A 15 años de uno de los desastres ambientales más nocivos que haya sufrido el país, el derrame de mercurio en Choropampa dejó impactos irreversibles en la salud de su población, desolación y pobreza. Hoy 8 de cada 10 choropampinos son pobres, mientras que 6 de cada 10 viven por debajo de la línea de la pobreza.
El derrame de mercurio en Choropampa ha condenado a su población a vivir enfermos, al olvido y a la desolación. 15 años después de esta tragedia ambiental estas perniciosas huellas aún perduran en el tiempo. Esta localidad, ubicado a 61 kilómetros de Cajamarca es un pueblo que arrastra el fantasma del mercurio, de ser una zona comercial -concentraba en sus ferias a comerciantes de Chiclayo, Trujillo y Cajamarca, y abastecía además a otros distritos colindantes- pasó a ser un poblado olvidado. Cuentan sus habitantes que antes de la tragedia Choropampa era un lugar donde los choferes y los pasajeros de paso hacían sus paradas para alimentarse, ahora nadie se detiene por temor a intoxicarse.
Organizaciones civiles como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Agua Vale más que Oro, denunciaron que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, pretende instalarse en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna “violando derechos mediante argucias legaloides, e incluso violando flagrantemente leyes y reglamentos federales y estatales”.
A lo largo de la cordillera andina meso y sudamericana capitales mineros transnacionales desde mediados de la década del noventa (siglo XX) tienen una importante presencia en la región mediante el desarrollo de la minería a gran escala o mega-minería, impactando en múltiples dimensiones de la realidad.
Lo quieren todo. No se conforman con tener a su favor las leyes, el aparato estatal que las aplica y las políticas gubernamentales para hacerlo posible. Con el argumento de que necesitan garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en el sector energético, en la industria minera e incluso en proyectos de agua, a los que los pueblos indígenas y comunidades campesinas se oponen porque violan sus derechos al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, entre otros el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, expresó su interés de que las consultas a los pueblos indígenas, reguladas en la Constitución federal y el derecho internacional, no sean de cumplimiento obligatorio.
Nicole Marcel es francesa pero habla rapidito un español muy fluido. Llegó a Venezuela hace veinte años porque la Gran Sabana la eligió. Ella trabaja en la Fundación Mujeres del Agua, una organización compuesta por un grupo de mujeres rurales, indígenas y no indígenas, que promueven su participación en pro de la defensa de los derechos socio-ambientales
El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.
Un conjunto de dirigentes sociales y comunitarios de Arica y Putre, demandantes por los daños de los desechos mineros en los Altos de Copaquilla interpusieron recurso de casación en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental que rechazó el pasado 10 de abril su exigencia de reparación ambiental. El recurso considera que el fallo contiene múltiples decisiones contradictorias, por lo que busca que se eleven los antecedentes ante la Corte Suprema para que esta se pronuncie sobre el particular.
COMUNICADO A LA OPINIÓN PUBLICA
Hace unos días nos sorprendió leer[1] que la Comunidad de Naranjos manifiesta su rechazo a la renovación del convenio de usufructo con la minera Exploraciones Águila Dorada SAC. Por un momento nos sentimos optimistas respecto a una solución pacífica del conflicto que sostienen con su Comunidad hermana de Supayacu, que tanto Fedepaz como otras instituciones vienen siguiendo y denunciando desde hace varios años. Sin embargo, la sorpresa pronto se convirtió en duda al repasar eventos que se vienen suscitando en Supayacu, comunidad con la que trabajamos.
La campaña pretende demoler. Buscan dañar honras personales e institucionales. Muchas cosas se dicen sobre lo que viene ocurriendo en el valle del Tambo y el conflicto en contra del proyecto minero Tía María: se dice que se ha desatado el terror en la zona; que salen por las calles con cánticos que anuncian que “van a beber sangre de policía”; que son terroristas anti mineros; que los organismos no gubernamentales son los culpables de todo; que reciben millones de dólares; que Marco Arana es Abimael Guzmán y cuantas cosas más. El cielo es el límite.