La minería en aguas profundas para metales como cobre, cobalto, níquel, manganeso y plata está a un paso más de hacerse realidad ya que los países miembros de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) siguen redactando este año regulaciones para permitir la explotación minera comercial en aguas profundas.

El ISA es el organismo de las Naciones Unidas (ONU) encargado de gestionar la explotación minera de los fondos marinos en la mitad del océano mundial que se encuentra más allá de la jurisdicción de cualquier nación individual. Si se hiciera realidad, tal minería eclipsaría a cualquier extracción realizada en tierra por su escala.

La Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas (DSCC en inglés), que representa a más de 80 organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger las profundidades marinas, estuvo en Jamaica, donde el Consejo y la Asamblea de la ISA debatió hasta el 27 de julio las regulaciones. La DSCC buscará garantizar que la versión final del código adoptado sea adecuada para proteger a las profundidades marinas vulnerables de la destrucción masiva inherente a la minería.

Las cuestiones claves que la DSCC planteará durante esta 24ª Sesión Anual de la ISA incluyen la necesidad de transparencia, establecer un Comité de Medio Ambiente, el desarrollo de planes de gestión ambiental regional y de procedimientos para unas evaluaciones de impacto ambiental (EIA) sólidas, el establecimiento de un régimen de responsabilidad fuerte.

La DSCC trabajará también para garantizar que las reglamentaciones que se están redactando actualmente garanticen la protección efectiva del medio ambiente marino, un requisito de la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas.

La DSCC continuará solicitando a los países miembros que hagan que la ISA sea mucho más transparente y abierta al escrutinio y a la participación del público. Esto incluye una llamada para que los “contratos” ya emitidos para la exploración del lecho marino y los que podrían emitirse para la minería comercial se pongan a disposición del público, y que el principal órgano asesor de la ISA, la Comisión Jurídica y Técnica, que opera actualmente a puertas cerradas empiece a celebrar reuniones abiertas. Estas llamadas son necesarias para que el mandato de la ISA bajo la Convención del Derecho de las Naciones Unidas funcione “en beneficio de la humanidad como un todo”.

Hasta ahora, la ISA ha emitido 29 contratos con empresas o agencias gubernamentales para explorar minerales en más de 1.3 millones de kilómetros cuadrados de las profundas llanuras abisales, en los montes submarinos y en los sistemas oceánicos en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Estos contratos de ‘exploración’ podrían convertirse en contratos de ‘explotación’ una vez que se adopten las regulaciones mineras comerciales.

La empresa belga Global Sea Mineral Resources NV (GSR) y el Instituto Federal Alemán de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) serán los primeros contratistas de ISA en probar equipos comerciales de minería en sus áreas de reclamo de ISA. Ambos presentaron Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) a la ISA para la prueba de los equipos en la zona Clarion-Clipperton del Océano Pacífico en 2019.

Los “estados patrocinadores” de los dos contratistas, tanto el gobierno alemán como el belga han acordado celebrar consultas públicas sobre las EIA, una medida bienvenida por la DSCC. La DSCC solicita también que las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) estén abiertas para comentarios públicos y escrutinio por parte de la ISA.

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*DSCC es una coalición de más de 80 organizaciones no gubernamentales (ONG) comprometidas con la protección de las profundidades del mar. Fue fundada en 2004 para abordar la cuestión de la pesca de arrastre en alta mar en ausencia de una gobernanza efectiva.

*La ISA es un organismo intergubernamental establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS) para organizar, regular y controlar todas las actividades mineras en el área internacional de los fondos marinos más allá de los límites de la jurisdicción nacional, así como en proteger “el medio marino contra los efectos nocivos de la minería”. Este área del fondo marino, conocido en derecho como “la zona”, subyace aproximadamente a la mitad del océano. El ISA se encarga de administrar el Área para “el beneficio de la humanidad como un todo” bajo UNCLOS. En la actualidad, 167 países y la Unión Europea son miembros de la ISA.

Un proyecto de plan estratégico para los próximos cinco años diseñado para guiar la dirección y los objetivos del ISA se debatirá en la 24 ª Sesión Anual de la Asamblea de la ISA (23-27 de julio). Según la Secretaría de ISA, el plan estratégico “constituye un instrumento clave para la gobernanza y el liderazgo transparente y responsable de la Organización”. La ISA está también en el proceso de desarrollar regulaciones de “explotación” que permitirían la minería comercial.

Fuente:https://werkenrojo.cl/mathew-gianni-alerta-sobre-la-mineria-submarina/

Los intentos por llevar a cabo la extracción de uranio en el estado de Meghalaya, en el noreste de la India, se suspendieron con la decisión de la Uranium Corporation Limited (UCIL) de cerrar sus oficinas en la región y terminar los servicios de sus trabajadores contratados. El motivo es la fuerte oposición de la población local por temor a la degradación de la salud y el medio ambiente de los terrenos montañosos ecológicamente sensibles de Meghalaya.

Meghalaya es el tercer estado más rico en términos de reservas de uranio, y representa aproximadamente el 16% de las reservas totales de uranio del país después de Jharkhand y Andhra Pradesh.

UCIL ha estado tratando de llevar a cabo la minería de uranio en Meghalaya durante los últimos 15 años, pero no ha tenido éxito en obtener un arrendamiento minero del gobierno estatal, aunque ha comenzado las actividades previas a la explotación minera.

El gobierno estatal no pudo otorgar ningún arrendamiento minero ante la fuerte oposición de la población local por temor a la degradación de la salud y el medio ambiente de los terrenos montañosos ecológicamente sensibles de Meghalaya.

La decisión de UCIL de bajar las percianas de sus oficinas y su operación en el estado se produjo tras enfrentarse la población local a funcionarios del Departamento federal de minerales atómicos, los habitantes se oponían al inicio de perforaciones exploratorias previas a la explotación minera en dos distritos de Meghalaya bordeando Bangladesh.

Los servicios de todos los trabajadores subcontratados de UCIL han sido rescindidos aunque este último emitió una garantía de que los trabajadores serían reinstalados una vez que se reanudara la extracción. Sin embargo, los funcionarios locales dijeron que la reanudación de la extracción de uranio en la región era una posibilidad remota, ya que el gobierno de Meghalaya ya había cancelado el arrendamiento de tierras otorgado a UCIL en 2009.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/asia/item/41906-en-la-india-un-pueblo-impide-la-explotacion-de-uranio

Poco se oye hablar de Guyana Francesa, el único territorio no soberano de Suramérica. Esta Guyana se encuentra ubicada al Noreste de Suramérica y limita con Brasil y Surinam. Aunque parte de su territorio continental son costas del océano Atlántico, pensar en este es evocar, en gran medida, las selvas amazónicas pues el 90% de su superficie corresponde a este bioma.

La sociedad guayanesa se encuentra fuertemente dividida frente a su lugar como departamento de ultramar francés, y recientemente un polémico proyecto de minería de oro a cielo abierto, contribuye a profundizar el fraccionamiento social. En esta Guyana se tienen datos de extracción minera desde el siglo XIX, la cual se ha realizado, de manera exclusiva a pequeña escala y con técnicas artesanales, específicamente, minería de aluvión o barequeo. No es de extrañar pues que el proyecto suscite grandes preocupaciones para distintos sectores, en tanto se trata de técnicas y escalas hasta ahora jamás empleadas.

El proyecto en cuestión, denominado Montagne d’or (Montaña de oro), sería el primero de extracción minera a gran escala en la Guyana y se localizaría en pleno escudo guayanés, al Sur de Saint-Laurent-du-Maroni y a 180km de Cayena, la capital. Dicho emprendimiento es propiedad de un consorcio conformado por la sociedad rusa Nordgold y la canadiense Colombus Gold, quienes resaltan su adhesión a la iniciativa de minería responsable promulgada por el presidente francés, Emmanuel Macron; igualmente promocionan las obras por la creación de 750 empleos directos y 3000 empleos indirectos y porque, según los directivos del consorcio, un proyecto de esta envergadura contribuiría a reducir la minería aluvial realizada de forma ilegal.

Sin embargo, la mayor parte de habitantes de este país no se deja convencer con estas razones, ni con las casi 30 de toneladas de oro en reservas probadas (que pueden ascender a 85 toneladas) que de acuerdo a defensores del proyecto en Europa y en Guyana, reportarían significativos ingresos a este territorio; tampoco les tranquilizan las regulaciones europeas para actividades mineras. Como lo reconoce el presidente de la compañía minera, Pierre Paris, en declaraciones al diario La Croix “La situación es muy tensa. Es extremadamente difícil tener discusiones serenas y esto tiende a empeorar”.

Los opositores de este proyecto, hermanos y hermanas que defienden su territorio, denuncian la magnitud de los daños ambientales que tendría para dos Reservas Biológicas Integrales cercanas, y la posibilidad de contaminación de los ríos con cianuro, una sustancia, que a pesar de los intentos de algunos eurodiputados, no ha sido prohibida en los Estados miembro de la Unión Europea. Además, denuncian que estos riesgos ecológicos no se verán traducidos en los empleos mencionados en tanto los 750 puestos laborales no tienen en cuenta las capacidades locales o la formación; o en ganancias económicas para la Guyana, pues menos del 0,36% valor del oro declarado irá a parar a manos de los colectivos locales.

De acuerdo a información suministrada por la WWF, ⅔ de la población guayanesa rechaza el proyecto y no lo asocia a alternativas económicas y laborales estables y duraderas. Sin embargo, éste cuenta con el apoyo de influyentes personalidades, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron. La polémica se siente en las calles de Guyana, en Francia e incluso en el Parlamento Europeo, pero poco se ha conocido de este conflicto en los demás países que integramos la Panamazonía.

Por tal, como defensores y defensoras de la Amazonía, desde el Foro Social Panamazónico manifestamos nuestro rechazo a este proyecto que amenaza la Amazonía, nos solidarizamos con el pueblo guayanés en esta lucha y hacemos un llamado a fortalecer la unidad entre pueblos andino-amazónicos para poder enfrentar de forma mancomunada las amenazas a todas las formas de vida que se ciernen sobre nuestros territorios.

¡Por la vida, defendemos la Amazonía!

Fuente:http://censat.org/es/noticias/rechazamos-montana-de-oro-que-amenza-a-la-guyana-francesa

La minería en los fondos marinos provocaría un daño irreversible en los ecosistemas del mar profundo, señala un nuevo estudio sobre las propuestas de explotación minera del fondo marino en todo el mundo.

El mar profundo cubre casi la mitad de la superficie de la Tierra y alberga un enorme rango de especies. los investigadores de la Universidad de Exeter y Greenpeace dicen que la minería podría tener “consecuencias duraderas e inesperadas”, y no solo en los lugares de extracción sino también en áreas mucho mayores.

El estudio es el primero que ofrece una perspectiva global de todos los proyectos actuales de minería del suelo marino, tanto en aguas nacionales como internacionales y examina las consecuencias potenciales, incluida la destrucción física de los hábitats del suelo marino, la creación de enormes columnas submarinas de sedimentos y los efectos de la contaminación química, acústica y lumínica resultantes de estas operaciones.

Además, el coordinador de relaciones internacionales del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Carlos García Soto, durante la Asamblea General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) de la ONU en una reunión de Kingston, Jamaica, la semana pasada, afirmó que “la explotación minera submarina puede implicar la desaparición de ecosistemas marinos antes de que los cataloguemos”.

Esta organización busca un equilibrio internacional entre la “inminente” explotación minera generalizada por parte de diversas empresas y la protección medioambiental de los fondos marinos profundos.

Los costes medioambientales de esta actividad serían “importantes” puesto que el fondo marino es el hábitat más desconocido del planeta y las especies que viven a esas profundidades son altamente sensibles, con una tasa de recuperación muy lenta y a veces de imposible recuperación.

La creciente demanda de minerales y metales en todo el mundo, incluido en el uso de nuevas tecnologías, ha provocado un interés en la explotación del suelo marino.

Sin embargo, ambientalistas aseguran que estas operaciones arrasarían con especies desconocidas por el hombre. (I)

1% De luz llega al fondo marino
A más de 700 metros de profundidad el océano es como una especie de agujero negro en el que la presión es extraordinariamente alta

Fuente:https://www.eluniverso.com/vida/2018/08/05/nota/6890405/mineria-submarina-afectaria-especies-sensibles

Más de 1.500 personas se manifestaron ayer por la localidad salmantina de Villavieja de Yeltes, uno de los dos municipios donde está situado el yacimiento, en contra del proyecto de explotación de la mina, bajo el lema “Por unas fiestas patronales sin uranio”.

No a la mina, sí a la vida”, “menos minería, más ganadería” y “Berkeley minera, del campo charro fuera” figuraron entre los lemas coreados por los asistentes a la protesta, que portaron pancartas, entre ellas del Ayuntamiento, de Asaja, UPA, COAG y UCCL.

El alcalde de Villavieja, Jorge Rodríguez, explicó a Efe que el empeño del consistorio es que el proyecto minero se desactive y demostrar “a las autoridades que hay una concienciación contra el proyecto muy profunda”, pero de forma pacífica.

Los detractores del proyecto ha firmado un manifiesto en el que se declaran firmes defensores de la tierra heredada de los ancestros y que será un legado para sus descendientes.

Apoyos de los ciudadanos locales, según Berkeley

Por su parte, la empresa minera australiana ha asegurado hoy que cerca de 1.500 personas de las localidades de Retortillo (el otro municipio donde está ubicado el yacimiento), Villavieja de Yeltes, La Fuente de San Esteban y Ciudad Rodrigo han mostrado su apoyo al proyecto.

En un comunicado, la compañía ha indicado que “los ciudadanos locales se han posicionado a favor de la mina, destacando el impacto del proyecto en términos de empleo y considerándola la única alternativa para evitar la temida despoblación que afecta al área, ya que el proyecto permitiría a los jóvenes permanecer en la región”.

A juicio de Berkeley, el apoyo entre la comunidad local “es muy significativo”, ya que “toda la población de Retortillo y la mitad de los residentes permanentes de Villavieja han firmado a favor”.

La empresa dice que la oposición nada tiene que ver con el interés local

Francisco Bellón vicepresidente de Berkeley Minera, ha señalado que las firmas de las ciudades y pueblos cercanos aún están llegando y se espera que la cifra siga aumentando, “ya que cada vez más gente está expresando su apoyo a la mina, haciendo bien patente que la oposición nada tiene que ver con el interés local, y nada ofrece como alternativa para desarrollar la comarca”.

250 millones de inversión y 2.500 puestos de trabajo

Según ha indicado la empresa, el proyecto de explotación de la mina de uranio de Retortillo supondrá una inversión de 250 millones de euros y la creación de 2.500 empleos directos e indirectos.

La compañía ha recibido más de 23.000 solicitudes de empleo y espera cubrir hasta 400 vacantes, entre titulados superiores y de grado medio (ingenieros/as de minas, industriales, informáticos, geólogos físicos y químicos) y técnicos y operarios de maquinaria minera.

Fuente:https://www.efeempresas.com/noticia/apoyos-y-rechazos-de-la-poblacion-local-la-mina-de-berkeley-en-salamanca/

La Comisión Europea lanzó su iniciativa para fomentar “el liderazgo mundial de la UE en el ámbito de los vehículos limpios”. El desafío es doble: por un lado, lograr posicionar la industria automovilística europea a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico necesario; por otro, reducir nuestras emisiones de CO² en un 40% de aquí a 2030, que es el compromiso adoptado en el Acuerdo de París.

En este sentido, la piedra angular del nuevo paradigma de la “movilidad limpia” son los denominados “coches híbridos o eléctricos” que, poco a poco, van haciéndose con una cuota de mercado cada vez mayor. En España, por ejemplo, los coches híbridos y eléctricos suponen sólo el 0,69% del mercado, pero, en los últimos dos años, las matriculacionesse han duplicado (de 6.180 vehículos en 2016 a 13.021 en 2017). De hecho, el Gobierno ya está buscando la manera de incentivar su compra. Y no es el único. Se trata de una tendencia global, incluso en aquellos países donde su arraigo es mayor.

En esa línea, Inglaterra y Francia han anunciado recientemente su intención de prohibir la venta de automóviles diésel y gasolina a partir de 2040. Las grandes ciudades europeas como Londres, Roma, Barcelona o Madrid están implantando medidas similares para reducir la contaminación de los tubos de escape: desde zonas de acceso limitado para ciertos vehículos a motor hasta prohibiciones de estacionamiento, pasando por restricciones de velocidad.

Todos estos incentivos públicos contribuirán, sin duda, a incrementar la demanda de coches eléctricos en los próximos años. No obstante, nada de esto sería posible sin las innovaciones técnicas que han visto la luz en la última década, las cuales han posibilitado la creación de una nueva generación de baterías de litio. Sus costes de fabricación siguen siendo más elevados que el de las baterías de plomo-ácido que emplean los coches convencionales. Sin embargo, ofrecen cada vez mayor autonomía y mejores prestaciones, al tiempo que reducen significativamente la contaminación y sus efectos nocivos sobre la salud y el medioambiente.

Es evidente que todo ello es positivo. Pero no deberíamos perder de vista que, como todo desarrollo científico-técnico, el horizonte de posibilidades que nos abre es ambivalente. Si algo nos enseñó la sociología del difunto Ulrich Beck es que la voluntad de combatir los problemas de la sociedad industrial ha terminado generando nuevas problemáticas (como el cambio climático) que cuestionan las certezas del pasado y, en consecuencia, nuestra capacidad para resolver los desafíos del presente, sumiéndonos en la incertidumbre. La diferencia con otras épocas anteriores es, como diría el sociólogo alemán, que cada vez somos más conscientes de los riesgos que entraña cada nueva innovación técnica y eso nos obliga a considerar sus consecuencias antes -y después- de que se produzcan.

Desde este punto de vista, la expansión del coche eléctrico debería plantearnos interrogantes más allá de su desarrollo tecnológico o los incentivos comerciales que requiere. Es necesario considerar también sus impactos sociales y medioambientales. Estos últimos llevan tiempo sobre la mesa, pero apenas hemos oído acerca de los primeros, y a día de hoy son pocas las reflexiones que sobre las consecuencias que va a tener la “movilidad limpia” en los mercados de materias primas.

Las baterías de litio, por ejemplo, llevan en su composición entre un 40% y un 15% de cobalto, dependiendo del modelo. Las que impulsan los coches eléctricos emplean en su fabricación unos 26 kilos de este mineral. Así pues, entre 2016 y 2018, el precio del cobalto por tonelada métrica se ha cuadruplicado, y su evolución nos muestra que los picos más altos se alcanzan a medida en que las diferentes compañías automovilísticas (Tesla, BMW, Volvo) han ido anunciando sus nuevos modelos híbridos o eléctricos. Las estimaciones más conservadoras hablan de una demanda global que se va a quintuplicar de aquí a 2030 y hay quien duda de que las reservas mundiales puedan satisfacerla.

Más allá del quebradero de cabeza que plantea el encaje entre la oferta y la demanda, no deberíamos perder de vista otro tipo de problemas. El azar geográfico ha querido que las principales reservas de cobalto (dos tercios de la producción mundial, para ser exactos) se concentren en la República Democrática del Congo (RDC). El año pasado dicho país exportó alrededor de 64.000 toneladas métricas, una cifra muy superior al segundo importador más importante, Rusia, que se quedó en 5.600 toneladas métricas. Todo indica a que el “boom” del cobalto podría convertirse en una inmensa fuente de riqueza para el país y en un potencial motor para su desarrollo.

Se trataría de una buena noticia de no ser porque el país africano es uno de los países más afectados por eso que los economistas han denominado como la “maldición de los recursos”. La correlación entre recursos naturales y alta conflictividad es evidente en la RDC, y de hecho, a la “Segunda Guerra del Congo” que asolo el país entre 1997 y 2003 se la conoce como la “Guerra del Coltán” por la importancia que desempeño dicho mineral. Aunque, como suele suceder, la correlación no implica causalidad entre ambas cosas (pues en los conflictos inciden otros factores de tipo histórico, sociopolítico o cultural), lo cierto es que estas materias primas son una importante fuente de ingresos para el crimen organizado y las partes en conflicto. En consecuencia, si bien no son la causa que desata la violencia, sí podría decirse que son el combustible que los prolonga en el tiempo. Una idea que sirve para entender no sólo las dinámicas de conflicto en la RDC, sino también las que suceden en algunas zonas de Colombia, Venezuela, República Centroafricana o Birmania, por citar algunos casos conocidos.

La Unión Europea es consciente de este problema y, por ello, aprobó el año pasado un reglamento para regular el comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto y promover prácticas de suministro responsable entre las empresas. Desafortunadamente, es un reglamento que presenta limitaciones importantes; la principal de ellas es que cubrirá únicamente a los importadores directos de los denominados 3TG (estaño, tantalio, wolframio y oro). No afectará a las empresas que importen productos manufacturados con estos minerales y, por otra parte, estos cuatro no son los únicos minerales asociados a conflictos.

El cobalto, por ejemplo, también ha sido vinculado a casos de explotación infantil. Por lo tanto, las empresas que emplean este mineral, si bien no tienen obligación legal de cumplir con las directrices OCDE de diligencia debida, sí tienen la obligación moral de hacerlo. Como suele decirse, lo que hoy es “soft law” mañana se convertirá en “hard law” (aunque eso es un tema que daría para otro “post”).

Fuente:http://www.remamx.org/2018/08/la-voluntad-de-combatir-los-problemas-de-la-sociedad-industrial-ha-terminado-generando-nuevas-problematicas/

La junior de Avalon Advanced Materials, que cotiza en TSX, ha esbozado una nueva evaluación económica preliminar (PEA) para su proyecto de litio Separation Rapids, lo que simplifica el proyecto basado en Kenora, Ontario, para producir inicialmente concentrados de mineral de litio, con el potencial de una posterior expansión para producir materiales de batería, carbonato de litio e hidróxido de litio.

El modelo de desarrollo de menor escala “sustancialmente” redujo los requisitos de gasto de capital (capex) del modelo original completado en septiembre de 2016,la compañía dijo en un comunicado de prensa, y agregó que la PEA completa sería publicada en línea en las próximas semanas.

El PEA actualizado utiliza una tasa de rendimiento de planta de 475 000 t / año, en comparación con la tasa de 950 000 t / año utilizada en el PEA de 2016. Esto dará como resultado una vida útil de 20 años, basada en los recursos minerales conocidos actuales, con una producción de 71 500 t / año de concentrado de pétalos y 11 800 t / año de concentrado de lepidolita durante 18,5 años. Del año seis al 20, el proyecto comenzará a producir 100 000 t / año de feldespato.

El requerimiento inicial de inversión es de C $ 77.7 millones, con otros C $ 13.7 millones previstos para el circuito de feldespato.

Se espera que el proyecto genere un promedio de C $ 90 millones anuales en ingresos y los costos se estiman en C $ 60 millones, lo que resulta en un valor presente neto antes de impuestos, con un descuento del 8%, de C $ 156 millones y un pre tasa interna de retorno del impuesto del 27.1%.

Avalon dijo esta semana que creía que el pétalo de Separation Rapids sería ideal para muchas aplicaciones que ahora tenían que competir por el suministro de litio con la industria de baterías recargables.

La compañía llamaría a su producto “súper pétalo” y dijo que había atraído un considerable interés de los consumidores de la industria del vidrio y la cerámica.

Fuente:https://mineriaenlinea.com/2018/08/avalon-planea-un-proyecto-de-litio-a-pequena-escala-en-ontario/

A medida que la nueva carrera espacial se acelera, muchos ejecutivos de empresas tecnológicas han vendido Marte como el destino de la humanidad fuera de la Tierra.

Pero quizá están mirando demasiado lejos. Nuestra oportunidad más inmediata de vivir fuera del planeta está mucho más cerca, siguiendo un camino que probablemente será abierto por compañías mucho menos conocidas.

Construir colonias en la Luna nos «proveerá de un punto de partida para Marte», dice un científico de la NASA.

Es muy probable que los hombres y las mujeres que fundarán estos asentamientos lunares serán empleados de pequeñas compañías mineras, no multimillonarios del sector tecnológico.

Muchas de estas empresas están vinculadas con una pequeña nación de la Unión Europea: el Gran Ducado de Luxemburgo.

Sorprendentemente, la NASA cree que esas colonias lunares podrían establecerse durante los próximos cuatro años.

Takeshi Hakamada es uno de los que están empeñados en lograr un retorno al lugar donde la humanidad colocó un pie.

Esta vez, sin embargo, hay un sueño mucho más comercial de por medio: explorar los minerales valiosos y los recursos gaseosos de la Luna, así como sus fuentes de agua, capaces de sostener la vida allí.

Hakamada es el director de ispace, una compañía privada de exploración espacial con sede en Tokio, la cual también tiene oficinas en Luxemburgo. Planea completar una órbita lunar en 2020 y, entonces, intentar un aterrizaje en 2021.

«Nuestras dos primeras misiones servirán como una demostración de nuestra tecnología. A partir de allí, comenzaremos a establecer un servicio de transporte de alta frecuencia para llevar las cargas de los clientes a la Luna«, señala.

«Si hallamos fuentes de agua en la Luna, podemos desarrollar una nueva industria de recursos (minerales) en el espacio», agrega.

El hallazgo de una cuenca de agua congelada sería algo monumental, pues permitiría a los humanos permanecer fuera de la Tierra por periodos más largos.

Un puñado de competidores

Hakamada no está ni remotamente solo en sus ambiciones cósmicas.

En la actualidad hay 10 empresas de minería espacial (incluyendo a ispace) domiciliadas legalmente en Luxemburgo desde la puesta en vigor en ese país de la ley de recursos espaciales en febrero 2016. Esto se vio impulsado por un fondo valorado en US$223 millones.

Para estas empresas espaciales, la Luna es uno de los objetivos primarios a considerar. Los emprendimientos comerciales también han puesto sus ojos en asteroides próximos a la Tierra para explorar sus recursos metálicos.

Entre la Luna y, aproximadamente, unos 16.000 asteroides cercanos los recursos disponibles podrían ser suficientes para crear al primer billonario del mundo, según han dicho algunos expertos, incluyendo al reconocido astrofísico Neil deGrasse Tyson.

La actual carrera espacial se aceleró después de que Luxemburgo aprobó su ley en 2016. Esto lo convirtió en el segundo país después de Estados Unidos en crear un marco legal extenso para la exploración de recursos minerales más allá de nuestro planeta.

«Desde febrero de 2016, hemos interactuado con casi 200 compañías que nos han contactado», señaló Paul Zenners, un representante del Ministerio de Economía de Luxemburgo a cargo del cual está la iniciativa gubernamental SpaceResources.lu.

El marco legal creado por Luxemburgo tiene diferencias importantes con el de Estados Unidos. Este último exige que las empresas tengan más de 50% de capital respaldado en ese país, mientras que el primero no prevé esa limitación.

El rico Gran Ducado, que aparece como el país más rico del mundo en términos per cápita según el FMI, también es acusado por algunos de funcionar como un paraíso fiscal. Ofrece una variedad de incentivos y beneficios impositivos, incluyendo unas tasas extremadamente bajas para la repatriación de capitales.

La entrada de Luxemburgo en 2016 en la carrera por los recursos espaciales tuvo el efecto de atraer a grandes empresas estadounidenses a ese sector, incluyendo Deep Space Industries y Planetary Resources, esta última es una compañía estadounidense que cuenta con el respaldo de sir Richard Branson y del cofundador de Google Larry Page.

Planetary Resources, una de las primeras empresas en el sector de la minería espacial, vendió una participación por unos US$28 millones al Gran Ducado. El monto exacto nunca ha sido revelado pero la directiva de la empresa reconoce que Luxemburgo es uno de sus principales inversores.

La Ley de Recursos Espaciales de Luxemburgo abrió las compuertas a un gran flujo de inversiones al punto que el ministerio de Economía ahora afirma que la industria espacial representa un 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país, el mayor porcentaje dentro de la Unión Europea.

Ambigüedad

Pese a las inversiones, la minería espacial es una industria que también resalta la existencia de ambiguos obstáculos legales.

«No está claro si la ley internacional del espacio permite que un país otorgue derechos de propiedad para la extracción de recursos naturales en el espacio», señala un estudio realizado por la firma de abogados Allen and Overy, con sede en Luxemburgo.

Luego de que Estados Unidos aprobó la primera ley de minería espacial en 2015, Rusia fue uno de los países que se opuso públicamente.

Para entender la ambigüedad del espacio, hay que remitirse al Tratado sobre el Espacio Exterior (OST, por sus siglas en inglés), aprobado en 1967, un acuerdo de la era de la Guerra Fría que prohíbe la apropiación nacional de los cuerpos celestes. En esencia, el espacio es tratado como un terreno común, de manera similar a la Antártica.

El desarrollo militar en el espacio es limitado de forma extrema por el OST, que fue firmado por 105 países.

Para poner a andar la reciente propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de crear una Fuerza Espacial, Washington tendría que retirarse de este acuerdo, algo que aislaría aún más a su país.

Pero el OST, de forma notable, evade cualquier referencia a la propiedad de los recursos, una omisión que Estados Unidos y Luxemburgo han decidido definir. Es poco probable que ellos sean los únicos.

Los Emiratos Árabes Unidos recientemente firmaron un acuerdo para aprender sobre la sutileza legal de la que se está valiendo Luxemburgo.

«La ley de Luxemburgo sobre la exploración y el uso de los recursos del espacio se ocupa de esta (omisión) y ofrece claridad a nivel nacional, como un primer paso para permitir actividades relacionadas con los recursos espaciales», afirma Zenners.

«La legislación de Luxemburgo no tiene el objetivo, propósito o efecto de preparar el camino para ninguna apropiación nacional de los cuerpos celestes. Solamente la propiedad de recursos espaciales en este marco legal, el cual también sienta las bases de las regulaciones para la autorización y la supervisión de las misiones», agrega.

El pequeño tamaño de Luxemburgo puede ayudarle a tomar la delantera en esta nueva fiebre del oro por los recursos del espacio.

«Junto a Estados Unidos, Luxemburgo ha demostrado ser un país de avanzada y su éxito habilitará a las compañías privadas para ejecutar misiones en el espacio exterior profundo«, afirma Bill Miller, director de Deep Space Industries, una compañía estadounidense que estableció en Luxemburgo sus oficinas centrales en Europa.

Es probable que este debate no alcance su punto álgido aún, pues las compañías de minería espacial tienen el hábito de promover calendarios de lanzamiento demasiado ambiciosos. Pero si los beneficios comienzan a aparecer un día en el futuro próximo, resulta prudente apostar por que Luxemburgo estará allí presente en algún lugar en la foto de los ganadores.

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Fuente:https://www.msn.com/es-cl/noticias/mundo/el-peque%C3%B1o-pa%C3%ADs-que-lidera-la-nueva-carrera-por-la-miner%C3%ADa-espacial/ar-BBM2f9L?li=AA520w

Los vecinos de Salamanca convoca a una nueva concentración para expresar su oposición a la explotación de la mayor mina de uranio de toda Europa, a sólo 2,5 km del pueblo de Retortillo. La plataforma ciudadana Stop Uranio expresa: “en Salamanca nos jugamos nuestro futuro en los próximos meses, salvaguardarnos pasa por no permitir la apertura de minas de uranio en nuestra provincia, por ello pedimos un apoyo masivo a la concentración convocada para el sábado 18 de agosto en la capital, La Fuente de San Esteban.”

En la comarca del campo charro (que abarca los municipios de Castilla y León, en la provincia de Salamanca – España), una empresa australiana está trabajando para abrir en el corazón de la dehesa ibérica la mayor mina de uranio de toda Europa. La mina a cielo abierto, situada a tan sólo 2,5 kilómetros del pueblo de Retortillo, destruirá un entorno natural de extraordinaria riqueza, protegido por la Red Natura 2000 y hábitat de especies en peligro como el águila real o la cigüeña negra. La empresa ha condenado a muerte a miles de encinas centenarias, cuidadas durante generaciones por la gente local.

Cada día se incrementa el número de personas sensibilizadas con lo que supone la minería de uranio, se trata de personas que cuestionan el tipo de desarrollo que se está ofreciendo a la región, y que piensan que la verdadera garantía de futuro para su tierra esta en preservarla libre de residuos tóxicos.

En nota de prensa, la plataforma ciudadana Stop Uranio, declara “el futuro no puede depender de la explotación de un mineral que conlleva riesgos radiológicos para la población que habita en la zona”

Este año, por cuarta vez consecutiva, convocan una concentración, seguida de una manifestación, para hacer visible la oposición ciudadana a los proyectos de la empresa mineria Berkeley.

“Este año es crucial  para que no nos abran las proyectadas minas de uranio en la comarca, ya que Berkeley Minera ha salido a bolsa”, y declara que “una de las garantías de sus acciones, es tener el apoyo de la ciudadanía”.  Desde la Plataforma piden a la ciudadania, que salga a la calle para mostrar su oposición mayoritaria a los proyectos mineros de la multinacional australiana.

Afortunadamente, algunos alcaldes de la zona trabajan para conseguir que no avancen los proyectos mineros en la comarca. El apoyo institucional en estos casos, es fundamental en la esta lucha desigual. La estrategia de la multinacional, es la habitual, usan los salarios para tejer una red clientelar que va generando una fractura social en la comunidad. Tensionando la convivencia, enfrentando a las familias y a las amistades, rompiendo los vínculos que deberían servir para salvaguardar el Bien Común.

Las autoridades locales, regionales y nacionales tienen que ser conscientes de lo que esto supone para la supervivencia del mundo rural.

El nuevo Gobierno de España debe tomar una decisión sobre la construcción de la planta de tratamiento de Retortillo y confiamos que sea en sentido de no permitir esa instalación radiactiva al lado de nuestras casas. Si finalmente se decide no autorizar esa planta, Berkeley tendrá que renunciar a sus proyectos mineros dado que sin el proceso de concentración el uranio no se puede comercializar.

“Tenemos que ser conscientes en Salamanca que en los próximos meses nos jugamos nuestro futuro, que pasa por no permitir la apertura de minas de uranio en nuestra provincia, por ello pedimos un apoyo masivo a la concentración convocada para el sábado 18 de agosto a las 13 horas en la capital, La Fuente de San Esteban”.

Fuente:https://noalamina.org/mundo/europa/item/41821-el-uranio-en-salamanca-no-tiene-licencia-social

El feldespato potásico es un mineral industrial que otorga un nuevo papel a las sierras y valles abulenses en la economía global, y es el de proveedores de una materia prima cuyo primer destino es la industria del vidrio y la cerámica, concentrada en la Comunidad Valenciana, cuyos productos son mayoritariamente exportados a países como Francia, Arabia Saudí, Reino Unido, Estados Unidos y Argelia.

En el mercado mundial de la industria cerámica España ocupa un lugar importante en el ranking de los países productores, cuarto a nivel mundial, y de países exportadores, primero a nivel europeo y segundo a nivel mundial. La facturación media anual de la industria cerámica asciende a 3.500 millones de euros y proporciona empleo directo a 15.500 trabajadores e indirecto a 7.000.

Sin embargo, la participación de los territorios en esa cadena de valor global de la industria cerámica, en términos de creación de puestos de trabajo y las rentas del trabajo y del capital que generan, no es la misma en los territorios que están en el eslabón inicial de la cadena, que los que están al final. Tampoco los impactos ambientales, en la salud y en la economía local son los mismos en unos territorios que en otros.

De los datos que disponemos de la Estadística Minera de España y de los estudios del feldespato realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Ministerio de Industria y Energía, podemos anticipar la siguiente radiografía económica de este mineral industrial cuyo destino principal es la industria cerámica. Los datos nos hablan de un escaso impacto en la creación de empleo, 114 puestos de trabajo a nivel nacional.

Un mineral que ha registrado, en el periodo 2005-2014, una disminución paulatina tanto en el empleo generado como en su producción, con disminuciones del 35% y del 37% respectivamente, si bien es verdad que dicho periodo coincide con la crisis de la construcción. El feldespato presenta una alta concentración de la producción y del empleo generado en pocas explotaciones mineras, pues dos explotaciones segovianas, de las seis existentes a nivel nacional, concentran el 79% de la producción y un 69% del empleo generado. A lo anterior hay que añadir, que dichas explotaciones castellano-leonesas cuentan con importantes reservas de feldespato de gran calidad y de fácil extracción, pues lo hace a través del tratamiento de arenas eólicas feldespáticas, es decir, sin el empleo de explosivos.

El precio del feldespato se ha mantenido inalterado en el periodo 2011-2014, según los datos publicados por Industrial Minerals. Ambos factores, el bajo riesgo de oferta y la baja importancia económica, hace que el feldespato no sea considerado un mineral estratégico por la Unión Europea. Por último, añadir que buena parte del feldespato que necesita la industria cerámica española, lo importa de Italia y Turquía, a través del puerto de Castellón.

Alegaciones a las minas

Desde el punto de vista de los impactos en la salud, en el medioambiente y en la economía local, la actividad extractiva del feldespato, en el caso de los expedientes mineros Leito 1122, Riofrío 1146, Sonsoles 1138 y Villatoro 1143, han dado lugar a numerosas alegaciones y recursos de alzada presentados por la población local, que se encuentran a la espera de ser contestados. Los impactos recogidos en las alegaciones presentadas se refieren a la disponibilidad y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación acústica resultado del empleo de explosivos en la extracción del minera, impacto en el paisaje y pérdida de biodiversidad en una zonas geográficas con importante presencia de Red Natura 2000, impacto en la salud por la emisión de gas radón e impactos en actividades económicas tradicionales como la ganadería y de nueva implantación, como el turismo rural, dentro de un sector estratégico a nivel nacional, como es el sector turístico, a lo que habría que añadir expropiaciones de tierras de uso agrícola y ganadero.

El efecto de acumulación de los impactos de los proyectos mineros, resultado de la cercanía geográfica de los mismos, pues se localizan todos en un radio de 40 km y afectan a un total de 6.000 has, debería dar lugar a una evaluación del impacto ambiental de carácter estratégico en la Zona Ávila Centro, que permitiría determinar el nivel de impacto de la minería a cielo abierto en sectores económicos con un importante peso en la generación de empleo, también determinar cómo afectaría al 20% del territorio que está dentro de la Red Natura 2000.
También evitaría un agravio comparativo de carácter territorial en la resolución de los expedientes mineros, pues uno de ellos, Leito 1122, ha sido denegado, en tanto que los otros tres expedientes, el de Riofrío 1146, Sonsoles 1138 y Villatoro 1143, se encuentran en tramitación. De no resolverse los expedientes en el mismo sentido, podría dar lugar a un recrudecimiento del conflicto socioambiental.

A modo de primera idea para el debate y la reflexión, si una de las características de la economía global es que los centros de extracción de las materias primas se encuentran alejados de los centros de transformación, producción y consumo, también ello genera un reparto desigual de los beneficios económicos y de los costes ambientales en los territorios implicados a lo largo de la cadena de valor, llevándose la peor parte los territorios situados en los eslabones iniciales de la actividad económica.

En este reparto de los costes y beneficios el medio rural vuelve a llevarse la peor parte, y es que al colapso de las economías locales rurales, resultado de una emigración pertinaz de la población en edad laboral por falta de oportunidades laborales, se le une el hecho de que el 60% de los conflictos socioambientales registrados en España por el Atlas de Justicia Ambiental, elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona, tienen lugar en el medio rural, al igual que los expedientes mineros ubicados en las sierra y valles abulenses.

El expediente Leito 1122, se localizada en la Sierra de Ávila, el de Riofrío 1146, en el Valle del Ambles y el de Sonsoles 1138 y Villatoro 1143, en el Valle del Corneja. Los datos de población de las tres unidades geográficas son demoledores, en los últimos diez años han perdido un 10% de la población, el caso del Valle del Ambles, y un 20% en el caso de la Sierra de Ávila y el Valle del Corneja. Los datos que relacionan extensión territorial y población, sitúan estas Comarcas en la desertización poblacional con densidades de población entre cuatro y nueve habitantes por kilómetro cuadrado. La distribución de la población por tamaño de municipios nos habla de que una buena parte de la población, entre un 70% y un 60%, vive en municipios de menos de 100 habitantes y municipios de entre 100 y 500 habitantes, con escasas perspectivas de regeneración demográfica y alto riesgo de desaparición.

Territorio con problemas

Como resultado, una altas tasas de envejecimiento y sobre envejecimiento, que duplican y cuadruplican la media autonómica y estatal, que darían lugar a nuevas necesidades de prestación de servicios sociales y sanitarios que no se cubren de manera adecuada por la dificultad que entraña su prestación a una población escasa y dispersa. Un territorio con graves problemas de articulación territorial, en los que las vías de comunicación no representan ejes de desarrollo, sino vías de huida del territorio Por ejemplo, los municipios más poblados del Valle del Corneja, que podrían ejercer de municipios tractores a nivel comarcal, superan con creces la tasa de paro media de Castilla y León, llegándola incluso a duplicar como es el caso de Santa María del Berrocal. En tanto que la renta bruta per cápita de municipios de los que hay datos disponibles, como Piedrahíta o Barco de Ávila, es un 30% inferior a la renta media de España. Podemos asegurar, que los Valles y Sierras abulenses sufren una fuerte exclusión territorial, social, económica y política, que da lugar a un aislamiento y una invisibilidad de su población.

Sin embargo, esa población excluida, aislada e invisible, vive sobre territorios que son ricos en recursos naturales estratégicos para abastecer las necesidades de la población mundial del siglo XXI, que está experimentando un crecimiento exponencial. Nos referimos al recurso agua, conocido como el oro azul, a la rica biodiversidad que encierran sus montañas, a los recursos forestales y su importante papel en la mitigación del cambio climático, a sus extensas superficies agrarias y de dehesa claves para el reto inmediato de la seguridad y soberanía alimentaria de la población mundial. Algunos datos, el 21% de la población del Valle del Corneja vive en municipios de menos de 100 habitantes, municipios que ocupan casi el 50% del Valle del Corneja, es decir, 262 km2, un extenso territorio que cuenta tan solo con un 7% de su territorio con alguna figura de protección ambiental tipo Red Natura 2000.

Una segunda reflexión para el debate, es si estas zonas escasamente pobladas y con baja densidad de población, también denominadas zonas rurales remotas, frágiles o desfavorecidas, deben ser territorios sacrificados, en favor de la economía global, y sus recursos, considerados como materias primas de la cadena de valor global, o deben considerarse zonas estratégicas en las que se asegure una nivel de población local suficiente que garantice la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas como bienes públicos.
Esta cuestión que acabamos de plantear, se encuentra en el ámbito de las decisiones políticas, sin embargo la población local, a través de las asociaciones y plataformas ciudadanas constituidas en el Valle del Ambles, Sierra de Ávila y Valle del Corneja, ha decidido tomar parte activa en esta decisión y no dejarlo en manos de políticos y economistas, pero eso es objeto de otro artículo.

Fuente:https://avilared.com/not/34744/mineria-a-cielo-abierto-en-avila-el-nuevo-gran-juego-por-los-recursos-naturales