En el ejercicio de su derecho a la autonomía, el día 17 de marzo de 2009 pobladores de los municipios de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán se plantaron en el perímetro del proyecto minero “San José” con el objetivo de clausurar los trabajos de exploración y preparación que desarrollaba la empresa minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines.
Dos meses después de la toma de la mina, el día 6 de mayo de 2009, aproximadamente 1200 elementos de la policía federal y estatal realizaron un operativo para desalojar a las y los manifestantes de San José del Progreso con armas, perros, camionetas, helicópteros y gases lacrimógenos con el objetivo de restablecer el Estado de Derecho en la comunidad. Durante el desalojo, los ciudadanos y ciudadanas fueron objeto de despojo de todas sus pertenencias, además de agresiones físicas y la detención de 22 personas argumentando el delito de ataques a las vías de comunicación, dichas personas presentaron graves lesiones por los elementos policíacos.
El Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina señala a México como uno de los países latinoamericanos con más problemas en cuanto a la relación que mantienen los poblados con las empresas mineras, desde la contaminación de acuíferos hasta la usurpación de tierras.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició el protocolo de atención para cuantificar el derrame de una solución con baja concentración de cianuro, en piletas de contingencia de la planta Merrill Crowe de Minera Penmont, S. de R.L. de C.V., unidad La Herradura, ubicada en el municipio de Caborca, Sonora.
Mediante un grupo en redes sociales llamado “NO a la explotación minera de Samalayuca” se denuncia que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) dejó fuera a esta zona que anteriormente se encontraba dentro de la protección con el fin de iniciar un proyecto minero de una empresa canadiense.
Organizaciones civiles como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Agua Vale más que Oro, denunciaron que el proyecto minero Los Cardones, en Baja California Sur, pretende instalarse en las inmediaciones de la Reserva de la Biósfera Sierra La Laguna “violando derechos mediante argucias legaloides, e incluso violando flagrantemente leyes y reglamentos federales y estatales”.
Lo quieren todo. No se conforman con tener a su favor las leyes, el aparato estatal que las aplica y las políticas gubernamentales para hacerlo posible. Con el argumento de que necesitan garantizar la seguridad jurídica de sus inversiones en el sector energético, en la industria minera e incluso en proyectos de agua, a los que los pueblos indígenas y comunidades campesinas se oponen porque violan sus derechos al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, entre otros el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en una reunión con la Unión Social de Empresarios de México, expresó su interés de que las consultas a los pueblos indígenas, reguladas en la Constitución federal y el derecho internacional, no sean de cumplimiento obligatorio.
El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) advirtió que Grupo México está obligado a indemnizar, ofrecer consultas médicas y dar seguimiento durante 15 años a todas las personas con daños a la salud por el derrame de la mina Buenavista del Cobre, denunciada por las comunidades aledañas al río Sonora.
Recientemente en un artículo publicado en Russia Today que había sido publicado antes por la Jornada el domingo, se explica claramente cómo el 70% de las minas mexicanas están concesionadas a mineras canadienses. Quedando el restante de 30% para inversores mexicanos, todo de acuerdo a informes de la Cámara Minera de México (Camimex). El asunto no acaba ahí, puesto que derivado de la reforma energética, se aprobaron una serie de puntos que pretenden privatizar el agua, y obstaculizar el acceso al agua a diversas comunidades en el país. Por citar algunos ejemplos claros, Grupo México derramó en el Río Sonora, 40 mil metros cúbicos de solución de cobre, arsénico y demás, que se derramaron desde la mina Cananea, operada por la compañía Buenavista del Cobre en el Estado de Sonora.
