino (actualmente en situación de prófugo) el proceso que han enfrentado significa un precedente negativo para las comunidades campesinas, sobre todo en su localidad, donde los pobladores ya no reclaman por el temor de ser acusados o sentenciados injustamente.

“Por alzar nuestra voz de protesta, por reclamar un compromiso pactado nos han sentenciado como si fuéramos delincuentes. Lamentablemente para los campesinos no hay justicia”, finalizó.

Fuente:https://viacampesina.org/es/cuando-protestar-se-convierte-en-un-delito/

Perú

Tierras de comunidades campesinas y concesiones mineras

Autor: Luis Hallazi para Servindi.org

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.

La historia reciente de nuestras comunidades esta marcada por la violencia y discriminación, pero además son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas, al igual que las nativas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.

Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 26.5% de todo el territorio nacional y producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal; a pesar de tener mucho en su contra, han sabido resistir durante estos casi doscientos años de república.

Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común- IBC sobre comunidades campesinas; en todo el territorio nacional existen 6 299 comunidades campesinas de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina. Puno es el departamento con más comunidades campesina, 1304 y Ayacucho el departamento con mayor extensión de área titulada de comunidades campesinas 66,69% del departamento. La comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. también en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.

Siendo propietarias y poseedoras de más de un cuarto del territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en las mismas zonas andinas donde están asentadas las comunidades, es clara la tensión que existe con la minería, por tanto debería ser prioritario para el Estado atender las causas y consecuencias de esa tensión desde la imparcialidad de un Estado que velan por garantizar los derechos de sus ciudadanos; sin embargo ocurre todo lo contrario, desde el “denuncio minero” y posterior concesión minera, el Estado cumple una función de facilitador de los proyectos de inversión minera.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese, lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con las que tienen que lidiar las comunidades campesinas.

Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado a la minería, esto lo podemos ver a través de un moderno catastro minero, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, tampoco un catastro.

Esta información ha tenido que ser brindada por organizaciones privadas como el IBC, para suplir este vacío, que cruzando con el catastro minero se tiene como resultados del análisis la superposición de 35% de concesiones mineras en tierras de comunidades campesinas.

En la práctica esto significa restricciones al ejercicio de la propiedad, donde muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%, esta información en cuanto a la superposición de concesiones mineras  lo podemos ver por departamento.

 

El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas.

A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos de la implementación del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en un simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero al parecer, esto a casi nadie del Estado le importa.

Lo cierto es que las concesiones sean mineras o de otra índole, sin duda alguna afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos con sentencias llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Awas Tingni Vs. Nicaragua o Pueblo Saramaka Vs. Surinam) y recientemente la sentencia de las 11 comunidades de Atuncolla en Puno que les da la razón a la acción de amparo que solicitaron, suspendiendo las concesiones mineras en su territorio hasta que sean consultados. A groso modo podemos inferir que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos, restringe el ejercicio de la propiedad o posesión, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.

Si seriamos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales, si antes no se ha aplicado el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento, que una vez que estalla, es cuando recién aprendemos a hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en leyes nacionales.

 

Fuente:http://www.servindi.org/actualidad-opinion/29/05/2018/tierras-de-comunidades-campesinas-y-concesiones-mineras

Perú

OEFA ordena a minera Aruntani el cierre del botadero y el tajo Jessica en Lampa

Autor: Redacción Los Andes.pe

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que ordenó a la minera Aruntani S.A.C., iniciar el cierre final del depósito de desmonte y el tajo Jessica, de la unidad minera Arasi, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia Lampa, región Puno.
La entidad precisó que ordenó a Aruntani S.A.C. no realizar ninguna actividad de explotación y beneficio durante la ejecución del cierre final del Tajo Jessica tales como voladuras, acarreo y transporte de minerales, almacenamiento, entre otros.
La autoridad de fiscalización ambiental también ordena ejecutar el cierre final del botadero Jessica, priorizando la captación y tratamiento de tres afloramientos ubicados en la parte baja del botadero a fin de cumplir con los Límites Máximos Permisibles previo a su vertimiento; y que las actividades de cierre final del botadero y del Tajo Jessica no afecten la calidad ambiental del suelo y el agua circundantes.

Fuente:http://www.losandes.com.pe/Regional/20180528/114963.html

Perú

Pobladores de Otuzco protestan en contra de explotación minera en cuenca

Autor: Redacción El Correo.pe

El informe de la Gerencia Regional de Energía y Minas concluye que la empresa Minera Vale Explorations Perú S.A.C. no cuenta con certificación ni autorización para realizar ningún tipo de actividades en el caserío de Pachín Alto y Pollo.

El último fin de semana, dirigentes y campesinos de diferentes caseríos de la parte alta de la provincia de Otuzco, se concentraron para analizar la problemática que está generando la empresa minera Vale Perú S.A.C. que según denuncian, estaría realizando actividades dentro de la cabecera de cuenca del cerro Urpillao.

Hay que precisar que la mencionada cuenca por ser un colchón hídrico que alimenta de agua a miles de pobladores de os distritos de Sinsicap, La Cuesta y la misma provincia de Otuzco.

Entre los puntos de acuerdo se conformó el comité medioambiental de Otuzco, además se acordó firmar un memorial que será presentado al Gobierno Regional de La Libertad con cargo al Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de dar a conocer la oposición a cualquier actividad minera en las dos microcuencas del Cerro Urpillao.

Por su parte, el consejero por Otuzco Omar Zavaleta Cortijo, dio cuenta del informe entregado por la Gerencia Regional de Energía y Minas en el que se concluye que el proyecto «Eposuyay» de la empresa Minera Vale Explorations Perú S.A.C. no cuenta con certificación ni autorización para realizar ningún tipo de actividades en el caserío de Pachín Alto y Pollo.

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/pobladores-de-otuzco-protestan-en-contra-de-explotacion-minera-en-cuenca-821425/

Perú

ALERTA! Detienen a Emperatriz Bolaños, Defensora del Agua en Sorochuco

Autor: Grufides.org

El día de hoy al promediar el medio día, la conocida defensora del agua, Emperatriz Bolaños Campos, natural de Sorochuco, fue detenida en el inmediaciones del mercado de esa localidad,  por razones que son motivo en este momento de esclarecimiento.

El Comisario de Sorochuco ha confirmado a la Defensoría del Pueblo esta detención y ha informado que mañana a las 8.00 a.m. será trasladada a la Fiscalía de la provincia de Celendín, según lo dispuesto por el Fiscal de turno, Inti Tadeo.

Desde las organizaciones de Derechos Humanos, solicitamos celeridad para esclarecer la situación de la defensora, y hacemos un llamado a la Policía Nacional y Ministerio Público para se realicen las investigaciones con escrupuloso respeto de los derechos fundamentales que a esta persona le asiste.

Fuente:http://grufides.org/content/alerta-detienen-emperatriz-bola-os-defensora-del-agua-en-sorochuco

Perú

Huancayo: Realizarán Foro sobre Alternativas al Desarrollo en Regiones Mineras del Perú

Autor: REd.Muqui.org

¿Cuáles son los conflictos e impactos ambientales que está causando la minería en el Perú y que afecta seriamente a la agricultura, ganadería y los medios de vida que sustentan a gran parte de la población peruana? y ¿Cuáles son las alternativas al desarrollo que permita identificar los enfoques alternativos para la estrategia de desarrollo regional donde se priorice la diversificación económica productiva?

Estas son algunas de las preguntas que plante responder en el Foro: “Alternativas al Desarrollo en las Regiones Mineras del Perú” organizado por la Pastoral Pastoral Social y Dignidad Humana – Passdih, Plataforma por la salud ambiental y humana, la Facultad de Ciencias Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú y La Red Muqui.

El Perú es uno de los mayores exportadores de materias primas en el mundo, principalmente de cobre, plata y zinc, así como de plomo, molibdeno y oro. Sin embargo, los niveles de pobreza en el campo son los más altos y va en aumento debido a la mala distribución de la riqueza y la falta de políticas para enfrentar la lucha contra la pobreza. A ello hay que sumarle los conflictos sociales donde la actividad minera continúa siendo el mayor foco de conflictividad social en el Perú, que está provocando no solo la vulneración de derechos de las comunidades y poblaciones ubicadas al entorno de proyectos mineros, sino también está afectando a ecosistemas frágiles y el agua que son elementos vitales para la vida

Los organizadores señalan que, actualmente, una de las mayores limitaciones es la falta de información sobre las potencialidades de las comunidades para promover alternativas al desarrollo como la “Agricultura Familiar”, que contribuye significativamente a la seguridad alimentaria del país. Así, lo que se busca con este evento es analizar con estudiantes de las universidades e institutos superiores de la región Central del País la problemática ambiental generados por la actividad minera y formular alternativas al desarrollo sostenible en regiones mineras del Perú.

El evento abordará los temas de conflictos e impactos mineros en el Perú y se realizará la presentación del estudio “Alternativas de Desarrollo en Regiones Minera del Perú” elaborado por el Centro de Desarrollo Rural SLE de la Universidad de Humboldt- Berlín, Alemania, esto último a cargo del destacado investigador alemán Contantín Bittner, quien es geógrafo y postgraduado de la Universidad Humboldt de Berlín Alemania en estudios de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible.

El evento se realizará este jueves 31 de mayo en la ciudad de Huancayo en el Auditorio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/747-huancayo-realizaran-foro-sobre-alternativas-al-desarrollo-en-regiones-mineras-del-peru