Andrea Becerril
30/08/2020
El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, en imagen de archivo. Foto Jesús Villaseca/ archivo

Ciudad de México. El dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, anunció que pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que cancele a Grupo México las concesiones de las minas de Tax-co, Sombrerete y Cananea, que están en huelga desde hace más de 13 años, si el empresario Jorge Larrea insiste en no sentarse a la mesa de diálogo para resolver esos conflictos, que no sólo han afectado a más de 2 mil trabajadores, sino a las comunidades donde se ubican.

En entrevista, el senador de Morena resaltó que hace más de dos semanas el Presidente de la República llamó a la empresa y al sindicato a reanudar pláticas. Él expresó su disposición de inmediato, pero Larrea no ha respondido, por lo que no tiene caso que siga con las concesiones. “Seguro habrá muchos otros empresarios que quieran invertir y hacerse cargo de esas minas, que son aún bastante productivas.

Es muy grave que el dueño de Grupo México pase por alto el llamado que formuló el Presidente de la República y que insista en la necedad de no conciliar con el sindicato una salida que permita reabrir la minas de Taxco, en Guerrero, y de Sombrerete, en Zacatecas, y resolver el conflicto en Cananea, donde rompió la relación laboral con el apoyo del gobierno de Felipe Calderón.

El senador Gómez Urrutia resaltó que el argumento de Larrea para no solucionar las huelgas de Taxco y de Sombrerete, iniciadas en 2007 por violaciones al contrato y por la decisión del empresario de desconocer a los comités ejecutivos locales, es que se habían agotado las reservas de plata en ambas minas, lo que es absolutamente falso.

Señaló que en un informe a la Bolsa Mexicana de Valores, el propio Larrea reconoció que hay 27 por ciento de reservas de plata. No tiene ninguna excusa ni pretexto, es sólo un capricho visceral, una falta de voluntad política de este empresario, uno de los más ricos del país.

Las concesiones, recalcó, las otorga el Estado para operar las minas, crear empleos y llevar progreso a las regiones, por lo que no tiene sentido que Larrea mantenga sin operar las de Taxco y Sombrete. Se debe poner fin a la desesperación de los trabajadores y sus familias, que han logrado subsistir estos 13 años con la ayuda del sindicato minero.

Al dueño de Grupo México, agregó, tampoco le interesa la caída brutal de la economía en Taxco, Sombrerete y Cananea: Su soberbia es tal que lo que al parecer quiere es que se conviertan en pueblos fantasmas.

Explicó que las autoridades labores deberían también intervenir, ya que en Taxco la huelga fue imputada a la empresa y en Zacatecas el sindicato minero debió imponer diversos recursos legales, entre ellos dos amparos, para impedir que se pasara por encima de los huelguistas y se reabriera Sombrerete con esquiroles, gánsters y un contrato de protección.

En cuanto a la huelga de Cananea, Sonora, el caso se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que en 2007 Larrea logró una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le permitió expulsar por la fuerza a los huelguistas. Creó una nueva empresa, Buenavista del Cobre, con trabajadores de otras entidades. Los mineros de Cananea no sólo quedaron en el desempleo, sino que la empresa los boletinó para que nadie los contratara, acusó.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/08/30/gomez-urrutia-pedira-a-amlo-quitar-concesiones-mineras-a-grupo-mexico-5350.html

Por Mineriaenlinea Última actualización 27/08/2020
México.- El sector privado tiene que hacer una minería ambientalmente sostenible y socialmente incluyente, de cero accidentes fatales, sin desastres ambientales ni generar conflictos sociales. La carga fiscal es un factor negativo desde el punto de vista de las inversiones, porque es relativamente alta, pero el gobierno está satisfecho con ella y que los inversionistas vengan a México sabiendo que pagarán más impuestos, pero con todas las ventajas que tiene por otros factores de competitividad.

Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, informó lo anterior y dio a conocer que las concesiones mineras activas representan sólo cuatro millones de hectáreas, o sea, poco más de dos por ciento del territorio nacional y después de realizar una revisión, las concesiones totales disminuyeron de 25 mil a 21 mil, que representaron una reducción de 21 millones a 16 millones de hectáreas,

Por otra parte, anunció que la presente administración acabó con el rezago de 21 mil trámites pendientes en la industria minera, porque abren la oportunidad a la corrupción y se han denunciado intentos de intimidación para solucionar algunos expedientes, pero se recuperó el carácter de la autoridad para no someterse a ningún intento de extorsión.

Al rendir un amplio informe de la situación de la industria minera a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, indicó que el Gobierno Federal pide al sector privado que su participación en ese sector implica el cumplimiento de sus obligaciones, como pagar sus impuestos en tiempo en forma.

Aceptó que en la industria minera la carga fiscal es relativamente alta, pero México no quiere competir con precio, con costo, sino producir con valor y que los inversionistas vengan por otros factores, como el blindaje social, el costo y la disponibilidad de financiamientos. Expuso que el país está rankeado competitivamente en el entorno que ofrece a la atracción a la inversión.

Destacó que la minería tiene que hacer un desarrollo incluyente con las comunidades, con un deslinde de prácticas extractivistas que pudieron existir hace 400 o 20 años, sino que es preciso impulsar una transparencia, consulta e incorporación de las comunidades en los proyectos del sector.

El funcionario explicó que las autoridades trabajan en las concesiones omisas, que presentan retrasos en sus pagos o están ociosas, que no tienen proyectos productivos detrás de ellas y no tienen información disponible o bases de datos inconsistentes.

“Las concesiones activas representan cuatro millones de hectáreas, aquellas que tienen algún tipo de operación minera, eso es un poco más de 2 por ciento del territorio nacional y las obras dentro de las concesiones representan un poco más de 200 mil hectáreas, es decir 0.1 por ciento del territorio nacional”, expuso.

Quiroga Fernández explicó que normalmente una concesión minera fluctúa entre mil 500 y dos mil hectáreas y las obras de las empresas ocupan entre 10 y 20 hectáreas, que representan menos de 1 por ciento de cada concesión.

Enfatizó que la industria minera está altamente regulada, por más de 500 leyes, normas y permisos de los tres órdenes de gobierno, que se traducen en mil 77 trámites que deben cumplirse para que las empresas puedan operar.

Dio a conocer que las autoridades trabajan en la seguridad y salud laboral, para evitar fatalidades y cada vez que se produce un accidente el sector minero e investigan las causas raíz para evitar ocurran más fatalidades

Planteó que las autoridades federales dan seguimiento a la conciliación de conflictos entre concesionarios, sindicatos, ejidos y otros actores, para que se llegue a acuerdos dentro de la ley.

“En el tema laboral. Estamos trabajando con los grandes sindicatos, con los trabajadores, para que sean un factor de competitividad e innovación y no haya interrupciones a la continuidad operativa”, indicó.

El subsecretario de Minería aseveró que los salarios en todo el sector son 39 por ciento superiores a promedio de la economía formal, en tanto que los pagados en el sub sector minería metálica son 74 por ciento mayores.

Mostró fotos de remediaciones ambientales en minas de México y el mundo e informó que el compromiso de las empresas es dejar los sitios ocupados en mejores condiciones en que las anteriores a su presencia. Agregó que el uso del agua es a circuito cerrado con líquido tratado y no potable.

Mencionó que se da apoyo a los pequeños productores que cumplan con todas sus obligaciones fiscales y patronales, con el Fideicomiso de Fomento Minero.

Debe realizar el sector privado una minería de cero accidentes, sin desastres ambientales ni conflictos sociales: Quiroga

El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva
Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de
Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente
ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario
encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con
empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada
minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando
que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia,
mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.
No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de
forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del
mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió
a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que,
desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos
nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.
Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de
mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual
demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la
4T.
Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la
República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos
considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo:
hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.
Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México,
que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta
de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.
De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora
provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las
excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica
Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el
sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.

Qué le parece si lo invitamos a alguna mina, por ejemplo esta: https://www.proceso.com.mx/644770/guerreros-
unidos-toma-la-presidencia-de-teloloapan-retiene-al-alcalde-y-bloquea-minera-de-penoles, para que sienta en carne

propia, las verdaderas “buenas prácticas” de sus todopoderosas empresas mineras, responsables
de la generación de violencia a partir del patrocinio de grupos armados en varios rincones de México.
Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a
apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y
racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra
los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos
dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y
culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son
palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los
trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues
llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una
burla.

¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector
se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego,
Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y
desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad
usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas
a nivel mundial?
En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite
que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de
pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: “oro y plata para pocos, miseria
para todos”.
Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual
que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el
empleado de una compañía minera.
No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda
sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de
que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden
demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las
empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y
reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de
una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la
destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni
siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios
quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados
utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.
La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México
y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de
entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza
que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o
repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que
cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia
y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una
verdadera tomada de pelo a la nación.
Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las
comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son
ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales- quienes responden con
hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de
cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de
conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa
que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su
suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.

25 de agosto del 2020
¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE

LOS DERECHOS COLECTIVOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Posted by ALEJANDRA FÉLIX
La Jornada, Zacatecas
19/08/2020
Ubicación del denominado Proyecto de Oro de Óxido Camino Rojo ■ fotos: la jornada zacatecas
El proyecto se localiza a 50 kilómetros al sureste de la mina Peñasquito

Según la página del consorcio canadiense Orla Mining, se le concesionaron aproximadamente 206 mil hectáreas; todo el territorio de la Cdmx es de 148 mil 500 hectáreas

Hace unos días la empresa recibió la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental

Prevén que la mina tenga una vida productiva de 7 años; extraerán oro y plata

Recibe Orla Mining, una empresa minera de Canadá, la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para el desarrollo del Proyecto de Oro de Óxido Camino Rojo, en Zacatecas, que contará con aproximadamente 2 mil 60 kilómetros cuadrados en Mazapil. Como comparación cabe mencionar que el territorio total de la Ciudad de México es de mil 485 kilómetros cuadrados.

La Secretaría de Medio Ambiente de México le otorgó a la mina la aprobación de la declaración de impacto ambiental requerida para el desarrollo del proyecto, así como todos los permisos de cambio de uso de suelo y una concesión para el uso de agua en el lugar, pues hay suficiente para las operaciones de las siete concesiones de minerales que estarán funcionando.

Jason Simpson, el presidente y director ejecutivo de la empresa, aseguró en un comunicado de prensa que el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) es el siguiente paso para desarrollar el Proyecto de Óxido Camino Rojo, por lo que ahora podrán comenzar la construcción y mantener el cronograma para producir su primer oro en 2021. Sin embargo, la aprobación del MIA está condicionada a que Orla cumpla con ciertas condiciones habituales y requisitos estándar en las próximas semanas.

Este proyecto minero es analizado desde 2019 para su posible aprobación y se espera que la nueva mina tenga una vida productiva de siete años, sin embargo, la restauración ambiental será de 11 años y medio aproximadamente.

El proyecto de Camino Rojo tiene un aproximado de recursos minerales medidos e indicados de 9.5 millones de onzas de oro y 100 millones de onzas de plata, además de que el Estudio de Viabilidad del proyecto considera la extracción a cielo abierto de 44 millones de toneladas de óxido y mineral de transición con 0.73 gramos por tonelada de oro y 14.2 gramos por tonelada de plata a una tasa de rendimiento de 18 mil toneladas por día.

Actualmente el proyecto cuenta con 43 trabajadores, pero se espera que cuando comiencen la etapa de construcción lleguen a tener un equipo de trabajo de mil personas, pero cuando comiencen las operaciones el número se reducirá a 460, sin embargo, garantizaron que contratarán teniendo preferencia hacia miembros de las comunidades cercanas al lugar.

La recepción del MIA también satisface una de las condiciones clave previas a la utilización de los 100 millones de dólares restantes disponibles en la línea de financiación de proyectos de 125 millones de dólares de su línea de crédito.

Aunque Zacatecas es uno de los principales productores de plata en el mundo y que la actividad minera a nivel nacional representa el 2.4 del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 8.2 por ciento del PIB industrial, es necesario mencionar que hasta 40 por ciento de quienes habitan en ocho de los 10 municipios que producen más oro en el país viven en situaciones de pobreza.

Y por otro lado han dejado un estrago agigantado en el medio ambiente y en la vida de las personas, tomando como ejemplo el caso de Salamanca, donde muchas familias fueron desalojadas de sus hogares y han estado luchando porque se les trate con respeto y no se sigan destruyendo sus tierras, ya que han dejado estragos enormes en estas.

Mundominero.mx

La compañía Coeur Mining, que desde el 2009 opera la mina de oro y plata Palmarejo en Chihuahua, anuncia que tiene intenciones de presentar una demanda por MX$1,000 millones por concepto de reembolso de IVA.

Esta medida se presenta días después del reporte de producción de Coeur en el primer semestre, donde se registró una baja interanual del 9% en oro y 10% en plata en Palmarejo, a causa de la suspensión de actividades mineras ordenada en todo México por el Ejecutivo durante los meses de abril y mayo.

Este sería el segundo caso del año en que una compañía minera demanda al gobierno federal, pues en mayo pasado la firma canadiense First Majestic Silver dio inicio a un proceso contra el SAT, acusando un cobro injusto de impuestos que violaba acuerdos internacionales.

Un mes después del procedimiento de arbitraje iniciado por First Majestic, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que hay empresas mineras canadienses que no pagan impuestos, por lo que le pidió al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, que interviniera.

“Ya también están buscando acuerdo y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no podemos seguir con lo mismo, condonando impuestos (…) siempre con la soflama de que sí no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a venir a instalarse a México y no van a crearse empleos. Eso no es cierto. Las empresas serias, que hay muchas, incluso las empresas extranjeras, cumplen con la Ley, pagan sus impuestos”, declaró entonces el máximo mandatario de México.
http://mundominero.mx/2020/08/otra-minera-iniciaria-proceso-de-arbitraje-contra-mexico/

Por Carlos Ruiz López,
militante de la Coordinadora Socialista Revolucionaria

En la Sierra de Manantlán los empresarios mineros, con la complicidad del Estado mexicano, han logrado despojar a las comunidades locales de su territorio y marginarlas de la vida económica, social y política. En un café del centro de la ciudad de Colima tuvimos un encuentro con Martín Corona*, habitante de la comunidad de Ayotitlán, ubicada en lo alto de la sierra, quien nos confesó que “no han podido parar a la minera porque detectan a quien se moviliza y lo desaparecen”.

La última denuncia contra el consorcio minero fue realizada el pasado 23 de julio, cuando la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) expuso cómo el consorcio, junto con la policía municipal y el comisario del ejido, hostigaron a la última familia que habita la ranchería El Mameycito con el fin de desalojarla del predio, ya que les informaron que las tierras se habían rentado para ser depósito de los desechos de la mina Peña Colorada.

Martín comentó que el consorcio sigue explotando los yacimientos minerales sin regresar nada a las comunidades, además, ponen en riesgo la existencia de algunas especies de plantas y animales y, principalmente, del agua: “cuestión que nos afecta mucho ya que hemos durado hasta quince días sin agua, no podemos sembrar hortalizas”.

El consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada SA de CV, del que forma parte la empresa ítalo-argentina Ternium y la india ArcelorMittal, ha explotado las entrañas de la sierra por más de 45 años en los límites entre Colima y Jalisco, a pesar del sinnúmero de denuncias por contaminación, invasión de terrenos, vínculos con el crimen organizado y acusaciones de represión hacia miembros de las comunidades opositoras, defensores de derechos humanos y ecologistas.

Darcy Tetreault, investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, realizó un estudio para el Colegio de la Frontera Sur en 2013, en el cual menciona que las actividades mineras en Manantlán “evidencian un proceso de acumulación por desposesión en tanto privan a la población local de los recursos naturales y paisajes culturales que sustentan sus medios de vida, bienestar social y cosmovisión indígena”. Además, explica que el tipo de relaciones generadas por el consorcio en cuestión reflejan un proceso de “reciprocidad negativa”, pues se orientan a extraer los minerales a cambio de nada o muy poco para la población local.

“Hemos luchado contra la minera desde sus inicios pero no se ha podido pararla porque detectan a alguien que se moviliza y lo desaparecen, como sucedió con Celedonio Monroy, quien luchó por los derechos de los pueblos indígenas en su defensa de la tierra”, narró Martín Corona.

En julio de 2013, el líder nahua Gaudencio Mancilla, representante legal del Consejo de Mayores, logró escapar cuando un comando armado entró a su casa, en el rancho La Guayaba, del ejido de Ayotitlán. Sin embargo, la madrugada del 22 de agosto del mismo año, cinco camionetas de enmascarados lo capturaron y lo llevaron ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco achacándole el delito de portación ilegal de arma de fuego. Este modus operandi es el mismo del caso de su compañero Celedonio Monroy, desaparecido desde 2012, quien se oponía también a la tala clandestina y a la minería ilegal. Macilla insiste en que su detención “es un asunto relacionado con las minas”.

La mina a cielo abierto Peña Colorada produce por sí sola el 33% del hierro del país arrojando 300 mil millones de toneladas anuales de residuos sólidos, con todo el impacto social y ambiental que esto significa. En septiembre del año anterior, Paolo Rocca, el hombre más rico de Argentina y accionista de este consorcio minero, se reunió con el presidente López Obrador y días después, el 18 de octubre, la Semarnat autorizó a la mina utilizar 155 hectáreas de bosque como depósito de desechos, lo que generó una serie de movilizaciones tanto en la Sierra de Manantlán como en la ciudad de Colima, ya que las comunidades indígenas nunca fueron consultadas.

Tras un sorbo de café, Martín nos explicó su forma de organización tradicional, el Consejo de Mayores, reconstituido en 1997 con el impulso del levantamiento neozapatista, y cómo a partir de este consejo, asociado con otros grupos ambientalistas, estudiantiles, académicos y de defensores de los Derechos Humanos, han dado la pelea para evitar que Peña Colorada siga destruyendo el territorio.

Para el investigador Darcy Tereault, la forma de organización y el actuar del movimiento generado en Ayotitlán corresponde al “ecologismo de los pobres”, ya que sus demandas “no sólo van enfocadas a la distribución de los costos y beneficios de la minera, sino también con la autonomía y la autodeterminación de las comunidades.”

La Sierra de Manantlán no sólo es asediada por la minería legal e ilegal, también los talamontes con arma en mano tienen interés en los recursos madereros de estos cerros. Según la revista Proceso, desde 2008 se ha agudizado el robo de hierro en la zona, con el fin de exportarlo a China utilizando el puerto de Manzanillo. Los habitantes han reportado haber visto gente armada realizando trabajos de exploración y talando árboles de especies preciosas como el tampicirán y la rosamorada, ambas protegidas por las leyes mexicanas de conservación.

Según testimonios de los mismos pobladores, en ambas actividades económicas se han incorporado organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Aunque no sucedió en la zona, está el precedente de que, en 2010, la Procuraduría General de la República capturó a cuatro integrantes del cártel “La Familia Michoacana” acusados de exportar un millón 100 mil toneladas de hierro ilegal por la cantidad de 42 millones de pesos.

Al finalizar nuestro encuentro y con el corazón en la mano, Martín nos confió que lo único que quieren lograr con su lucha es justicia: “queremos que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, sus bienes materiales, su territorio. Queremos proteger el territorio, los animales y plantas que están en peligro de extinción y, sobre todo, el agua, pues carecemos de ella”.

*El nombre ha sido modificado a petición del entrevistado por motivos de seguridad.

Referencias:

https://socialistarevolucionaria.org/queremos-proteger-el-territorio-entrevista-con-un-comunero-de-ayotitlan/

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=455745076003

https://www.proceso.com.mx/636945/minera-pena-colorada-pide-autorizacion-a-semarnat-para-construir-planta-de-filtrado-en-minatitlan

El ejido Ayotitlán intenta desalojar a poblado indígena para rentar tierras a la minera Peña Colorada, denuncian

https://www.tyt.com.mx/nota/piden-reactivacion-del-fondo-minero-para-colima

https://www.proceso.com.mx/616658/minera-colima

Autoriza Semarnat a Peña Colorada depósito de desechos

https://www.proceso.com.mx/352497/mineras-siembran-el-terror-en-la-sierra-de-manantlan

http://www.desi.economia.gob.mx/empresas/Empresas3.asp?Clave=126

https://vanguardia.com.mx/chinacomprabaalafamiliahierrorobado-568489.html

http://socialistarevolucionaria.org/no-hemos-podido-parar-a-pena-colorada-porque-detectan-a-quien-se-moviliza-y-lo-desaparecen/?fbclid=IwAR0ZBEHyCUqjSedErQgLh_skiaGHS-TiKDhWuNI9ycBaigkGJjWKzlSVyVk

UNA HERIDA ABIERTA Y EL INCUMPLIMIENTO GUBERNAMENTAL CONTINÚA

10/08/2020
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de
México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial
de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado
y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en
la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los
habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con
metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y
Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además
de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes
habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús,
Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua
para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales
pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente
a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después
avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la
cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron
al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando
responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio
Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los
días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el
hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan
José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su
imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de
la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la
construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el
derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta

potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció
entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares,
tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la
cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de
Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital
quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la
Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de
los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones
de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de
dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus
utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no
logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes
de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber
metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera.
Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades
sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos
tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte,
aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños
y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones
pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población
afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través
de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el
convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la
población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta,
demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y
sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de
los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en
Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal
manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de
trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia,
y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser
tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de
Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este
personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en
sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes
relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos
gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador
escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de

la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador,
nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación
calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la
vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre
sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el
Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada
le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno1

. Si acaso existe la 4T
se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a
la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la
posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes
han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas,
trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo
resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Thelma Gómez Durán
30/07/2020
En el estado de Chihuahua, en el municipio de Ocampo, entre los cerros de la Sierra Tarahumara que se pintan de verde, un tajo de tonalidades ocres rompe el paisaje. Ahí, en esa zona donde se exilió a los árboles, funciona la Mina Pinos Altos.
Las comunidades de San Juan de Cedros, Charcos y Mesas, en el municipio de Mazapil, en Zacatecas, solían tener como vecino al semidesierto zacatecano con sus mezquites, biznagas y candelillas. En esos poblados recuerdan que antes había un manantial, este se secó cuando llegó un nuevo vecino: la Mina Peñasquito que tiene casi una decena de pozos de agua a su disposición para la extracción de oro, plata, zinc y plomo.

En San Luis Potosí, el cerro de San Pedro fue por años un símbolo para la región. Hoy el cerro está fracturado por una mina.
Mina Pinos Altos, Ocampo, ChihuahuaMina Pinos Altos, en el municipio de Ocampo, en Chihuahua, en donde se extrae oro. El proyecto se encuentra relativamente cerca del Área Natural Protegida Cascada de Basaseachi. Foto: autor anónimo.

En el norte, centro y sur de México, la minería ha transformado ecosistemas, comunidades, familias y ha llevado a que se formen movimientos de resistencia y lucha en defensa del ambiente y el territorio.

Para registrar las afectaciones que ha dejado la minería en todas las regiones del país, la Fundación Heinrich Böll; el Observatorio Académico de Sociedad, Medio ambiente e instituciones de la UNAM; Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) convocaron a un concurso de fotografía. Al final, se seleccionaron 63 imágenes, captadas por 23 fotógrafos. Con ellas se ha construido la documentación colectiva “Así se mira la minería en México”.
Mina en el Cerro de San Pedro, en San Luis PotosíFoto tomada a 500 metros de altura. La imagen muestra la destrucción del Cerro de San Pedro, ícono del escudo de armas de San Luis Potosí; en donde ahora se extrae oro y plata. Foto: Octavio Ramos Castillo.

Estas fotografías “buscan visibilizar cómo están siendo impactados los territorios en donde se asientan proyectos mineros”, explica Cecilia Navarro, integrante del CCMSS, organización que en febrero de 2019 elaboró el documento La normatividad minera en México: problemas y propuestas de modificación, en el que señala la necesidad de reformar la Ley Minera vigente desde 1992.

El CCMSS es solo una de las varias organizaciones civiles que impulsan reformas a la Ley Minera. Ese objetivo también lo persiguen comunidades —en cuyos territorios se han entregado concesiones mineras— y que han presentado acciones legales para que se declare inconstitucional esa legislación.
Mina Peñasquito-ZacatecasEn el municipio de Mazapuil, Zacatecas, se encuentra la Mina Peñasquito, de Newmont Gold Corporation, donde se utiliza la minería a cielo abierto para extraer diversos materiales, entre ellos oro. Foto: Lucía Vergara García.
Concesiones que invaden territorios

En la Sierra Norte de Puebla, 32 comunidades de los municipios de Cuetzalan, Yaonáhuac y Tlatlauquitepec crearon el Consejo Maseual Altepetajpianij (Guardianes del territorio) para hacer un frente común e impedir que se instalen minas en la región.

El Consejo nació en 2014, cuando en las comunidades se escucharon los planes que tenían empresas para realizar explotación y extracción minera. Los pobladores buscaron información y encontraron que, desde 1998, el gobierno federal había entregado 103 concesiones mineras en cuatro municipios de la Sierra Norte.

Hasta el 2017, se habían entregado concesiones mineras en 47 % de los 12 mil núcleos agrarios del país, de acuerdo con el documento “La normatividad minera en México: problemas y propuestas de modificación”, elaborado por el CCMSS.

Resistencia contra proyecto minero en PueblaEn la comunidad de Santa María Zotoltepec, Puebla, la empresa Gorrión, filial de Almaden Minerals, pretende instalar una mina para la extracción de oro a cielo abierto. El proyecto está detenido gracias a la movilización social de las comunidades de la región. Foto: María Fernanda Olvera Bataller.

A las comunidades ninguna autoridad se acercó para preguntarles o, por lo menos, avisarles de que en su territorio se entregarían concesiones mineras, explica la abogada Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, directora regional Golfo México, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Esta organización acompaña al Consejo Maseual Altepetajpianij en la demanda para declarar inconstitucional la Ley Minera, por ser una legislación que consideran no garantiza los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la consulta.

Esta acción legal se concentró en impugnar tres concesiones entregadas a las empresas del Grupo Ferrominero —Minera Autlán y Minas de Santa Martha—, las cuales tienen una vigencia por 50 años.

Ximena Ramos explica que con la Ley Minera actual solo es necesario realizar un procedimiento administrativo para el otorgamiento de una concesión, sin que se tome en cuenta a las comunidades que habitan o son dueñas del territorio que se concesiona.

Mina PeñasquitoDesde que se instaló la Mina Peñasquito en Mazapil, Zacatecas, muchos de los habitantes de las comunidades que se encuentran alrededor dependen del agua que les otorga la empresa, a la cual la Comisión Nacional del Agua le entregó una decena de concesiones que le permiten disponer de, por lo menos, 40 millones de metros cúbicos de agua. Foto: Adolfo Vladimir Valtierra.

“No hay ningún mecanismo que permita a las comunidades participar en la decisión (de otorgamiento de una concesión) o que garantice que se les entregue información”, explica Ximena Ramos, quien resalta que se busca reformar seis artículos de la Ley Minera relacionados con la forma en que se entregan las concesiones y que violan los derechos de los pueblos indígenas.

La acción legal impulsada por el Consejo Maseual Altepetajpianij y CEMDA se encuentra en espera de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia emita una sentencia.

Otras comunidades de Puebla, Oaxaca y Guerrero también han llevado a tribunales su lucha contra las concesiones que se entregaron a partir de una ley, que como dice la abogada Ramos, “está diseñada para favorecer, encima de cualquier cosa, la actividad minera”.
Complejo minero las TruchasComplejo minero Las Truchas Vista Hermosa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La minería ha modificado el paisaje de la costa michoacana y ha terminado con el hábitat de flora y fauna como el ocelote o el loro cabeza amarilla. Foto: Luis Eduardo Bucio Jiménez.

Los privilegios de la minería

El artículo sexto de la ley considera a la minería como preferente sobre cualquier otra actividad, excepto la extracción de hidrocarburos; además señala que es de utilidad pública. Este es uno de los artículos que las organizaciones, comunidades y académicos señalan que se debe reformar.

En los hechos, la minería es “una actividad de interés privado de escasa utilidad pública y con un elevado costo social y ambiental”, apunta la doctora Leticia Merino, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM e integrante del CCMSS.

La investigadora menciona un dato: la minería de metales contribuye apenas con el 0.66 % de la recaudación fiscal, “ya que tiene muchos estímulos fiscales, muchos más que otras actividades”.
Minas clandestinas de Carbón-Aspectos de las afectaciones ambientales que deja la explotación clandestina de carbón en el municipio de San José Cloete, en Coahuila. Foto: Ariel Ojeda.

Merino recuerda que, por ejemplo, las comunidades que han creado empresas forestales y realizan un manejo sustentable de sus recursos naturales, “no tienen ningún estímulo fiscal; han tenido que nadar a contracorriente, pese a que su actividad ha permitido conservar muchos bosques”.

Análisis realizados por investigadores como Merino calculan que, por lo menos, la mitad de las concesiones mineras se encuentran en territorios que pertenecen a comunidades forestales.

Al considerar a la minería como actividad preferente y de interés público, resalta Merino, no solo se abrió la posibilidad de que las empresas mineras tengan acceso a la tierra, sin respetar los derechos de propiedad privada o comunitaria, sino que además se permitió que se entregaran concesiones en 76 áreas naturales protegidas.

La investigadora de la UNAM también destaca que la minería no ha contribuido al desarrollo social y económico de las comunidades. “Es una actividad que genera ganancias millonarias para las empresas, pero paradójicamente, en los municipios productores de oro y plata, más del 50 % de la población vive en pobreza y más del 15 % vive en pobreza alimentaria”.
Minas de Nueva Rosita en CoahuilaEn Nueva Rosita, Coahuila, la actividad minera para la extracción de carbón ha provocado la muerte de decenas de mineros, además de afectaciones a su salud. Foto: Cristóbal Gunter Trejo Rodríguez.

Costos sociales y ambientales

Las organizaciones que impulsan reformas a la Ley Minera proponen que el otorgamiento de cualquier concesión minera este sujeto a “un proceso de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas, afrodescendientes y equiparables”, resalta Merino.

Además, otros cambios que se proponen es que antes de otorgar una concesión se realicen estudios independientes de impacto socioambiental e hídrico; que las empresas mineras no tengan acceso preferente al agua, que las concesiones se otorguen por un periodo máximo de 15 años, y no de 50 como ahora sucede.

Las organizaciones también proponen que una concesión se declare nula y se retire cuando las empresas incurran en violaciones a los derechos humanos, laborales y ambientales.
Minas de Cales y Morteros del GrijalvaLa compañía Cales y Morteros del Grijalva opera dentro de los márgenes territoriales del Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas. La empresa ha sido denunciada en varias ocasiones por la generación de polvo. Foto: Alejandro Ariel Silva Zamora.

“Actualmente las causales para quitar una concesión es que la empresa no pague los pocos impuestos que debe pagar o que no entregue un informe anual de actividades”, dice Merino, quien recuerda que a Grupo México —la principal empresa minera del país— no se le han retirado sus concesiones pese a que sus minas han sido protagonistas de varios desastres sociales y ambientales.

En 2006, 65 mineros fallecieron en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila. Desde el año 2000, el lugar tenía reportes de fallas de seguridad, de acuerdo con informes presentados a instancias como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

En agosto de 2014, se registró lo que ha sido considerado uno de los peores desastres ecológicos de México: el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en el Río Sonora. La responsable fue la mina Buenavista del Cobre, perteneciente a Grupo México.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con funcionarios de la Secretaría de Economía —dependencia del gobierno federal encargada de la aplicación de la Ley Minera—, pero no se tuvo respuesta.
Resistencia contra las minasEn San Luis Potosí, los wixarikas han defendido sus territorios sagrados de los proyectos mineros que se han buscado instalar en el lugar. Foto: Carlos Ariel Ojeda Sánchez.

“Es urgente avanzar hacia una verdadera regulación de la minería en México que evite la depredación ambiental y las violaciones de derechos sociales y culturales de los pueblos”, señala Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll, una de las organizaciones que impulsó la iniciativa “Así se mira la minería en México”.

Cecilia Navarro, del CCMSS, explica que esta documentación colectiva pretende ser un proyecto que siga nutriéndose con más imágenes y que permita recordar lo que sucede en los territorios donde operan las minas; fotografías que también muestren la lucha de las comunidades que se resisten a que las empresas mineras se queden con su agua, cambien su entorno o fracturen sus cerros.

Las 63 fotografías que por ahora forman parte de la documentación colectiva se pueden conocer en estos micrositios:

Así se ve la minería en México (CCMSS) https://www.ccmss.org.mx/blog/asi-se-ve-la-mineria-en-mexico/

* Imagen principal: en el municipio de Mazapuil, Zacatecas, se encuentra la Mina Peñasquito, de Newmont Gold Corporation, donde se utiliza la minería a cielo abierto para extraer diversos materiales, entre ellos oro. Foto: Lucía Vergara.

Publicado originalmente en Mongabay Latam

Jorge A. Pérez Alfonso, corresponsal, 27/07/2020
Imagen tomada de la página de internet del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.
Oaxaca. Integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos denunciaron que la minera Cuzcatlán, operada por la empresa canadiense Fortuna Silver, ha contaminado la capa frieática del municipio de Magdalena Ocotlán.

El presidente municipal de Magdalena, Pedro Máximo Aquino, cuya localidad se ubica en el Valle de Ocotlán a 50 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, dijo que lamentablemente hasta este lunes las autoridades estatales y federales no han intervenido.

Pese a esto la empresa ha solicitado, por segunda ocasión, un nuevo permiso de explotación para el proyecto «San José II», mismo que está en análisis por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El funcionario demandó, a nombre del frente y de sus ciudadanos, que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realice una investigación de la contaminación ocasionada por esta minera la cual, se ubica en San José del Progreso.

Lo más importante es que se repare el daño que se ha ocasionado, pero también que se les impongan sanciones ejemplares para que este tipo de situaciones no ocurran; pero además, que de ser posible se suspenda la concesión de dicha empresa, comentó

Esta es la segunda ocasión en que se contaminan la capa freática, lo que afecta a la comunidad que se dedica a la producción agrícola, explicó.

De igual manera, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que acudan a la comunidad y realicen un estudio de los mantos freáticos, para determinar en qué condición de encuentran luego de la contaminación.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/07/27/minera-canadiense-contamino-capa-freatica-en-magdalena-ocotlan-oaxaca-5466.html

ALEJANDRO ORTEGA NERI
28/97/2020

En Zacatecas se practica la minería a cielo abierto ■ foto: la jornada zacatecas
El pasado 22 de julio, como se viene haciendo desde 2009, se conmemoró el Día Internacional de Acción en Contra de la Minería de Cielo Abierto, el cual tuvo su origen en México en el marco de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo impulsado por la Minera San Xavier en las proximidades al Cerro San Pedro, en San Luis Potosí y que hoy, a 11 años se conmemora como un manifestación de forma coordinada de los pueblos del mundo ante la devastación y desposesión provocadas por el extractivismo minero a lo largo y ancho de la tierra.

De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el proyecto Minero de Cerro San Pedro, el cual luego fue abandonado después de su devastación y el desplazamiento, es emblemático porque marcó la ruta del verdadero significado de la devastación de la minería a cielo abierto y que al día de hoy, el país se encuentra plagado de extremo a extremo con aproximadamente mil 500 proyectos mineros operando, sin que se vislumbre un alto, pues el gobierno de la Cuarta Transformación muestra, a decir de la Red, “salvaguarda la continuidad del modelo extractivo minero que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México”.

Zacatecas, de acuerdo con el colectivo Geocomunes, es uno de los principales estados de México que sufre “la amenaza neoliberal de los bienes comunes”, pues tan sólo basta observar un mapa de las concesiones a empresa mineras en el estado para entender la situación, ya que en las regiones donde mayor extracción se registras, no ha significado riqueza alguna para la población local.

En Zacatecas, hablar de minería y extracción a cielo abierto, el primer referente son las compañías extranjeras y sobre todo Peñasquito, hoy propiedad de la compañía Newmont, sin embargo, de acuerdo con la cartografía realizada por el colectivo Geocomunes, la compañía que tiene más concesiones en el territorio local es Peñoles, propiedad del millonario mexicano Alberto Bailleres, por lo que no solamente las empresas extranjeras son las que amenazan los bienes comunes, sino también el capital privado mexicano que sigue enriqueciéndose a costa de casos como el Salaverna, en Mazapil, cuyo caso, según el colectivo, representa el único en el país de desplazamiento forzado de una población también provocada por una compañía mexicana, Minera Frisco Tayahua, de Carlos Slim, cuyo proyecto busca volverse también a cielo abierto, como se anunció en 2013.

Zacatecas, según REMA y Geocomunes, es el estado en el país con más minas de tajo a cielo abierto y hay proyectos que se están destinando también a esta modalidad. Por lo que la entidad puede que sea el estado que más plata extraiga en el mundo, pero el costo de tal logro serán los bienes comunes y el medio ambiente, y no beneficios traducidos en derrama económica y en un reparto de la riqueza de sus habitantes.

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en los últimos años Zacatecas se ha mantenido como uno de los estados que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México, tal es que en 2017 alcanzó una contribución del 20.7 por ciento, lo que equivale a 76.3 millones de pesos. No obstante, según Sergio Elías Uribe, colaborador del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, esta situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas, sino que por el contrario, lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.

“En el marco de la actual fase de acumulación –señala Elías Uribe-, Zacatecas sigue siendo, como en tiempos de la Colonia, una entidad con gran potencial, pues ahí se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, que son de gran importancia para los empresarios mineros. Para abril de 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, que equivalen al 31.64 por ciento del total del territorio estatal”.

Hasta el momento, hay 12 minas metálicas operando en Zacatecas. Destacan las actividades de Industrias Peñoles y las unidades El Saucito ubicada en Fresnillo, la cual, es considerada la mina más importante en la extracción de plata del país, ya que en 2018 participó con la tercera parte del total nacional y el 7 por ciento a nivel mundial, de acuerdo con el último reporte de la Cámara Minera de México (Camimex). A esta le sigue la Unidad Fresnillo, que ocupó el tercer lugar nacional con 15.1 millones de onzas de plata extraídas. Y en el sexto lugar está La Colorada, establecida en Chalchihuites, perteneciente a la empresa canadiense Pan American Silver, que en el mismo año extrajo 7.6 millones de onzas de plata según se registra en el Panorama Minero de Zacatecas en su edición 2019.

Del mismo, se ubican la Unidad El Coronel localizada entre los municipios de Luis Moya y Ojocaliente, que extrae diariamente 55 mil toneladas de material que contiene oro y plata; las minas Frisco-Tayahua, propiedad de Carlos Slim y Peñasquito que pertenece a la corporación estadounidense Newmont, calificada como la segunda mina más importante de plata y la tercera de oro a nivel nacional. Estas últimas, ubicadas en la región de Mazapil, que junto a la región de Fresnillo albergan las minas más importantes de Zacatecas.

Mientras las grandes beneficiadas de la extracción mineral en Zacatecas han sido las corporaciones mineras, ya sean canadienses, estadounidenses y mexicanas, los territorios locales son los que asumen las consecuencias negativas que genera este modelo extractivo, que han dejado entrever una sobreexplotación laboral, despojo de tierra y agua, devastación ambiental y múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales.

Según el colectivo Geocomunes, aunque lo que deja la minería en impuestos es “insignificante” comparando con sus ganancias, en cuestión de impactos la lista es larga, pues deja daños sociales con la criminalización, hostigamiento y persecución de activistas y el desplazamiento forzoso de comunidades; mientras que en el rubro ambiental, hay una radical transformación del paisaje, tala excesiva de vegetación, agotamiento de mantos y manantiales y contaminación con químicos tóxicos por mencionar algunos efectos, que a su vez generan impactos en la salud y en el ámbito cultural, porque se modifican los modos de vida, debido entre otras cosas, a la desaparición del patrimonio y la alteración de la dinámica local.
https://ljz.mx/2020/07/28/los-territorios-locales-asumen-las-consecuencias-negativas-de-la-mineria-a-cielo-abierto-rema/