26-11-2016
El temor a la continua disminución de las reservas de fósforo lanzó a las mineras a una búsqueda desenfrenada, que las llevó a identificar nuevos depósitos de fosfato en el lecho marino y ahora luchan por obtener derechos de explotación en distintas partes del mundo.
Países de África austral podrían sentar un precedente internacional si otorgan permisos para el inicio de las primeras operaciones submarinas. Sudáfrica, en especial, es uno de los primeros en legislar su economía marítima a fin de promover el desarrollo sostenible, aunque todavía hay dudas sobre el lugar que ocupará la minería en esa nueva economía.

Entre abril de 2007 y agosto de 2008, el precio del fosfato, un ingrediente necesario para los fertilizantes, aumentó casi 950 por ciento, en parte por la idea de que la producción alcanzó su máximo y ahora comenzará a disminuir. Antes de que los precios bajaran, ya se habían realizado prospecciones buscando reservas de fosfato en el mar profundo en distintas partes del mundo.

Desde entonces, la novel industria del fosfato en el lecho marino ha tenido poco éxito. Hay varias operaciones propuestas en las islas del océano Pacífico, pero Nueva Zelanda y México rechazaron la exploración en sus aguas territoriales.

Por ello, las reservas de África austral, creadas por corrientes de agua procedentes de la Antártida que tienen un alto contenido de fosfato, están en el centro del debate.

Namibia tiene identificados depósitos de fosfato en su lecho marino, y hace poco estuvo a punto de otorgar permisos de explotación. Si bien existe una moratoria desde 2013, en septiembre, el ministro de Ambiente tomó la controvertida decisión de conceder las licencias necesarias para la exploración. Pero las consiguientes protestas populares, lo obligaron a dar marcha atrás.

Mineras se interesan en el fosfato del lecho marino de África austral
La mayoría de la exploraciones marinas en busca de fosfato chocaron con moratorias y otros obstáculos. Gráfico cortesía del Centro por el Derecho Ambiental.
Un ex gerente general de proyectos de la compañía Namibian Marine Phosphate (Pty) Ltd, que solicitó permisos para explorar en ese país, dijo a IPS que las organizaciones ambientalistas y de pesca resultaron ser una fuerza de oposición bien organizada, y estimó que en Sudáfrica, también será muy difícil por la falta de precedentes en la materia.

De hecho, el director para África del Instituto Internacional del Océano, Adnan Awad, observó: “Se prevé que los procesos sudafricanos en materia de minería y de políticas relacionadas con algunas de estas actividades sienten ciertos precedentes y cierto modelo de cómo podría seguir en otras áreas”.

Tres compañías, Green Flash Trading 251 (Pty) Ltd, Green Flash 257 (Pty) Ltd. y Diamond Fields International Ltd., tienen derechos de prospección en 150.000 kilómetros cuadrados, alrededor de 10 por ciento de la zona económica exclusiva de Sudáfrica.

Mineras se interesan en el fosfato del lecho marino de África austral
Los derechos de prospección de la compañía Diamond Fields International, en unos 47.468 kilómetros cuadrados del océano Índico, están al lado de zonas de exploración y producción petrolera. Fuente: Diamond Fields International Ltd.
“Actualmente no parece que vayan a haber avances y, definitivamente, no se hará ninguna solicitud de derechos mineros”, indicó Wynand Venter, abogado del despacho Steyn Kinnear Inc., que representa a Green Flash 251 y a Green Flash 257. “El proyecto no es económico”, acotó.

Venter explicó que las compañías Green Flash recibieron muestras de perforaciones que indican que con los actuales precios no sería sostenible la explotación de fosfato en el lecho marino.

Eso deja a Diamond Fields como la única compañía posible de explorar las aguas sudafricanas. De hecho, esta anunció en un comunicado de prensa de enero de 2014 que consiguió derechos de prospección en 47.468 kilómetros cuadrados para buscar fosfato.

Según información publicada por la compañía y en la que resume su plan de gestión ambiental, las prospecciones usarán sísmica para determinar la geología de la zona béntica o del lecho marino. De comenzar la exploración, esta se realizaría a entre 180 y 250 metros bajo la superficie oceánica.

“Existe un vínculo vital e indiscutible entre la roca de fosfato y el suministro mundial de alimentos”, aseguró la compañía, al mencionar las menguantes reservas de fosfato.

Pero Diamond Fields no respondió a las reiteradas consultas realizadas por IPS para obtener sus comentarios.

Los ambientalistas sostienen que la explotación del fosfato marino no solo destruirá ecosistemas, sino que promoverá el uso excesivo de fertilizantes, con el consiguiente riesgo de contaminación. En cambio, proponen aumentar la investigación sobre tecnologías para recapturar el fosfato y no seguir explotándolo.

“Podríamos estar resolviendo el problema del exceso de fosfato en nuestras aguas y recapturarlo. En cambio, vamos a destruir los ecosistemas de nuestros océanos”, se lamentó John Duncan, del Fondo Mundial para la Naturaleza de Sudáfrica.

La minería submarina requiere de un buque llamado draga gánguil de succión, que levanta sedimentos del lecho marino y descarga los desperdicios en columnas de agua.

Mineras se interesan en el fosfato del lecho marino de África austral
Una ballena franca austral nada frente a las costas de la provincia sudafricana de Cabo Occidental cerca de Hermanus, una ciudad conocida por los avistamientos de cetáceos. El Departamento de Recursos Minerales concedió tres licencias de exploración que cubren alrededor de 150.000 kilómetros cuadrados, 10 por ciento de la zona económica exclusiva de Sudáfrica. Crédito: Mark Olalde/IPS
“Funciona como una topadora que opera en el lecho marino y excava sedimentos a una profundidad de dos o tres metros. Ahí donde opera, es como la minería a cielo abierto en tierra. Remueve el sustrato entero, que queda inaccesible para los pescadores durante años, sino para siempre”, explicó Johann Augustyn, secretario de la Asociación de la Industria de Arrastre del Mar Profundo de Sudáfrica.

Además de la destrucción directa de hábitats, los ambientalistas sostienen que la columna de sedimentos vertidos al océano puede dispersarse y tapar otras áreas y perjudicar a la vida silvestre.

También subrayan que perjudicará a la producción de alimentos y al crecimiento económico.

Varios miles de agricultores de subsistencia viven a lo largo de la costa sudafricana, y la industria pesquera a gran escala captura alrededor de 600.000 toneladas al año.

La minería submarina “puede hacer que vastas áreas queden desiertas de peces. Si no mueren, no podrán encontrar alimentos y probablemente emigren”, explicó Augustyn.

La pesca y el turismo contribuyen con poco más de 1.400 millones de dólares al producto interno bruto (PIB), en cambio los beneficios económicos de la minería submarina todavía no están claros. No hay estimaciones sobre la creación de empleos, aunque la propuesta de la Namibian Marine Phosphate señala que generará 176, aunque no los ocupará todos con personal local.

Sudáfrica es uno de los tres países africanos, junto con Namibia y Las Seyechelles, en implementar la planificación espacial marina. El movimiento hacia las economías marinas equilibra otros usos que compiten con ella, como la exploración petrolera, la pesca y las áreas marinas protegidas.

A principios de este año, el Departamento de Asuntos Ambientales (DEA) publicó un proyecto de Planificación Espacial Marina, un primer paso hacia la creación de una legislación especial.

Según proyecciones del gobierno, una economía marina bien gestionada podría significar un ingreso de más de 12.500 millones de dólares al PIB de Sudáfrica para 2033. Resta por ver qué papel desempeñará la minería submarina.

“A escala internacional, la exploración submarina de minerales pesados aumenta, y se espera que la explotación de los recursos marinos no vivos de Sudáfrica también se incremente”, señala el marco incluido en el borrador del DEA.

IPS no pudo obtener declaraciones del Departamento de Recursos Minerales ni del DEA para este artículo.

Fuente:IPS Noticias

http://mineriasustentable.com.mx/mineras-se-interesan-en-el-fosfato-del-lecho-marino-de-africa-austral/

9 de febrero del 2017
“Los inversionistas nos dicen: ‘no nos hablen de los retornos’, quieren saber cómo manejamos el agua”, dijo Nick Holland, presidente ejecutivo de Gold Fields, en una conferencia internacional de minería en Ciudad del Cabo.
(Reuters / América Economía) Las principales compañías mineras del mundo advirtieron el martes que los activos se estancarán y que los inversionistas se alejarán si no se ocupan de la escasez de agua en regiones mineras como África, Australia y América Latina.

Después de 2016, el año más caluroso del que se tenga registro, el agua ha ganado prioridad en la agenda de las reuniones de los directorios de las mineras.

“Los inversionistas nos dicen: ‘no nos hablen de los retornos’, quieren saber cómo manejamos el agua”, dijo Nick Holland, presidente ejecutivo de Gold Fields, en una conferencia internacional de minería en Ciudad del Cabo.

La minería necesita agua en casi todas las etapas del proceso de producción y la mayor parte de los activos de las principales compañías mineras se encuentran en zonas con poca agua, principalmente en el hemisferio sur.

Anglo American dice que se esfuerza por usar la menor cantidad de agua posible. Ha limitado el consumo usando 65 por ciento de agua reciclada y su meta es llegar al 95% durante la próxima década. “El agua es una de las mayores limitaciones para el nuevo suministro de productos mineros en todo el sector”, dijo el presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani.

Las mineras mencionan casos en que el agua ha causado conflictos. Por ejemplo, operaciones mineras de Barrick Gold Corp en Perú se interrumpieron en 2012 debido a protestas por el suministro de agua.

Con su mayor mina en el desierto mexicano, la canadiense Goldcorp, la tercera mayor minera de oro del mundo, está invirtiendo US$60 millones en nueva tecnología para reducir la cantidad de agua que usa.

“Aprovechar los pozos para sostener la operaciones podría ser una fuente de potencial conflicto en el futuro”, dijo el gerente general de Goldcorp, David Garofalo, en una entrevista el mes pasado, quien calificó al agua como el principal desafío de la industria minera.

http://www.mch.cl/2017/02/09/la-escasez-agua-encabeza-la-lista-preocupaciones-las-mineras-globales/

Albacete Zoido dice que Gobierno y CCAA estuvieron a la altura y las convoca… Page insiste en que C-LM «rechazará» el proyecto de minería de tierras raras en Ciudad Real: «No queremos nada raro» Page Page (EUROPA PRESS. 08.02.2017)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha insistido en que desde el Gobierno regional se va a insistir en «rechazar» el proyecto de minería de tierras raras que la empresa Quantum Minería tiene proyectado en el Campo de Calatrava y que está pendiente de la presentación de un estudio de impacto ambiental en las próximas semanas. ECO Midiendo actividad social.

Durante su visita a la localidad de Ossa de Montiel (Albacete), ha enfatizado que en territorio regional no quiere «experimentos». «No queremos nada raro en Castilla-La Mancha». En este contexto, se ha referido a la futura ley antifracking de la región, una normativa que no se limitará a «prohibir frontalmente» esta práctica de extracción de gas, sino que la hará «imposible». Ha recordado que en España ha habido alguna legislación que se limitaba a afianzar esa prohibición, pero han resultado ser textos que han sido anulados sistemáticamente por el Tribunal Constitucional. «Lo vamos a hacer en Castilla-La Mancha desde esta experiencia. Lo haremos imposible, que es distinto a prohibirlo», ha subrayado.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2954981/0/page-insiste-que-c-lm-rechazara-proyecto-mineria-tierras-raras-ciudad-real-no-queremos-nada-raro/#xtor=AD-15&xts=467263

http://www.20minutos.es/noticia/2954981/0/page-insiste-que-c-lm-rechazara-proyecto-mineria-tierras-raras-ciudad-real-no-queremos-nada-raro/

AFP
Ver video en: http://www.semana.com/mundo/multimedia/indonesia-mineria-submarina-arriesgar-la-vida-por-estano-para-smartphones/511973
En las profundidades del océano de Bangka, buzos ilegales buscan estaño para la industria tecnológica. La tercera parte de estaño del mundo viene de Indonesia, donde miles de mineros ilegales se arriesgan para conseguirlo.

Paci se juega la vida buceando por el océano Índico, en Indonesia, para remover el cieno y recoger estaño, componente de los smartphones y las tabletas; una actividad ilegal y desastrosa para el medio ambiente con la que gana unos euros diarios.

En la costa de las islas de Bangka y Belitung, en medio de aguas turquesas, comienza la fabricación de productos electrónicos. Un tercio del estaño en el mundo proviene de este archipiélago al este de Sumatra.
En el escalafón más bajo de la cadena internacional que aprovisiona a los gigantes de la electrónica como Apple o Samsung, miles de hombres se sumergen en el océano sin la protección necesaria en busca del preciado metal blanco grisáceo por unos euros diarios.

«Es un trabajo muy peligroso, los riesgos son enormes», desde morir ahogado o los accidentes, declara Paci a la AFP, al remontar a la superficie.
Va equipado con unas gafas de submarinismo y un tubo de plástico para respirar cuando remueve el fondo del océano.
«¿Pero qué quiere usted que haga? Es mi vida, y esto es mi trabajo», dice.

El auge de la demanda de estaño en el mundo, usado para las soldaduras de aparatos electrónicos, incita a los particulares y a los pescadores a lanzarse sin autorización en la búsqueda del preciado metal, más rentable que las actividades legales.

Al menos un muerto por semana
Una expedición de cuatro hombres en un barco pesquero equipado con un sistema de dragado puede recoger hasta 30 kilos de estaño si hay suerte, añade Paci, que cobra unos 14 euros por día, una suma nada desdeñable en este país del sudeste asiático donde casi el 40% de la población vive con menos de dos euros diarios.
El estaño pasa por muchas manos antes de llegar a los talleres de fundición que exportan el producto refinado para aparatos electrónicos, inasequibles para el bolsillo de los buscadores como Paci.

Decenas de tripulantes se aventuran en esta actividad en las costas de Bangka, cerca del lugar donde un buscador de estaño de 23 años se ahogó en octubre. Otros prueban suerte en minas ilegales.
La extracción a pequeña escala como la practica Paci representó en 2015 alrededor del 75% del estaño recogido en Indonesia, según la oenegé estadounidense Pact.

Esta actividad ilegal causa al menos un muerto por semana, según el Grupo de trabajo sobre estaño en Indonesia, un colectivo formado por compañías especializadas en la electrónica y el estaño y por defensores del medio ambiente.
Aparte del coste humano es perjudicial para el medio ambiente y para los pescadores: remover millones de litros de cieno destruye los ecosistemas, informa la oenegé de defensa del medio ambiente Walhi.

Trazabilidad
Actualmente los gigantes de la electrónica están sometidos a una mayor presión (hacen falta dos gramos de estaño para la fabricación de un smartphone).

Varias compañías estadounidenses que se abastecen en Congo están obligadas por ley a precisar el origen del estaño. Pero en Indonesia no existe una legislación como ésta.
El grupo de trabajo sobre el estaño en Indonesia, del que forman parte diez multinacionales, como Apple, Samsung, Microsoft y Sony, prometió aprovisionarse en Bangka sólo de estaños proveniente de actividades legales.

Otras empresas tecnológicas son reticentes a la idea de adoptar un proyecto de certificación sobre la procedencia, recalca Hassink.
Es «imposible una trazabilidad» del estaño extraído en Bangka, y hacerlo conllevaría una subida del coste, asegura el presidente de la Asociación indonesia de los exportadores Jabin Sufianto.

La mayoría de los gigantes de la electrónica hizo poco por asegurarse de que el estaño empleado no perjudicase a los habitantes de Bangka, denunció a la AFP Evert Hassink, de la oenegé Amigos de la Tierra. «Algunas firmas ni siquiera saben lo que compran».

Seguridad deficiente
El colectivo sobre el estaño en Indonesia afirma haber adoptado dos proyectos pilotos para mejorar la seguridad de los trabajadores y recuperar los terrenos dañados.

Pero la oenegé Walhi no ve ningún progreso, en particular en el distrito de Sungai Liat, donde los árboles cortados y los pozos gigantes son un ejemplo del daño causado. «Hasta hoy no ha habido casi ningún esfuerzo por restaurar nada», lamenta Retno Budi, de la oenegé Walhi.

Budi señala con el dedo un cráter donde dos buscadores de estaño murieron por un deslave.

Un riesgo que Nazarudin no está dispuesto a correr. Este hombre gana menos buscando estaño con un recipiente sobre el agua, como hacen los buscadores de oro, una tarea que le provoca dolores de espalda, pero al menos no se expone a morir.

«Allá no piensan en la seguridad», dice, apuntando con el dedo a los buscadores que provocan una explosión de arena y piedras en una pendiente. «Lo único que cuenta es el estaño, estaño, estaño».

MANILA, Filipinas – El Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DENR) ordenó hoy el cierre de 21 empresas mineras después de que se descubrió que habían destruido severamente el medio ambiente de las comunidades locales donde operan.

Otras cinco compañías mineras también fueron suspendidas por diversas violaciones.

La auditoría minera de la DENR encontró que las mineras que operan en Zambales, Homonhon en Samar, Islas Dinagat y Surigao del Norte no debieron haber sido autorizadas a explotarlas porque se encontraban en cuencas hidrográficas funcionales.

La empresa Benguet Corp. de Zambales, Eramen Minerals, LNL Archipelago Mining y Zambales Diversified Metals Corp. estarán cerradas debido a la sedimentación de los ríos, el corte ilegal de árboles y la destrucción de las cuencas hidrográficas, informó la secretaria de DENR, Gina López. La sedimentación es un proceso de hacer aguas contaminadas debido al limo, o partículas minerales.

López calificó la situación minera en Zambales de «injusticia social».

En Samar, otras tres compañías mineras fueron suspendidas por López, quien mostró imágenes de aguas turbias y destruyó montañas al explicar la orden del departamento. Estas empresas son Mt. Sinai Mining Exploration and Development Corp., Emir Minerals Corp. y TechIron Mineral Resources Inc.
Negocios (Artículo MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1

López dijo que estas empresas causaron la sedimentación de aguas costeras y la destrucción de cuencas hidrográficas en sus áreas de operación.

En las islas Dinagat, que ha sido un área de reserva de minerales desde 1939, siete operaciones mineras están por cerrar debido a varias violaciones ambientales. Estos son: AAMPhil Exploración de Recursos Naturales, Kromico, Inc., SinoSteel Filipinas H.Y. Mining Corporation, Oriental Synergy Mining Corporation, Corporación Minera Wellex, Libjo Mining Corporation y Oriental Vision Mining Philippines Corp.

López dijo que a pesar de la presencia de nueve compañías mineras en las islas Dinagat, la provincia sigue siendo pobre, denigrando demandas de compañías mineras que ayudaron a desarrollar las comunidades donde operaban.

López dijo que hasta el 82 por ciento de los ingresos derivados de las operaciones mineras fueron a las propias empresas.

El jefe de DENR también culpó al gobierno por no desarrollar el potencial de ecoturismo de las Islas Dinagat a pesar de su hermoso entorno.

Siete compañías mineras también están por cerrar en Surigao del Norte. Se trata de ADNAMA Mining Resources Corp., Claver Mineral Development Corp., Platinum Development Corp., CTP Construction y Mining Corp., Carrascal Nickel Corp., Marcventures Mining and Development Corp. y Hinatuan Mining Corporation.

López también anunció que las operaciones de cuatro empresas fueron suspendidas por violaciones. Se les permitiría operar una vez que se abordaran estas cuestiones.

Se suspende la Operación Minera de Oro de Oceana en Nueva Vizcaya por causar una reducción en la producción agrícola de los agricultores de la zona, Citnickel Mines and Development Corporation en Narra, Palawan por la sedimentación de las tierras fluviales y agrícolas, Lepanto Mines and Development Corporation Y Ore Asia Mining and Development Corp por la sedimentación de los ríos.

López dijo que el DENR es «plenamente consciente» de que muchos trabajadores en las minas se verían afectados, pero el bienestar de la gente en estas áreas era más importante.

Ella cree que el mercado de valores y el PIB no son buenos indicadores del desarrollo económico. En cambio, lo que se necesita es el desarrollo del área, según López.

«Podemos deshacernos de la pobreza» a través del desarrollo del área, dijo López.
http://www.philstar.com/business/2017/02/02/1668370/denr-close-21-mining-firms

(Australia).-En la lucha contra el proyecto de extracción de carbón que impulsa una compañía india en el estado australiano de Queensland, se destaca el papel de Murrawah Johnson, de 21 años, del pueblo indígena wangan y jagalingou, propietario original del terreno donde estaría la mina Carmichael.

Nuestro pueblo es el único originario de este país”, puntualizó la joven Murrawah, cuyo nombre significa arcoíris en lengua gubbi gubbi. “Eso somos, es nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras canciones y nuestras danzas”, apuntó en diálogo con IPS.

El pueblo wangan y jagalingou, con unos 500 integrantes, considera a la mina Carmichael como una amenaza a su propia existencia, y ha rechazado en reiteradas oportunidades los avances de la compañía Adani Mining.

Los dueños tradicionales arguyen que la mina destruiría sus tierras, “lo que quiere decir que destruirá nuestra historia, y también a nosotros como pueblo y nuestra identidad”, observó Murrawah, portavoz del Consejo de Familia de su comunidad.

Adani Mining es una subsidiaria del Grupo Adani, la multinacional india con operaciones en India, Indonesia y Australia, que opera en distintos sectores, desde recursos naturales, pasando por proyectos de logística, energía y agronegocios hasta el inmobiliario. En marzo, la compañía anunció su primera incursión en defensa.

El proyecto Carmichael se extiende por 40 kilómetros, contaría con una mina de 10 kilómetros de ancho y seis fosos abiertos, además de cinco operaciones subterráneas, durante seis años.

La compañía apuesta a transportar el carbón a India para cubrir sus necesidades eléctricas. Según la Agencia Internacional de Energía, 244 millones de personas, 19 por ciento de los más 1.200 millones de habitantes, carecen de electricidad en ese país.

De concretarse, sería el mayor proyecto de extracción de carbón en Australia, que ya es un gran productor y exportador del mineral. Además, este país estaría entre los más grandes del mundo con una producción de unas 60 millones de toneladas de carbón térmico al año, en el máximo de su capacidad.

Pero en el marco de la mayor conciencia sobre los efectos del recalentamiento global, la mina Carmichael generó una importante oposición. Desde el anuncio del proyecto, en 2010, hubo más de 10 apelaciones y procesos judiciales contra la iniciativa.

La activista Shani Tager, de Greenpeace Australia, no tienen dudas de que el carbón que quiere extraer Adani debe permanecer bajo tierra.

La centrales de generación eléctrica a carbón emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, uno de los gases que más contribuyen a recalentar la atmósfera, los que generan el fenómeno del cambio climático, agravado por las actividades humanas.

El Instituto de Australia concluyó en un informe en 2015, que el proyecto de Adani liberaría más dióxido de carbono a la atmósfera que muchas grandes ciudades del mundo, y hasta que algunos países.

El documento estima que las 79 millones de toneladas de emisiones contaminantes que liberará al año la mina son tres veces más que las de Nueva Delhi, seis veces más que las de Ámsterdam y el doble de las de Tokio. Además, superaría a las emisiones anuales de Sri Lanka y sería similar a las de Austria y Malasia.

Sin embargo, tanto el gobierno estadual de Queensland como el de Australia están a favor de la mina Carmichael. Además, se corrió el rumor de que el gobierno central apoyaría el proyecto con un préstamo de 722 millones de dólares estadounidenses.

Además, el gobierno de Queensland, que prevé un alza en el empleo, la mejora de la economía y de los ingresos a sus propias arcas por las regalías, anunció en octubre que otorgaría al proyecto el estatus de “infraestructura fundamental” para acelerar su aprobación.

“El gobierno se toma en serio el inicio de las operaciones de la mina de Adani. Queremos que se concrete”, declaró entonces el ministro de Minas, Anthony Lynham.

A principios de diciembre, Adani recibió lo que el gobierno estadual calificó de “gran aprobación definitiva”: a la vía férrea de la compañía hacia el puerto de Abbot Point, desde donde el carbón partirá hacia India.

En 2011, Adani suscribió un arrendamiento por 99 años con la terminal de carbón de Abbot Point, ubicada al lado del parque marino de la Gran Barrera de Coral, que es el mayor ecosistema de coral del mundo y está entre los más diversos y ricos de la Tierra.

En noviembre, científicos de la Universidad James Cook, de Queensland, confirmaron la peor pérdida de corales en ese arrecife tras una masiva decoloración sufrida a principios de este año. El estrés por el calor, derivado de las altas temperaturas, es la principal causa, y se pronostica que el fenómeno del blanqueamiento de corales se volverá más frecuente y más severo con el recalentamiento planetario.

Adani tiene previsto ampliar la terminal de Abbot Point para embarcar grandes cantidades de carbón, lo que implica dragar el lecho marino pegado a la Gran Barrera de Coral.

“La mina de carbón Carmichael tendrá un efecto dominó de impactos negativos sobre el arrecife, desde instalar la necesidad de ampliar el puerto y realizar más dragados y vertidos hasta aumentar el riesgo de accidentes” en el arrecife, precisó Cherry Muddle, de la Sociedad Australiana de Conservación Marina.

En el sector turístico, que genera unos 65.000 empleos, numerosos operadores también se quejaron en los últimos tiempos de la mina y de las obras de ampliación del puerto.

Las garantías ofrecidas por el ministro Lynham de que las “200 condiciones rigurosas impuestas en los procesos jurídicos” protegerán el arrecife, no convencen a sus detractores.

“Adani tiene antecedentes realmente preocupantes en materia de destrucción ambiental, violaciones de derechos humanos, corrupción y evasión fiscal”, detalló Adam Black, de GetUp, un movimiento activo en varios asuntos sociales.

Entre las acusaciones presentadas contra las operaciones de Adani en India, detalladas en un informe de 2015 de Environmental Justice Australia, figura la destrucción de manglares, la falta de previsión de la intrusión de agua salada en las reservas subterráneas, las exportaciones de mineral de hierro ilegales y soborno, el uso de relaciones políticas para comprar tierras más baratas y la obtención de deducciones impositivas ilegales.

Además, el gerente general de Adani en Australia, Jeyakumar Janakaraj, estuvo a cargo de una mina de cobre en Zambia, propiedad de Konkola Copper Mines (KCM) cuando en 2010 vertió contaminantes peligrosos al río Kafue. La compañía fue hallada culpable y debió pagar el equivalente a unos 2.900 dólares estadounidenses.

Unos 1.800 ciudadanos zambianos demandaron a KCM y a la sociedad matriz, Vedanta Resources, en un alto tribunal de Londres, acusándolas de haberles causado problemas de salud y de haber destruido sus tierras cultivables durante 10 años a partir de 2004; Janakaraj trabajó en KCM de 2008 a 2013.

En la actualidad, que Adani se prepara para poner la piedra fundamental a su proyecto a mediados de 2017, los detractores se preparan para continuar con su hasta ahora exitosa campaña para disuadir a los posibles capitalistas de que aporten entre 11.500 y 15.800 dólares estadounidenses.

“Si no consiguen el dinero, no podrán construir la mina”, subrayó Murrawah Johnson.

El pueblo wangan y jagalingou creó hace poco lo que llamó una “línea legal de defensa” contra Adani y el gobierno de Queensland, que incluye la presentación de cuatro demandas, además de sus planes de llevar el asunto hasta el Tribunal Supremo, de ser necesario.

Para Murrawah, esta lucha se trata de mantener relación con el pasado y con el futuro. “Me niego a ser el eslabón roto de esa cadena”, setenció.

Traducido por Verónica Firme

Fuente:http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Indigenas-de-Australia-le-hacen-frente-a-proyecto-de-megamineria

En un país como Sudáfrica, con 25 por ciento de la población económicamente activa sin trabajo, los desempleados se vuelcan a la minería de pequeña escala, un sector informal de la economía que ofrece un sustento para millones de personas en todo el continente africano.

En Sudáfrica, se estima que hay entre 8.000 y 30.000 pequeños mineros. Pero en el continente podrían haber unos ocho millones, y unas 45 millones dependerían de esa actividad.

El informe Visión de la Minería Africana, de la Organización de las Naciones Unidas, señala que casi 20 por ciento de la producción de oro y casi toda la de piedras preciosas, exceptuando la de diamantes, depende de la pequeña minería.

“No podemos clasificarla de ‘minería ilegal’. Es una práctica que tiene años y la gente realiza actividades extractivas en esta zona mediante prácticas tradicionales”, comentó Sizwe Phakathi, responsable de desarrollo sostenible y seguridad de la Cámara de Minas.

Los pequeños mineros suelen ignorar la legislación en la materia y operan con permiso de jefes locales o de la municipalidad, pero sin un permiso válido de extracción.

Antes, Phakathi investigó la extracción informal de arcilla y carbón en Blaauwbosch, en la oriental provincia de KwaZulu-Natal, para la Alianza Minerales y Energía para el Desarrollo y el Centro Africano de Desarrollo de Minerales.

“Muchas de las personas que trabajan allí son las que mantienen sus hogares”, precisó Phakati.

Por su parte, Pheaga Gad Kwata, director de la división de minería de pequeña escala del Departamento de Recursos Minerales (DMR), cree que regularizar la situación de esos mineros les permitiría tener un mejor acceso a conocimientos técnicos y a mercados.

“Nos dimos cuenta de que es una de las actividades en las que probablemente puedan conseguir un trabajo rápido”, indicó Kwata, antes de agregar que el DMR ofrece talleres de capacitación para pequeños mineros con el fin de que conozcan los beneficios de trabajar en el marco de la ley.

Esa cooperación podría ayudar a Jiyana Tshenge, quien trabaja con el Protocolo de Prieska, un programa para vincular a los pequeños mineros que extraen la piedra semipreciosa ojo de tigre con mercados internacionales. Ese enfoque podría aumentar los ingresos eliminando a los intermediarios que operan en la economía informal.

Pero la falta de acceso a ese mercado paralizó el proyecto por ahora.

“Si podemos crear ese mercado y diseñar un plan adecuado, regresaremos e invitaremos como corresponde a los integrantes de esa comunidad”, observó Tshenge. “Creo que podemos crear muchos puestos de trabajo”, estimó.

Según Phakati, uno de los beneficios inmediatos de la regulación sería la implementación de estándares de salud y seguridad, una carencia importante que detectó en su investigación. En su estudio de caso, la vasta mayoría de los pequeños mineros nunca usaban equipos de protección personal, como casco, gafas de seguridad o guantes.

La escuela secundaria Mzamo tamién debió ser reubicada cuando las actividades de extracción avanzaron sobre sus instalaciones y hubo emisiones de gases tóxicos.

Pero la formalización de la actividad se hace lenta por la misma pobreza que pretende aliviar. Los pequeños mineros tienen dificultades para costearse el transporte hasta las oficinas del DMR, que suelen estar alejadas de sus comunidades.

El costo de conseguir un permiso, como guardar recursos económicos para la recuperación ambiental y realizar evaluaciones de impacto ambiental, también constituyen un obstáculo para su concreción.

“¿Cómo hacer que la formalización no liquide su actividad, sino que la mejore? La formalización debe adecuarse a sus necesidades”, subrayó Phakati.

Por su parte, Pontsho Ledwaba, del Centro para la Sostenibilidad en la Industria y la Minería, de la Universidad de Witwatersrand, sostiene que se necesitan cambios legales para suavizar el proceso de formalización.

Los permisos para la minería deben renovarse cada pocos años, lo que hace difícil dar garantías de retorno para quien le preste dinero a los pequeños mineros. La superficie de terreno habilitada para las actividades de extracción también conspira contra la sostenibilidad económica de esas operaciones.

“Cinco hectáreas son muy pocas para la extracción de algunos minerales; para el granito y la arenisca es muy poco”, precisó.

En términos de inversiones, los pequeños mineros no reciben nada porque dos o cinco años son muy pocos para recuperar el monto y devolver el préstamo”, observó Ledwaba.

Según él, el gobierno debe aplicar las normas a la minería histórica que ya opera casi legalmente.

“La gran mayoría de ellos extrae lo que llamamos minerales industriales y para la construcción, que son arenas, arcilla y arenisca”, detalló Ledwaba. “Esos son los que el gobierno trató de ubicar en la legalidad”, apuntó.

Muchos de esos sectores están fuera de la ley sencillamente porque las respectivas normas se aprobaron después de que comenzaran su actividad.

Además de las barreras económicas a la formaclización, los especialistas coinciden en que no habrán cambios profundos en la minería de pequeña escala sin la participación de las mujeres dedicadas a esa actividad.

Entre 40 y 50 por ciento de quienes se dedican a la minería de pequeña escala son mujeres, según una investigación de la consultora en relaciones internacionales GIZ (acrónimo de la empresa federal alemana para la cooperación internacional).

“Claramente, uno de los beneficios de la formalización es crear empleo para las mujeres”, puntualizó Phakati. “La formalización y el desarrollo de ese sector debe apuntar a las mujeres”, subrayó.

En provincias principalmente rurales como Limpopo, las mujeres extraen arcillas desde hace varias generaciones. En otras zonas como Noroeste, hay ejemplos de permisos para actividades de extracción otorgados a mujeres. La minería suele considerarse una actividad masculina, pero los especialistas opinan que la de pequeña escala puede ser un sector propicio para ellas.

“Me encontré con numerosas operaciones que eran propiedad de mujeres”, indicó Ledwaba. “La formalización definitivamente tendrá un impacto en materia de género”, añadió.

Las investigaciones sobre minería de Mark Olalde cuentan con apoyo económico del Fondo para el Periodismo de Investigación, el Fondo para el Periodismo Ambiental y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Fuente:https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/01/2017/regularizar-la-pequena-mineria-traeria-beneficios-sudafrica

( Salamanca, España ).- Miembros de la Plataforma Stop Uranio se han reunido hoy en Madrid con responsables del Instituto de Salud Carlos III, centro adscrito al adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad para trasladarles su inquietud ante la proyectada mina de uranio en el municipio salmantino de Retortillo.

A través de un comunicado, la plataforma ha explicado que el encuentro mantenido tenía por objeto conocer la información con la que cuenta el instituto en relación a la explotación minera que pretende la empresa australiana Berkeley.

El director general del centro les ha transmitido, han agregado las mismas fuentes, que no han sido consultados sobre la instalación proyectada, a la vez que han valorado «la preocupación manifestada por la cercanía de la instalación minera y planta de beneficio de mineral a determinados núcleos de población -dos kilómetros en el caso de Retortillo-«.

Asimismo, han afirmado que el director del Carlos III comparte la opinión de la plataforma en el sentido de que «se deben conocer los efectos de la instalación proyectada antes de que se ponga en marcha y no a los diez años de su funcionamiento».

También les ha instalado a que pidan a las autoridades competentes que el instituto realice un estudio del conocimiento científico-técnico que se tiene sobre las consecuencia para la salud de «una instalación considerada de primera categoría dentro del ciclo de combustible nuclear por la normativa vigente», han concluido las mismas fuentes. EFE

Fuente:http://www.lavanguardia.com/vida/20170118/413474479694/plataforma-stop-uranio-traslada-inquietud-ante-proyectada-mina-al-carlos-iii.html

( Bruselas).-  Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del ciudadano, DW conversó con los autores de un reciente estudio.

«Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones. Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos como BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot de la organización FairFin.

Ésta, junto con 11.11.11, Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron esta semana en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, tercer y primer mayores productores de cobre en el mundo.

«La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explica Vanaerschot a DW. «Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de ellos”, agrega.

Un ejemplo muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los campos y el ganado también están contaminados.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.

Éste último, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en los proyectos en los que invierte.

Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Momento crucial

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.

Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de la Universidad Libre de Berlín y Misereor prevé un aumento del 200 por ciento en los próximos 40 años. Esta organización ve también el riesgo de que se multipliquen por otro tanto los conflictos, que en la última década han sido 200 por mes en Perú. De ellos, el 62,7 por ciento están relacionados con la minería.

Mina en Perú.

En un momento en que el respeto de las reglas tanto de la ONU como de la OCDE en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien voluntarias, que el 14,9 por ciento del territorio peruano y el 41 por ciento del chileno esté concesionado preocupa. Tanto en el campo como en las ciudades, también crece la tensión por el impacto en el agua y en el cambio climático aumenta, también en las ciudades. «Las concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad, sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.

«No es que estemos en contra de las empresas, pero no se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos, enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que «el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

Fuente:http://www.dw.com/es/dinero-del-ciudadano-europeo-en-minas-conflictivas-en-am%C3%A9rica-latina/a-37210950

La sombra de la corrupción sobrevuela la mina que causó uno de los mayores desastresmedioambientales de la historia de España. A las dudas sobre la reapertura de la explotación de metales de Aznalcóllar (Sevilla), que tras un accidente en el que se rompió la balsa de decantación de la mina vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar en 1998, afectando a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana, se suman las existentes sobre la legalidad de su adjudicación.

En abril de 2014 los gobiernos central y autonómico ultimaban los preparativos para la reapertura, una apuesta de Susana Díaz con el horizonte de los datos de paro de Andalucía y, en especial, de la comarca en la que se encuentra el recinto, con cifras superiores al 30%.

La adjudicación llegaba en marzo de 2015, anunciada entre trompetas de inversión y trabajo –la adjudicataria proclamaba la contratación de 200 personas en la primera fase y 1.100 más con el comienzo de los trabajos–.

Pero con la concesión llegaba la polémica: la perdedora de las dos finalistas del concurso, Emerita-Forbes Manhattan, llevaba a los juzgados el proceso que finalmente había ganado la UTE formada por la cordobesa Magtel y Grupo México, denominadaMéxico-Minorbis, un conglomerado con un amplio historial de vertidos tóxicos. Entre ellos se encuentra el más grave de la historia de México, en el que se vertieron a dos ríos y un pantano de Sonora 40.000 toneladas de cobre, arsénico, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.

Cóctel de delitos

Emerita presentaba una denuncia por delitos de «prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal» en el proceso de adjudicación, y reclamaba una investigación a fondo de las millonarias ayudas públicas otorgadas a Magtel. La directora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, caía y era destituida al ser imputada en el caso.

La causa penal se archivaba en noviembre de 2015, dando por finalizada la suspensión cautelar de la adjudicación. Pero hoy el caso ha vuelto a las portadas. El 19 de octubre la Audiencia Provincial de Sevilla, con Mercedes Alaya a la cabeza, ordenaba la reapertura del caso al ver indicios evidentes de prevaricación. La juez veía además «ilegalidades severas y arbitrarias» por parte de la Junta en un caso que roza el surrealismo, con una concesión final de los derechos de explotación no a Minorbis (filial de Magtel) ni a Grupo México, sino a una tercera empresa, Minera Los Frailes, que Grupo México había comprado poco tiempo antes y que no participó en el concurso.

La empresa Bolidén vertió en el desastre de Aznalcóllar aguas ácidas y lodos tóxicos en 4.402 hectáreas, muchas de ellas del Parque de Doñana.

De fondo, las pasadas elecciones andaluzas de 2015 y las prisas por parte de la Junta para acelerar la adjudicación, tal como denuncian los ecologistas. Uno de los grupos personados como acusación, Ecologistas en Acción, pedía el 20 de octubre el «cese inmediato» de la exdirectora general de Minas, viceconsejera de Empleo de la Junta desde septiembre. El caso volvía a tocar a las más altas instancias de la Junta.
«Esperemos que podamos parar la reapertura de la mina, porque consideramos que es un error volver a poner sobre Doñana esta espada de Damocles», apunta Juan José Carmona, responsable de WWF en Andalucía. «Desde el 98 se viene demostrando, también con otras minas cercanas, que no funcionan los controles a pesar de las condenas. Hacen lo que quieren».

Carmona se refiere, entre otras, a Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de España, dedicada a la extracción de cobre, a apenas 20 km de Aznalcóllar. Tres de sus directivos eran condenados el mes pasado a un año de cárcel por contaminar con arsénico el acuífero Gerena-Posadas, además de por extraer agua ilegalmente del mismo durante años, lo que le ha valido una sanción por parte del Consejo de Ministros de algo más de un millón de euros a Cobre Las Cruces, filial de la canadiense First Quantum. La compañía facturó 356 millones de euros en 2015.

No opina igual Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana cuando ocurrió el desastre de Aznalcóllar y hoy coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía: «Entiendo las posturas de los ecologistas, pero lo cierto es que todas las personas utilizamos y necesitamos metales, y hay dos opciones: permitir que este tipo de explotaciones ocurran en el tercer mundo, sin mucho control ambiental, y luego les compramos, o bien colaboramos con el desarrollo y la investigación aplicada a generar una minería moderna mucho más controlada».

Para este responsable, la apertura de las instalaciones «tiene un importante interés socieconómico y político» y no ve inconvenientes en que sea el Grupo México el explotador de la zona. «Es razonable pensar que una empresa minera que tiene mucha actividad por todo el mundo es probablemente quien pueda tener accidentes. No me preocupa tanto, entre comillas, que haya habido un accidente como cuál ha sido la reacción y, sobre todo, cuál es la actitud de esa empresa. En España, la legislación es de las más exigentes en temas de garantías en nuevas explotaciones mineras, no sé si me da más susto una empresa minera que ha tenido un accidente o un grupo de inversión riesgo que maneja fondos de pensiones».

A la mina o al paro

El portavoz de WWF pone en el centro del problema el modelo económico de la zona: «El único que tienen es la mina. Sabemos lo que trae ese sistema, llamémoslo colonialista, que ocurre en toda la cuenca minera andaluza: empresas de fuera que llegan y, mientras la tecnología y el mercado les permiten una explotación rentable de las minas, las mantienen, pero en el momento que no las cierran, sin ninguna responsabilidad social».

Como ejemplo cita la explotación de Aguablanca, situada entre las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz, que anunció a principios de año su cierre. «Como el precio del cobre ha caído, ya no les interesa y ahora van a despedir a la gente». Y es que para el ecologista, «cuando todo el sistema se basa en ese modelo colonialista, pasan estas cosas», por lo que aboga por un cambio de modelo que evite la dependencia de la mina.

Noche sin estrellas

«El Guadiamar tiene un color de una noche sin estrellas, el Guadiamar tiene un olor que huele a tierra muerta». Los Mártires del Compás inmortalizaban en su canciónLa lava de Aznalcóllar el desastre un año después de la tragedia. La magnitud de la misma, de la que habían advertido tanto técnicos como ecologistas –incluso el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, dependiente del CSIC, señaló previamente el riesgo que suponía para el Parque Nacional de Doñana la existencia de una balsa de residuos de tales dimensiones en la cabecera del cauce que regaba las marismas del Guadalquivir–, contrastó con la eficacia y celeridad de los trabajos de limpieza.

Activistas y administraciones coinciden en aquel éxito, que para Carmona estuvo marcado por una combinación de factores –»la rapidez de la retirada de los lodos; los tratamientos que se hicieron; la expropiación de tierras junto al cauce de los ríos [Agrio y Guadiamar], que impidió que se siguieran removiendo las tierras, y la suerte de que no lloviese»– y para Ferrer por «una serie de decisiones que se tomaron a unas horas del accidente y que marcaron el final», como la construcción de un embalse adicional en la zona de Entremuros, que consiguió detener más de la mitad del vertido, y las expropiaciones de terrenos.

Los trabajos de restauración, tras tres años de limpieza, se plasmaron en dos grandes actuaciones: el Plan Doñana 2005, del Gobierno central, que se basó en la recuperación de las marismas y la restauración de los aportes de agua al Parque Nacional, y la regeneración del entorno del Guadiamar, a cargo de la Junta, que fructificó en la creación del Corredor Verde del Río Guadiamar. Es una reivindicación ecologista, sin embargo, la continuación del proyecto en Doñana para hacerlo más ambicioso, ya que, como resalta Carmona, «las marismas del Guadalquivir, desde principios del siglo pasado, han perdido el 80% de su superficie».

Hoy, la contaminación que produjo el desastre, según el responsable de WWF, está en niveles similares a los de antes del accidente en la mayor parte de la zona afectada, partiendo de la base de que en la zona, históricamente minera, la contaminación no es nueva, como ocurre igualmente en cuencas como las de los ríos Odiel o Tinto.

Sin embargo, aún quedan asignaturas pendientes: «La afección de carácter general es detectable, particularmente donde el suelo que atravesó el vertido era arenoso y, por tanto, donde era mucho más fácil que el vertido penetrase a mayor profundidad y más difícil de eliminar», explica el delegado del CSIC, que remarca que los niveles «no son preocupantes».

Sí destaca como actuación pendiente la contaminación que sigue recibiendo el río Agrio, que circunvala la antigua balsa de lodos. «No está del todo claro si procede del acuífero aluvial, del lecho del mismo río que tras el accidente quedó afectado, o si representa una filtración que no está totalmente cerrada. En cualquier caso, supone un goteo de contaminación que, si bien es pequeño, es un problema, y que si se procede a la reapertura de la mina podrían aprovechar a arreglar definitivamente».

Un paso atrás

A pesar de los logros, desde el movimiento ecologista se ve la reapertura de Aznalcóllar como un paso atrás y un riesgo para todo lo conseguido. No sólo por el evidente peligro de contaminación, dados acontecimientos recientes en la zona como los vividos en Las Cruces este mismo año, sino por el uso del agua fluvial para las actividades extractivas, lo que repercutiría en las aportaciones a Doñana y al Corredor Verde.

A día de hoy, mientras supuestamente 180 personas trabajan en la mina en labores previas a la explotación –algo que niega la demandante Emerita Resources– a pesar de que el proyecto no se ha hecho público aún y, por lo tanto, no dispone de autorización ambiental, las miradas de vecinos y ecologistas están pendientes de la resolución del caso recién reabierto. Un cóctel de paro, contaminación, multinacionales, lecciones históricas y corrupción. Se abren las apuestas.

El polémico dragado del Guadalquivir

Un peligro para Doñana o una inyección económica para el futuro andaluz. El polémico dragado del río Guadalquivir en Sevilla, aparcado desde hace años y que llegó a ser suspendido por el Tribunal Supremo, viene siendo un foco de tensión entre científicos y ecologistas contrarios a su ejecución y los empresarios andaluces, que esperan los millones que podría traer la llegada de barcos de mayor calado. La recién creada plataforma Salvemos Doñana calificaba el proyecto como uno de los cuatro riesgos principales para el Parque Nacional.