Es una de las principales actividades que genera divisas y crecimiento en diversos países, pero causa problemas como la salinización, la desertificación o la deforestación

La minería es una de las principales actividades extractivas que genera divisas y crecimiento económico en diversos países del mundo.

Naciones como Perú, la República del Congo o Chile son líderes en la producción de oro, cobre, zinc y plata gracias a su amplia biodiversidad de ecosistemas; el potencial productivo de las represas, valles, lagunas y tierras fértiles son geológicamente competitivos para el posicionamiento de empresas multinacionales en estos países.

Si bien la minería genera desarrollo de ciudades en términos de modernización en los ejes de infraestructura urbana, industrial- empresarial y empleo; fomenta por otro lado la explotación indiscriminada del hábitat en su dimensión social, económica y ecológica de las comunidades campesinas aledañas a los campos mineros.

En primer lugar, se genera una degradación, desertificación y deforestación de los suelos por la salinización, solubilización y movilización de metales tóxicos como el arsénico, mercurio, cadmio, plomo y bario (El Tiempo,2018).

En correlación, esta problemática afecta directamente la calidad alimentaria de la producción agrícola (alimentos que sobrepasan el límite máximo permisible de metales pesados según el codex alimentarus); sector primario que representa el 80% de la economía de los países en vías de desarrollo y que implícitamente genera pobreza absoluta, migraciones forzadas y convulsiones sociales en las poblaciones autóctonas (La República, 2012).

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Leyes insuficientes

Este efecto tiene correlación directa a las deficientes legislaciones ambientales por parte de los países subdesarrollados; la inseguridad jurídica, la inexistencia de principios de autoridad y la débil preparación del Estado con enfoque macro-económico impide la armonización entre las actividades extractivas y el medio ambiente.

La falta de un “upstream engagement” de los pobladores a la toma de decisiones políticas en materia de industria extractiva refuerzan una legislación abultada orientada solo para expertos que soslayan una “lingua franca” a fin de otorgarles la “licencia social” a las mineras sin el previo consentimiento ambiental de la ciudadanía.

En tal sentido, en este contexto, el desconocimiento sobre sus derechos, impide a los moradores aplicar la ley de consulta previa como mecanismo de defensa para monitorear y supervisar la efectividad de los estudios de impacto ambiental de las empresas extractivas.

La conflictividad social entre la población y las empresas licitadoras tiene su base en la desconexión entre los procesos de planificación territorial y el sistema de otorgamiento de concesiones en el gobierno central (El Tiempo, 2018).

El escaso ordenamiento territorial propulsado por los poderes descentralizados no delimita las lagunas, valles o zonas ricas en minerales como áreas naturales protegidas y conservadas, dificultando de esta manera la anulación de las concesiones mineras.

Las multinacionales

El ejemplo de Perú

La falta de acceso a la justicia de los pobladores por limitaciones económicas, geográficas y lingüísticas, sumado al inexistente despliegue de las funciones del Estado, permiten que gran parte de la superficie continental de países como Perú se encuentre concesionada a la minería; en cifras un 14,12%( INGEMMET) del territorio está ocupado por mineras que, a largo plazo, degradan los ecosistemas esenciales del paisaje, transformando una tierra de importancia espiritual y/o cultural para una comunidad determinada en una zona árida e inservible.

Como consecuencia, se tienen cifras alarmantes de recursos naturales irrecuperables para la riqueza de los pueblos; pérdidas de lagunas, racionamiento y contaminación del agua, desaparición de valles, campiñas, escasez hídrica por el secado de afluentes hídricos de los principales ríos, etc… Estos impactos al medio ambiente alteran el equilibrio social y económico, afectando negativamente al modus vivendi de la sociedad en los ejes salud, alimentación y bien estar ambiental.

Tragedia ecológica

Desaparece el 40% del valle Yanacocha

En cifras, la ciudad de Cajamarca (Perú) ha perdido el 40% del valle Yanacocha, presenta una alarmante cifra de 38% de desnutrición y un 26% no tiene luz eléctrica ni acceso a agua potable por consecuencia directa de la actividad minera, tales como el agua ácida por la disolución de metales pesados tóxicos durante el drenaje ácido de las minas (La Republica, 2017).

De igual manera, la liberación de gases como el plomo de las chimeneas metalúrgicas a la atmósfera genera una contaminación invisible y de largo plazo en la salud intergeneracional de las poblaciones cercanas a las minas; en otras palabras, nacen niños con alteraciones genéticas y /o con siete veces más plomo en la sangre que el límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud.

Esta realidad problemática trae consigo la aparición de múltiples enfermedades como la leucemia, la anemia y el cáncer que acortan sustancialmente la esperanza de vida de las personas.

Precisamente, según reportan fuentes de La República, La Oroya es la quinta ciudad del mundo más contaminada del planeta con un nivel de toxicidad de plomo entre 60 y 70 microgramos por decilitro de sangre, ocasionando que el 90% de los niños presenten niveles de este metal tóxico por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias.

La minería no solamente afecta la dimensión humana, también se ve afectado la salud animal por la degradación de la flora; precisamente, se tiene conocimiento de la desaparición de pantanos en la cordillera del Vilcanota (Cuzco-Perú) que eran refugio para los patos salvajes durante su migración, ahora habilitado como estacionamiento y sendero por la explotación minera (El Tiempo, 2018).

Propuestas

En el caso de Perú, considerando que los mecanismos de negociación son inequitativos a lo que respecta la mediación social entre las comunidades campesinas y las empresas mineras respaldadas por el Estado, hay tienen distintas propuestas a considerar para la preservación y protección de las áreas ferrosas de patrimonio ancestral:

En primer lugar, dotar a la ciudadanía de facultades legislativas como un agente federal autorizado por las instancias internacionales a legislar, negociar y tomar decisiones políticas con asesoramiento técnico sobre la concesión o anulación de los proyectos mineros en base a la ley de consulta previa.

Otorgar la licencia social para las actividades extractivas en base a un previo mapa zonal de planificación y ordenamiento territorial que delimite las áreas autorizadas para la concesión de proyectos mineros; contemplando que los impactos ambientales estén fuera del radio de vida urbana, así como la salvaguardia de los recursos naturales, hídricos, agrícolas que suministran la economía de las comunidades campesinas.

■ Exigir la revisión exhaustiva de los expedientes técnicos sobre impactos ambientales, así como la tecnología disponible para la mitigación y neutralización de los efectos negativos al ambiente; uso de biomasa en biodigestores para uso térmico, para generar electricidad a las zonas rurales alejadas de las ciudades, así como reducción de los impactos del cambio climático tales como la emisión de CO2. Implementar catálisis heterogénea y filtros de depuración en las chimeneas para reducir al máximo los gases como plomo.

Interponer recursos de nulidad contempladas en las cláusulas del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) anulando directamente las actividades mineras por incumplimiento de la ley de consentimiento ambiental y consulta previa, sin la necesidad de la intervención del Estado. En otras palabras, las comunidades campesinas afectadas pueden ordenar la anulación del proyecto minero con poderes ejecutivos.

Fuente:https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20190930/47670210436/batalla-mineria-ecologia-mundo-cambio-climatico.html

Se estima que la Amazonía es el lugar con más biodiversidad en el mundo. Sin embargo, la contaminación por mercurio está poniendo en riesgo a especies emblemáticas como los jaguares y delfines de río, al igual que a peces que son críticos para la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, rurales y urbanas.

Los delfines rosados ​​del Amazonas tienen niveles preocupantemente altos de contaminación por mercurio, sobre todo debido  al barrido ilegal de oro, reveló un estudio realizado por varias ONG ambientales, entre ellas, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

El mercurio, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “una de las diez sustancias químicas que plantean mayor preocupación para la salud pública”, ha afectado negativamente la salud de más un millón y medio de personas en la región, mientras que amenaza la salud y medios de vida de millones más a través de la contaminación del aire y el agua y la intoxicación de plantas y animales.

Los investigadores se propusieron medir la tasa de contaminación de 46 delfines de 2017 a 2019, en las principales cuencas amazónicas de Brasil, Bolivia, Colombia y Perú.

«Todos mostraron un cierto nivel de contaminación por mercurio, con altas tasas para más de la mitad de ellos», dijo Marcelo Oliveira, de WWF Brasil.

«La extracción ilegal de oro es una amenaza real: el 100% de los delfines monitoreados para el estudio han sido contaminados, especialmente en la cuenca del Orinoco (que se extiende sobre Colombia y Venezuela), donde hay grandes concentración de mineros «, dice el estudio.

El mercurio, utilizado para separar el oro de otros minerales, es altamente contaminante.

Pero Marcelo Oliveira considera que la búsqueda de oro no es el único problema. «El mercurio existe en forma natural en la Amazonía, pero se propaga en el agua debido a la deforestación, los incendios forestales y entra en la cadena alimenticia de delfines y peces», explica.

Los altos niveles de mercurio observados en el organismo de los delfines también se traducen en una verdadera «amenaza» para la salud de las casi 20 millones de personas que viven en la región amazónica y que, entre otras cosas, se ven obligadas a consumir pescado contaminado.

«El mercurio puede permanecer hasta 100 años en la cadena alimentaria, ese es el gran problema», concluye Marcelo Oliveira.

Según el Informe Planeta Vivo 2018 de WWF, alrededor del mundo las poblaciones de especies de agua dulce han disminuido en un promedio de 83% desde 1970. Los hallazgos del informe Ríos Sanos, Gente Sana indican que es poco probable revertir esta tendencia en la Amazonía a menos que la contaminación por mercurio sea combatida.

WWF impulsó la creación de la Alianza Regional por una Amazonía Libre de Mercurio, una plataforma que reúne a organizaciones, representantes de gobierno, investigadores y líderes indígenas con el fin de consolidar información, compartir lecciones aprendidas y desarrollar líneas de acción claras, atacando la problemática desde un enfoque regional.

Los investigadores también concluyeron que los movimientos de los delfines no distinguen fronteras internacionales, haciendo necesarios acuerdos entre países para garantizar la protección de las especies.

El estudio se enmarca en la Iniciativa Delfines de América del Sur, formada por las organizaciones Faunagua, Fundación Omacha, Instituto Mamirauá, Prodelphinus y WWF.

La presse canadienne-WWF-RFI

Fuente:https://www.rcinet.ca/es/2019/10/24/delfines-rosas-amazonicos-muy-contaminados-con-mercurio/?fbclid=IwAR0fMc1nRqwNrduq7I6RtbkHwEOIRhOw62nqlLDm4WKBn5-fv3iWwqFFTWA

La Red Eclesial Panamazónica REPAM presentó recientemente su Atlas Panamazónico: Aproximación a la realidad eclesial y socioambiental en el cual expone diferentes datos sociales, económicos, ambientales, políticos y culturales de esta región. La panamazonía comprende el territorio conformado por la Cuenca del Amazonas. Políticamente este territorio alcanza parte de Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guayana, Guayana Francesa, Surinam y Venezuela. De conjunto comprende 8 millones de kilómetros cuadrados, que equivalen al 40% de la extensión de toda Sudamérica, y alberga aproximadamente a 33.6 millones de personas.

La panamazonía contiene el bosque tropical continuo más extenso de la tierra. El 15% de toda la biodiversidad terrestre del planeta y el 15% de toda el agua dulce del mundo se encuentran en esta región. La cuenca amazónica alberga a 377 pueblos indígenas, y cuenta con más de 250 lenguas originarias. Por lo que, la panamazonía es una de las regiones de mayor diversidad biocultural del planeta.

Amazonía y conflictos socioambientales

La panamazonía es una región de grandes conflictos socioambientales producto de las dinámicas económicas de carácter extractivista impulsadas por los diferentes Estados que conforman su territorio. De acuerdo a la REPAM, las principales actividades que provocan el conflicto socioambiental en esta región son la minería (tanto legal como ilegal), la explotación petrolífera, las hidroeléctricas, las quemas y la deforestación.

Producto de las actividades extractivistas, la deforestación y la expansión de la frontera agraria, se generan una diversidad de problemáticas sociales. Según el sondeo realizado por la REPAM, las principales problemáticas sociales en la amazonia están relacionadas con:

1. el extractivismo y los megaproyectos
2. la crisis socioambiental
3. la tenencia, legalización o presión sobre los territorios
4. la ausencia institucional
5. la fragilidad organizativa
6. la pérdida cultural e identitaria
7. la violencia, y
8. la persecución política

Sin duda, una de las poblaciones más vulnerable a las problemáticas suscitadas por el modelo extractivista son los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) o “Pueblos libres”. En todo el territorio amazónico se estima que habitan alrededor de 130 PIAV. Estos pueblos, son los más vulnerables a los daños ambientales producto de la explotación económica de la amazonia; y están sujetos a constante desplazamiento, dislocación, persecución y perdida cultural por parte de los megaproyectos, empresas extractivas y deforestación.

los principales problemas sociales arriba identificados, la REPAM destaca las más relevantes a nivel de cada país panamazónico, siendo estas: la ausencia institucional por parte de Gobiernos y otras instituciones (Brasil y Colombia), Salud (Venezuela y Guyana), rasgos de la crisis socioambiental (Bolivia y Ecuador), y Violencia (Perú).

Los mayores problemas culturales en la amazonia se centran en: la perdida identitaria y cultural, la tenencia y la presión sobre los territorios, y el irrespeto al derecho de la consulta previa, libre e informada. Estas problemáticas se suman y articulan con la violación de los derechos básicos, como ser: el derecho de las minorías étnicas a vivir su cultura, el derecho a la identidad y nacionalidad, el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otras.

Específicamente, los problemas sociales identificados por el Atlas Panamazónico relativos a temas culturales por país se centrarían en: la perdida cultural e identitaria (Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela), la tenencia y la presión sobre los territorios (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), el irrespeto al derecho de la consulta previa, libre e informada (Colombia y Perú) y la falta de reconocimiento y valorización de la diversidad cultural (Ecuador).

Experiencias de justicia socioambiental

A nivel panamazónico, existen diferentes experiencias que surgen como alternativas en búsqueda de una justicia socioambiental en la región. El estudio del REPAM se enfoca específicamente en tres experiencias: producción alternativa, cuidado ambiental y capacitación productiva. Bajo la propuesta de este marco comparativo se puede observar que, a nivel porcentual, Venezuela se posicionaría como el país con menor experiencias de justicia social y ambiental de la región, seguido por Perú y luego Bolivia. Mientras que, en contraste, Colombia se posiciona como el país amazónico con mayores experiencias de justica a las problemáticas socioambientales. Estos datos revelan la gran brecha que existe entre los diferentes países panamazónicos respecto a cómo crear experiencias para la búsqueda de una justicia socioambiental y para crea alternativas frente al modelo extractivista.

El Atlas Panamazónico presentado por el REPAM es una herramienta valorable para una visualización y análisis global del territorio de la Cuenca Amazónica. Sin embargo, como su mismo nombre lo indica, más que un instrumento de referencia local que permita un análisis focalizado y especifico, el Atlas Panamazónico en realidad es una herramienta de aproximación a la realidad de la Amazonía. En este sentido, el Atlas Panamazónico solo permite una contextualización global de esta vasta región.

Fuente:https://latinvestment.org/2019/10/07/repam-el-extractivismo-es-la-principal-causa-de-conflictos-en-la-panamazonia/?fbclid=IwAR3EzdB0VSm83nY3oydujL2SeToGu46Smh5tA3c9rOHHWOtE4eYOci8atBA

Abuelos y abuelas de siete comunidades indígenas de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Boyacá y Venezuela se reunieron para conversar sobre la importancia de preservar el bosque tropical más grande del planeta. Los 18 abuelos y abuelas, reunidos para hablar sobre el presente y el futuro de la Amazonía, hicieron un llamado a todo el mundo a cuidar el pulmón del planeta.

El encuentro de sabiduría ancestral se produjo en el marco del Festival Internacional de Cine y Ambiente de la Amazonía, “Ficamazonía” en Mocoa, Putumayo. Éste ha sido muy significativo puesto que hacía más de 50 años que no se llevaban a cabo los Consejos de Ancianos Mayores de los Pueblos Indígenas de América Latina. (Le puede interesar: «400 federaciones y comunidades se movilizan en defensa de la Amazonía«)

Un manifiesto en pro de la Amazonía

En el Diálogo apelaron a la cancelación de licencias para la exploración y explotación de los recursos naturales de la “madre tierra” y pidieron “que la Amazonía sea declarada libre de concesiones minero-energéticas”. En el manifiesto, también hacen una clara alusión al Gobierno y a todos aquellos grupos al margen de la ley a que velen por la conservación de la Amazonía, sus tribus y sus tradiciones, puesto que remarcan que para ellos «el bosque lo es todo». Además, alertan que sus pueblos están declarados en riesgo de desaparecer física y culturalmente (Le puede interesar «Con la Amazonía está en juego la supervivencia de la humanidad«)

Asimismo, insistieron en la necesidad de no ser perseguidos por el cultivo de coca, así como que sí se frene el uso de semillas transgénicas y no implementar el fracking ni el uso del glifosato, ya que consideran que estas prácticas destruyen la biodiversidad, la vida, la salud, la autonomía y la soberanía alimentaria de sus comunidades. «Pedimos que la Amazonia sea declarada libre de concesiones minero-energéticas”. También reiteraron en la importancia de no perseguir ni estigmatizar a sus líderes sociales.

En el documento, se exponen una serie de propuestas de los abuelos indígenas para la preservación de la Amazonía, así como para la preservación de sus pueblos. Tras la presentación del manifiesto, se espera que se pueda organizar otro encuentro para analizar en qué puntos se muestran avances.

Fuente:https://www.contagioradio.com/autoridades-indigenas-defensa-amazonia/?fbclid=IwAR39fs-8TRxTj1vn9lYYY2cyRbnIGiVCrkEU7GdTy6ueHKNoN-c45sBVt7I

El sacrificio se extiende también hacia los cuerpos de quienes viven en estas regiones, a destacar los cuerpos de las mujeres que ven sus existencias destruidas por el rediseño del espacio geográfico impuesto por la instalación de la industria minera.

La realidad que viven los pueblos afectados por los megaproyectos mineros es cruel, sin embargo no desconocida. Los sitios llamados “zonas de sacrificio ambiental”  —término utilizado por primera vez durante la Guerra Fría para referirse a las áreas contaminadas por proyectos mineros— siguen multiplicándose y modernizándose. En Latinoamérica, esos  proyectos son abundantes y no respetan siquiera las reglas mínimas impuestas que prohíben este tipo de  explotación en áreas que deberían ser protegidas.

El sacrificio se extiende también hacia los cuerpos de quienes viven en estas regiones, a destacar los cuerpos de las mujeres que ven sus existencias destruidas por el rediseño del espacio geográfico impuesto por la instalación de la industria minera. Las migraciones, sobre todo de  varones, a estas zonas  y el desplazamiento forzado de las comunidades que antes habitaban allí, tienen como consecuencia un aumento de la prostitución. Es en este contexto que ocurre la prostitución infantil, la trata y la violación —especialmente a las mujeres indígenas—.

A nivel socio-económico, las mujeres son una población vulnerable no solo por la estructura del sistema patriarcal sino también por la validación y reproducción de estas lógicas por  la sociedad. La violencia sufrida en los territorios es la misma sufrida por los cuerpos feminizados, los cuales son vistos como objetos utilizables para suplir las necesidades masculinas hegemónicas, y ser  desechables.  La masculinización de los espacios es una modificación simbólica que tiene como consecuencias prácticas de violación, sometimiento y deshumanización de estos cuerpos

El soterramiento del lugar de existencia y supervivencia de estas poblaciones obliga a la adaptación. Con sus fuentes de ingreso desplazadas por la instalación de  proyectos mineros, los empleos que son brindados mayoritariamente a los varones refuerzan la lógica del macho proveedor, lo que  retira la autonomía y modifica el lugar de las mujeres en la comunidad. Este lugar de poder otorgado a los  varones genera no solo la división y fragmentación de comunidad, trae también como consecuencia un aumento de la violencia intrafamiliar, ya que las mujeres  no tienen como subsistir.

La masculinización de los territorios es estratégica y funcional al saqueo promovido por las corporaciones, en convergencia con los Estados, que utilizan el ordenamiento territorial como herramienta política y técnica para imponer la ocupación y sostener el modelo de acumulación que responde a las necesidades e intereses del modelo de desarrollo hegemónico.

Teniendo en cuenta que las mujeres son las que, históricamente, defienden los territorios con sus cuerpos y desarrollan practicas completamente incompatibles con el modelo de saqueo —sostenidas por ética del cuidado y reproducción de la vida—, ellas son vistas como obstáculos a la implementación de los megaproyectos. Son una amenaza al sistema que, colocando a los varones en el lugar de poder,  utiliza las lógicas de dominación patriarcal para destruir las resistencias emergentes.

El futuro de tierra arrasada, que se dibuja en el horizonte llevado a cabo por las prácticas patriarcales, evidencia que la defensa del territorio debe caminar al lado  del empoderamiento de las mujeres y la reproducción de una lógica feminista que pueda recomponer los vínculos necesarios para garantizar el sostenimiento de la vida.  Solo así será posible frenar el avance del capital sobre la vida de todos y todas. Lo que preguntamos desde Virginia Bolten es: ¿Es posible avanzar sobre los territorios se logramos romper con el patriarcado?

Fuente:https://kaosenlared.net/mineria-y-saqueo-cuerpos-arrasados/?fbclid=IwAR2H0arrAcwwTNnm7Qbofv0BR5wEixjlVx39QDMsqlX_g5Yk67acsdg_E-w

Más de 110 delegados de distintos países de Latinoamérica como de Asia, África, Europa y Norte América participan del 1º Encuentro continental de afectados por represas en Panamá. Cuyo objetivo es intercambiar y reflexionar entre comunidades, aliados e invitados. Las afectaciones por represas en diversos países, para encontrar estrategias comunes que permitan luchar contra las violaciones sistemáticas de derechos y fomentar prácticas que conduzcan a una solución estructural para estos problemas, entre las que se cuenta el fomento de sociedades alternativas y la creación de modelos energéticos populares para esas sociedades.

La primera Jornada estuvo constituida por la apertura de una mística entre los países hermanos, que le siguió con el Encuentro de Mujeres Afectadas por Represas.

Es por eso, que en la actual crisis ambiental nos hace un urgente llamado, para la acción, para movilizarnos en torno a la demanda creciente de los desastres naturales a causa del cambio climático, pero también ante gobiernos o estados que proponen soluciones bajo el capitalismo verde, que no es otra forma soslayar la responsabilidad y dando el beneplácito a las megas industrias de continuar sus políticas extractivas y su contaminación a nuestro planeta.

Al cierre de la primera jornada se efectuó un análisis de coyuntura internacional con la participación del Prof. Carlos Vainer de la UFRJ de Brasil, Prof. Richard Morales de la Universidad de Panamá, y representantes de los afectados por represas de las regiones (América Latina, Caribe, América del Norte y África).

El 1º encuentro se realiza del 24 al 27 de septiembre como el lema “Por agua, energía y soberanía de los pueblos” convocado por el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica MAR. Cuya sede es la Universidad de Panamá.

Los efectos del mercurio son reales. A pesar de que se descontinuó su uso a gran escala en la década de 1960, la minería artesanal e ilegal continúa vertiéndolo en suelos y fuentes de agua en búsqueda de oro, causando enfermedades, muerte y destrucción de bosques en diversas regiones del continente.

El riesgo de padecer los nocivos efectos el mercurio en la salud es principalmente alto en los lugares donde los peces son la base de la alimentación. Esto es lo que sucede en algunas regiones de la Amazonía boliviana, peruana, ecuatoriana y colombiana.

Por ejemplo, entre 2005 y 2016, las importaciones de mercurio en Bolivia se incrementaron 646 veces, pasando de 369 kg a 238 330 kg, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En Perú investigan la presencia de mercurio en la Reserva Nacional Tambopata y la afectación de decenas de indígenas de la etnia Nahua. En la Amazonía colombiana, el mercurio está generando afectación a algunas comunidades indígenas y sus efectos podrían llegar a pueblos en aislamiento. En Ecuador, la minería desbordada en la provincia de Esmeraldas está contaminando ríos y peces, y sus dañinos efectos ya se están manifestando en las personas.

El mercurio no es ofertado en las comunidades asentadas a orillas de los ríos que buscan explotar oro, sino que llega desde La Paz. Según el estudio Mercurio en Bolivia: Línea base de usos, emisiones y contaminación, el país emite y libera en promedio 133,1 toneladas del metal pesado al medio ambiente, lo que representaba el 6,8 % de las emanaciones en el mundo en 2005. No obstante, en 2014 ese porcentaje se elevó al 12 %, lo que convierte al país en uno de los principales emisores de mercurio en América Latina.

En el año 2016 esta bióloga llegó a la Reserva Nacional Tambopata como guardaparque oficial del Servicio Nacional de Áreas protegidas por el Estado (Sernanp) y desde entonces recorre esa parte de la Amazonía peruana para trabajar por la conservación.

Su motivación actual es evaluar la presencia de mercurio en aves. “Sabemos que los cuerpos de agua están contaminados por estudios que se han hecho, pero no sabemos si los bosques están sanos. Eso es lo que vamos a evaluar”, dice. Para hacerlo, captura aves y trabaja con sus plumas y con muestras de sangre para ver los niveles de mercurio en ellas.

Entre noviembre del 2014 y octubre del 2015, el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS), por encargo del Ministerio de Salud (MINSA), recogió muestras de orina entre los indígenas nahuas hasta en cuatro oportunidades. En todas estas ocasiones se encontraron fuertes concentraciones de este metal pesado, especialmente en niños menores de 12 años.

Los ríos que rodean el Parque Nacional Río Puré, donde habitan los indígenas en aislamiento, están plagados de mercurio. Además, este es un problema que no solo viven los aislados. Robinson López, coordinador de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), cuenta que los uitotos, por ejemplo, “se están muriendo lentamente” por la alta contaminación de mercurio que deja la minería ilegal.

Un estudio de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), Usaid, la Gobernación de Amazonas y las Universidades de Cartagena y Jorge Tadeo Lozano, reveló que los habitantes de varias comunidades del Río Caquetá tenían concentraciones promedio de mercurio que oscilaban entre 15,4 y 19,7 μg/g (ppm), valores altísimos si se tiene en cuenta que los estándares internacionales indican que la concentración normal es de una parte por millón (1.0 ppm)

En la provincia de Esmeraldas, la minería se suma a la deforestación para obtener maderas finas, la expansión de los cultivos de palma africana y los conflictos por tierras. La actividad minera ha contaminado tanto los ríos que casi no hay peces y si se consume agua, la gente se enferma.

Un estudio analizó la calidad de cuerpos de agua en la provincia de Esmeraldas —como el estero Mario Unión, estero Sabaleta, río Santiago y río Sabaleta— y determinó nefastos resultados como peces con deformidades y metales pesados en su interior, producto de la extracción ilegal de oro.

El mercurio sigue siendo utilizado en gran medida en la actividad de la pequeña minería en Colombia, a pesar de los daños causados a a la salud de las poblaciones y al medio ambiente.

Fuente:https://es.mongabay.com/2019/09/mercurio-en-los-rios-efectos-sudamerica/?fbclid=IwAR2qxWLpTd1cRragGP_68xFonkuCgDE_UWL50aZfj2o6loOky1_aeps-HLw