La sombra de la corrupción sobrevuela la mina que causó uno de los mayores desastresmedioambientales de la historia de España. A las dudas sobre la reapertura de la explotación de metales de Aznalcóllar (Sevilla), que tras un accidente en el que se rompió la balsa de decantación de la mina vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar en 1998, afectando a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana, se suman las existentes sobre la legalidad de su adjudicación.
En abril de 2014 los gobiernos central y autonómico ultimaban los preparativos para la reapertura, una apuesta de Susana Díaz con el horizonte de los datos de paro de Andalucía y, en especial, de la comarca en la que se encuentra el recinto, con cifras superiores al 30%.
La adjudicación llegaba en marzo de 2015, anunciada entre trompetas de inversión y trabajo –la adjudicataria proclamaba la contratación de 200 personas en la primera fase y 1.100 más con el comienzo de los trabajos–.
Pero con la concesión llegaba la polémica: la perdedora de las dos finalistas del concurso, Emerita-Forbes Manhattan, llevaba a los juzgados el proceso que finalmente había ganado la UTE formada por la cordobesa Magtel y Grupo México, denominadaMéxico-Minorbis, un conglomerado con un amplio historial de vertidos tóxicos. Entre ellos se encuentra el más grave de la historia de México, en el que se vertieron a dos ríos y un pantano de Sonora 40.000 toneladas de cobre, arsénico, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.
Cóctel de delitos
Emerita presentaba una denuncia por delitos de «prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal» en el proceso de adjudicación, y reclamaba una investigación a fondo de las millonarias ayudas públicas otorgadas a Magtel. La directora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, caía y era destituida al ser imputada en el caso.
La causa penal se archivaba en noviembre de 2015, dando por finalizada la suspensión cautelar de la adjudicación. Pero hoy el caso ha vuelto a las portadas. El 19 de octubre la Audiencia Provincial de Sevilla, con Mercedes Alaya a la cabeza, ordenaba la reapertura del caso al ver indicios evidentes de prevaricación. La juez veía además «ilegalidades severas y arbitrarias» por parte de la Junta en un caso que roza el surrealismo, con una concesión final de los derechos de explotación no a Minorbis (filial de Magtel) ni a Grupo México, sino a una tercera empresa, Minera Los Frailes, que Grupo México había comprado poco tiempo antes y que no participó en el concurso.
La empresa Bolidén vertió en el desastre de Aznalcóllar aguas ácidas y lodos tóxicos en 4.402 hectáreas, muchas de ellas del Parque de Doñana.
De fondo, las pasadas elecciones andaluzas de 2015 y las prisas por parte de la Junta para acelerar la adjudicación, tal como denuncian los ecologistas. Uno de los grupos personados como acusación, Ecologistas en Acción, pedía el 20 de octubre el «cese inmediato» de la exdirectora general de Minas, viceconsejera de Empleo de la Junta desde septiembre. El caso volvía a tocar a las más altas instancias de la Junta.
«Esperemos que podamos parar la reapertura de la mina, porque consideramos que es un error volver a poner sobre Doñana esta espada de Damocles», apunta Juan José Carmona, responsable de WWF en Andalucía. «Desde el 98 se viene demostrando, también con otras minas cercanas, que no funcionan los controles a pesar de las condenas. Hacen lo que quieren».
Carmona se refiere, entre otras, a Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de España, dedicada a la extracción de cobre, a apenas 20 km de Aznalcóllar. Tres de sus directivos eran condenados el mes pasado a un año de cárcel por contaminar con arsénico el acuífero Gerena-Posadas, además de por extraer agua ilegalmente del mismo durante años, lo que le ha valido una sanción por parte del Consejo de Ministros de algo más de un millón de euros a Cobre Las Cruces, filial de la canadiense First Quantum. La compañía facturó 356 millones de euros en 2015.
No opina igual Miguel Ferrer, director de la Estación Biológica de Doñana cuando ocurrió el desastre de Aznalcóllar y hoy coordinador institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Andalucía: «Entiendo las posturas de los ecologistas, pero lo cierto es que todas las personas utilizamos y necesitamos metales, y hay dos opciones: permitir que este tipo de explotaciones ocurran en el tercer mundo, sin mucho control ambiental, y luego les compramos, o bien colaboramos con el desarrollo y la investigación aplicada a generar una minería moderna mucho más controlada».
Para este responsable, la apertura de las instalaciones «tiene un importante interés socieconómico y político» y no ve inconvenientes en que sea el Grupo México el explotador de la zona. «Es razonable pensar que una empresa minera que tiene mucha actividad por todo el mundo es probablemente quien pueda tener accidentes. No me preocupa tanto, entre comillas, que haya habido un accidente como cuál ha sido la reacción y, sobre todo, cuál es la actitud de esa empresa. En España, la legislación es de las más exigentes en temas de garantías en nuevas explotaciones mineras, no sé si me da más susto una empresa minera que ha tenido un accidente o un grupo de inversión riesgo que maneja fondos de pensiones».
A la mina o al paro
El portavoz de WWF pone en el centro del problema el modelo económico de la zona: «El único que tienen es la mina. Sabemos lo que trae ese sistema, llamémoslo colonialista, que ocurre en toda la cuenca minera andaluza: empresas de fuera que llegan y, mientras la tecnología y el mercado les permiten una explotación rentable de las minas, las mantienen, pero en el momento que no las cierran, sin ninguna responsabilidad social».
Como ejemplo cita la explotación de Aguablanca, situada entre las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz, que anunció a principios de año su cierre. «Como el precio del cobre ha caído, ya no les interesa y ahora van a despedir a la gente». Y es que para el ecologista, «cuando todo el sistema se basa en ese modelo colonialista, pasan estas cosas», por lo que aboga por un cambio de modelo que evite la dependencia de la mina.
Noche sin estrellas
«El Guadiamar tiene un color de una noche sin estrellas, el Guadiamar tiene un olor que huele a tierra muerta». Los Mártires del Compás inmortalizaban en su canciónLa lava de Aznalcóllar el desastre un año después de la tragedia. La magnitud de la misma, de la que habían advertido tanto técnicos como ecologistas –incluso el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología, dependiente del CSIC, señaló previamente el riesgo que suponía para el Parque Nacional de Doñana la existencia de una balsa de residuos de tales dimensiones en la cabecera del cauce que regaba las marismas del Guadalquivir–, contrastó con la eficacia y celeridad de los trabajos de limpieza.
Activistas y administraciones coinciden en aquel éxito, que para Carmona estuvo marcado por una combinación de factores –»la rapidez de la retirada de los lodos; los tratamientos que se hicieron; la expropiación de tierras junto al cauce de los ríos [Agrio y Guadiamar], que impidió que se siguieran removiendo las tierras, y la suerte de que no lloviese»– y para Ferrer por «una serie de decisiones que se tomaron a unas horas del accidente y que marcaron el final», como la construcción de un embalse adicional en la zona de Entremuros, que consiguió detener más de la mitad del vertido, y las expropiaciones de terrenos.
Los trabajos de restauración, tras tres años de limpieza, se plasmaron en dos grandes actuaciones: el Plan Doñana 2005, del Gobierno central, que se basó en la recuperación de las marismas y la restauración de los aportes de agua al Parque Nacional, y la regeneración del entorno del Guadiamar, a cargo de la Junta, que fructificó en la creación del Corredor Verde del Río Guadiamar. Es una reivindicación ecologista, sin embargo, la continuación del proyecto en Doñana para hacerlo más ambicioso, ya que, como resalta Carmona, «las marismas del Guadalquivir, desde principios del siglo pasado, han perdido el 80% de su superficie».
Hoy, la contaminación que produjo el desastre, según el responsable de WWF, está en niveles similares a los de antes del accidente en la mayor parte de la zona afectada, partiendo de la base de que en la zona, históricamente minera, la contaminación no es nueva, como ocurre igualmente en cuencas como las de los ríos Odiel o Tinto.
Sin embargo, aún quedan asignaturas pendientes: «La afección de carácter general es detectable, particularmente donde el suelo que atravesó el vertido era arenoso y, por tanto, donde era mucho más fácil que el vertido penetrase a mayor profundidad y más difícil de eliminar», explica el delegado del CSIC, que remarca que los niveles «no son preocupantes».
Sí destaca como actuación pendiente la contaminación que sigue recibiendo el río Agrio, que circunvala la antigua balsa de lodos. «No está del todo claro si procede del acuífero aluvial, del lecho del mismo río que tras el accidente quedó afectado, o si representa una filtración que no está totalmente cerrada. En cualquier caso, supone un goteo de contaminación que, si bien es pequeño, es un problema, y que si se procede a la reapertura de la mina podrían aprovechar a arreglar definitivamente».
Un paso atrás
A pesar de los logros, desde el movimiento ecologista se ve la reapertura de Aznalcóllar como un paso atrás y un riesgo para todo lo conseguido. No sólo por el evidente peligro de contaminación, dados acontecimientos recientes en la zona como los vividos en Las Cruces este mismo año, sino por el uso del agua fluvial para las actividades extractivas, lo que repercutiría en las aportaciones a Doñana y al Corredor Verde.
A día de hoy, mientras supuestamente 180 personas trabajan en la mina en labores previas a la explotación –algo que niega la demandante Emerita Resources– a pesar de que el proyecto no se ha hecho público aún y, por lo tanto, no dispone de autorización ambiental, las miradas de vecinos y ecologistas están pendientes de la resolución del caso recién reabierto. Un cóctel de paro, contaminación, multinacionales, lecciones históricas y corrupción. Se abren las apuestas.
El polémico dragado del Guadalquivir
Un peligro para Doñana o una inyección económica para el futuro andaluz. El polémico dragado del río Guadalquivir en Sevilla, aparcado desde hace años y que llegó a ser suspendido por el Tribunal Supremo, viene siendo un foco de tensión entre científicos y ecologistas contrarios a su ejecución y los empresarios andaluces, que esperan los millones que podría traer la llegada de barcos de mayor calado. La recién creada plataforma Salvemos Doñana calificaba el proyecto como uno de los cuatro riesgos principales para el Parque Nacional.
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