El titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, Dalos Vargas Rodríguez, advirtió que al menos mil minas a cielo abierto en situación de abandono se han detectado en todo la entidad veracruzana, situación que calificó de grave pues no hay quien se haga responsable de que cumplan con los requisitos de protección civil y el reblandecimiento de tierra y deslaves sigue aún latente.

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El gobierno federal, «por mandato constitucional y de acuerdo a los compromisos del Estado mexicano por los Pactos y Convenios Internacionales está comprometido y tiene el deber de respetar, proteger y garantizar el patrimonio del Pueblo Wixárika, de México y la Humanidad que es Wirikuta , no obstante ha mostrado una actitud omisa y desinteresada que ha llevado a acciones inoportunas e ineficaces y a pesar del cambio de administración, ésta no ha mostrado una real responsabilidad en el caso, actuando con retórica dudosa y desalentadora y realiza acciones contradictorias a través de las diversas instituciones responsables de hacer valer la tutela de la protección a Wirikuta», denunciaron las organizaciones sociales que apoyan a los aborígenes de la sierra del norte de Jalisco y del este de Nayarit en su disputa por sus sitios sagrados del este, en San Luis Potosí.

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El miércoles pasado asistí al foro “Derechos Indígenas y Armonización Legislativa”, organizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, que se realizó en el Museo de la Ciudad de México. El evento duró todo el día y en él participaron 260 personas, entre ellos 70 líderes y representantes de 30 pueblos indígenas distintos, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios federales y estatales.

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La magistrada Imelda Carlos Basurto, del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, decidió no conceder a la empresa minera canadiense Mag Silver, y a su filial El Cascabel, un amparo promovido para dejar sin efectos una asamblea ejidal de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en la que prohibieron la actividad minera durante cien años.

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La industria de la minería no ha traído la riqueza requerida por la entidad y sí ha brindado deterioro y degradaciones ecológicas en las zonas donde se instalan, manifestó la diputada local por el PRD, Eugenia Flores Hernández.

Por ello, propuso la instrumentación de un foro regional de análisis, realizado por expertos y por los afectados debido al trabajo de esas industrias.

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Mientras empresas del sector minero decidieron ampararse contra los nuevos impuestos, por lo mismo, otras replantearon sus inversiones en exploración y extracción, de manera que, oficialmente, en el 2013 se postergaron 104 proyectos de exploración de firmas extranjeras, y se espera una contracción en la generación de empleo, que en 2013 fue de 338 mil.

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COMUNICADO

“EL FRACASO DE LA POLÍTICA NEOLIBERAL CIRCUNSCRITA A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO”

Sr. Presidente de la República mexicana
Sr. Presidente de los Estados Unidos de Norte América
Sr. Ministro de Canadá

Los pueblos y comunidades de México opositores al Modelo Extractivo Minero Depredador, reunidos en el Foro Nacional 2014 celebrado en Zacualpan, Municipio de Comala, Estado de Colima, hacemos manifiesta nuestra postura con relación a los acuerdos que desde hace 20 años fueron firmados por las tres naciones, en el marco de los acuerdos que dieron forma al conocido “Tratado de Libre Comercio” (TLC).

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Pobladores de la comunidad de Naopa, municipio de Molango de Escamilla, estado de Hidalgo, desde hace una semana protagonizan una serie de protestas para detener las operaciones de la Minera Autlán, a la que acusan de producir daños en la salud, el reblandecimiento de un cerro y amenaza con posibles brotes de violencia, denunciaron.

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