MÉXICO (Agencias).- Los grupos delictivos que supuestamente operan y controlan la minería de pocitos en la Región Carbonífera de Coahuila podrían estar coludidos no sólo con los “narcoempresarios”, como denunció el ex gobernador de la entidad, Humberto Moreira Valdés, sino también recibir protección de políticos a nivel local y federal, revela este domingo una investigación del diario Vanguardia. El periódico, con sede en Saltillo, refiere que una serie de “oscuras” coincidencias rodean la presunta participación de grupos criminales en la extracción de carbón y hacen suponer incluso que estarían recibiendo protección en muchos ámbitos, desde el Poder Legislativo Federal hasta en una gran red de complicidad con cuerpos de seguridad de todos los niveles.
La Cámara Minera de México (Camimex) calificó de totalmente parcial, no incluyente, radical y protectora de un solo sector de la población, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la actividad minera en dicha zona, que abarca los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas.
Mientras la Procuraduría General de la República investiga a las empresas Impulsora JBN, Perforaciones Técnicas Industriales y Minera La Misión por su presunta participación en negocios ilícitos con el narcotráfico, los tres gigantes del sector en México anunciaron una inversión histórica para el 2013. Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo de Grupo México, reveló que la empresa invertirá 1,400 millones de dólares. La cifra representa un incremento del 34 por ciento con respecto a lo invertido por el gigante de Germán Larrea en 2012.
Monterrey, México.- Con el objetivo de obtener la diputación por el Distrito 3 de Coahuila en 2009, Melchor Sánchez de la Fuente, ahora Alcalde de Monclova, descendió a un pozo propiedad de la minera «M y B», propiedad de José Reynold Bermea, presunto operador minero de Los Zetas.
Para que se constituya la comisión especial para investigación de la situación laboral en las minas de carbón de Coahuila