La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos de los habitantes del municipio de Concordia, Sinaloa afectados por el derrame de tóxicos provenientes de la mina «Dos Señores», el cual contaminó aguas del arroyo Las Charcas.
En un comunicado, el organismo autónomo informó que el ombudsman nacional ordenó el traslado de visitadores adjuntos para recabar las quejas así como atender a la población afectada.
Se detalló que los visitadores darán asesoría y concentrarán la mayor cantidad de elementos que permitan conocer los impactos generados a la población y al ambiente.
Importantes zonas de Concordia y Escuinapa se quedaron sin agua potable debido al derrame de 10 mil 800 toneladas de sustancias tóxicas provenientes de la planta de tratamiento de metales Santa Rosa, de la mina Dos Señores, en el arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, el cual abastece líquido a comunidades de esos municipios.
A fin de condenar la falsificación de firmas que hacen empresas canadienses para continuar con la explotación de la mina que se ubica en la comunidad Grecia en el municipio de Chicomuselo, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata, Democrática Independiente (OCEZ-DIUNOPI) hacen su pronunciamiento y rechazo.
Alrededor de 10 mil 800 toneladas de material tóxico de la mina Dos Señores se filtraron al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, en el municipio de Concordia, lo que obligó a las autoridades estatales y federales a emprender medidas de emergencia y evitar que estos residuos contaminen el agua y afecten a los habitantes de la región.
En asamblea popular del 12 de septiembre de este año una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, Baja California Sur, recuperando ese espacio que ha estado ahí desde siempre, el espacio público, recuperándolo, ocupándolo con un propósito fundamental, exigir el respeto a sus derechos, exigirle al gobierno el respeto por su derecho a la vida. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del estado. También asistieron decenas de extranjeros avecindados en Baja California Sur y algunos ciudadanos de otros estados de la República. La multitud era de muy diversos lugares así como de diferentes filiaciones políticas y religiosas. En suma, una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de surcalifornia, dándole vida a esta agreste y hermosa tierra; y la defensa del litoral de la península, fuente de trabajo para las comunidades de pescadores y de alimento para la población, además de que el litoral y sus atractivos naturales son una de las razones fundamentales del posicionamiento turístico de Baja California Sur. Defensa que implica el rechazo total de la ciudadanía a los megaproyectos mineros terrestres y submarinos, y en general a cualquier proyecto extractivo minero tóxico (¿y cuál no lo es?). De eso trata el Pacto de Todos Santos (www.facebook.com/frenteaguayvidabcs/photos/pcb.568198699973671/568188879974653/?type=1&theater), del derecho a la vida. Pero va más allá.
Cientos de campesinos y ciudadanos marcharon esta tarde en Teziutlán Puebla, para exigir al gobierno de Rafael Moreno Valle y del edil Antonio Vázquez cancelar la instalación de minas e hidroeléctricas en dicho municipio, ya que pone en riesgo la biodiversidad e incrementa la contaminación en los ríos, lo que pone en peligro la salud de los habitantes.
Ante el pleno de la LXI Legislatura se presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual se solicita la creación de una Comisión Especial para el estudio del impacto ecológico de la minería en el estado de Zacatecas.
En todo el territorio del Estado de Morelos no se permite la minería metálica a tajo abierto, sentenció el Gobierno del Estado en el decreto por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Morelos.
En la actual administración federal en Coahuila se ha cancelado una concesión minera y tres más se mantienen suspendidas por incumplimiento de los concesionarios y derivado de accidentes en la extracción del carbón, explicó el delegado de la Secretaría de Economía, Marcos Durán Flores.
La empresa minera canadiense y otras, violarían lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos, ya que contaminan los ríos, además, las presas de jale deberían estar a unos 25 kilómetros de distancia de la población y no obstante no se cumple con la norma.