El pasado 6 de junio se desarrolló en Espinar el taller de validación de la “Propuesta para el desarrollo de una Política de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”. Este taller es parte de un proceso de validación social de la propuesta técnica, y talleres similares se vienen organizando en otras zonas afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de Pasco, La Oroya y Cuninico.

En diversos lugares en el Perú, miles de personas se encuentran expuestas e intoxicadas de forma crónica por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas presentes en el ambiente, en muchos casos asociadas a actividades mineras o petroleras. Ciertamente, es una problemática sustancial que el Estado debe enfrentar con la mayor celeridad.

Frente a ello, las víctimas de contaminación se vienen organizando. En noviembre pasado tuvo lugar el Primer Encuentro de Afectados, en el que participaron personas provenientes de nueve zonas del país (Cajamarca, Loreto, Amazonas, Pasco, Junín, Cusco, Puno, Región Lima y El Callao). En dicho ecuentro surgió la Plataforma Nacional de Pueblos Afectados por Exposición a Metales Tóxicos, conformada por los afectados y representada por nueve delegados, uno de cada zona. Esta Plataforma Nacional está en proceso de consolidación. Además, surgió el Grupo de Salud Ambiental y Humana, conformado por diversas organizaciones para dar apoyo técnico a la plataforma y para seguir reflexionando y buscando soluciones para abordar la problemática.

Luego del Encuentro, se ha venido avanzando en la elaboración de lineamientos de política pública de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas, a fin de que pueda ser discutida y consensuada con la Plataforma de Afectados.

Como parte de ese proceso, el pasado 6 de junio se desarrolló en Espinar el taller de validación de la “Propuesta para el desarrollo de una Política de Salud Ambiental y Humana para la atención de poblaciones afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas”. El taller fue facilitado por Derechos Humanos Sin Fronteras y CooperAcción. Este taller es parte de un proceso de validación social de la propuesta técnica, y talleres similares se vienen organizando en otras zonas afectadas, tales como Hualgayoc, Cerro de Pasco, La Oroya y Cuninico.

En primer lugar, se desarrolló un diálogo en donde los participantes compartieron sus distintos malestares, resaltando la inacción del Estado frente al comportamiento de la empresa Glencore que hoy gestiona el proyecto Antapaccay.

Una de las problemáticas más sentidas por los participantes es la falta de resultados. Se sienten desprotegidos y señalan la inacción del Estado frente al comportamiento de las empresas. Asimismo, otra preocupación se centra en la salud de los pobladores producto de los impactos ambientales de las actividades extractivas. Los participantes son conscientes de encontrarse afectados por sustancias químicas en su organismo, pero lamentan no conocer la gravedad de la exposición y/o intoxicación del mismo. Ello se debe, en gran medida, a que el sistema nacional de salud no responde a la magnitud de la situación.

Por todas estas razones, el taller buscó, en principio, informar de los avances en materia de salud y de los diálogos sostenidos con el Ministerio de Salud tras el Primer Encuentro Nacional de Afectados. Del mismo modo, en el taller se buscó fortalecer las capacidades de los participantes sobre los conceptos más usados en materia de salud ambiental y humana.

El grupo técnico que acompaña a los afectados presentó la propuesta de Política de Salud Ambiental y Humana para su validación por parte de la comunidad de Espinar. El objetivo es que los propios voceros de las comunidades afectadas presenten la propuesta de política a la Ministra de Salud, Silvia Pessah, y los miembros que conforman la Comisión Sectorial. De esta manera, se está contribuyendo en la construcción de una política que realmente incluya a la sociedad civil en este tipo de procesos.

Finalmente, se acordó enviar una carta al Ministerio de Salud, para pedir los resultados de los exámenes del dosaje a un grupo de pobladores de Espinar realizado en diciembre pasado. También, se acordó una próxima reunión a mediados de julio y establecer otros mecanismos para dar a conocer la problemática de las personas afectadas.

Los EAi son un nuevo instrumento de gestión ambiental que debe permitir integrar los diversos estudios con los que cuentan los proyectos mineros. Ocurre que existen unidades mineras que tienen varios estudios ambientales, lo que hace que su gestión corra el riesgo de dispersarse y sea poco eficiente.

El pasado jueves 07 de junio, CooperAcción y EarthRights International (ERI) presentaron al MINEM un Informe Técnico en el que identifican 40 observaciones a la propuesta de los términos de referencia que regularán los Estudios Ambientales Integrados (EAi).

Los EAi son un nuevo instrumento de gestión ambiental que debe permitir integrar los diversos estudios con los que cuentan los proyectos mineros. Ocurre que existen unidades mineras que tienen varios estudios ambientales, lo que hace que su gestión corra el riesgo de dispersarse y sea poco eficiente. Entre las operaciones que cuentan con dos o más estudios ambientales diferentes se encuentran importantes minas como Yanacocha, Cobriza, Cerro Verde, Marcona, Cuajone, entre otras. Además, muchos proyectos solicitan modificaciones a sus estudios de impacto ambiental luego de que los mismos fueran aprobados o cuando ya se encuentran en operación, mediante las Modificatorias de EIA o los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS).

La existencia de varios instrumentos de gestión ambiental para una misma unidad dificulta la fiscalización, pues el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) tiene que revisar y dar seguimiento a numerosos documentos, lo que implica mayor cantidad de tiempo de dedicación a una sola unidad minera, con el alto riesgo de perder la visión del conjunto y de no visibilizar los impactos acumulativos y sinérgicos.

Además, dificulta la vigilancia ciudadana, pues si la población quiere conocer cuáles son los compromisos asumidos por la empresa no puede referirse a un único documento, dado que la información ambiental está dispersa.

Frente a ello, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental del sector minero, publicado el 12 de noviembre del año 2014, mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-EM, estableció la necesidad de “integrar” estos estudios ambientales en uno solo. Dichos Estudios Ambientales Integrados hasta la fecha no se han implementado debido a que su elaboración debía realizarse conforme a lo señalado en los Términos de Referencia (TdR) que el MINEM tenía que aprobar. En el citado reglamento se le daba al MINEM un plazo máximo de seis meses, contados a partir de su entrada en vigencia, es decir el 13 de noviembre de 2014.

Pasaron casi cuatro años sin que se aprueben los términos de referencia. Por ello, en el mes de abril, CooperAcción y ERI enviaron una carta al MINEM pidiendo información sobre la situación de este importante instrumento de gestión. El MINEM respondió señalando que en los siguientes días publicaría y pondría en consulta ciudadana el proyecto de TdR. Días más tarde, el MINEN emitió la resolución ministerial 132-2018-MEM/DM autorizando la prepublicación del proyecto de TdR.

Un equipo técnico de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional Junín supervisó el 23 y 24 de mayo el estudio de monitoreo ambiental realizado por la empresa SGS del Perú, realizado en las zonas de Capilla y Laguna Shalipaico, distrito de Carhuamayo, provincia y región Junín.

La zona forma parte del territorio que es ámbito de influencia del proyecto minero “Shalipaico” de la empresa Milpo. En la zona se constató los procedimientos para el recojo de las diversas muestras de agua e hidrobiológico, se informó a INFOREGIÓN.

El equipo estuvo liderado por la Ing. María Mendoza. Se hizo recojo de muestras de aguas superficiales entre ellos demanda bioquímica de oxigeno (DBO), sólidos totales, metales disueltos totales, coliformes totales, coliformes fecales, aceites y grasas, cianuro. También se recolectó muestras hidrobiológicas como macro eventos, fitoplancton, zooplancton, perofiton. Finalmente se visitó la instalación que realiza el estudio de aire donde se realiza la medición de PM10, PM 2.5, hidróxido de azufre, dióxido de azufre, monóxido de carbono y ozono.

La especialista indicó que se espera obtener los resultados de estos estudios para verificar que se cumplan todas las normativas a fin de no perjudicar el medio ambiente. Esta zona es mayormente ganadera, con miles de cabeza de ovino, alpacas y reses, también en esta zona proliferan los humedales y lagunas  y por ello alberga diversidad de fauna y flora.

El gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Fredy Valencia, dijo que su gestión vela por la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, especialmente por el agua.

Indicó que toda actividad económica como la minería irresponsable genera impactos, por ello se deben cumplir estrictamente los protocolos a fin de no perjudicar los ecosistemas y el ambiente de vida. Citó que se trabaja con diferentes instituciones a fin de hacer cumplir la ley vigente y se participará en los procedimientos de diversas empresas mineras, con ello se busca disminuir los conflictos ambientales.

Fuente:http://www.inforegion.pe/251121/junin-supervisan-impacto-ambiental-de-actividad-minera-en-carhuamayo/

A pocos meses de las elecciones regionales municipales y regionales en la provincia liberteña de Santiago de Chuco la minería es tema tabú para los candidatos. Estrategia política, asegura nuestro invitado. En esta entrevista, nos comenta lo que es un panorama sombrío para la minería formal, mientras que expresa una especial preocupación por lo que pasa en Quiruvilca en cuanto al manejo dado a la minería informal.

La minería no existe en la agenda proselitista

Actualmente, los candidatos municipales están proponiendo mejorar proyectos de riego, mejorar asuntos vinculados a la educación o la salud, pues consideran que la población está más pendiente de esos temas sociales que del tema minero. Es por eso es que no están tocando el tema minero en sus presentaciones, asegura Mendez.

“Los candidatos no formulan una propuesta minera porque no les conviene, porque es perder gente, ya que no tienen una propuesta en concreto. Se trata de los candidatos de Alianza para el Progreso, de la espiga (Restauración Nacional) y del APRA”, acotó. Remarcó, además, que las autoridades locales actuales o las que están por venir no pueden hacer mucho en este tema pues sólo les competen asuntos de la pequeña minería. En proyectos mineros de alcance nacional el efecto que puedan tener sus acciones es limitado, resaltó.

Disconformidad con las empresas mineras

“La población tiene una total disconformidad con el tema minero por la razón que toda la bonanza de dinero que hubo con la minera Barrick, Santiago de Chuco no ha visto beneficio social. No se ha visto una mejora de la economía en este pueblo. Ellos se han orientado a favorecer más pueblos como Huamachuco, quizá Otuzco. Este pueblo ha sido olvidado”, acotó.

“En el tema minero, en la zona por donde nace el agua que toma Santiago de Chuco ha sido peor el descontento generado porque las autoridades que les toca autorizar estos proyectos consideran que la población de Santiago de Chuco no sufre de efecto directo por la contaminación directa por estar distante. No se dan cuenta que hay un canal de agua que une desde la pretensión del proyecto minero hasta la población de Santiago de Chuco”, advirtió.

En cuanto a nivel de entidades comunales, agregó nuestro invitado que son varios los dirigentes locales que van de casa en casa para que la oposición sea aún más fuerte ante las pretensiones de las empresas mineras que desean usar la cuenca de donde nace el agua que usa la población de la localidad.

En Quiruvilca la autoridad propicia la minería informal

Esta se da “en la parte alta donde hay algunos puntos, pero más es en Quiruvilca, donde el alcalde Walter Díaz Ramos (que postula a la alcaldía de Santiago de Chuco), se comenta que ha repartido en parcelas el territorio de Quiruvilca que fue abandonado por una empresa minera”, afirmó. Nuestro entrevistado alegó que de esa manera ha dado parcelas a cada minero propiciando la minería informal.

A raíz de recientes casos de desaparecidos o muertos por minería informal en Quiruvilca, se corroboró no solo que el alcalde local favorece la minería informal, sino que a diario mueren una o dos personas en la zona; pero como traen personal de la zona de Cajabamba es que hay poca repercusión de este asunto en la zona, reveló.

En general, para nuestro entrevistado el tema de la minería va por definir prioridad y un orden para cada cosa. Es decir, tener una perspectiva clara para definir zonas dedicadas a la agricultura, para las fuentes de agua, y también para la actividad minera.

Fuente:http://www.inforegion.pe/251440/la-mineria-esta-fuera-del-debate-politico-en-santiago-de-chuco/

Las delegaciones de ronderos de diferentes provincias de la región, realizaron un pago al agua en la laguna el perol, así como saludaron la organización de los pueblos de Cajamarca y Amazonas, que se concentran hoy en Bagua, para recordar el lamentable caso de la curva del diablo, donde murieron varias personas como en Conga, posterior a ello realizaron una reunión, donde trataron temas relacionados al rechazo del mega proyecto Conga y otros en la región Cajamarca.

Actos similares se realizan en la provincia de Cajabamba y en las lagunas de Alto Perú, donde cientos de lugareños también acudieron a rendir homenaje a la madre tierra por el día mundial del medio ambiente.

En este día, reafirmamos nuestra resistencia en rechazo al megaproyecto CONGA, no vamos a permitir que el estado y la empresa minera nos impongan un proyecto que destruirá nuestra cabecera de cuenca, que abastecen a cientos de comunidades de las provincias de Celendín, Hualgayoc Bambamarca y Cajamarca, señalo Walter Castañeda Consejero regional.

En la inspección también llegaron para participar el actual alcalde de Bambamarca Edy Benavides Ruiz, el presidente provincial de rondas de Cajamarca, Segundo Alfredo Mendoza Vásquez, los presidentes provinciales de Bambamarca,  Celendín, Manuel Ramos Campos consejero por Hualgayoc Bambamarca, entre otros dirigentes sociales.

Una nueva denuncia mostraría el interés de la empresa minera Yanacocha por las Lagunas del Alto Perú, pese a que reiteradamente ha negado tener planes de exploración o explotación en la zona.

Según informa Wilder Sánchez, durante la visita realizada a la zona el pasado sábado 2 de junio para participar en la ceremonia de Culto al Agua y Homenaje a las Lagunas (IX Yacu Raymi), se constató que la empresa ha colocado un letrero cerca de una de las orillas de la laguna Elvión (llamada también Compuerta), que es la más grande de todas.  El letrero dice, tal como se aprecia en las fotografías: “Propiedad privada Yanacocha. Prohibido el ingreso a personas no autorizadas”. Según, explica Sánchez, hasta el año pasado no había ningún letrero en el sector de lagunas ubicadas en esa zona, en la margen derecha de la carretera Cajamarca – Bambamarca.  Es decir, en la parte que está más próxima al cerro Llagadén (también llamado San Cirilo), desde cuya cima se divisa la mayor cantidad de lagunas. Por lo menos hasta el 2017, Yanacocha únicamente tenía letreros de propiedad privada en el sector de lagunas ubicadas en la margen izquierda de la carretera Cajamarca – Bambamarca.

Además, Sánchez denuncia que se ha abierto una zanja en la ladera de un cerro y en el terreno llano, la misma que ha sido rellenada con cascajo de piedra de color claro, lo que sería un lindero de demarcación. Esta suerte de lindero atraviesa incluso las lagunas.

Como se recuerda, el año pasado el Tribunal Constitucional emitió una polémica sentencia en la cual deja desprotegido este ecosistema. En junio pasado, el TC resolvió por mayoría declarar fundada la demanda de amparo por la cual Minera Yanacocha solicitaba dejar sin efecto una ordenanza de la Municipalidad Provincial de San Pablo (Cajamarca) que creaba el Área de Protección Ambiental Municipal en el complejo hidrológico conocido como “Alto Perú”.

Por su importancia hídrica, ecológica y también turística, la Municipalidad Provincial de San Pablo creó en 2007 un Área de Protección Ambiental Municipal. Sin embargo, Yanacocha –que es propietaria de una parte de la superficie de la zona- interpuso esta demanda alegando que se afectaba “la libertad de empresa, de industria, de trabajo y propiedad privada”. La demanda fue declarada improcedente hasta en cuatro instancias en el Poder Judicial (el 2007, el 2008, el 2014 y el 2015). Sin embargo, la empresa apeló hasta llegar al Tribunal Constitucional, que con esta sentencia contradice todo lo actuado por el sistema de justicia y deja en la desprotección legal a este importante complejo hidrológico.

Las Lagunas de Alto Perú son un área de 2960 hectáreas que alberga 284 lagunas y 456 manatianles. Sus aguas alimentan tres cuencas hidrográficas: la del río Llaucano, que irriga Hualgayoc y Chota; la de los ríos Chilete y Jequetepeque, que llegan a la costa; y la del río Maschon, que alimenta a la propia Cajamarca.

Yanacocha alega que no existen planes para desarrollar algún proyecto minero de exploración o explotación, y que no ha gestionado permiso alguno para realizar actividad minera en la zona. Sin embargo, sus actos parecen contradecirla. Primero, invirtió recursos durante diez años para llevar adelante el proceso judicial. Y ahora, estaría delimitando físicamente esa propiedad ¿con qué objetivo?

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/07/alerta-alto-peru-propiedad-de-yanacocha/

Preocupante. En una conferencia de prensa especial y flanqueado por funcionarios de la empresa china Chinalco, por el embajador de ese país Jia Guide y por el ministro de Energía y Minas , Francisco Ísmodes, el presidente Matín Vizcarra anunció la “expansión” del proyecto minero Toromocho. Ello, pese a que hace sólo unos días la población de Morococha se movilizó en Lima para rechazar la expropiación de 34 hectáreas para esta ampliación, y se ha anunciado un paro indefinido a partir de la próxima semana.

Con el anuncio de una inversión de 1300 millones de dólares y en el marco de la celebración de los 10 años del inicio de Toromocho, el presidente Vizcarra anunció la segunda etapa de este megaproyecto minero. El mandatario subrayó la importancia de este proyecto, que elevará en 50,000 toneladas métricas la producción diaria de cobre.

Como se recuerda, el pasado 21 de mayo alrededor de 250 pobladores de Morococha se movilizaron ante el Ministerio de Energía y Minas en Lima, para rechazar la expropiación de 34 hectáreas a favor del proyecto minero Toromocho. Sin embargo, tras una reunión con el viceministro de Minas, Miguel Incháustegui, no se logró llegar a algún acuerdo. Frente a ello, se anunció un paro indefinido a partir del próximo 7 de junio.

Según informaron los ciudadanos de Morococha, tras retirarse de la reunión el viceministro Incháustegui, sus asesores redactaron un acta de acuerdos donde no figuraban las demandas de la población. Motivo por el cual los dirigentes se retiraron y anunciaron paro en Morococha y en la carretera central.

El conflicto se origina pues la ampliación de la mina implica el traslado y reasentamiento de 65 familias que permanecen en la antigua Morococha y demandan negociar con Chinalco para ser trasladados a un lugar distinto a Nueva Morococha pues consideran que ésta ciudad no reúne las condiciones mínimas para asegurar su calidad de vida. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNB), emitió la Resolución 120 2018/SBN-DGPE-SDDI en el marco de la Ley 30680, y expropió 34 hectáreas que pertenecían a la Municipalidad Distrital en la Antigua Morococha, lugar donde se ubican las viviendas de las 65 familias.

Cesar Reyna, abogado de estas familias, afirma que la expropiación realizada es ilegal porque la SBN ha considerado al proyecto minero como infraestructura pública cuando en realidad se trata de una iniciativa privada. Ante la resolución emitida, la municipalidad distrital de Morococha interpuso recurso de reconsideración el 21 de marzo y el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha presentó un recurso de apelación.

Elvis Atachahua, secretario del Frente Amplio por la defensa de los intereses de Morococha, explicó que con el reasentamiento en Nueva Morococha los problemas han crecido. Afirmó que no hay desarrollo económico en la zona y se está despoblando. Aseguró que las 60 familias que aún viven en Morococha antigua sufren constante acoso por parte de la seguridad de la empresa Chinalco. A las condiciones de constante acoso en que viven los pobladores se suma el riesgo de afectación a la salud. Morococha es una zona que tiene pasivos mineros de alto riesgo.

Fuente:http://conflictosmineros.org.pe/2018/06/01/vizcarra-anuncia-ampliacion-de-toromocho-pese-a-protesta-de-morococha/

La protesta social en el Perú generalmente expresa fallas en el sistema institucional del Estado y de la sociedad para responder a problemas públicos y procesar los conflictos que usualmente se producen. Como el sistema institucional existente falla, se crea un sistema de gestión de conflictos ad hoc, cuyo principal instrumento ha sido, en el último tiempo, las mesas de diálogo.

La institucionalidad del Estado falla, entre otras razones, porque las poblaciones o grupos sociales sienten que sus intereses y sus derechos no están siendo tomados en cuenta de manera justa en las decisiones del Estado. Es decir, perciben al Estado como una entidad cerrada, arbitraria y parcializada. Esta percepción se ha agudizado con las reformas sociales y ambientales de los últimos años, que ponen por encima la promoción de la inversión sobre otros bienes jurídicos.

Así pues, precede a un conflicto una serie de cartas que las organizaciones sociales envían buscando una respuesta sectorial ante determinada problemática. En el caso de Energía y Minas, que es el sector que más conflictos sociales presenta, las cartas no se reciben si son escaneadas, es decir, tienen que necesariamente presentarse en original. Lo que supone para alguien de provincia tener que enviarla por correo y valerse de una tercera persona para presentarla o viajar y entregarla personalmente.

Llegada la comunicación o denuncia escrita a una entidad estatal, es poco frecuente que alguien responda oportunamente. Un ejemplo claro, es la denuncia que presentó en línea un ciudadano ante OEFA por el desborde de agua de la presa de clarificación de Las Bambas a pocos meses de haber iniciado sus operaciones. Nadie respondió ni se supo qué pasó pese a que la denuncia se presentó inmediatamente luego de ocurrido el hecho, acompañada de fotos para acreditarlo. Los rumores decían que dicha presa había colapsado. Varios meses después, y luego de mucha insistencia realizada a través de la mesa de diálogo, se dio una respuesta: un funcionario dijo que se había tratado de un problema de exceso de agua sin mayores impactos. Cabe precisar que la inspección de OEFA para corroborar el hecho se realizó casi dos meses después y que por mucho tiempo se puso en duda la competencia de este organismo para intervenir en el caso, algunos funcionarios públicos dijeron que se debía recurrir a OSINERMING y los funcionarios de la empresa minera manifestaron que la competencia era de la ANA. La forma en que terminó todo dejó una sensación de insatisfacción muy grande, pues por el tiempo transcurrido nada se podía hacer y había que conformarse con la respuesta que se dio a través de la mesa de diálogo.

Otro ejemplo dramático es el caso de los lugares contaminados. Se hacen estudios de calidad ambiental, se determina que hay contaminación pero no se estudia la situación de la salud de las personas que vive en esos lugares, ni se determina las causas que la ponen en riesgo. La gente presiona socialmente y a través de mesas de diálogo se logra estudios de una muestra de personas sobre metales, metaloides y otras sustancias tóxicas en sangre, orina o cabello; así como en algunos casos se compromete estudios de causalidad, que deben ayudar entre otras cosas, a controlar la contaminación.

Los estudios toxicológicos en varios casos emblemáticos han arrojado resultados diversos: personas con altos niveles de contaminación, otras que están sobre el estándar y otras por debajo pero que presentan metales, metaloides o sustancias tóxicas. Frente a ello, lo único que hace el Estado es entregar los resultados, incluso tardíamente (hasta más de un año después) y lo hace por fuera del sistema de salud, sin asumir responsabilidad sobre ellos. La entrega de resultados produce estrés emocional en las personas que están por encima del estándar ya que se enfrentan a un alto nivel de incertidumbre sobre su futuro, pues nadie le explica que significan esos resultados (si están enfermos o no), qué le puede suceder y qué deben hacer. Es decir, se los deja a su suerte.

Como podemos apreciar, en muchos casos las mesas de diálogo han sido la instancia que ha permitido visibilizar los problemas que el sistema institucional ignora; así como establecer un canal institucional ad hoc con la entidad que debe atenderlo. La dificultad que presenta es que al ser ad hoc, y al no encontrarse normado, depende de la voluntad de la autoridad política o del funcionario público que asumió el compromiso y como estos cambian frecuentemente, los problemas se quedan sin resolver. El estudio de causalidad de la contaminación de Espinar todavía no tiene resultados pese a que han transcurrido seis años desde que el Estado asumió el compromiso de realizarlo, en la mesa de diálogo. Ningún funcionario ha sido sancionado por ello,  ni siquiera se sienten en falta y en la necesidad de dar una explicación por la demora.

Pese a sus múltiples deficiencias, las mesas de diálogo suelen cumplir una función de mesa de parte multisectorial, pero también permiten a los actores introducir sus problemas en la agenda pública, algo difícil de lograr. Por ello, organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas insisten en reactivar la mesa de diálogo de Cotabambas que dejó de funcionar en octubre de 2016.

Este frente de defensa, en las últimas reuniones de la mesa de diálogo que se realizaron, puso en conocimiento del Estado la problemática en torno a la carretera del transporte minero. Reportó que esta vía  que se había convertido en pública ocupaba tierras de comunidades campesinas, sobre las que se había establecido servidumbre con la minera y que existía la necesidad de realizar el saneamiento de la propiedad. Pero sobre todo denunció el impacto en polvo, ruido, vibración y congestión que producían los camiones de carga pesada al transitar sobre una carretera sin asfalto. También evidenció que la modificatoria del EIA que permitió el cambio de mineroducto  a transporte terrestre no adoptó las medidas adecuadas para controlar el impacto y que ello se debía corregir. A más de dos años de haber comunicado el problema, éste no se resuelve y el fiscalizador ambiental todavía no ha comprobado los impactos denunciados públicamente, ni ordenado que se adopten las medidas necesarias para corregir la forma en que se viene realizando el transporte, más aún cuando se ha aumentado la capacidad de procesamiento, lo que supone que se producirá más y que el transporte se incrementará. La razón de la falta de reacción del fiscalizador también se identificó en la mesa de diálogo: el Estado no tenía la claridad sobre a quién correspondía la competencia de fiscalizar, si era al OEFA como fiscalizador de la actividad minera, o al MTC o a los gobiernos regionales o locales como autoridades del transporte público en sus ámbitos de acción. Esta duda se mantiene y aparentemente, por ello nadie interviene.

Frente al problema, algo se está haciendo: la exigencia de asfaltado llevó al gobierno central a firmar un convenio con las empresas que utilizan el llamado corredor minero del sur para que juntos asfalten la carretera. Además, para facilitar el proceso, el gobierno  ha convertido recientemente en vía nacional la carretera del transporte minero de Las Bambas en la parte que pertenece al departamento de Apurímac. Evidentemente, no es la solución más feliz, integral e institucional, pero algo se ha hecho para aminorar los problemas existentes. Si la mesa hubiese seguido existiendo, tal vez la vigilancia ciudadana hubiese planteado una solución más justa para el Estado e integral. No hay mesa, no hay manera de dar seguimiento a ese proceso, ni la posibilidad de mejorarlo.

Es evidente que sostener una mesa de diálogo es costoso para el Estado. Pese a ello, han sido necesarias. Si bien han tenido muchas deficiencias, también han mostrado alguna utilidad como hemos señalado. Nos parece importante que el Vice Ministro de Gobernanza se pregunte si ese es el camino correcto; pero si no lo es, nos parece necesario que plantee una propuesta alternativa. Tener una respuesta articulada de las cuatro secretarías del Vice-Ministerio de Gobernanza a los problemas subyacentes en los conflictos es insuficiente, porque la atención de la mayoría de ellos le corresponde a los ministerios sectoriales.

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/el-vacio-que-dejan-las-mesas-de-dialogo-y-que-necesita-ser-llenado/

El día viernes el Presidente Vizcarra anunció el inicio de la segunda etapa del proyecto minero Toromocho de la Minera Chinalco Perú S.A en la región Junín. Se trata de una ampliación del proyecto minero que añadirá otras 75,000 toneladas métricas finas (TMF) de cobre a la actual producción de la mina.

Este sería un anuncio importante si sólo lo viéramos desde ese punto de vista. El problema es que la aprobación de esta ampliación, no contó con la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ya que solo ha sido aprobado a través de un Informe Técnico Sustentatotio (ITS) que no es el instrumento técnico idóneo para evaluar los impactos de los proyectos de esta envergadura, pues no se ha tratado de una modificación secundaria, tal como establece el marco normativo de los ITS.

De otro lado, es preciso mencionar que para que esta ampliación del proyecto se pueda ejecutar, desde el Poder Ejecutivo, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales Nacionales (SBN), se ha emitido la Resolución N° 130-2018-SBN-DGCE-SDDI, mediante la cual se expropian las 34 hectáreas de tierras de los pobladores que aún habitan en Morococha antigua, a pedido de Activos Mineros S.A.C, empresa del Estado a cargo de la remediación de dichos pasivos, aduciendo existen pasivos ambientales de alto riego, lo que antes no habían indicado.

Esta medida posibilita el desalojo de las personas que aún viven en dichas zona, que imposibilitaba para la empresa Chinalco la realización de la ampliación del proyecto, y lo que ha hecho el gobierno es facilitar el proyecto a dicha empresa, con el pretexto de los pasivos ambientales, que nunca ha priorizado procesar y sólo lo hace ahora para la realización del proyecto, en desmedro del derecho a la propiedad de las personas, propiciando un nuevo conflicto social, que ya viene generando movilizaciones y paralizaciones de la población afectada en defensa de su legítimo derecho a la propiedad que viene siendo afectado de manera inconstitucional, pues las normas del Poder Ejecutivo han pasado por encima de nuestra Constitución y del derecho de propiedad que está debidamente establecido en nuestra Carta Magna.

Se demuestra con esta medida que el actual gobierno del Presidente Vizcarra, es la continuidad del gobierno de Kuczynski, que mantiene las mismas prácticas de autoritarismo e impunidad, frente a los conflictos socio ambientales, que se suma a los estados de emergencia que se continúan aplicando y a los convenios que la policía sigue suscribiendo con las empresas mineras, cuyo costo de seguridad subvencionamos todos los peruanos y peruanas, y sufrimos porque nos limitan contar con suficientes efectivos que asuman la seguridad ciudadana.

La situación de la población de Morococha por años ha sido la de mantener un conflicto desgastante con la Minera Chinalco, que no ha cumplido estrictamente con las obligaciones que debe asumir por el proceso de reasentamiento forzoso de la población, según los criterios del Banco Mundial que se siguieron, y que no son debidamente fiscalizados por la OEFA, que no tiene un sostenimiento económico debido en su nueva ubicación por no cumplir la empresa con establecer su campamento con trabajadores en dicho lugar, sin condiciones ambientales adecuadas por la ubicación de la zona en bofedales y de una relavera contigua, lo que ha modificado irreversiblemente la calidad de vida de la población en una “ciudad” que no les brinda condiciones de vida adecuadas, sin que la empresa asuma sus responsabilidades sobre el daño causado.

Es preocupante el anuncio del presidente de la segunda etapa del proyecto Toromocho en las condiciones en las que se está dando, cuando es responsabilidad del Estado ante todo, velar por las condiciones ambientales y sociales necesarias que respeten los derechos de las personas, lo que no ha ocurrido con los pobladores de Morococha.

Fuente:http://www.muqui.org/comunicaciones/noticias/item/755-segunda-etapa-de-proyecto-minero-toromocho-se-realiza-afectando-derechos-fundamentales-de-los-pobladores-y-su-derecho-constitucional-a-la-propiedad