Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo ha ido escalando en intensidad el primer conflicto socio ambiental del 2013. El conflicto en Kañaris se inició con la marcha pacífica de más de 400 comuneros hacia el campamento minero de la empresa Candente Copper, ubicado en el distrito de Kañaris, en la sierra de Lambayeque. El escenario de conflicto es claro, y a la luz de los hechos violentos del 25 de enero, queda claro que las estrategias de comunicación adoptadas entre las autoridades correspondientes y las poblaciones de impacto de estos proyectos, no están dando los resultados esperados.
La evolución de los conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el segundo semestre del año pasado, provocó aparentemente una suerte de sensación de triunfalismo en las esferas gubernamentales. Para algunos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la relativa calma en los últimos meses del año pasado, era el resultado casi inmediato y hasta mágico de una supuesta nueva estrategia en el abordaje de los conflictos.
Organizaciones garífunas, indígenas y populares les fumaron el puro a los diputados y “enterraron” simbólicamente el Congreso Nacional la mañana de ayer durante una protesta que realizaron contra la recién aprobada Ley de Minería y de las Regiones Especiales de Empleo y Desarrollo económico, o Ciudades Modelo.
A través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) se aprobaría propuesta que ya había sido detenida por la comunidad y declarada ilegal por el Gobierno del Estado.
La protesta de la comunidad San Juan de Cañaris contra el proyecto minero Cañariaco intenta ser desvirtuada con el manido argumento de que se trata de una “minoría” azuzada por “radicales antimineros”. Como este argumento ya no lo cree nadie ahora se pretende negar que les asista el derecho a la consulta previa. Para esclarecer este tema compartimos dos artículos con posición opuesta sobre el tema.
El Mecanismo de Desarrollo Limpio está a punto de aprobar una propuesta ya se ha detenido por la comunidad local y el gobierno del estado.