Perú

Justicia peruana dicta 36 meses de prisión a asesores de comunidad en conflicto con minera

El Poder Judicial de Perú dictó 36 meses de prisión preventiva contra los asesores legales de la comunidad andina de Fuerabamba por el presunto delito de extorsión contra la minera china MMG que opera el yacimiento Las Bambas, en el departamento de Apurímac (sur).

La decisión fue tomada por la jueza Patricia Valenza de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, según informa la agencia estatal Andina.

Los asesores legales son los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, abogados que estaban pidiendo, en nombre de la comunidad de Fuerabamba, 500 millones de dólares a la minera por la construcción de una carretera.

Este monto inicial fue rebajado posteriormente hasta 30 millones de dólares.

Las pretensiones de los asesores era que MMG abonara dinero por la construcción de una vía nacional que va a pasar por un predio de 1.200 hectáreas conocido como Yavi Yavi.

Este predio, ubicado en el departamento vecino de Cusco, es propiedad de la comunidad de Fuerabamba y le fue cedido por la minera al inicio de sus operaciones en 2015.

 

La Fiscalía acusa a los hermanos Chávez Sotelo de azuzar a la población de Fuerabamba en contra de la minera, y de extorsionar a la empresa MMG con el pago de ese dinero.

Por esto último, pidió al Poder Judicial que dicte 36 meses de prisión preventiva en su contra mientras duren las investigaciones.

La comunidad de Fuerabamba lleva 58 días bloqueando la carretera que da acceso al yacimiento Las Bambas, así como impide el paso de camiones de la minera por el predio de Yavi Yavi que cuenta con una trocha afirmada.

El martes, con su presidente Gregorio Rojas a la cabeza, los comuneros comunicaron que el diálogo que quiere sostener el Ejecutivo para superar el conflicto debe tener como condición la liberación de los Chávez Sotelo.

El Ejecutivo ha manifestado en varias ocasiones que la liberación de los asesores es una decisión que depende del Poder Judicial en virtud de su autonomía.

Asimismo, han rechazado que la comunidad exija un pago a la minera por la construcción de la carretera en Yavi Yavi ya que, al tratarse de una vía nacional, su ejecución está a cargo del Gobierno y no de un privado.

El primer ministro de Perú, Salvador del Solar, se reunió el domingo con Gregorio Rojas en Lima y se acordó que el Ejecutivo y la comunidad iban a sostener una nueva reunión el 6 de abril.

Mientras tanto, al bloqueo de las vías se le ha sumado un paro de 48 horas que se lleva desde este miércoles en las provincias apurimeñas de Andahuaylas y Abancay.

Esta medida ha sido decretada por los frentes de defensa provinciales.

Por su parte, el Gobierno ha decretado el Estado de Emergencia en el distrito apurimeño de Challhuahuacho, donde se ubica Fuerabamba, en previsión de exacerbación de brotes de violencia.

Las Bambas es una mina de tajo abierto que posee reservas de 1,08 millones de toneladas de cobre y en cuyo desarrollo se invirtieron 10.000 millones de dólares.

 

Fuente:https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201904041086495637-fuerabamba-extorsion-mmg-las-bambas/

Perú

¿Quién debería asumir el costo económico de la carretera en Las Bambas?

El saneamiento legal y la construcción de la carretera que utiliza diariamente Las Bambas costaría al Estado peruano alrededor de S/2,000 millones de soles. Este dinero provendrá de los impuestos que se recauda.

Sin embargo, ¿es realmente éste un gasto socialmente eficiente?  ¿por qué no invertir todo este dinero en educación o salud? La responsabilidad de Las Bambas para asumir los costos de construir la carretera ha quedado “al margen” al volverse vía pública, las negociaciones de los anteriores gobiernos extrañamente no lo previeron u omitieron. No obstante, en adelante una opción razonable podría ser que la construcción  y mantenimiento de la carretera incluya el cobro de un peaje.

La carretera del corredor minero del sur andino abarca las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, en una longitud de más de 400 km. Actualmente, esta carretera está en el foco de la atención nacional debido al bloqueo que ha mantenido por más de 50 días la comunidad de Fuerabamba, en la zona de Yavi Yavi, impidiendo el paso de los camiones de transporte de mineral de Las Bambas. En su recurrido, sin embargo, existen en realidad 149 centros poblados y 72 comunidades[1].

La primera fase para alcanzar una solución duradera a este conflicto es concluir con el saneamiento físico legal de esta vía, ahora nacional. En este proceso es una condición ineludible atender a todas las comunidades que fueron afectadas, no sólo a Fuerabamba, de otro modo estaremos próximamente frente a nuevos conflictos. Para la apertura y ampliación de ciertos tramos de la carretera, que actualmente utiliza Las Bambas, se utilizaron tierras de distintas comunidades y como corresponde en toda obra se debió haber comprado o expropiado las tierras, como se ha hecho, por ejemplo, con la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez o estaciones del Metro de Lima. Se requiere alcanzar un justiprecio por la tierra y para ello se podría recurrir a una tasación independiente, pero, ante todo, es necesario un proceso transparente De hecho, sería muy valioso para la resolución de este conflicto que finalmente la empresa Las Bambas y la comunidad de Fuerabamba hagan público el contrato de transferencia del fundo Yavi Yavi. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) ha señalado que cuenta con S/300 millones para el saneamiento legal de los terrenos de 38 comunidades comprometidas por la carretera.

La segunda fase para atender este conflicto es realizar el asfaltado de la carretera. Según informe del MTC de noviembre de 2018, el asfaltado de la carretera costará S/1,752 millones de soles. Los 370 vehículos de Las Bambas que transitan por esta carretera no asfaltada, produce ruido, vibración, polvo, congestionamiento y accidentes de tránsito. Todo esto viene generando un gran malestar y protestas, lo que ha obligado a la empresa a regar la carretera, pero esto es insuficiente. Además, las comunidades se quejan de que la empresa está tomando agua de sus manantiales sin consultarles.

En la segunda modificatoria del Estudio Ambiental (EIA), del 2014, la empresa no incluyó en la solicitud que iba a realizar el cambio de mineroducto por transporte terrestre. Solo cuando el Ministerio de Energía y Minas le pregunta por la forma de transporte, incorpora irregularmente el cambio.  Esto hizo que no se identificaran los impactos del transporte ni las obligaciones para mitigar o evitar los daños ocasionados.

Se ha señalado constantemente que el mineroducto ya no tenía sentido comercial cuando las unidades mineras de Antapaccay y Las Bambas dejaron de tener al mismo propietario en el 2014[2]. Sin embargo, en el EIA inicial de Las Bambas, del 2011, la empresa no sólo se había comprometido al mineroducto, sino también a construir y asfaltar una carretera alterna para el transporte de suministros. Este último compromiso se eliminó en la segunda modificatoria del EIA, es decir, desapareció, ¿por qué?

En el caso de Antamina en Ancash, principal productor de cobre hasta el 2015, para sus operaciones se comprometió a invertir en un mineroducto hasta el puerto de Huarmey y además en el asfaltado de una carretera alterna. Lo cierto es que esta empresa ha logrado que sus diversos conflictos sociales se mantengan en un nivel de baja intensidad.

En el Convenio Interinstitucional del 2016 entre Las Bambas y el MTC, la empresa se compromete a financiar los estudios técnicos para la carretera que ascendían a S/15 millones, monto bastante menor a la inversión total requerida. Asimismo, en  enero del 2019, en la tercera modificatoria de su EIA, aunque la empresa señala que no tiene por qué asumir la remediación de los impactos pues la carretera es una vía pública, ofrece voluntariamente asfaltar algunos tramos, pero sólo con base negra, que de acuerdo a especialistas del mismo Estado es inadecuado técnicamente para el transporte pesado, cada camión de Las Bambas para el transporte de concentrados tiene un peso de 87 toneladas (con carga). Este ofrecimiento paradójicamente ha sido aceptado por el SENACE.

Algunas voces señalan por qué no se usa el canon para asfaltar la carretera. Las Bambas recién el 2020 empezaría a pagar canon, por su parte, las regalías son pagadas desde el 2016. Sin embargo, para financiar el monto de la construcción de carretera e indemnizaciones se requerirían destinar durante tres años todo el canon y regalías de Apurímac. Sólo con las regalías se utilizarían ocho años de este aporte ¿Es justo que Apurímac financie una carretera que usa principalmente la empresa para el transporte minero en lugar de invertir en su propio desarrollo?

Si bien Las Bambas ha utilizado su stock de concentrados, almacenados en el puerto de Matarani, para atender sus ventas, los 52 días de bloqueo podrían haberle costado S/1,300 millones de soles de menores ingresos. Si a esto le sumamos los costos de mantenimiento de la carretera, vía regado, durante 18 de años de vida de la mina ¿no sería más razonable reorientar estos recursos para cofinanciar  y darle una solución conjunta con el Estado al tema de la carretera?

El cobro de un peaje en esta vía nacional puede ser la solución para que quienes realmente la utilizan financien los S/2,000 millones que requiere su saneamiento legal y asfaltado, además de los futuros costos para su mantenimiento ¿estarán ésta y otras empresas del corredor minero de acuerdo?

[1] Cifra aproximada.

[2] Las Bambas pasa en propiedad de Glencore a MMG.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/quien-deberia-asumir-el-costo-economico-de-la-carretera-en-las-bambas/

Perú

La situación de las mujeres campesinas en Las Bambas

(Foto: Marco Garro. Ojo Público)

“…Ni la comunidad, ni la empresa consulta la opinión de las mujeres”

(Julia Cuadros/ Cooperación)

 

Cotabambas actualmente cuenta con 50, 656 habitantes, 53% son hombres y 47% son mujeres, mientras que la población rural asciende al 69%.  Tradicionalmente ha desplegado una economía basada en la agricultura y ganadería para asegurar la alimentación y el trueque con comunidades y comerciantes de Arequipa y Cusco.

Esta economía es sostenida por hombres y mujeres con roles diferenciados. Las mujeres despliegan a los largo del día un

promedio de 15 horas de trabajo que implica la crianza de hijos/as, la preparación de alimentos, la provisión de alimentos a quienes trabajan la chacra, la participación en tareas puntuales de agricultura (echar semilla, cosecha), la crianza de animales, el tejido de prendas, la elaboración de queso y el intercambio/ venta en la ferias dominicales de Challhuahuacho. Los hombres ejecutan labores de producción familiar destinando para ello un promedio de 12 horas de trabajo que dedican a la organización y desarrollo de la agricultura en la chacra, el arreglo de cercos, la elaboración de adobes, el pastoreo, el hilado y tejido de prendas.

El quehacer político en la comunidad también está determinado por roles de género; el hombre es el comunero calificado, jefe de hogar, propietario colectivo que representa a la familia  y por ende toma decisiones -con otros hombres- sobre la vida comunal y la disposición de los bienes comunes. Este poder contribuyó en su momento, a la instalación de la gran minería, que se hizo sin consulta previa.

En el 2004 comenzó el proceso de instalación de la actividad minero extractiva a través de la empresa Xstrata para el desarrollo del proyecto las Bambas, con la creación y transferencia de un Fondo de Fideicomiso (cuestionado luego por no cubrir las expectativas de la población).  En el 2012 las Bambas es transferida a la empresa Glencore y en el 2014 a MMG Limited. En el 2015 y 2016, explotan los conflictos por la modificación inconsulta del proyecto. En el 2017 Las Bambas superó la producción de 450 mil toneladas de cobre en concentrado, que se trasladan por más de 300 camiones de carga pesada.

Desde agosto del 2018 la comunidad de Fuerabamba exige el pago por el uso de su territorio para la carretera de traslado de minerales; y otras comunidades también reclaman por el polvo, el ruido, la contaminación del agua, los derrames de insumos químicos; y además surgen disputas por límites que se mantienen como conflictos latentes. La respuesta estatal ha sido enfriar las protestas y reclamos con más de 9 meses de declaratoria de estados de emergencia en el llamado “corredor minero del Sur”, en lugar de establecer un dialogo profundo con las múltiples demandas.

Tomamos en cuenta este contexto, sin perder de vista que se enmarcan en estructuras patriarcales y coloniales, para analizar los impactos de las Bambas en la vida de las mujeres campesinas e identificar el contenido de sus voces en este escenario complejo para las comunidades, y más aún para las mujeres.

Impactos políticos y tejido social

El desarrollo de la actividad minera en las comunidades de Cotabambas y Grau, ha sido favorecido por la correlación de poder masculino (económico y político) entre los representantes de las empresas mineras, el estado, el gobierno regional y gobiernos locales y los presidentes comunales; las mujeres estuvieron ausentes en las negociaciones y firma de acuerdos. Sin embargo, las transformaciones que se ocasionan en las dinámicas eco-territoriales son directamente vividas por ellas.

En el 2000, las federaciones de comunidades campesinas y de mujeres se posicionaron como la fuerzas principales de interlocución frente al estado y las empresas; más tarde estos últimos, desplegaron estrategias de negociación paralelas con cada una de las comunidades de influencia directa, abriendo fisuras de legitimidad social y dirigencial, al 2010 estas organizaciones quedaron debilitadas. Surgieron entonces los frentes de defensa, sin embargo la lógica de demandas específicas se ha mantenido vigente; hay que mencionar además, que la criminalización desatada contra los/as dirigentes que participaron de protestas sociales, profundizan esta fragmentación. Esta situación, se replica en las organizaciones de mujeres, los esfuerzos de articulación se ven disminuidos por sospechas de colusión de dirigentas con las empresas.

Impactos en la economía y los roles

La generación de puestos laborales para la mano de obra no calificada local, así como la estrategia de captación de dirigentes para proyectos productivos ha trastocado los roles tradicionales de hombres y mujeres en las comunidades, y ha afianzado el poder económico y político patriarcal. El acceso a puestos laborales remunerados en las operaciones mineras ha sido aprovechado principalmente por los hombres debido a la modalidad de contratación, rotación por 15 días consecutivos o trabajos permanentes con algunos días de descanso; a los cuales las mujeres, sin experiencia de trabajo fuera de sus comunidades, tiene menores posibilidades de acceso.

El desplazamiento de la fuerza productiva masculina hacia la minería, ha obligado a las mujeres a reemplazar esa fuerza y hacerse cargo de las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas viéndose sobrecargadas en su rol de sostener la economía familiar, sin remuneración. A esto se agrega que los ingresos económicos captados por los jefes de hogar, son utilizados para sus propios intereses. Por otro lado, se ha debilitado el intercambio de productos mediante el trueque, siendo remplazado por una actividad comercial monetaria intensa, con la elevación del costo de vida, impactando de manera directa en la escasa economía monetaria de las mujeres.

Impactos por la conflictividad social y criminalización de defensoras

En todos los episodios de conflictividad hombres y mujeres se han movilizado, las mujeres como frente de protección de dirigentes y manifestantes para evitar el choque frontal con las fuerzas armadas, como es el caso de las últimas protestas en Challhuahuacho. En 2015 y 2016 la conflictividad escaló a niveles de violencia y enfrentamiento en el que perdieron la vida cuatro dirigentes (Exaltación Huamaní, Beto Chahuayllo, Alberto Cárdenas y Quintino Cereceda) y hubo heridos. Tras los conflictos, fueron criminalizados/as más de 90 dirigentes de las cuales 3 son mujeres, que hoy afrontan largos viajes por los juicios que se les sigue.

La conflictividad afecta de manera diferente a las mujeres; la muerte de las cuatro personas mencionadas, ha dejado viudas, más pobres y solas a cargo de sus hijos, entre estas mencionamos a: Antonia Huillca, quechuhablante, madre de 3 hijos/as y viuda de Quintino Cereceda. Agustina Llusca, madre de cinco hijos y viuda de Beto Chahuayllo Huilca. El Estado no ha generado medidas de contingencia para estas familias, siendo para ellas más complicado aún enfrentar la vida misma. Una situación parecida ocurre con las madres, esposas e hijas de los heridos que deben hacerse cargo de sus cuidados y manutención.

La militarización de la zona, ha significado una vivencia con mayores temores para las mujeres y niñas frente al incremento de posibilidades de ser violentadas, engañadas o embarazadas por parte de integrantes del ejército, existen testimonios en quechua de mujeres, que señalan haber sido hostigadas en zonas de pastoreo o incluso coaccionadas violentamente para mantener el silencio frente a la actividad minera. Sin embargo hace falta aquí, involucrar mayores esfuerzos para indagar o investigar situaciones de violencia y silenciamiento hacia las mujeres.

“ … Los policías nos violentan, nos toman fotos, nos persiguen y asustan” Maria Rosa Ochoa

Impactos de violencia y prostitución mujeres

Cotabambas es la cuarta provincia con mayor número de casos por violencia contra la mujer según el MIMP 2018, la problemática se enmarca en el afianzamiento del poder económico y político de los hombres sobre las mujeres, de la relaciones de poder desiguales y violentas y la ausencia de planes estatales y privados para dirigir los ingentes recursos hacia el abordaje integral de la violencia de género.

Por otro lado, como ya es conocida las zonas de crecimiento económico, comercial y poblacional condicionan el surgimiento de negocios en torno a la prostitución de mujeres, las sociedades en pos de desarrollo fundan como muestra la cosificación y comercialización del cuerpo de las mujeres como se señala en SERVINDI, “Las fiestas costumbristas han sido transformadas en eventos comerciales por la empresa minera, cuyos gerentes contratan orquestas de moda, regalan cientos de cajas de cerveza y traen prostitutas para los solteros”

Impactos en la relación de las mujeres con el territorio y ambiente

Es un hecho que la actividad minera transforma el territorio, en la medida en que se transforma la orografía del mismo, al operar tajos a cielo abierto y realizar represamientos o secados de fuentes de agua superficiales, cambiando el curso de las aguas, destruyendo los sistemas de aguas subterráneas. A lo que hay que agregar la construcción de carreteras, el incremento del tránsito de camiones y maquinaria pesada, que levanta grandes polvaredas contaminando sus aguas, pastizales y laymes

Las mujeres históricamente han desarrollado una relación más estrecha con la naturaleza, su semejanza a ella en la creación de vida, desde la cosmovisión andina, es trascendental. Su rol de cuidadora de la vida -humana, animal y natural- la conecta directamente con esta y por ello percibe más los desequilibrios ocasionados por la actividad minera como: la enfermedad de ovejas, la disminución del caudal del agua y especies del río, la irrupción de vibraciones y sonidos de explosión, el polvo sobre los cultivos etc.  Todo esto es motivo de un enorme malestar y preocupación en torno a la situación de la agricultura y el ambiente para el futuro, “cuando se vaya la mina; sin embargo sus preocupaciones y planteamientos no son escuchados ni tienen un lugar privilegiado en los acuerdos, mesas de diálogo y respuestas del Estado.

“ … Nos están contaminando el agua, los animales, ya no nos respetan, como vamos a vivir después. Que haya Justicia” Felicitas Ochoa

Desde esta perspectiva de análisis, es importante tomar en cuenta los impactos de la minería  y la urgencia de dar medidas favorables para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, principalmente campesinas y niñas. Por ello, en el escenario actual de conflictividad y búsqueda de salidas, es imprescindible incorporar en el diálogo la voz y las demandas de las mujeres.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/informe/la-situacion-de-las-mujeres-campesinas-en-las-bambas?fbclid=IwAR0dPgUoO4KNENZRmgNFDAo2JYg_1EZnwBumI5NcxMNQ0PKf57tFKfrkzyg

Perú

Otro poblado afectado por actividad de Las Bambas pide mesa de diálogo con minera y gobierno

Pobladores de Chumille, ubicado a minutos del distrito de Challhuahuacho señalan que los camiones que trasladan el mineral de Las Bambas han causado estragos en sus propiedades.

Chumille es un poblado ubicado a 15 minutos del distrito de Challhuahuacho, cuyos pobladores señalan ser afectados por la actividad de la mina Las Bambas.

La mayor afectación se produciría por el paso de los camiones de minerales. Señalan que la actividad minera tiene un impacto en 17 comunidades de Apurímac, no solo en Fuerabamba. Piden se instale una mesa de diálogo para dar solución a su problemática.

Eloiza Enriquez, presidenta comunal indicó a La República que la empresa minera MMG, operaria de Las Bambas les prometió que serían compensados. En medio del pueblo pasan camiones que trasladan mineral. Señala que nunca se dio tal reparación.

Entre los efectos nocivos que señalaron los comuneros se encuentra el deslizamiento de terrenos aledaños a la carretera que usa la mina. El polvo también ha cubierto sus sembradíos.

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1440644-pobladores-chumille-piden-mesa-dialogo-bambas

Perú

La piel de un indio (en Las Bambas) no cuesta caro

Con un cierto tono de ironía, Rosa María Palacios ha señalado, en su programa Sin guion,  que los comuneros de Fuerabamba no son pobrecitos, en los comentarios de Youtube de este y otros programas de noticias, diversas personas los han catalogado de extorsionadores y convenidos. Entre la ironía y el desprecio, lo que los comuneros de Fuerabamba vienen desafiando es esa representación de sujetos subalternos a la que han sido relegados por el estado peruano. Como un modo de confrontar explotaciones y el desinterés de las autoridades nacionales durante años, los fuerabambinos han producido sus propias estrategias de negociación, de acuerdo a sus propias reglas. Conocedores del valor de los recursos en sus territorios, han decidido exigir mayores beneficios económicos. Se han declarado “no antimineros” y están gestando la construcción de una relación simétrica con la minera que, bajo una aparente filantropía humanista, ha perpetrado numerosas injusticias sociales y ambientales en la zona.

Se trata de un tipo de empoderamiento, de recobrar el derecho a la protesta y una auto-representación más allá de la ventriloquia letrada o nacionalista. La toma de carreteras, cerrar el diálogo hasta lograr la liberación de sus dirigentes, rechazar las propuestas del gobierno, atentan contra esa tradición colonial del sujeto indígena pasivo, carente de agencia, que tiene que aceptar lo que se le ofrece y punto. Ahora, los comuneros buscan sus propios medios para recuperar su dignidad, para demostrar que el diálogo ya no tiene que seguir la lógica de la dádiva, según lo que el Estado o la minera dispongan. Bien ha señalado Humberto Campodónico que el caso Las Bambas demuestra que el modelo minero se encuentra desfasado. Sin embargo, no es que las políticas mineras hayan caído en un desgaste, sino que comuneros como los de Fuerabamba se han cansado de seguir aceptando acuerdos que solo benefician al gobierno y a las transnacionales.

El reclamo es justo. Para iniciar el proyecto Las Bambas, la empresa Xstrata compró los terrenos a un costo mínimo. La construcción de casas, la reubicación, el otorgamiento de predios, todo ello no significó un real gasto para Xstrata si consideramos todo lo que iba a ganar con la explotación del cobre en la región. En otras palabras, no les costó caro. Ciertamente, ellos advirtieron que dar dinero resultaba un medio eficaz para contener posibles protestas. Los comuneros reconocieron en esta transacción un medio que les permitía solucionar problemas concretos de acuerdos a intereses específicos dentro de la propia comunidad. Se trató sin duda, como ha indicado Javier Torres, de un mecanismo perverso. Asimismo, este tipo de negociaciones buscaba, por parte de Xstrata Cooper, desarticular la solidaridad comunal, ofreciendo más o menos dinero a tal o cual autoridad local. Posteriormente, las políticas de MMG, actual dueña de Las Bambas, restringieron las sumas de dinero, dando pie a nuevos conflictos como el que se vive en estos días por la “carretera” que atraviesa el fundo Yavi Yavi.

En medio de este contexto, amerita detenernos en cómo los propios comuneros han entendido las negociaciones con la minera y hasta qué punto son realmente las víctimas o, más bien, es la esfera pública la que quiere victimizarlos. Si nos mantenemos únicamente en el plano de una empresa que compra a una comunidad, lo que hacemos es negar la capacidad política de los propios comuneros. Es semejante al discurso de la extorsión de los hermanos Chávez Sotelo. Queda por investigar el rol de estos abogados, pero quedarnos con la imagen de unos comuneros engañados no hace sino infantilizarlos, al considerarlos incapaces de protestar o acaso buscar sus propios beneficios. Debemos dejar de romantizar a las comunidades indígenas.

Si por un lado se ha cuestionado que los comuneros quieran enriquecerse -como si no tuvieran ellos el derecho a tener una camioneta o una casa-, al mismo tiempo se les ha considerado una amenaza para la seguridad y el progreso nacional. En una conversación con Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial, la periodista Josefina Townsend (hoy desaforada de RPP-, pregunta por la gobernanza nacional. Con esta expresión los comuneros son convertidos en una amenaza, en un obstáculo. José María Arguedas escribió estos versos en 1966, las cuales resuenan en los comentarios de periodistas como Palacios o analistas  como Rospigliosi: “Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso”. Aquí resuenan los vituperios acéfalos a los que nos tiene acostumbrados Aldo Mariátegui, quien ha sentenciado que no conviene espantar a los dueños de MMG “por abogados pendejos y comuneros ignorantes”. Y es que para muchos limeños eso son los comuneros de Fuerabamba ahora (y siempre): ignorantes, primitivos, salvajes, indios, en otras palabras.

Las mineras se han convertido en la excusa perfecta para que el Estado abandone sus responsabilidades con las comunidades indígenas, dejándolo todo en manos de empresas privadas. Siendo así, los comuneros se han visto en la necesidad práctica de negociar con las transnacionales. Pero cuando tales negociaciones se salen de las manos de las mineras, estas llaman desesperadas al Estado, y este acude presto, apelando a nociones de soberanía y desarrollo nacional. Entre ambos se cuidan las espaldas. La carretera que pasa por Yavi Yavi fue hecha por la minera, pero el Estado la convirtió en vía nacional. ¿A quién reclamar entonces si todo quedaba bajo la soberanía estatal? Esta ambivalencia la señala muy bien José de Echave, cuando señala en entrevista con Noticias SER, que el Estado “cometió el error de no hacer el proceso de manera adecuada”. Y no lo hizo porque todo quedaba en un gesto entre cómplices, quienes una vez más buscaban armar sus alianzas a costa de los derechos de los comuneros.

Para camuflar su complicidad con las transnacionales, el Estado peruano ha optado por criminalizar las protestas de Fuerabamba, como bien ha indicado Rocío Silva Santisteban. La detención de Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, hasta ahora no ha sido debidamente explicada y parece más una medida para amedrentar a los comuneros. Éstos son ahora enemigos del país, criminalizados y representados como salvajes. Como muestra, valga citar una portada del Perú21 (20/03/2018): “Los recibieron a pedradas. A punta de huaracas, comuneros rompen diálogo con el gobierno”, en alusión al modo en que los fuerabambinos rechazaron recibir a la comitiva de ministros enviada el 27 de marzo. Si un lector se queda solo con esa representación, imaginará que los comuneros son una horda que solo busca pleito y, además, atacan con huaracas, ¡atentos! No son palabras gratuitas las de este titular; son reflejos de un pensamiento colonial que busca deslegitimar el derecho a la protesta indígena. Pero si las palabras no funcionan, siempre están los policías -que en convenio con MMG – cuidan no los intereses de la gobernanza territorial, sino los intereses económicos de las mineras. Esto es lo que se llama servir a la patria. Y cuando se trata de amenazar, torturar, matar, para la policía la piel de un indio, de un comunero de Fuerabamba, no cuesta caro.

Agambem en Homo Sacer ha hablado extensamente de los estados de excepción, lo cual resuena con los llamados toques de queda en nuestro contexto. Sin embargo, en la obra de Agamben esta condición es pasajera o extraordinaria. En Perú, para las comunidades indígenas, se trata de su día a día. Si consideramos los casi cinco estados de emergencia declarados en Las Bambas por el Estado, veremos que esto se ha vuelto una medida cotidiana, que legitima muertes, violencias y ultrajes, en nombre de eso que Townsend exigía: la gobernanza nacional. Pero no se trata solo de un amor por la patria lo que expresa declarar un estado de emergencia, sino que se reduce a cuidar los bolsillos de las mineras y el estado. Basta con revisar diversos programas de noticias, dígase Exitosa o RPP, para concluir que lo único que les interesa a los medios de comunicación es que este problema se resuelva porque ya está costando mucho dinero y nos impide ser como Chile. Ha dicho Luis Loayza que en Latinoamérica hay un fervor por siempre compararnos con Europa. En el caso peruano, no hay nada que nos encante más que compararnos con los chilenos. Así de colonizados estamos. Se dice que debemos alcanzar esos niveles de desarrollo en Chile, que debemos explotar el cobre como ellos y ser un país “casi” del primer mundo. No importan las muertes, las injusticias, la contaminación, las rabias debido a siglos de colonización, las voces que buscan, a rajatabla, ser oídas y respetadas. Nada de eso. Lo que importa es seguir siendo un país minero, quizá llegar a ser como Chile, algún día, pues finalmente, la piel de un indio nunca ha costado caro en el Perú. Ese es el guion: subalternizar, exterminar, cuidar el bienestar de un país colonizado que se llama Perú. Qué importa el costo.

 

Fuente:http://www.noticiasser.pe/opinion/la-piel-de-un-indio-en-las-bambas-no-cuesta-caro?fbclid=IwAR1EueA-EE1o-9VTJtnRSimclo-SVlBpg564zAoJdWVVeERKkLBC5Fs2yn8

Perú

Gregorio Rojas: «Estamos de acuerdo con la minería, pero respeten nuestros derechos»

El líder de la comunidad de Fuerabamba envió un mensaje a Martín Vizcarraluego de quedar en libertad.

El presidente Fuerabamba, Gregorio Rojas, se pronunció sobre el conflicto en Las Bambas, dejando claro la posición de la comunidad que representa. En ese sentido, hizo un pedido al presidente Martín Vizcarra y al primer ministro, Salvador del Solar.

«Señor presidente, Martín Vizcarra, primero, fíjese en vuestras comunidades. Nosotros apostamos por la minería, por el desarrollo, pero haga respetar nuestros derechos […] Estamos de acuerdo con la minera, siempre y cuando trabajen transparentemente, respetando la ley, respetando las zonas privadas», dijo Gregorio Rojas a Infórmate Perú.

El dirigente comunal dijo que están prestos a un diálogo con el Gobierno y la minera MMG Las Bambas. Sin embargo, dejó claro que son varias las comunidades afectadas y la solución debe ser para todas.

«Estamos buscando un diálogo, una solución, de parte del Estado y la empresa minera. Voy a dar mi vida para defender [mi tierra y comunidad] Tiene que haber una solución con todas las comunidades que estamos siendo afectadas en todo el corredor vial de la minera Las Bambas.

Otro pedido de Gregorio Rojas para iniciar el diálogo es la liberación del vicepresidente de Fuerabamba, Edison Vargas, pese a que esta detención ha sido por un tema ajeno al conflicto. «Estoy comprometido para avanzar el diálogo, eso hemos pedido durante los últimos 8 meses y el Estado recién se interesa […] Tiene que haber una liberación total a los que estamos siendo perseguidos por la justicia», aseveró Rojas.

 

Fuente:https://larepublica.pe/politica/1440144-bambas-gregorio-rojas-acuerdo-mineria-respeten-derechos-martin-vizcarra

 

Perú

Hay 56 conflictos activos que involucran al sector minero a febrero de 2019

De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo se tienen identificados un total de 89 conflictos activos, de los cuales el 62.9% están ligados al sector minero. Los detalles aquí.

El último reporte de la Defensoría del Pueblo señala que –al mes de febrero– se tienen identificados 89 conflictos activos. De estos, 56 conflictos involucran al sector minero, lo que representa el 62.9% del total. Esta situación –en opinión de Comex Perú– resulta preocupante dada la importancia que tiene este sector en el país.

En su último semanario, Comex Perú explicó que la relevancia de la minería se percibe, por ejemplo, en las regiones de Cusco, Junín y Arequipa, donde ejerce un efecto positivo en diferentes sectores como el agropecuario, la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios.

Ello debido a las operaciones de minas importantes en los últimos años (Constancia, Toromocho y la ampliación de Cerro Verde, respectivamente), tal como lo constata el Informe de Complementariedad Sectorial de la Minería, elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR).

Comex Perú

“Así pues, las paralizaciones que puedan sufrir las actividades mineras impactan negativamente en muchos otros sectores de la localidad en la que operan, lo que hace imprescindible que el Estado garantice un diálogo constante con los pobladores para evitar estos conflictos, además de asegurar que las autoridades utilicen correctamente los recursos derivados de estas actividades en obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los pobladores, lo que no sucede”, anotó el gremio.

Asimismo, Comex Perú consideró que el Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) debe tener una posición de liderazgo mucho más activa para garantizar la solución de estos problemas en un ambiente alejado de la violencia y la criminalidad, pero siempre asegurando el imperio de la ley.

 

Fuente:https://gestion.pe/economia/hay-56-conflictos-activos-involucran-sector-minero-febrero-2019-262883

 

Perú

Dos miradas sobre el conflicto*

Ex viceministro de gestión ambiental del Minam y miembro de la ONG Cooperacción da su punto de vista sobre el conflicto minero por Las Bambas.

1. ¿Cuál es para usted el motivo que da origen al conflicto?
Las sobreexpectativas que se generaron, los compromisos que no se cumplieron y una carretera que se construyó sin que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones implemente sus propias directrices, ignorando a los propietarios: las comunidades.

2. ¿Es justificable el bloqueo de carretera como protesta?
Está claro que bloquear una carretera vulnera la ley. Mi opción siempre será optar por caminos dialogados, pacíficos e institucionales. Al mismo tiempo quiero comentar que en los últimos años hemos acompañado innumerables veces a las comunidades a hacer gestiones, tocar puertas de los ministerios, pidiendo diálogo, que se cumplan acuerdos. Todos esos intentos fueron en vano y he podido ver en directo la decepción y los maltratos a los que han sido sometidos sus representantes. El bloqueo también lo entiendo como un acto de desesperación de peruanos que han sido y siguen siendo excluidos. Una comunidad no es una organización criminal.

3. ¿El cambio de propietario y de forma de transporte del mineral abonó a la conflictividad? ¿Por qué?
Sin duda influyó, pero Las Bambas es un proyecto que ha cambiado constantemente y no solo de propietario. Hasta el momento ha tenido ocho modificaciones y estoy informado de que la empresa ha solicitado una más en febrero. Es decir, se han operado cambios en promedio cada cuatro meses y medio en los últimos tres años. Con razón, las comunidades de la zona dicen que ya no saben qué tipo de proyecto tienen al frente. Todo eso ha abonado a la conflictividad.

4. ¿A qué se debió que se declare nacional la vía por la que transitan los camiones? ¿Por qué ello es percibido y denunciado como un ardid?
El transporte pesado requiere de aspectos técnicos que implicaban que la vía se convierta en nacional. Pero cuando hablamos de la carretera también hay que recordar que está vinculada a los cambios del proyecto. En el diseño original, la empresa no solo tenía que construir el mineroducto, sino también una carretera asfaltada para trasladar suministros. Todo eso quedó en el aire cuando se tomó la decisión de construir la carretera que ahora une Las Bambas con la localidad de Pillones en la provincia de Caylloma, en Arequipa. Ese trayecto de tránsito pesado tenía que ser una vía nacional y pasar por propiedad de varias comunidades (no solo Yavi Yavi). El Estado debió pagar el justiprecio o en su defecto expropiar. No hizo ni lo uno ni lo otro.

5. ¿MMG debiera ser tan o más visible y proactiva que el gobierno en la solución del conflicto?
La empresa es un actor central en el conflicto y por lo tanto no puede rehuir su responsabilidad en la búsqueda de una salida.

6. Se dice que ha sido negativo el haber concentrado las relaciones comunitarias de la mina en la monetización de las compensaciones en lugar de la generación de proyectos de desarrollo sostenible. ¿Cree que ha sido así?
Al inicio, con Fuerabamba tuvo que haber una transacción económica porque la comunidad se tenía que reubicar. Sin embargo, cuando se presenta un proyecto como Las Bambas se sobredimensionan expectativas económicas para que sea aceptado. En este caso se dijo que se iban a generar miles de puestos de trabajo, que los pobladores de la zona serían prioridad, que se iba a crear un Senati para capacitarlos, transferencias de dinero, etc. En la etapa de construcción de la mina se generaron 18 mil puestos de trabajo y un fuerte dinamismo económico, pero cuando se pasó a la etapa de producción, los empleos bajaron a entre tres mil y cuatro mil y los pobladores de la zona dejaron de ser una prioridad (se dice que el 90% de los trabajadores no son de Apurímac). El dinamismo económico cayó.

7. ¿Podría mencionar alguna medida para resolver este conflicto que debió intentarse y no se ha hecho, y alguna a la que mejor hubiera sido no recurrir?
Hay que corregir lo que se hizo mal. Debemos sacar lecciones de los errores. Lo de la carretera fue pésimamente tratado por el MTC y la modificación del estudio de impacto ambiental que provocó el cambio del mineroducto por la carretera fue un proceso con mucha opacidad con responsabilidad de la empresa. Ese proceso administrativo debió anularse.

8. Cree que pronto se logrará una solución duradera a este conflicto?
Casos previos muestran que cuando los conflictos escalan a estos niveles, las salidas se complican. Las relaciones entre empresas mineras siempre son complejas, en el Perú y en el mundo. Es todo un reto encontrar soluciones para este caso que además se puede proyectar para todo el corredor minero. Las empresas deben entender que la flexibilización de las regulaciones sociales y ambientales son nocivas.

9. ¿Piensa que la minería en los próximos años mantendrá la misma gravitación que tiene en nuestra economía?
La minería seguirá siendo gravitante por un buen tiempo más. Forma parte de la matriz productiva del país. Sin embargo, debemos aspirar a una matriz productiva más diversificada, amigable con la naturaleza y respetuosa de los derechos de las poblaciones.

 

Fuente:http://cooperaccion.org.pe/dos-miradas-sobre-el-conflicto/

Perú

La mayoría de los conflictos sociales se vincula a la actividad minera

Puno aún sigue siendo la segunda región con más conflictos sociales reportados con 17, mientras Áncash se mantiene primero con 24.

De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo correspondiente a enero de este año, Puno aún sigue siendo la segunda región con más conflictos sociales reportados con 17, mientras Áncash se mantiene primero con 24.

De estos conflictos, 13 son considerados activos y 4 latentes. De los 13 activos, 8 son de origen socioambiental, es decir, relacionados a contaminación minera principalmente y, todos los latentes tienen la misma causa. Los restantes tienen que ver con los gobiernos regional y locales.

A nivel nacional el panorama es similar pues el 63.5% de los conflictos en el país se dan por causa de la actividad minera.

Reclamos. En el reporte se detalla, en primer lugar, el conflicto de la cuenca del Ramis que afecta a tres provincias habitadas por cientos de pobladores que pagan los efectos de la minería que no es vigilada por el Estado.

Similar situación es descrita en cuencas del río Chacapalca, Llallimayo además de las zonas cercanas a las explotaciones mineras de Minsur que se ubica en el distrito de Antauta (Melgar) y Ajoyani (Carabaya).

Tensión. A inicios de marzo las autoridades de la provincia de Melgar, se reunieron para tratar la problemática; sin embargo, a la actividad solo acudió el alcalde provincial, Esteban Álvarez Ccasa y representantes de las autoridades locales de Llalli, Cupi y Umachiri, lo cual indignó aún más a los lugareños.

En tanto, al inicio de este mes, se exigió un proyecto de remediación y descontaminación en las zonas afectadas por la minería informal que se practica en la cabecera de cuenca del distrito de Ananea. Esta petición fue anexada la plataforma principal de lucha cuando se bloqueó la carretera interoceánica para exigir mejoras en el servicio de agua potable y saneamiento en la provincia de Azángaro.

Los que sucede en Las Bambas, región Apurímac, de alguna manera ha estado motivando a los dirigentes locales a pensar en movimientos de reclamo.

 

Fuente:https://diariocorreo.pe/edicion/puno/la-mayoria-de-los-conflictos-sociales-se-vincula-la-actividad-minera-878930/

Perú

AGRICULTORES LE DICEN ‘NO’ A LA MINERÍA

Total rechazo es lo que ha mostrado el Frente de Defensa de Agricultores de San Lorenzo ante la incursión de una empresa minera que estaría formulando el proyecto ‘El Algarrobo’ para el tercer trimestre del año en esta localidad.


Su presidente, Enrique Cornejo, manifestó que este lunes junto a los 16 presidentes de la comisión se estarán reuniendo en Lima con la Ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz para darle a conocer que San Lorenzo no avala la actividad minera, por lo que deberán priorizar la agricultura como principal actividad económica y medio de vida de aproximadamente 12 mil agricultores de Tambogrande, ya que esto causaría un nuevo conflicto social a nivel regional.

 

Fuente:https://lahora.pe/agricultores-le-dicen-no-a-la-mineria/