En los últimos 10 años el gobierno federal ha concesionado alrededor del 90% del territorio de las comunidades Monte del Toro, El Vergel y su anexo Los Ocotes, San Martín de Los Cansecos, San Matías Chilazoa, Barrio del Progreso, Taniche, Cerro de las Huertas y Magdalena Teitipac de los Valles Centrales de Oaxaca a las empresas mineras Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Compañía Minera Media Luna, sin que esto haya implicado un proceso de consulta y consentimiento libre, previo, informado y de buena fe a los pueblos que ahí habitamos.
Ante este contexto las comunidades firmantes asumimos el compromiso de defender regionalmente nuestro territorio de manera pacífica, organizada y por todos los medios legales, a partir de nuestros territorios ejidales y comunales, declarándonos como territorios prohibidos para la minería, con base en asambleas agrarias formalmente convocadas. Difundiéndolos ante los medios de comunicación, organismos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el ámbito estatal, nacional e internacional.



Organizaciones exigen eliminación de los permisos mineros en la entidad que generan muerte, deforestación, contaminación y cambio climático.
Capulálpam tiene una historia de más de dos siglos de minería de oro y plata. Saúl Aquino, líder indígena zapoteca y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad, recuerda que los desechos químicos de la actividad minera devastaron los acuíferos y contaminaron el agua, las tierras comunales y el bosque. La mina pertenecía a una empresa mexicana, pero ahora es de propiedad de Sundance Minerals, con sede en Vancouver, Canadá. Los conflictos más graves en Oaxaca se produjeron en comunidades indígenas donde las corporaciones procedieron a explorar y explotar sin el consentimiento previo de las poblaciones indígenas. Capulálpam es el primer territorio reconocido libre de minería en México. En los últimos años, Capulálpam ha desarrollado su propio modelo basado en los bienes naturales de propiedad comunal.
Pobladores del ejido Nueva Francia en el municipio de Escuintla, alertaron sobre las detenciones arbitrarias y amenazas que han sufrido por pronunciarse contra la empresa minera Obras y Proyectos Mazapa S. A. de C. V. que opera en la zona.
El proyecto minero del Cerro de Espejeras en Tetela de Ocampo podría posponerse tres años más, por la movilización social y por las debilidades financieras y legales de la empresa Frisco, propiedad de Carlos Slim, se dio a conocer en una reunión informativa realizada en este municipio serrano.
Unas 500 habitantes de este municipio marcharon este viernes en rechazo a las mineras que pretenden instalarse en el Istmo de Tehuantepec porque, argumentaron, dañará fuentes naturales de agua y cultivos de maíz, ajonjolí y mango.
Tenía poco menos de 40 años y era pescador, también trabaja la tierra y vendía los productos. Rosa, su esposa, cuenta a Revolución TRESPUNTOCERO que nunca se enferma porque “los pobres no pueden darse el lujo de enfermarse”.
Manos y voces de mujeres se ven y se escuchan en esta sierra norte oaxaqueña. Aquí está la mujer que borda blusas, la que hace chocolate y ate de membrillo, la que diseña piezas de madera y la que sirve de guía a las y los turistas que recorren el bosque y los arroyos de la zona. Al tiempo que trabajan, las mujeres defienden sus parcelas y solares, y es que en este municipio serrano, ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de Oaxaca –capital del estado del mismo nombre–, aún permanece la sombra de las actividades mineras para extraer oro, plata, plomo y cobre, que amenazaron con arrasar sus tierras.
Recientemente dimos a conocer la opinión del Gobierno del Estado de BCS sobre el proyecto de minería submarina Don Diego –único en su tipo a nivel mundial– que pretende dragar 91 mil hectáreas del fondo submarino. El proyecto fue calificado como no viable ambientalmente y que podría exacerbar un conflicto de índole internacional, por mencionar algunas de las observaciones.
El proyecto minero El Cobre, en Tinajitas, Veracruz, debe detenerse como ocurrió con Caballo Blanco, a base de presión social, expuso Juan Carlos Atzin Calderón, presidente de la organización civil Somos la Semilla del Cambio.