En abril de 2013 la compañía Asarco fue declarada en ciudad Juárez como Monumento a la Deshumanización y la Barbarie. Los vecinos de Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas) fueron impactados por más de un siglo por la contaminación ambiental de una antigua fundición perteneciente a la subsidiaria de Grupo México. La compañía llevó a cabo procesos de remediación ambiental del lado del río Bravo, porque en Estados Unidos lograron obligarla, mientras en suelo mexicano, aún hay altos niveles de contaminación. Esto pasó también en antiguas fundiciones de la empresa en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, donde la empresa se ha negado a remediar los sitios que ha impactado por décadas. Estas zonas contaminadas son ahora colonias y parques recreativos, sin importar las abundantes investigaciones que demuestren los altos niveles de metales pesados en la sangre de niños; la compañía sigue impune.

Es el caso de Ilo, comunidad ubicada al suroeste de Perú -donde también hay contaminación por la fundición de la compañía minera Southern Copper (también subsidiaria de Grupo México)-, los niveles de contaminación por dióxido de azufre (SO2) en el distrito de Pacocha, igualmente superaron los límites permitidos. La empresa tampoco se ha hecho responsable de los humos y la contaminación ocasionada por décadas.

Similar ocurre con la misma empresa en Estados Unidos, aunque ahí han prosperado las denuncias ambientales contra la empresa obligándola a invertir en la remediación ambiental de más de 10 antiguos centros mineros altamente contaminados desde principios del siglo XX (Texas, Arizona, Tacoma, Washington), sin que ello signifique que la contaminación desapareció.

En México están contaminados todos los sitios donde ha operado Grupo México y las subsidiarias de esta. La lista es abundante, así como también son constantes los derrames que genera, como el ocurrido en julio de este año en el Mar de Cortés, o el ya emblemático derrame del 2014, en el cual se vertieron 40,000 metros cúbicos de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre (Sonora) al rio Sonora. Sin embargo, no importa el tamaño de los daños que ocasione, lo único visible es la impunidad y el contubernio que mantiene con diferentes estructuras del gobierno.

Grupo México y el Sr Larrea también son responsables del trágico evento sucedido en febrero del 2006, en la mina Pasta de Conchos (Coahuila), cuando por una explosión por acumulación de gas metano, que había sido previamente denunciado, 65 mineros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. Ni empresa ni gobierno actuaron a favor del rescate y hasta la fecha, los trabajadores continúan atrapados en el fondo de la mina.

De la misma forma Grupo México es líder en violación a los contratos colectivos de trabajo; en México tiene varias minas que desde hace varios años están en huelga, como la mina ubicada en Taxco en el estado Guerrero, la cual lleva 12 años sin que exista una solución en el horizonte para los trabajadores, quienes continúan a brazo partido esperando llegue la justicia.

La lista de improperios de Grupo México y sus subsidiarias, la coloca como una de las empresas mineras más agresivas, violentas, contaminadoras y cínicas del mundo. Su dueño, Germán Larrea Mota Velasco, se hizo multimillonario a partir del saqueo permitido por el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari y, desde entonces, estableció una poderosa red basada en el contubernio con diferentes políticos, además de utilizar, a favor de sus proyectos, varias estructuras gubernamentales, que hace que cada violación que cometa, se mantenga en total impunidad o sea sancionada de manera tenue y vergonzosa. Su riqueza se acrecienta y su compañía constantemente está en expansión, a tal grado, que ya figura como una de las empresas mineras de cobre más poderosas y grandes del mundo.

La contaminación y el saqueo de los bienes naturales, igual lo realiza en el desierto exprimiendo y contaminando al máximo el agua de los mantos freáticos o también devastando regiones naturales enteras, incluyendo las mejor conservadas y ricas en biodiversidad, como sucede con el Área Natural Protegida Valle de los Cirios o en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, en donde también desarrolla un proyecto minero, lo cual nos da una idea del poder político que tiene.

En ese contexto, en México, no nos es ajena la violencia que desde hace años ocasiona el Sr Larrea y Grupo México en su proyecto minero “Tía María”, localizado en el desierto La Joya, al norte de la ciudad de Cocachacra en la provincia de Islay, región Arequipa en Perú, porque es su modus operandi que, al igual como sucede en México, el gobierno peruano le ha solapado los impactos que han dejado las minas de Toquepala y Cuajone desde mediados del siglo XX, además de apoyarlo en sus proyectos de expansión, como sucede en Michiquillay en Cajamarca y los Chancas en Apurimac.

Hoy nos reunimos las resistencias de Latinoamérica para denunciar internacionalmente a este saqueador de la vida, de las leyes, de los derechos colectivos y de la naturaleza. Nos reunimos también para señalar a las y los políticos y estructuras de gobierno que en Perú y en México continúan protegiéndolo, encubriéndolo y solapándole cada uno de sus actos.

Nos solidarizarnos con quienes hemos sufrido los atropellos, abusos y excesos de la empresa Grupo México y sus diferentes subsidiarias, al mismo tiempo que elevamos la voz para que Germán Larrea vaya de inmediato a la cárcel, se le suspendan todos sus proyectos mineros, se congelen sus cuentas bancarias y embargarle su dinero para usarlo en mínimamente resarcir al menos una parte de todos los daños que ha ocasionado a la población y a la naturaleza en donde sus operaciones mineras se han desarrollado.

Desde México enviamos un abrazo combativo y respaldando al pueblo de Cocachacra y todo el Valle del Tambo. Porque defender la vida no es un delito, sino una obligación de todas y todos.

NO AL PROYECTO TÍA MARÍA

EL VERDADERO RESPRESOR Y VIOLENTO ES GERMÁN LARREA Y SU EMPRESA GRUPO MÉXICO, NO LA POBLACIÓN QUE DEFIENDE LA VIDA

BASTA DE REPRESIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA POBLACIÓN DE COCACHACRA Y TODO EL VALLE DEL TAMBO

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADOR/AS POR LA MINERÍA -REMA-

Fuente:https://movimientom4.org/2019/09/german-larrea-y-grupo-mexico-simbolos-de-deshumanizacion-y-barbarie/?fbclid=IwAR300ShAlWsPeGEaXiYSUv1OlEpG4OHSlu0qpWbc8rh-4PPYrmk1J-mcDUs

Miembros del MASH llevaron muestras del agua contaminada como prueba

 Miembros del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense (MASH) buscan la intervención del Congreso local para frenar las afectaciones ecológicas y de la salud que provoca la minera Autlán en la región.

Con muestras de agua del río Claro como prueba, habitantes de diversas comunidades de los municipios de Molango, Tepehuacán de Guerrero y Lolotla dieron a conocer que buscan poner un freno a los problemas que ha traído la empresa desde hace años y que a la fecha no han sido atendidos.

En ese sentido, Griselda Bautista Paredes, representante del MASH, explicó que existen dos principales afectaciones: la ambiental en la contaminación a los ríos y su biodiversidad y la de salud, ya que cuando la minera hornea emite humos que afectan a las personas.

Por ello, los pobladores acudieron al Congreso local para pedir su intervención en el caso, ya que gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que terminen las afectaciones, así como la pérdida de especies, como el camarón de río.

Además, explicaron que ya pidieron la intervención de instituciones como la UNAM, el IPN y la Universidad de Chapingo para que analice la problemática ambiental y a la población que provoca la minera; mientras que llamaron al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a acudir a la región para atender la problemática.

De acuerdo con su página web, Autlán cuenta con la unidad minera Molango, en Hidalgo, la cual se encuentra al norte de la entidad.

• Explicaron que el gobierno del estado no les ha dado respuesta y ellos necesitan que termine la problemática, así como la pérdida de especies, como el camarón de río

Fuente:https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/buscan-intervencion-del-congreso-por-afectaciones-de-minera/?fbclid=IwAR1_WY9ukgRcc9EGExQcMcWMAgz9L8xNIfX3rsTTJiMKUPAf8tExsrfkhvM

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”…

Las autoridades federales como Conagua, Profepa y Semarnat descartaron contaminación en el Río Yaqui a la altura de Ónavas; en tanto, vecinos del lugar consideran que la existencia de materiales tóxicos podría derivar de las lluvias de las últimas semanas.

Habitantes de San Antonio de la Huerta consultados por AM Diario y Dossier Político expusieron que “sí tiene más de un año que la mina en el pueblo ya no opera pero todo el cochinero que dejan o que queda en la mina se pudo arrastrar al río con el agua de las lluvias”.Las personas consultadas exponen que las autoridades federales ya realizaron estudios de laboratorio y determinaron que no existen concentraciones de materiales tóxicos que pudieran afectar la salud; sin embargo, solicitaron que les sigan suministrando agua en pipas.Además, pidieron a la sociedad sonorense apoyo para el suministro de agua purificada.

El jueves, se informó que “en seguimiento y atención a la preocupación de ciudadanos y autoridades del municipio de Ónavas, por la aparición de peces muertos en las márgenes del río Yaqui, Jorge Luis Taddei Bringas, delegado de programas Integrales de Desarrollo en Sonora, del Gobierno de la República, coordinó una reunión con los responsables de las dependencias Semarnat, Conagua y Profepa para revisar las acciones y medidas de mitigación correspondientes”.

También se expresa que “en la reunión de trabajo, se informó que personal de Profepa y Conagua realizaron la visita de inspección al sitio, así como al lugar donde se encuentran las instalaciones de una empresa minera, descartando algún derrame debido a que dicha empresa tiene más de un año sin operar, y no se detectó ninguna fuente emisora de contaminación”.Por lo anterior, “los funcionarios federales acordaron mantener el operativo de distribución de agua en pipa a la población de Ónavas, hasta que se descarten afectaciones a las fuentes abastecimiento. Se instruyó a los encargados de Semarnat y Profepa a continuar vigilantes.

Fuente:https://www.dossierpolitico.com/vercolumnas.php?artid=224035&relacion=dossierpolitico&categoria=292&fbclid=IwAR2p_zSrga2OcSt-ioHBUQhv8uzQcw_lXJJjIonerA_UgPdlKDRP_94Asf8#.XYA-vJaGaNs.facebook

No existe, no ha existido y no existirá una mina sustentable o ecológica. La naturaleza de la industria es la extracción de recursos naturales no renovables por medio de procesos invasivos y químicos. Los beneficios son mínimos y temporales para las comunidades que los albergan, pero sus efectos son para siempre.

Podemos entender que la minería sea un mal necesario para las comodidades de los tiempos presentes, incluso para las necesidades básicas de la vida moderna, sin embargo, esto no puede ser a cualquier costo y sobre lo que sea. El área de Samalayuca donde una mina canadiense pretende asentarse es una zona de relevancia histórica, arqueológica, natural y estratégica de recursos naturales para toda la comunidad juarense.

En el tema del agua se encuentra la problemática más seria de la región. Samalayuca está asentado sobre el sistema hídrico número 34, que es de donde se abastece una población de un millón y medio de personas. El agua subterránea que se encuentra en el área, explotada por décadas, se reduce en más de seis millones de metros cúbicos por año según la Comisión Nacional del Agua, e irremediablemente llegará el día que se acabará. Dicho acuífero abastece industria, agricultura, uso doméstico además de todo el desperdicio y mal uso, como fugas y albercas privadas.

Las señales son claras pero no las hemos querido atender. Los manantiales que hasta principios de los ochenta manaban naturalmente en esa región, se secaron completamente después de que se instalara una planta termoeléctrica, la cual 24 horas al día y 365 días al año se ha abastecido de ese acuífero por décadas. Diversos pozos que suministraban a la población de Samalayuca dejaron de funcionar y fue necesario en muchos casos buscar en mayores profundidades el vital líquido, según se deprenden de numerosas notas periodísticas de aquellos años. La salinidad del agua es otra muestra clara de la sobreexplotación, hoy casi nadie consume el agua de la red pública y llamada potable, por el alto contenido de minerales y que según estudios de la misma Junta Municipal del Agua, la Comisión Nacional del Agua y la UACJ incumplen la NOM-127-SSA1-1994, que establece los estándares mínimos que debe tener el agua para ser potable.

El Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del 2009 publicó la declaratoria de esa zona, por su flora, fauna y relevancia histórica como área natural protegida, en el mismo Diario Oficial el 2 de abril del 2013 se publicó el plan de manejo del área, el cual dejaba como encargado de su protección a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; mas como ya es costumbre fue mediante movimientos oscuros, tradición de ese nido de cuatreros que es el Poder Judicial de la Federación, donde lo más inverosímil se vuelve legal, que se le quitó el carácter protegido mediante supuesto amparo “promovido y pagado por ejidatarios” y que benefició a la minera canadiense, con lo cual se convirtió en una mina a cielo abierto. Casi nadie conoce en qué consistió o cómo se perdió un proceso donde se afecta tanta gente y beneficia a una mina canadiense. Quien conoce ese proceso por ser beneficiario directo, actual vocero de la minera canadiense y presunto presidente seccional del poblado es el Ingeniero Javier Meléndez, quien lleva años frotándose las manos con tan jugoso negocio.

Muy a pesar que el mismo presidente de la república anunciara que no se darían más concesiones a mineras, en el presente caso se mantiene un silencio convenenciero por la clase política a los que se les olvidó sus años de oposición y rápido aprendieron a hablar sin decir nada, tanteando en todo momento el beneficio político.

Esta lucha será una vez más de la sociedad organizada, los diversos colectivos y población en general que tenga conciencia social. Los últimos permisos aún deben pasar por distintas dependencias estatales y municipales quienes son la última barrera, pues el Gobierno federal y llamado “Cuarta Transformación” ya dio color de cuáles son sus inclinaciones.

Un área natural de gran belleza y con un potencial enorme para el desarrollo ecoturístico, el agua de la región y la calidad del aire, todo a cambio de unos cuantos empleos temporales y que no necesariamente serán para los pobladores de Samalayuca, una comunidad que se ha distinguido por la producción agrícola y no por la industria minera que es hoy en día un ramo altamente tecnificado por los riesgos que implica.

Humildemente les pido a cada uno y a cada una que adoptemos el tema, el cual está más allá de colores e ideologías y que desde nuestras trincheras promovamos, combatamos y concienticemos que no todo en la vida es dinero, demostremos que hay cosas que no se venden, porque hasta el momento existe la idea, no tan errada, de que al sur de la frontera todo está a la venta.

Fuente:https://diario.mx/opinion/ecocidio-en-samalayuca-20190913-1561958.html?fbclid=IwAR1n9YQfnEyPKzFwKYaeCRKsCFqdkLp8SXNpdrzfQV_nHfLO3V1_9j_aaPo

En Zimapán mineras provocan tolvaneras contaminantes por remover jales para reindustrializarlos, según activistas.

Sin tomar ninguna precaución, empleados de la empresa minera Sago, luego de remover con maquinaria pesada los jales o montañas de desechos producto de la actividad metalúrgica, ubicados a escasos metros de San Miguel y otras comunidades del municipio de Zimapán, transportan en camiones los desechos tóxicos si cubrirlos al momento de cruzar por la zona urbana de la cabecera municipal causando una grave contaminación según video grabado el pasado sábado por activistas de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ).

Los activistas defensores del medio ambiente denunciaron que empleados de las empresas mineras El Espíritu, La Purísima, Sago, Preissan, S de RL y otras que operan en la región del municipio de Zimapán, estado de Hidalgo, provocan polvaredas contaminantes que afectan a las localidades aledañas al remover los cerros de jales colocando más polvo tóxico o bien para ’reindustrializar’ los desechos mineros.

Tras sostener una reunión de trabajo en el Congreso de Hidalgo con el diputado morenista por el distrito 01 local Víctor Osmind Guerrero Trejo y representantes jurídicos de las mineras, Alejandra Rojas integrante de la organización Comunidades Unidas de Zimapán (CUZ) explicó que desde el año pasado trabajadores de la compañía Preissan, S de RL ’metieron maquinaria pesada en los jales ubicados en las orillas de la cabecera municipal para removerlos con el fin de reindustrializar sus desechos de hierro a la empresa Sago’.

Para transportar los desechos mineros, los empleados de Preissan ’usan camiones de carga llenos hasta el tope con jales sin siquiera ponerles una lona para que el polvo no se caiga y cruzan la cabecera municipal a lo largo de 3 kilómetros hasta ex Hacienda Santa María donde se encuentra la compañía Sago, de donde se extrae el hierro que aún queda en los jales’, agregó Rojas.

La activista explicó que al momento en que la maquinaria pesada remueve los jales ’se producen tolvaneras las cuales sabemos que son altamente contaminantes sobre todo porque muchas comunidades se encuentran a escasos metros tanto de los jales como de las minas’.

Lo mismo ocurre en la presa dos de jales, ubicada a escasos 30 metros de las viviendas de la localidad de San Miguel donde empleados de la minera Espíritu han metido maquinaria pesada para remover los desechos, lo que de acuerdo a los vecinos de esa localidad ha generado verdaderas ’nubes tóxicas’.

’A esto hay que agregar que hace algunos años, los responsables de la empresa El Espíritu hayan instalado un patio de secado de plomo casi pegado a las casas’.

Otras compañías llevan a cabo acciones similares con el fin de extraer el poco metal que aún queda en los jales que han formado verdaderos cerros en torno a las comunidades indígenas ubicadas en el corazón de la Sierra Gorda de Hidalgo.

’La comunidad de La Alberca es afectada directamente por la minera Sago; La Manzana La Sabina de Mezquite Primero por Carrizal Manning; y El Chapinque por las mineras La Purísima, El Espíritu y Preissan’ agregó Alejandra Rojas.

Hilario Encarnación Nieves, presidente del CUZ denunció que la empresa Purísima ’está haciendo un hoyo en un jale inactivo para colocar más desechos, provocando tolvaneras que afectan a la gente que vive en la comunidad de Santa María’.

Beatriz García Ibarra representante de la comunidad de Tolimán, municipio de Zimapán aseguró que su comunidad es afectada también por Sago, La Purísima y Preissan, cuyos jales han contaminado las aguas de un arroyo.

Fuente:http://www.remamx.org/2019/09/en-zimapan-mineras-provocan-tolvaneras-contaminantes-por-remover-jales/

El presidente del Consejo de Vigilancia de la comunidad Chiconcuac, perteneciente a este municipio, Wenceslao Cruz Hernández, señaló que varios de sus vecinos, al realizarles pruebas de laboratorio, salieron con altos índices de manganeso en la sangre, debido presuntamente a la grave contaminación que genera la Minera AutlánUnidad Otongo.

Cruz Hernández mostró a El Sol de Hidalgo los resultados de los documentos que se le practicaron a Gabriel Verón Hernández, Petra Hernández Ávila, Hermenegilda Ostoa González y a él.

Las muestras indican un exceso de este mineral en su cuerpo y por esta situación tienen diferentes efectos en la salud, como dolor de huesos, pérdida de la vista y mucho cansancio.

Además, refirió que desde 1965 esta compañía explota esta mina y no hace nada para cuidar el ambiente, mucho menos a las comunidades de Chinconcuac y Tolago, las cuales son las más cercanas a esta empresa que a la fecha hace detonaciones de dinamita y desprende un polvo que, afirma, daña rápidamente los techos de las viviendas que son de lámina.

Para el delegado de la comunidad Cuxhuacan, perteneciente a Tepehuacán de Guerrero, Hermilo Vázquez Bautista, en el río que pasa por su localidad la variedad de peces, como el bobo, mequiun, chalberena, anguila, acamaya y cozoles, ya desaparecieron totalmente de su afluente, por lo que la gente desde hace varios años dejó de pescar por el fuerte olor a pizarra.

Explicó que también se ha dejado de extraer material pétreo de su caudal, lo que ha originado pérdidas económicas para su centro poblacional, debido a que están contaminadas la grava y arena, lo que ha originado que los camioneros hayan dejado de adquirirla desde hace varios años por esta misma situación que no se ha podido frenar.

De igual manera el delegado de Acuimantla, Reyes Acosta Martínez, denunció que la Minera Autlán les trajo más perjuicios que beneficios para su localidad.

El único Centro Ecoturístico que recibía turistas por lo menos tres veces al año, hoy se encuentra sin recibir a ninguna persona, pues un polvo negro ha invadido por completo su río.

Acosta Martínez aseguró que en varias ocasiones han solicitado por escrito el apoyo de esta compañía minera, pero siempre les han negado su respaldo. Ahora solo buscan que les puedan resarcir el daño ecológico originado por la sobreexplotación de su único afluente que tenían para la realización de diferentes actividades.

Julia Cruz Hernández y Juvencia González Cruz, ambas vecinas de la comunidad Tamala, advirtieron que por bañarse en el río que pasa por su centro poblacional, les salieron varias ronchas en la piel que hasta el momento no han podido controlar, pues ya acudieron a un centro de salud pero la comezón continúa.

Las autoridades delegacionales de Tolago, Chiconcuac, Cuxhuacan, Tamala y Acuimantla exigen a la Minera Autlán la construcción inmediata de plantas tratadoras de aguas residuales, la limpieza total del río Claro, la reconstrucción de viviendas dañadas por los explosivos y sobre todo médicos especialistas para revisarlos.

Los mismos pobladores de estas localidades enclavadas en la Sierra Alta afirmaron que cuando llueve fuerte en toda esta zona, los trabajadores de la mina abren las compuertas para descargar toda clase de desechos y residuos tóxicos que arrojan los pozos de Otongo, lo que implica una grave contaminación del río Claro.

Fuente:https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/regional/pobladores-con-altos-indices-de-manganeso-en-la-sangre-4165987.html

El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

En el manifiesto, comunicaban, a las comunidades y autoridades civiles y agrarias del Altiplano-Wirikuta, a las diferentes autoridades de las tres escalas del gobierno mexicano y a la sociedad civil nacional e internacional en su conjunto, la posición del pueblo wixarika respecto a las concesiones mineras y otras actividades que amenazan Wirikuta, lanzando un mensaje en el que manifiestan su firmeza en la resistencia junto con las comunidades mestizas del Altiplano, en contra de las actividades mineras. (El comunicado original del pueblo Wixarika está disponible en http://consejoregionalwixarika.org/?p=775).

Presentar el contenido de la respuesta institucional del pueblo wixarika, que habla claramente por sí misma, no es el objetivo de este comentario a los últimos acontecimientos, más bien, queremos señalar que la situación creada por la Unión de Ejidos A.C., saca a la luz, por un lado, la intensificación de las actividades y las estrategias de la transnacional minera, en este preciso momento del conflicto, con la proximidad del fin del amparo judicial, algo de lo que nos sirve de ejemplo esta última acción de este grupo de choque comunitario, que puede ser definido, sin ningún pudor, como un grupo de acción comunitaria que defiende los intereses de la First Majestic. Y por otro, ensayar, una descripción de uno de los aspectos del conflicto en el Altiplano-Wirikuta, que tiene relación con cuestiones relacionales de los habitantes del desierto, de los wixaritari y las empresas mineras con el territorio que enmarca el Altiplano-Wirikuta.

Como es sabido, desde el año 2010, el Altiplano-Wirikuta, está afectado por la implantación de megaproyectos mineros sobre, aproximadamente el 43% de un territorio calificado como Reserva Ecológica Nacional e incorporado por la UNESCO a la Red Mundial de Espacios Sagrados Naturales, pues es el lugar sagrado por excelencia del pueblo wixarika y el lugar donde se desarrollan las vidas de los habitantes mestizos de las comunidades.

Las comunidades que conforman el Altiplano tienen un origen colonial y desde finales del siglo XVIII, en el municipio de Real de Catorce se abren diversas minas tradicionales donde se extraía oro y plata, principalmente.

En torno a estas explotaciones mineras, se organizaron las diferentes comunidades campesinas y centros de comercio con artesanos y diferentes profesiones para dar servicio a las poblaciones mineras, configuradas como sociedades complejas, en contraposición al modelo de la megaminería actual, mucho más agresivo en sus formas de extraer los recursos naturales y que ya no produce sociedades complejas como el anterior modelo, sino que, como argumenta Claudio Garibay, produce campamentos mineros, pues los recursos son extraídos, convertidos en divisas y evadidos a los mercados internacionales, sin apenas mediaciones económicas para los países y para las comunidades que reciben solo despojos.

Este relato describe someramente el inicio de las comunidades del desierto en torno a la minería colonial y al modelo minero conocido como Real de Minas, un modelo de minería tradicional y de organización social hoy agotado, que contribuyó considerablemente a la conformación de las sociedades mestizas asentadas hoy en día en el Altiplano y que en la actualidad mantienen un modo de vida fundamentalmente campesino y ganadero, además de cierta actividad turística.

Paralelamente a los modos de vida de las comunidades, en el altiplano, existe otra construcción cultural que ha convivido simultáneamente y de forma pacífica con las concepciones mestizas del Altiplano-Wirikuta.

Wirikuta, es para el pueblo wixarika, el lugar donde se establecieron los acuerdos con los antepasados para que fuera el lugar donde naciera el Sol y se produjera el primer amanecer de la historia de nuestro universo conocido, el lugar donde permanecen vivos los antepasados formadores de nuestro mundo, convertidos en rocas y lagunas, cuyo recuerdo es mantenido y cuya vitalidad es reactivada trabajosamente por las personas wixaritari a través de peregrinaciones anuales, entrega de ofrendas, cantos y danzas, en prácticas diversas de reconocimiento y reciprocidad con la naturaleza.

Esta lectura que sostienen los wixaritari y esta relación de integración que evita la confrontación entre unos seres humanos y la naturaleza y que a través de los ritos y de las prácticas culturales de los wixarika, cumplen la función de mantener vivos estos lugares de rocas y manantiales como espejos originarios que reflejan la memoria del mundo que, los wixaritari, con sus prácticas, fertilizan y rejuvenecen en la matriz de vida que activa Wirikuta y que, al mismo tiempo, Wirikuta activa la cultura de las personas wixaritari.

Esta construcción múltiple mestiza/wixarika de la territorialidad del desierto, que ha coexistido en el lugar, nos permite contemplar el Altiplano-Wirikuta desde una perspectiva ampliada, más allá de la consideración del lugar como un mero espacio físico, como un espacio culturalmente construido y practicado, un lugar cargado de sentido, por las comunidades, por un lado, como lugar donde se desarrollan sus vidas individuales y colectivas y por otro, por la cultura wixarika, que a la vez carga de sentido esta cultura.

Esta perspectiva, nos permite contemplar Wirikuta como el elemento territorial que da sentido espiritual y material a este pueblo originario, como el lugar donde la cultura del pueblo wixarika toma tierra.

Lo que queremos expresar aquí, es que con la presencia de esta variedad de actores significando el Altiplano-Wirikuta de una forma compatible desde hace, al menos 250 años, tenemos un modelo de territorialidad basado, como afirma Maristella Svampa, en una memoria corta, como un territorio heredado por parte de las comunidades mestizas que ha convivido de forma pacífica con el modelo territorial de las personas wixaritari, basado en una memoria larga y antigua como territorio originario y ancestral.

Una convivencia que ha estado exenta de contradicciones hasta la introducción del modelo extractivista, facilitado por los diferentes niveles del gobierno mexicano que proviene de la matriz capitalista y que introduce una concepción de territorialidad a gran escala, antes ausente en el lugar y que convierte el Altiplano-Wirikuta en un territorio sacrificable, a través de parámetros valorativos reduccionistas del territorio, que se fundan exclusivamente sobre una concepción económica, basada en los valores de los metales en mercados internacionales, que además introducen una nueva dimensión territorial al Altiplano norte-Wirikuta como territorio en disputa.

Este modelo genera tensiones, pues excluye, por incompatibles, las formas preexistentes de territorialidad mestiza y wixarika basadas en lugar, las empresas necesitan los recursos a cualquier coste, pero no necesitan a las comunidades, que cuando se niegan y resisten, se convierten en un problema a solucionar, como han demostrado por cualquier medio, para estas entidades de carácter transnacional.

Con la introducción de estos modelos territoriales externos a las comunidades, nos encontramos ante un conflicto enmarcado dentro de la supervivencia física y cultural de estos pueblos mestizos y wixarika, en base a diferentes construcciones de naturaleza y formas de relacionarse con ella, que implican definiciones incompatibles de territorio, sostenibilidad, así como de uso y aprovechamiento de los recursos y que desembocan en conflictos con dimensiones ecosociales.

Finalmente, Estos conflictos, están enmarcados dentro del ámbito de la supervivencia física y cultural de los pueblos mestizos, habitantes del desierto y wixarika. En este sentido los megaproyectos representan el final de Wirikuta que, por las tecnologías y la envergadura de estas actividades mineras, ponen en serio peligro la supervivencia de las sociedades del desierto y la supervivencia de la cultura wixarika tal como la conocemos, y esto tiene un nombre, se llama etnocidio ¿Quién se va a hacer responsable?

David Avilés

Investigador Universidad Autónoma de Madrid (España).

Área de Antropología de orientación pública.

Imagen: Huicholes en defensa de wirikuta, manifestación en DF/Foto México contaminada

Fuente:http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/temas-analisis/32-extractivismo/mineria/3293-articulo-megaproyectos-mineros-en-wirikuta-desarrollo-para-el-bien-comun-o-etnocidio

Fuente:https://www.jornada.com.mx/2019/08/31/estados/028n2est

Por segunda ocasión en su mandato y «para que no olvidemos», el pasado 15 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) disertó ante la prensa sobre la desaparición del Cerro de San Pedro Potosí. Lo hizo como parte de la respuesta que le dio a una reportera de Querétaro, quien preguntó al mandatario sobre un polígono de 5 mil hectáreas que la ciudadanía queretana desea convertir en área natural protegida en contra de los planes de fraccionadores. AMLO aprovechó el tema para fustigar por enésima ocasión a lo que denomina como antiguo régimen neoliberal, además de reiterar que su gobierno no está al servicio de la minoría rapaz de la que forman parte, entre otros, los dueños de inmobiliarias. «¡Ya cambiaron las cosas!», remató, y en un episodio más de su cruzada moralizante llamó a reflexionar sobre la vergüenza que deben sentir los hijos y nietos de aquellos personajes que permitieron la devastación del Potosí mexicano. El mensaje del Presidente señaló como responsables del despojo a funcionarios mexicanos, quienes habrían otorgado concesiones a la canadiense New Gold-Minera San Xavier (MSX) para su ecocida proyecto de megaminería de tajo a cielo abierto.

Sin embargo, la postura presidencial preocupa por ingenua, pues la desaparición del Cerro de San Pedro fue producto de una conspiración criminal que sigue impune y que inauguró, como lo señaló entonces Carlos Montemayor, una nueva forma de delincuencia organizada. Eso es lo que no deben olvidar los mexicanos. Dicha conspiración tuvo a la cabeza dos presidentes apátridas (Vicente Fox y Felipe Calderón), un gobernador panista (Marcelo de los Santos Fraga), el entonces abogado del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, quien al mismo tiempo era abogado de MSX y su traficante de influencias (Ángel Candia Pardo), un primer ministro de Canadá (Stephen Harper) y su cuerpo diplomático en México al servicio de sus mineras, el violento Robert Gallagher, entonces presidente de New Gold, dos serviles gerentes y golpeadores mexicanos encargados de operar el ilegal proyecto minero (Jorge Mendizábal y el ex funcionario zedillista Armando Ortega), varios jueces corruptos, una presidenta municipal inexplicablemente enriquecida (Rosaura Loredo), y además muchos peones insertos en dependencias federales y estatales, incluidos algunos académicos.

El caso no es atribuible, como dice AMLO, a un simple problema de política pública neoliberal que entregó la tercera parte del territorio mexicano a mineras trasnacionales. La conspiración criminal que nos despojó de los vestigios novohispanos del Potosí mexicano, y que nos ha heredado en menos de una década un irreversible ecocidio, se caracterizó por la corrupción de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y la procuración de justicia. Fue una corrupción gestionada desde el poder estatal y federal, e impulsada por las autoridades y corporativos canadienses. Esta alianza para delinquir se tradujo en la violación de nuestra soberanía por parte de Canadá, un minero-Estado acostumbrado a intervenir en países jurídicamente débiles y corruptos. Los desastres, muerte y violencia generados por las industrias extractivas canadienses en Asia, África y América Latina han sido plenamente documentados. Sin embargo, es un gravísimo error pensar que dichas industrias se manejan diferente en territorio canadiense.

Alguien, con urgencia, debe acercarle la información correcta a AMLO: Canadá es un país depredador en su propio territorio. Las presiones y despojos a pueblos originarios, el atropello de los derechos ambientales de comunidades, así como la destrucción y contaminación de grandes territorios son prácticas que han instrumentado las mineras canadienses en el propio Canadá. La idealización que AMLO hace de este país nos puede hacer un gran daño como nación, sobre todo porque las mineras canadienses, con apoyo de su gobierno, han violado sistemáticamente la soberanía de México. Recordemos que en el caso del Cerro de San Pedro la sociedad civil organizada demostró, sin violencia y en tribunales, la ilegalidad del proyecto de MSX, el cual fue anulado por sentencias firmes ignoradas por Fox, Calderón, Marcelo de los Santos, MSX y el gobierno canadiense.

¿Sentirán vergüenza los hijos y nietos de quienes conspiraron para violar la ley y la soberanía nacionales, provocando con ello un daño irreversible a nuestro patrimonio ambiental e histórico en el caso Cerro de San Pedro? ¿A los hijos de los fraccionadores les preocupará la integridad moral de sus padres por intentar destruir con sus ecocidas negocios la Sierra de San Miguelito? La respuesta es que se sienten muy orgullosos de ser hijos y nietos de enriquecidos depredadores, como en el caso de Marcelo de los Santos Anaya, hijo de una pieza clave de la conspiración en torno a MSX. Marcelo de los Santos Fraga, al igual que su padre, De los Santos Anaya no sólo se ha enriquecido a la sombra de esa combinación entre poder político y económico que AMLO aspira a erradicar de la vida pública de México, sino que ahora, emulando las hazañas moralmente insolventes de su progenitor, se prepara para ser el candidato del PAN a la gubernatura de San Luis Potosí. Esperemos que los potosinos logren superar la prueba.

*Investigador de El Colegio de San Luis

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