Manila, 13 mar (EFE).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, apoyó hoy el polémico plan de su secretaria de Medio Ambiente, Gina Lopez, de cerrar más de la mitad de los yacimientos del país y acusó a las mineras de causar graves daños y financiar a la oposición.

«Mirad lo que hace la minería a nuestro país», afirmó en una rueda de prensa televisada el mandatario, mientras mostraba a los periodistas una recopilación de fotos de diversos lugares de Filipinas supuestamente devastados por las actividades mineras.

Duterte convocó la rueda de prensa en el palacio de Malacañán de Manila para arropar a su ministra, cuyo cargo está pendiente de confirmación por la Comisión de Nombramientos del Congreso en una votación que previsiblemente tendrá lugar mañana martes.

Lopez, una reconocida ecologista, ha emprendido una polémica campaña contra las mineras que contempla el cierre de forma definitiva de 23 de las 41 minas operativas en el país y rescindir 75 de los 311 contratos con estas empresas por contaminar acuíferos y perjudicar a las comunidades locales.

El presidente aseguró que «Gina no miente», mostrando una a una las fotografías de las actividades destructivas de diversas empresas mineras, y retó a los detractores a «rebatir» a la ministra.

Duterte indicó que la minería aporta el Estado 70.000 millones de pesos (1.304 millones de euros, 1.390 millones de dólares) anuales, pero explicó que esta cantidad no compensa los daños medioambientales que causa.

«¿Creéis que podemos vivir con esto (el daño) a cambio de los 70.000 millones o por las contribuciones a las campañas electorales?», aseveró el presidente en un mensaje dirigido a las mineras e ilustrado con las fotos de un paisaje fértil en la isla de Palawan convertido en desierto por la extracción de níquel.

Duterte también acusó a las compañías mineras de «aportar fondos a la oposición para desestabilizarme», sin ofrecer más detalles.

El anunciado cierre de 23 minas -19 de níquel, dos de cromita, una de oro y una de hierro- ha abierto una guerra entre el Gobierno y los empresarios mineros, quienes aseguran que los planes de Lopez ponen en riesgo proyectos por valor de 22.000 millones de dólares (20.700 millones de euros).

Filipinas es el mayor exportador de níquel del mundo y posee 27 minas de este metal, que se podrían reducir a solo 8 de llevarse a cabo el plan de Medio Ambiente. EFE

aaf/zm/al

FUENTE:http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-03-13/duterte-apoya-a-su-ministra-de-medio-ambiente-en-la-guerra-con-las-mineras_1162599/

(España)-. Ávila sigue en pie de guerra contra las minas de feldespato. El Valle del Corneja, «último damnificado» de la empresa “Transportes, excavaciones y hormigones Sonsoles S.L.”, acaba de dar sus primeros pasos para constituir una plataforma ciudadana en defensa de los pueblos afectados: Tórtoles, Becedillas – con Casillas de Chicapierna-, Zapardiel de la Cañada y Bonilla de la Sierra – con sus anejos Cabezas de Bonilla, Pajarejos y Rivera de Corneja- siendo Bonilla “Conjunto Histórico Artístico” en 1983.

Con el nombre “No a la mina en el Valle del Corneja”, están dispuestos a preservar la agricultura, ganadería, turismo y medio ambiente de la zona.

Aunque no son los primeros afectados, Valle Amblés, Río Frío y Sierra de Ávila le llevan la delantera, afirman que su problema es más grave, ya que si bien la empresa minera solicitó el permiso de investigación “Sonsoles”, Número 1138, sobre una superficie de 54 cuadrículas mineras, en parcelas privadas, a finales del año 2014, no ha sido hasta hace escasas semanas cuando los vecinos conocieron, a través del BOP (Boletín Oficial de la Provincia) que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila había concedido el permiso para hacer prospecciones en sus tierras en busca de feldespato.

El descontento de los vecinos hacia sus alcaldes es patente, al no entender cómo no han sido informados antes, «ya que tras el tiempo perdido también ha quedado por el camino la posibilidad de hacer alegaciones en contra de una posible mina en la zona».

Con el fin de dar a conocer a los afectados la situación, los miembros de la plataforma en ciernes han organizado una reunión en Bonilla de la Sierra, en la que los alcaldes, «sin previo aviso», han decidido dar a conocer su versión de los hechos. Si bien mostraron su unión a la plataforma en contra de la mina, respecto al expediente se limitaron a decir que como regidores no podían oponerse al edicto, aunque desconocían cómo tenían que proceder, por lo que tras conocer por la página de Facebook “No a la mina en el Valle del Corneja” el malestar de los vecinos, están informándose sobre las competencias que el Ayuntamiento puede llegar a tener al respecto.

Tras los alcaldes llegó el turno de los convocantes, que si bien mostraron su malestar por la intromisión en el acto, agradecieron el apoyo de los ediles en la lucha. Comentaron que el retraso en conocer la noticia ha tirado por la borda la posibilidad de realizar las alegaciones oportunas, si bien van a presentar en los próximos días diferentes recursos de alzada.

En una “voz común de amor hacia sus pueblos”, reconocieron que van a llevar a cabo una lucha sin cuartel para evitar que las prospecciones se lleven a cabo, ya que si se encuentra feldespato, vendrían las expropiaciones de las tierras y las nefastas consecuencias, entre ellas la pérdida del PAC, ya que la tierra ganadera pasaría a ser minera.

Al evento también acudieron miembros del PSOE en la Diputación y en las Cortes de Castilla y León, por lo que los organizadores del acto llamaron su atención con el fin de que muestren su sensibilidad para que actúen en contra de una Ley de Minas que se firmó en el año 1973.

También hicieron un llamamiento a los alcaldes para que apuesten por la economía rural, no por las minas porque, tal y como recordaron: “Ávila no es una provincia minera y no queremos irnos de nuestras tierras. No queremos abandonar nuestros pueblos”.

Llamamiento que tuvo su efecto, ya que los políticos allí presentes aseguraron no solo que todos están en contra de la mina sino que prometieron luchar por cambiar esta ley, comprometiéndose a hacer llegar al Gobierno Central una moción para que derogue la actual Ley de Minas”. E instaron a luchar todos juntos para conseguir una gran presión social. Por su parte los alcaldes se han comprometido a hacer un escrito en contra de la mina.

Desde “No a la mina en el Valle del Corneja” han puesto en marcha otras iniciativas como la recogida de firmas en la plataforma Change.org, iniciativa que también llevarán a cabo de forma física.

Fuente:http://www.noalamina.org/mundo/europa/item/16987-vecinos-crean-plataforma-no-a-la-mina-en-el-valle-del-corneja-contra-mina-feldespato

Estados Unidos da un paso atrás en la regulación de industrias extractivas que puedan implicar violación de Derechos Humanos. La Unión Europea vota hoy para retomar el liderazgo en esta legislación

El de las industrias extractivas ha sido tradicionalmente uno de los sectores menos transparentes que existen en esta economía globalizada, ya de por sí opaca para el común de los mortales. Entiéndase por industrias extractivas los negocios y las empresas dedicados a “la exploración, la extracción, la comercialización, el procesamiento y otras actividades importantes relacionadas con el gas, el petróleo o los minerales”. Muchas de las empresas dedicadas a estos menesteres son multinacionales, es decir, su actividad trasciende fronteras. Pueden tener la matriz en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, y operar (directa o indirectamente, a través de una subcontrata) en terceros países.

La presencia en un país de abundantes reservas de estas materias primas, por otra parte, constituye un poderoso incentivo para la corrupción de las élites o la acción de grupos armados, que pueden ganar enormes fortunas chanchulleando con estos recursos. Así, los beneficios de su venta a menudo salen hacia el exterior o se pierden por el camino, mientras que para las comunidades locales sólo quedan los daños de la contaminación medioambiental, la amenaza del desplazamiento forzoso o el silencio impuesto por los asesinatos selectivos y la represión.

Allá por 2010, dos años después de que estallara la Gran Recesión, la misma que obligó al Gobierno estadounidense a rescatar a la banca a cargo del contribuyente, el entonces presidente Obama aprobó la Ley de Reforma de Wall Street, también conocida como la ley Dodd Frank. Su finalidad era proteger al consumidor de los desmanes del sector financiero, aportando mayores controles y fomentando la transparencia empresarial.

No obstante, aprovechando la idoneidad del momento para corregir las disfunciones del mercado y luchar contra la opacidad, se incorporaron dos cláusulas que afectan directamente a las industrias extractivas. La sección 1504, que obliga a las industrias estadounidenses del gas, el petróleo o la minería a hacer públicos los pagos que realizan a Gobiernos extranjeros para acceder a estos recursos. Y la sección 1502, que exige a las empresas que emplean de cuatro minerales concretos (oro, tungsteno, wolframio y tantalio, también conocidos como 3TG por sus siglas inglesas y altamente demandados por las industrias electrónicas) a investigar y tomar las medidas pertinentes si su procedencia se halla en las zonas en conflicto existentes en la República Democrática del Congo y los nueve países colindantes.

Ambas reglamentaciones, aun con sus debilidades, supusieron un gran avance a nivel mundial. No sólo por dotar de carácter vinculante a las recomendaciones de la OCDE sobre la diligencia debida, contribuyendo así al desarrollo legislativo de los principios de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; sino porque su aplicación hizo posible conocer mejor cómo funcionan las cadenas de suministro global de estas industrias, proporcionando información importante tanto para la lucha contra la corrupción como para la concienciación de los consumidores. Por estas razones las dos secciones mencionadas más arriba han inspirado leyes similares en otros países.

Sin embargo, la nueva administración Trump, en su búsqueda de la grandeza perdida, ha decidido acabar con este particular legado de Obama y lo está haciendo en tiempo récord. Lo había prometido en campaña, pero las dudas sobre si sería capaz de cumplir o no comenzaron a despejarse cuando nombró a Rex Tillerson, exdirector ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile y un enemigo declarado de la Dodd Frank, como Secretario de Estado. El mensaje para las industrias extractivas era claro: los días de vino y rosas han vuelto, ¡Qué empiece la fiesta!

El pasado mes de febrero, el Congreso de los Estados Unidos logró tumbar la sección 1504, relativa a la transparencia de los pagos a Gobiernos extranjeros, y poco después se filtró la orden ejecutiva firmada por el propio Trump para hacer lo mismo con la 1502, que afecta al suministro de “minerales en conflicto” procedentes de los Grandes Lagos africanos.

Ésta última ya fue atacada durante su implementación por los lobbies de las industrias afectadas que pidieron su derogación ante el Tribunal Supremo alegando que la obligación de publicar si sus productos contienen o no “minerales en conflicto” vulneraba la primera enmienda (es decir, su libertad de expresión o, mejor dicho, su derecho a “no declarar públicamente cómo hacen negocios” que es lo que buscaban realmente). Si aquella argumentación parecía rebuscada, la empleada ahora por la administración Trump puede calificarse directamente como una mentira fabricada mediante la selección de datos aleatorios y la exageración interesada de los costes de su implementación.

Es mucho más fácil entender las resistencias a esta legislación a partir de las palabras pronunciadas por Obama poco antes de aprobarla: “Los únicos que deberían temer el tipo de supervisión y transparencia que proponemos son aquellos cuya conducta no superaría este escrutinio”. Éstos son los mismos, me temo, que ahora están al mando.

Así pues, mientras Estados Unidos parece empeñado en dar pasos atrás, la Unión Europea tiene una oportunidad única para retomar el liderazgo en este tipo de legislaciones. El pasado diciembre se llegó a un acuerdo político sobre la regulación europea del suministro responsable de “minerales en conflicto” y, salvo sorpresas de última hora, la ley se aprobará por votación el próximo 15 de marzo. Las ONG europeas hemos sido críticas con el contenido, pero, pese a sus limitaciones, creemos que es positivo contar con una legislación y seguiremos de cerca su implementación.

Porque si no exigimos esa transparencia y control a las empresas que comercian con los recursos naturales, los flujos de dinero seguirán siendo opacos, las élites de países en desarrollo seguirán corrompiéndose y las violaciones de derechos humanos en seguirán quedando impunes. Desde la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, de ALBOAN, queremos formar una ciudadanía crítica con estas cuestiones, dispuesta a ayudar a quienes sufren la violencia de los conflictos mineros y a pelear en su nombre para exigir a nuestras autoridades que regulen las cadenas de suministro de estos minerales.

Fuente:http://elpais.com/elpais/2017/03/10/planeta_futuro/1489161724_873110.html?id_externo_rsoc=FB_CC

(Avila- España )El alcalde, Benito Zazo, anima a particulares, entidades y colectivos a presentar alegaciones contra esta actuación por el posible impacto y perjuicio que podría suponer para esta zona de la provincia.

El Ayuntamiento de Solosancho ha expresado su total oposición a que se instalen en el Valle Amblés explotaciones mineras a cielo abierto, tras conocerse la solicitud de un permiso de investigación minera por parte de una empresa interesada en averiguar si hay yacimientos de feldespatos y otros minerales en los municipios de Gemuño, Riofrío, Sotalbo y Mironcillo.

Así, en similares términos a los ya utilizados al anunciarse la posible instalación de una explotación minera a cielo abierto en la Sierra de Ávila, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Solosancho ha adoptado una posición política contraria a que los citados términos municipales puedan albergar un proyecto de estas características.

En este sentido, por unanimidad de los miembros presentes con derecho a voto, la Junta de Gobierno ha acordado hacer uso de todos los recursos legales disponibles para oponerse a posibles futuras explotaciones mineras a cielo abierto en el Valle Amblés que afecten negativamente al medio ambiente de la zona, siempre dentro del más absoluto respecto a las disposiciones legales vigentes.

Junto a ello, en un escrito remitido al Servicio Territorial de Industria, el Ayuntamiento de Solosancho ha comunicado su decisión de personarse en el expediente iniciado, solicitando que se le tenga como parte interesada y, en consecuencia, se le informe de todos y cada uno de los cambios e incorporaciones que se produzcan, dado que este municipio colinda con el de Sotalbo, uno de los términos municipales afectados por el Permiso de Investigación solicitado.

Al respecto, el Ayuntamiento de Solosancho se considera afectado por las consecuencias que pudieran derivarse del referido permiso, especialmente por el impacto ambiental y paisajístico negativo que pudiera derivarse en el futuro para la comarca del Valle Amblés, en caso de que se llevara a cabo alguna explotación minera.

El alcalde de Solosancho, Benito Zazo, ha anunciado también que el Ayuntamiento trabaja ya en la elaboración de una serie de alegaciones al proyecto dentro del plazo de 15 días otorgado por la Junta de Castilla y León, sin descartar que se formulen nuevas alegaciones cuando el expediente avance en sus trámites administrativos. Además, ha ofrecido su apoyo y colaboración a los municipios directamente afectados por estos proyectos.

Benito Zazo ha animado a particulares, entidades y colectivos a que presenten alegaciones al expediente para evitar que el Valle Amblés pueda ser escenario de la instalación de una posible explotación minera, al tiempo que ha anunciado que el Ayuntamiento que preside se dirigirá a partidos políticos y administraciones para que, dentro del ámbito de sus competencias, ayuden a que no se instalen en la provincia proyectos mineros de estas características.

Fuente:http://www.tribunaavila.com/noticias/el-ayuntamiento-de-solosancho-rechaza-la-instalacion-de-minas-a-cielo-abierto-en-el-valle-ambles/1488999798

Después del 2016, el año más caluroso del que se tenga registro, el agua ha ganado prioridad en la agenda de las reuniones de los directorios de las mineras.

Ciudad del Cabo (Sudáfrica)- Las principales compañías mineras del mundo advirtieron el martes que los activos se estancarán y que los inversionistas se alejarán si no se ocupan de la escasez de agua en regiones mineras como África, Australia y América Latina.

Después del 2016, el año más caluroso del que se tenga registro, el agua ha ganado prioridad en la agenda de las reuniones de los directorios de las mineras.

“Los inversionistas nos dicen: ‘no nos hablen de los retornos’, quieren saber cómo manejamos el agua”, dijo Nick Holland, presidente ejecutivo de Gold Fields, en una conferencia internacional de minería en Ciudad del Cabo.

La minería necesita agua en casi todas las etapas del proceso de producción y la mayor parte de los activos de las principales compañías mineras se encuentran en zonas con poca agua, principalmente en el hemisferio sur.

Anglo American dice que se esfuerza por usar la menor cantidad de agua posible. Ha limitado el consumo usando 65 por ciento de agua reciclada y su meta es llegar al 95% durante la próxima década.

“El agua es una de las mayores limitaciones para el nuevo suministro de productos mineros en todo el sector”, dijo el presidente ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani.

Las mineras mencionan casos en que el agua ha causado conflictos. Por ejemplo, operaciones mineras de Barrick Gold Corp en el Perú se interrumpieron en el 2012 debido a protestas por el suministro de agua.

Con su mayor mina en el desierto mexicano, la canadiense Goldcorp, la tercera mayor minera de oro del mundo, está invirtiendo US$ 60 millones en nueva tecnología para reducir la cantidad de agua que usa.

“Aprovechar los pozos para sostener la operaciones podría ser una fuente de potencial conflicto en el futuro”, dijo el gerente general de Goldcorp, David Garofalo, en una entrevista el mes pasado, quien calificó al agua como el principal desafío de la industria minera.

Fuente:http://gestion.pe/empresas/escasez-agua-encabeza-lista-preocupaciones-mineras-globales-2181678

(Toronto-Canadá) – En el marco de la feria Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC) 2017 que se desarrolla en Toronto, la gobernadora Lucía Corpacci mantuvo diversas reuniones con empresarios del sector minero internacional.

Entre ellas, destaca por el pronto impacto que tendrá para la provincia el encuentro que mantuvo con Peter Marrone, presidente de Yamana Gold; Ross Gallinger, vicepresidente Senio;, y Mario Hernández, vicepresidente de la firma en Argentina, en el que hubo importantes novedades sobre el desarrollo de Cerro Atajo.

En ese sentido, en los próximos días la empresa minera contará con los permisos que, en función de las cláusulas del contrato, determinan que la compañía debe comenzar con los trabajos de exploración en el proyecto.

En consecuencia, los empresarios de Yamana Gold, que venía realizando tareas no invasivas en la zona, como por ejemplo mantenimiento de caminos, aseguraron a la primera mandataria provincial que en el primer semestre del presente año se pondrán en marcha las actividades de exploración.

Agua Rica

Además, la Gobernadora, junto con los demás integrantes de la delegación de Catamarca en Toronto, el secretario de Minería, Rodolfo Micone, el presidente de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE), Daniel Issi, y Angel Mercado, director por la provincia en la empresa interestadual Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), dialogaron con los ejecutivos de Yamana Gold sobre el proyecto Agua Rica.

Los funcionarios provinciales y los empresarios intercambiaron opiniones y puntos de vista sobre la ordenanza municipal sancionada el año pasado por el Concejo Deliberante de Andalgalá, que prohíbe la actividad minera en la alta cuenca del río homónimo, y la acción judicial presentada por la empresa para solicitar que la misma se declare inconstitucional.

Ambas partes coincidieron en que el diálogo fue muy productivo y acordaron intercambiar información para resguardar de la manera más efectiva los intereses de la provincia y de la comunidad ante dicha situación.

Sobre Cerro Atajo

El proyecto Cerro Atajo, localizado en el distrito minero Farallón Negro, departamento Andalgalá, cuenta con depósitos minerales de clase mundial, como Bajo La Alumbrera y Agua Rica. Además de dichos recursos, tiene en producción las minas Farallón Negro-Alto de la Blenda (plata y oro), Minas Capillitas (Rodocrosita) y Bajo el Durazno (cobre, oro y molibdeno), recientemente incorporado.

Cerro Atajo es un sistema epitermal polimetálico, con dos tipos de mineralización claramente diferenciadas: una cuprífera y otra aurífera. Trabajos previos realizados arrojaron valores importantes de oro, plata y cobre. Las propiedades mineras de CAMYEN SE (actualmente asociada a Yamana Gold), en el área del proyecto, son 17 pertenencias en más de 350 hectáreas.

Yamana Gold, una de las principales compañías mineras con inversiones en Catamarca, es la titular del emprendimiento Agua Rica y, tras haberse asociado a la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado, tiene los derechos de exploración de las minas de Cerro Atajo, zona donde ve un potencial muy importante. Es, además, propietaria del 12,5 por ciento de Minera Alumbrera.

Cerro Atajo es considerado como la piedra angular para un avance posterior en el desarrollo del proyecto Agua Rica.

Al respecto, cabe recordar el Memorando de Entendimiento suscripto en octubre de 2014 entre ambas partes por el cual se constituye formalmente el Distrito Minero Agua Rica-CAMYEN, al que se suma el contrato que suscribieron en febrero de 2015 que estableció que la firma minera provincial obtendrá el 3 por ciento de la sociedad que controla Minera Agua Rica, lo que significa que Catamarca pasará a tener participación en los dividendos que genere este proyecto, al momento de concretarse.

A su vez, en caso de resultar factible económicamente la puesta en producción de Cerro Atajo, CAMYEN accederá a 2 puntos más de la propiedad de Agua Rica, que se sumará al 3 por ciento inicial.

Fuente:http://www.elancasti.com.ar/politica-economia/2017/3/8/yamana-anuncio-comienzo-tareas-exploracion-cerro-atajo-328174.html

Una reunión informativa sobre el nuevo proyecto minero ha llenado la iglesia de Riofrío, donde se han dado cita cerca de 300 personas, que han manifestado su oposición al proyecto.La convocatoria de la reunión ha partido de vecinos de las localidades afectadas, y en ella han participado representantes de la Plataforma Ciudadana ‘No a la mina en la Sierra de Ávila’.

Los convocantes se han visto obligados a cambiar el lugar de la reunión, previsto inicialmente en las escuelas, y se ha celebrado en la iglesia.

Los representantes de la plataforma contra el proyecto de mina de feldespato en la Sierra de Ávila han contado los pasos que han llevado a cabo en los últimos meses para trasladar a las instituciones «el sentir mayoritario y el rechazo unánime al deterioro que supondría el aprovechamiento minero para el paisaje, el medio ambiente y la economía» de estos municipios, «basada principalmente en la agricultura, la ganadería y el turismo rural».

El Boletín Oficial de la Provincia publicó el 1 de marzo un anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, en el que se abre el período de información pública del permiso de investigación denominado ‘Riofrío’, que afecta a los términos municipales de Sotalvo, Mironcillo, Gemuño y Riofrío.

La solicitud de permiso de investigación fue admitido el 6 de febrero ante la petición de la empresa Transportes, Excavaciones y Hormigones Sonsoles SL para buscar sílice, arcilla y feldespato.

Fuente:http://avilared.com/not/25251/masivo-rechazo-al-proyecto-minero-en-riofrio/

22-02-2017
La empresa actúa a la desesperada ofreciendo una rueda de prensa en Ciudad Real tras la denuncia de la Plataforma, cuyo equipo jurídico ha verificado que la mercantil entregó supuestamente su Estudio de Impacto Ambiental fuera del plazo legal establecido.
Manifestación contra la minería de tierras raras / Plataforma Sí a la Tierra Viva

La minera afirma ahora haber reducido drásticamente su consumo de agua tras haber pasado de los 500.000 metros cúbicos anuales previstos inicialmente a 100.000 durante el mes de enero y a 88.000 a día de hoy, algo que ha sido rápidamente desmentido por la Plataforma, recordando que fue la propia Confederación Hidrográfica del Guadiana la que consideró inviable el proyecto y denegó los recursos hídricos necesarios.

Sí a la Tierra Viva presentó ayer por vía urgente solicitud a la Junta de Castilla-La Mancha instando al Gobierno autonómico a proceder a la inadmisión de la documentación presentada al haberse realizado de forma extemporánea, contactando además con la Oficina del Defensor del Pueblo para que esta por su parte pueda proceder al control de la legalidad.

Según el criterio del equipo jurídico de la Plataforma Sí a la Tierra Viva, la mercantil habría presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fuera de plazo, ya que este terminaba el pasado 18 de febrero ya que en este caso rige la ley 30/1992, de 26 de noviembre, por  la que se aprueba  la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, que considera los sábados como días hábiles, a diferencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para la entidad muestra de ello es la desestimación de la solicitud de la ampliación de plazo realizada por Quantum Minería y que fue dictaminada por la Directora Provincial e la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Dª María del Prado Amores González Gallego, con fecha 16 de enero de 2017, en la que se estableció de forma clara y contundente que la legislación aplicable es la antigua ley de procedimiento, la 30/1992.

Así, la Ley 30/1992 establece en su artículo 48.2 “Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”.

Según manifiesta la Plataforma, «de las anteriores previsiones legales queda claro que el dies a quo, es decir, el primer día del plazo es el siguiente a aquel en el que se notifique, comunique o publique el acto correspondiente» preguntándose entonces cuál es el último día del plazo (dies ad quem).

El Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente sobre este particular, entendiendo que en los plazos contados por meses, el dies ad quem será el equivalente, en el mes siguiente, al día de la notificación o publicación, sin perjuicio de que el primer día sea el siguiente a éste, tal y como sese pronuncia la Sala Tercera del Alto Tribunal en su Sentencia de 9 de mayo de 2008 (STS 2235/2008), línea jurisprudencial mantenida actualmente por numerosas sentencias.

DE FACTO, QUANTUM MINERÍA ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL FUERA DE PLAZO
En conclusión, para Sí a la Tierra Viva, dado que en la solicitud de concesión de explotación de tierras raras tuvo fecha de notificación de 18 de noviembre de 2016, el primer día de plazo (dies a quo) del procedimiento fue el 19 de noviembre, y el ultimo día de plazo (dies ad quem) fue el 18 de febrero de 2017, siendo este día hábil según la Ley 30/1992, legislación aplicable al procedimiento (a diferencia de si hubiese estado regido por la Ley 39/2015), que considera los sábados como días inhábiles.

Para el colectivo, «esta circunstancia conlleva que la presentación del Estudio de Impacto Ambiental por la mercantil Quantum Minería haya sido efectuada fuera del plazo legalmente establecido, ya que este se ha realizado con fecha 20 de febrero de 2017 por lo que la Administración Autonómica, en cumplimiento de la legalidad vigente, ha de remitirse al artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula la caducidad de los procedimientos».

http://www.tercerainformacion.es/articulo/actualidad/2017/02/22/si-a-la-tierra-viva-hace-zozobrar-el-plan-de-quantum-mineria-para-extraer-tierras-raras-en-castilla-la-mancha

Por Mark Olalde
Una delegada de la Indaba Minera Alternativa baila durante la marcha del 8 de febrero de 2017. Crédito: Mark Olalde/IPS.
CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, 20 feb 2017 (IPS) – “Camaradas, llegamos. Hace ocho años que esperábamos esto. Logramos llegar a este lugar”, arengó el obispo anglicano Jo Seoka, deteniéndose por las expresiones de algarabía de una multitud reunida en esta ciudad sudafricana en protesta contra la minería irresponsable.

Seoka, presidente de la organización no gubernamental sudafricana Fundación Bench Marks, se dirigió así a los manifestantes que daban rienda suelta a años de frustraciones con la industria minera local.

La protesta del 8 de este mes formó parte del encuentro anual Indaba Minera Alternativa (AMI, en inglés), realizado en Ciudad del Cabo, y llamada así por el nombre de una importante conferencia celebrada de los pueblos zulú y xhosa en Sudáfrica.

Ese día se reunieron los residentes de las comunidades afectadas por la minería y representantes de organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información sobre los problemas comunes generados por la minería.

En el tercer y último día del encuentro, los participantes salieron a la calle para presentar la declaración con sus reclamos a la industria y a los delegados gubernamentales.

En una primera instancia, la policía impidió el avance de la marcha hacia el centro de convenciones, donde se llevaba adelante la Indaba Minera, reunión paralela de la industria minera, lo que enfadó más a los manifestantes, quienes se quejan que desde años no se los toma en cuenta.

Finalmente, la marcha llegó hasta las puertas del centro de conferencia donde la policía y guardias privados de seguridad les bloquearon el ingreso, y reclamaron hablar con los miembros de la Indaba Minera.

“Como ciudadanos y representantes de organizaciones ciudadanas, deseamos expresar nuestra voluntad de trabajar con los gobiernos africanos y otros actores para buscar cómo aprovechar los vastos recursos extractivos para respaldar la transformación socioeconómica de África, y la (Visión de la Minería) sienta las bases para ello”, reza la declaración.

“Agradezco mucho la voluntad de diálogo, y creo que es el primer paso para crear una visión común”, destacó Tom Butler, director general del Consejo Internacional sobre Minería & Metales, frente a la multitud, antes de firmar la recepción de la declaración y de pasársela al director de la Indaba Minera para que hiciera lo mismo.
Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Los participantes de la Indaba Minería Alternativa bailan y cantan canciones de protesta durante la marcha del 8 de febrero de 2017. Crédito: Mark Olalde/IPS.

A diferencia de Butler que se acercó a la AMI en nombre de la industria minera, muy pocos integrantes del gobierno o del sector hicieron lo mismo. La cuenta oficial de Twitter de la Indaba Minera incluso bloqueó a varios delegados de la AMI que usaron las redes sociales para hacer denuncias.

En la Indaba Minera participaron ministros de Minería, gerentes de mineras y otros representantes de la industria para conectarse y lograr acuerdos. Durante el encuentro, Sudáfrica y Japón, por ejemplo, suscribieron un tratado para impulsar la colaboración en la cadena de valor.

“Esta Indaba reafirmó el estatus de Sudáfrica como destino preferido de las inversiones”, indicó el ministro de Minería, Mosebenzi Zwane, en una declaración al final del encuentro.

“Como gobierno, nos reconforta esto y nos comprometemos de nuevo a garantizar la necesaria seguridad de las políticas y la normativa para atraer aún más inversiones a nuestro país”, añadió.

En su discurso de inauguración de la reunión, Zwane también anunció que el borrador de la nueva Carta Minera, el documento que fija el funcionamiento del sector, se publicaría en marzo.

Pero la AMI surgió como una reacción de la comunidad por la toma de decisiones sin consultas previas con los afectados.

“Van a encontrar a esta masa de gente apiñada”, aseguró Mandla Hadebe, uno de los organizaciones del encuentro alternativo, refiriéndose a los objetivos de la protesta en su primer año de realizado, donde solo había 40 delegados participantes.
Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica

Una delegada de Swazilandia a la Indaba Minera Alternativa canta canciones de protesta. Crédito: Mark Olalde/IPS.

Pero en sus ocho años de historia, AMI creció hasta los actuales 450 representantes de 43 países. Los delegados llegaron desde distintas partes de África, desde Egipto, pasando por República Democrática del Congo, hasta Malawi, además de otros lugares del mundo tan distintos como Camboya, Bolivia y Australia, para compartir sus historias.

“Esto no hace más que mostrar que la lucha es la misma y que estamos decididos a unirnos por un fin común”, comentó Hadebe, en relación al crecimiento del encuentro. “Queremos transparencia, queremos que asuman su responsabilidad y, lo más importante, queremos que participen las personas perjudicadas por la minería”, precisó.

Numerosos paneles ofrecieron a los activistas plataformas para compartir sus historias y métodos de resistencia. Las salas de conferencias contaban con traductores de inglés, francés y portugués, una necesidad, además de un nodo tácito para los efectos siempre presentes del mismo colonialismo que trajo a la minería.

“Al principio escuchamos promesas”, relató una activista peruana. “Ya pasaron 30 años y ahora llamo a esta segunda parte del proceso ‘las mentiras’”, añadió.

“Tratamos de construir una masa crítica que esté lo suficientemente enojada como para hacer frente a la minería irresponsable”, explicó un delegado de Kenia.

Hubo paneles específicos sobre los desafíos que presenta la industria extractiva en África. Por ejemplo, se mencionó la necesidad de abandonar los impuestos indirectos por otros directos a las empresas mineras.
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El presentador, un integrante de la Red de Justicia Fiscal – África, explicó que el aumento de las auditorías del gobierno llevó a un crecimiento de los ingresos fiscales desde 2009, un éxito inusitado, opinó.

Otro panel se concentró en la inminente pérdida de empleos por la generalización de la mecanización, y otro más trató la necesidad de que los gobiernos logren mejores acuerdos con las corporaciones internacionales.

Otras actividades permitieron profundizar el conocimiento sobre asuntos como la corrupción relacionada con la extracción minera en tierras comunales.

En la proyección de un filme documental sobre el activista sudafricano Mbhekiseni Mavuso, los delegados de otros países como Sierra Leona compararon y contrastaron sus propias experiencias de reubicación forzada.

“Nos ven como personas que no contamos. Nos convertimos en ‘víctimas del desarrollo’, lo que también nos convierte en víctimas de la democracia. Estamos en lucha, levantémonos y luchemos”, arengó Mavuso.

Algunas veces, los delegados agarraron el micrófono y lamentaron que sobren las palabras y falten las acciones concretas.

La mayor parte del AMI se concentró en el documento Visión de la Minería para África, elaborado por la Unión Africana (UA). Su objetivo es lograr que los beneficios de la minería lleguen a todos los africanos, pero el texto se concentra en cuestiones generales de política sin tratar directamente el problema de las comunidades afectadas por extracción.

Los tres días que duró la conferencia no alcanzaron para profundizar en cada uno de los asuntos que afectan a los países representados, por lo que los delegados promovieran la idea de tener encuentros nacionales. Así, el año pasado, Madagascar, Angola, Swazilandia y otros más organizaron sus propias indabas alternativas.

Una semana antes de la AMI, se realizó en Sudáfrica la primera conferencia nacional en Johannesburgo. Y a pesar de la frustración y del enfado de muchos delegados, la marcha hacia la Indaba Minera ofreció una provisoria sensación de victoria.

Tras obtener algo de reconocimiento de los representantes de la industria, los participantes en la AMI bailaron y se tomaron selfis fuera del centro de conferencias, lejos de los municipios y de las aldeas rurales vecinas a los sitios de extracción.

Los delegados abandonaron el encuentro en autobuses que se sacudían con su zapateo y sus cánticos. Algunos, incluso, se asomaron a las ventanas para vociferar las últimas consignas en nombre de las comunidades afectadas por la minería.

Las investigaciones sobre minería de Mark Olalde cuentan con apoyo económico del Centro Pulitzer para la Cobertura de Crisis, del Fondo para el Periodismo Ambiental y del Fondo para el Periodismo de Investigación.

Traducido por Verónica Firme

Afectados por la minería logran alzar su voz en Sudáfrica