Los familiares de Mariano Abarca y varias organizaciones señalan que la embajada canadiense en México apoyó a una minera y desatendió las amenazas contra el líder comunitario.

Fuente:https://elpais.com/sociedad/2019/08/01/actualidad/1564610422_605396.html?id_externo_rsoc=FB_CC&fbclid=IwAR0o1YhAdh2bd–wGmQk8oE0pRAUHgtmsz9I28k40SB7YvBr2-P_-Cbo2Hk

Fuente:https://desinformemonos.org/memorias-para-la-defensa-del-territorio/?fbclid=IwAR3LlqdWcwg43SfyzQtuMjShAlh6nusvav_-Lwa3W38uTasNscnV3lUTyDk

La introducción del modelo extractivo, de matriz capitalista, no necesita a las comunidades, como argumenta Claudio Garibay, reproduce el modelo de campamentos mineros.

Desde el año 2010, el Altiplano norte-Wirikuta en el estado de SLP (México), está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues Wirikuta es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos del desierto. Tras un periodo de intensas resistencias, el pueblo wixarika (huichol) consiguió en el año 2012 un amparo judicial que supone la cancelación cautelar de cualquier actividad minera que está próximo a concluir.

El pasado 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW), junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC) emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una Asociación Civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de negociar el amparo judicial.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman a sí mismos, en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico, que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir las comunidades, como nos muestran las formas de actuar de estas transnacionales en más de 130 casos similares documentados en México por OCMAL.

La Unión de Ejidos AC, se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la este grupo. no tenga poder de representación de las comunidades ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

El pueblo wixarika, a través del CRW, organismo oficial de los wixaritari, conformado por autoridades que representantan al pueblo wixarika y la UWCC, en respuesta, emitieron un comunicado público, donde comunican la total oposición del pueblo wixarika, a las concesiones mineras, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades del Altiplano contra de las actividades mineras.

(El comunicado del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775).

Nuestro objetivo aquí no es presentar el contenido del comunicado wixarika, que habla claramente por sí solo, sino, más bien, señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos, saca a la luz, la intensificación de las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque, que puede ser definido, sin pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados, reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agroganaderos y la visión profunda de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol, donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

La introducción del modelo extractivo, de matriz capitalista, no necesita a las comunidades, como argumenta Claudio Garibay, reproduce el modelo de campamentos mineros, separados de las comunidades, de donde extraen los recursos, que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin a penas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado en como afirma Maristella Svampa en una memoria corta, como un territorio heredado, por las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga, como territorio originario, y por otro, las empresas mineras, introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable, que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Para terminar, Los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz territorial que activa Wirikuta y al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Wirikuta aparece así, como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido los megaproyectos mineros, como en tantos otros lugares del mundo donde actúa este modelo de extracción de recursos, representan, en este caso particular, el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

Fuente:https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/08/03/extractivismo-minero-etnocidio/1042534.html?fbclid=IwAR3oOkcqr9k935rMf2xdz7pD-yEgSi1BoAShJwX6tnMz8m9lB2iPi6oDqJY

Un grupo de gentes captadas y engañadas por la First Majestic han intensificado la estrategia de la transnacional minera para dividir a las comunidades ante la proximidad del fin del amparo judicial que desde 2011 suspendió cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) y de la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), representantes del pueblo wixarika, emitieron una respuesta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la Región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes de los wixaritari a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso en el año 2011 ante la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte-Wirikuta, que suspende cautelarmente cualquier actividad minera en el desierto.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, como se llaman a sí mismos, intentan presentar el conflicto al que mire de lejos como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarikas.

No son chichimecas, ni representan a las comunidades. Se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por la transnacional minera en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

La Unión de Ejidos A. C. se erige como representante de los intereses de las comunidades, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero -sobre todo- representan los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hacen que la Unión de Ejidos A. C. no tenga poder de representación de las comunidades del desierto ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través la UWCC y del CRW, organismos oficiales de los wixaritari conformados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, en respuesta emitieron un comunicado público donde constataban la posición de total oposición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras a los tres niveles de gobierno mexicano y a la sociedad civil, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible aquí).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos. Más bien queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A. C. saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido sin ningún pudor como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic.

Esta intensificación de las relaciones entre actores polarizados reactiva las matrices wixarika y comunitarias de un conflicto que está relacionado con diferentes construcciones territoriales del desierto, habitantes de las comunidades con modos de vida agricultores y ganaderos, y una visión profunda del desierto de los wixaritari, con Wirikuta como el lugar donde nació el Sol y donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, cuyo recuerdo es mantenido y la vitalidad es reactivada a través de practicas culturales de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Por otro lado, la introducción del modelo extractivo de matriz capitalista no necesita a las comunidades, como argumenta el investigador Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, porque reproduce el modelo de campamentos mineros separados de las comunidades, extraen los recursos que son convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Aparece el Altiplano norte-Wirikuta por un lado, como un lugar cuya territorialidad ha sido construida desde un modelo basado -como afirma la socióloga Maristella Svampa- en una memoria corta como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido con el modelo territorial de las personas wixaritari basado en una memoria larga como territorio originario y, por otro, las empresas mineras introducen en Wirikuta un modelo de matriz capitalista con una concepción de territorialidad a gran escala, que convierte el desierto en un territorio sacrificable que produce conflictos de dimensiones ecosociales.

Finalmente los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen la matriz de vida que activa Wirikuta y, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de los wixaritari. Desde esta perspectiva, Wirikuta aparece como el elemento territorial que da sentido espiritual y material, como el lugar donde la cultura wixarika toma tierra.

En este sentido el final de Wirikuta, puesto en peligro por las tecnologías y la envergadura de los megaproyectos mineros, pone en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio. ¿Quién se va a hacer responsable?

* David Avilés es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (España), en el área de Antropología de orientación pública.

Al menos 14 defensores del medio ambiente fueron asesinados el año pasado en México “por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas”, señaló un informe de la organización internacional Global Witness.

“Muchos más fueron silenciados a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”, agregó el documento, en el que la organización indicó que en 2018 fueron asesinados 164 ambientalistas en todo el mundo, de los cuales la mitad de las muertes sucedieron en América Latina.

De acuerdo con el informe, la impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores, pero la organización “pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos; actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 casos”. “Los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su gran mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado”, agrega el documento.

Global Witness destacó que la mayoría de los defensores asesinados se oponían a la minería, con 43 víctimas, mientras que 21 ambientalistas murieron por luchar contra los proyectos de la agroindustria y 13 contra la explotación forestal. Por otra parte, 17 defensores del agua fueron asesinados en 2018, lo que representa un aumento significativo respecto a los cuatro registrados en 2017, señala el informe.

La organización incluyó en su reporte el uso y abuso de las leyes y políticas para criminalizar e intimidar a los activistas, sus familias y las comunidades que representan, a través de acciones como “mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo”.

“Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son calificados como criminales”, apuntó Global Witness.

De acuerdo con el informe, los países más peligrosos para los ambientalistas en 2018 fueron Filipinas, con 30 casos, Colombia, con 24, Indía, con 23, Brasil, con 20, Guatemala, con 16, y México, con 14. Por otro lado, el único país europeo donde se registraron asesinatos de defensores ambientales fue Ucrania, con tres casos, mientras que en todo África se registraron 14.

Fuente:http://www.radiotemblor.org/?p=15169&fbclid=IwAR0-9Rxrypi8K8QABXnZiY5VCQovWaudkGs6TEJKheYPLEZI6rjI-2FSkJU

Fuente:https://jornada.com.mx/2019/07/29/estados/027n1est

En sesión  publica de cabildo convocada por la autoridad municipal que encabeza Florencio de la Cruz Valdivieso y ante la presencia de ciudadanos mujeres y hombres, campesinos,  pescadores y productores de mango y  también defensores de la tierra y el territorio, se declaró al municipio de San Francisco Ixhuatán como “territorio libre de la minería”.

En la plazuela principal de la comunidad de origen zapoteca ubicada en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, el alcalde emanado de la alianza PRD y PAN acompañado de los integrantes del cabildo se pronunciaron ante la negativa de qué cualquier empresa pudiera asentarse y realizar exploraciones para la minería en su territorio porque aseguraron atentan contra la vida y el territorio comunitario.

En esta localidad las personas se dedican a la agricultura, a la siembra y exportación de mango además de la pesca, por lo que desde hace varios años viven en resistencia contra la minería, eólicas y altas tarifas junto otros pueblos aledaños como Reforma de Pineda, Chahuites, Zanatepec, Tapanatepec, sin embargo es la primera vez que la autoridad municipal de Ixhuatán  realiza esta declaratoria pública.

Según datos obtenidos en el portal de la Secretaria de Economía, el 19 de diciembre de 2017 la secretaria de minería otorgó la concesión para exploración minera a RECUPERADORA AG, S.A. DE C.V. con el título: 246002 Nombre del Lote: AMPLIACION CERRO GRANDE II F1. Con una vigencia de 50 años y se asentará en una superficie de  29.5431 hectáreas de tierras, que abarca desde  la zona poniente del municipio de  Chahuites,  otra parte de la localidad de  Tapanatepec casi hasta llegar a Rincón Juárez, parte de Yerba Santa, Coyotera Carlos Ramos, todo Reforma de pineda, Parte de los terrenos de Zopilote y la parte norte de San Francisco  Ixhuatán.

El alcalde recalcó que el territorio se defenderá y mientras dure su administración municipal no permitirán la llegada de ninguna empresa minera y tampoco de otro tipo de megaproyectos como la energía eólica y precisó que en su localidad también existen afluentes naturales como “El Río Ostuta”  uno de los más grandes e importantes de la región oaxaqueña que vive amenazada bajo la llegada de la actividad minera.

“Con esa sesión publica reafirmamos nuestro compromiso con la naturaleza y la vida, aquí somos gente trabajadora y de campo, amamos la siembra y los recursos naturales, no vamos a permitir que lleguen empresas mineras y acaben con nuestro territorio, estamos para defenderlo, por eso estamos declarando este día, lunes 29 de julio siendo a las 10:24 de la mañana, al municipio de San Francisco Ixhuatán como libre de minería”, recalcó.

Por su parte, el activista Manuel Antonio Ruiz precisó que desde el 2012 supieron de la llegada de empresas mineras a la zona, pero fue en 2014 conjuntamente con estudiantes de la preparatoria comunitaria “José Martí” que llevaron acabo una campaña de concientización a través del teatro donde recorrieron varios kilómetros y poblaciones con la puesta en escena.

“La experiencia compartida por la Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias de Zanatepec por la Defensa del Territorio y por Procesos Integrales para la Autogestión de os Pueblos (PIAP A. C.) nos alientan a continuar con la lucha por la difusión de la información para la unión de pueblos y comunidades. Estas organizaciones nos orientan a que los ejidos y bienes comunales platiquen este tema y, de acuerdo a los protocolos establecidos, integren en sus actas constitutivas la cláusula de negación a toda actividad minera”, concluyó.

Además de esta comunidad, existen otros diez 10 títulos de concesiones en la zona Oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca cuya principal búsqueda es oro, plata y cobre están asentadas sobre el río Ostuta, río Zanatepec y río Novillero que alimentan la Laguna Superior, la Laguna Inferior y el Mar Muerto.

Fuente:http://www.istmopress.com.mx/istmo/declaran-a-san-francisco-ixhuatan-como-territorio-libre-de-mineria/?fbclid=IwAR0QPT8BKSz0bjcZti9D6gKBTLwmbVQvQ1iuK1cLIGo4WEEqXFq0X4H7GCo

Alarma. Punto más crítico se ubica a la altura del sector Casmiche (Otuzco). Agricultores protestan, pero autoridades no hacen nada.

El río Moche continúa enfermo y camina a morir, a vista y paciencia de las autoridades regionales y nacionales. Sus aguas siguen siendo contaminadas por los relaves mineros provenientes de empresas asentadas en la sierra de La Libertad.

Una serie de fotografías difundidas por la periodista Karin Zelada en su Facebook demuestran el alto grado de contaminación de esa cuenca a la altura del sector conocido como Casmiche, en la provincia andina de Otuzco.

Los hombres de campo de la zona advierten que iniciarán una serie de reclamos para que el Gobierno Regional de La Libertad tome cartas en el asunto, ya que sus aguas están contaminadas y no sirven para regar sus sembríos. Asimismo, hicieron un llamado al Ministerio del Ambiente para frenar esta caótica situación.

El biólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), Carlos Bocanegra, recordó que el río Moche lleva 40 años enfermo y precisó que hace poco se dio un decreto de emergencia para mitigar los daños que podría provocar el desembalse de relaves abandonadas por la empresa Pan American Silver, en Quiruvilca.

“Antes en el río se pescaba, se sacaba camarones; pero prácticamente es un río muerto. De Simbal para arriba ya se puede notar la contaminación por los metales pesados y altamente tóxicos (cobre, fierro). Lo grave es que con esas aguas se riegan los productos que consumimos y terminan en el mar”, advirtió.

Bocanegra denunció que no existe ni un solo proyecto para frenar la contaminación y alertó que Panamerican Silver dejó los relaves a la intemperie al no haber tenido un plan de cierre de su mina. “No han instalado una geomembrana. Las lluvias llevan los relaves al río”, se quejó.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/07/contaminacion-minera-esta-matando-al-rio-moche/