Prácticamente la mitad del territorio de Ensenada, el municipio más extenso del país, se encuentra concesionada a empresas privadas para la explotación minera y generación de energía eólica. Entre los propietarios de esas firmas se encuentran Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailleres, de acuerdo con un estudio dirigido por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México.
De manera gradual, durante un siglo, las empresas empezaron a posesionarse de millones de hectáreas en una región estratégica, pues se encuentra en la península de Baja California, entre el océano Pacífico y el Mar de Cortés, lo que se acentuó durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La superficie de Ensenada es de 5 millones 248 mil 240 hectáreas, de las cuales 43.6 por ciento tiene algún tipo de concesión.
Un total de 902 proyectos de exploración e inversión de capital extranjero en el sector de la minería se encuentran en operación en nuestro país, y de los cuales 18 corresponden a San Luis Potosí, con lo que se coloca entre las primeras doce de 25 entidades con presencia de este tipo de empresas.
Asociaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Protegidas, se retire el permiso para extraer oro, cobre y plata a la compañía minera WC Exploration Corporation y al consorcio Firex SA de CV, según apunta La Jornada.
La mina de la empresa Frisco y del magnate Carlos Slim, en el municipio de Ocampo y Moris en el corazón de la sierra ha causado que las montañas luzcan como “pirámides”, grandes extensiones de bosque han sido destruidos para obtener los metales.
En defensa de uno de los sitios sagrados más importantes para los indígenas de México y el mundo, Wirikuta, lugar donde para los wixárikas (huicholes) de Jalisco, Nayarit y Durango “nació el sol por primera vez”, se realizó aquí el foro El agua en el desierto Catorce hacia el 2030, una revisión “a partir de la ciencia y los saberes locales sobre la situación actual y futura del agua” en este municipio, sobre todo a la luz de la batalla contra 78 concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal sobre las 140 mil hectáreas que abarca este espacio ritual.
En años recientes la entrega de concesiones a empresas trasnacionales ha provocado que la fuerza del capitalismo arrebate los territorios de pueblos indios a lo largo y ancho de la república mexicana, por lo que podríamos trazar un mapa con las luchas sociales de este sector en contra de los llamados megaproyecto de destrucción; más del 40% del territorio nacional ha sido concesionado.
La delegada en Puebla de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Daniela Migoya Mastretta, evidenció que algunas empresas reactivaron la búsqueda de oro en las minas del municipio de Izúcar de Matamoros, sin alguna autorización por parte de la dependencia para hacerlo.
El día 21 de agosto del presente la delegada de la procuraduría agraria en colima, María Elena Díaz rivera, acudió a la comunidad indígena de Zacualpan al medio día en donde sostuvo una reunión con gente afín a Carlos Guzmán Teodoro comisariado destituido por votación unánime de la asamblea de comuneros en febrero de 2014, y quienes venían desarrollando actos de violencia y agresión en contra de los integrantes del CIDTZ, después de una hora reunidos salió del local conocido como casa de la mujer campesina perteneciente a la misma comunidad, y de forma déspota comenzó a lanzar palabras discriminatorias a mujeres integrantes del CIDTZ llamándolas “gente de la baja” y señalándose a ella misma y a la gente con quienes minutos antes se reunió “como de la alta”.
Activistas y miembros de la sociedad civil consideraron un «simulacro» las mesas de diálogo de consulta pública para determinar la factibilidad de colocar una mina en la zona de Samalayuca, las cuales fueron colocadas por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios demandó a las autoridades cancelar las órdenes de aprehensión giradas contra 14 opositores a la minera Plata Real, en la comunidad zapoteca Magdalena Teitipac, y liberar de inmediato al defensor comunitario Pedro Aguilar Aguilar.