El gobierno también tiene como objetivo reducir el uso de mercurio en la manufactura en niveles a la mitad de la corriente para 2030 y reducir las emisiones de mercurio en el sector energético en un 33,2 por ciento al mismo tiempo.
Indonesia dijo el martes que estaba intensificando sus esfuerzos para eliminar el uso del mercurio metálico tóxico en sectores como la minería, la salud y la manufactura.
El gobierno dijo en un comunicado que una regulación presidencial emitida a fines del mes pasado apuntaba a erradicar el uso de mercurio en la minería de oro en pequeña escala para 2025 y en el sector de la salud para 2020.
El gobierno también tiene como objetivo reducir el uso de mercurio en la manufactura en niveles a la mitad de la corriente para 2030 y reducir las emisiones de mercurio en el sector energético en un 33,2 por ciento al mismo tiempo.
«Considerando que el mercurio es un material peligroso y tóxico que es resistente a la descomposición y se puede acumular en el organismo vivo, el gobierno considera la necesidad de regular su uso para evitar cualquier impacto negativo en la salud y el medio ambiente», dijo el gobierno en el comunicado.
Como parte de este impulso, planea una mayor coordinación entre las agencias gubernamentales para mejorar el monitoreo del comercio de mercurio y la supervisión de la minería. También quiere impulsar la educación para empresas y comunidades sobre los peligros del mercurio.
El uso de mercurio en la minería ya está oficialmente prohibido en Indonesia, pero los mineros en pequeña escala todavía lo utilizan ampliamente para extraer pequeñas piezas de oro.
Según el Ministerio de Medio Ambiente del país, hay al menos 2.500 operaciones mineras de oro en pequeña escala activas en Indonesia.
El ministerio lanzó en marzo un programa con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para reducir el uso de mercurio en seis comunidades mineras.
El mercurio también se puede encontrar en productos para el hogar como ciertos tipos de bombillas y cosméticos. En el sector de la salud, a menudo se encuentra en termómetros y empastes dentales.
Captura de nuevos mercados, internacionalización, innovación, competitividad, atracción de inversiones. Este es el mantra que repiten empresas e instituciones como receta compartida para enfrentar la crisis actual. Cuanto mejor le vaya a «nuestras empresas», cuanto más implantadas estén a escala global, más resilientes serán y mejor nos irá a todos y todas, vía recuperación de la inversión y el empleo.
El conjunto de políticas se pone al servicio de este relato: generar territorios atractivos para invertir, por un lado, hacer causa común con las empresas en su esfuerzo de internacionalización, por el otro, se convierten en las grandes prioridades.
Cueste lo que cueste, se encumbra al poder corporativo al estatus de protagonista principal, no solo en el ámbito económico, sino también en el político y en el cultural. La competencia, de este modo, se extrema, tratando de hacerse con un trozo de la tarta de un crecimiento económico menguante, así como con los recursos físicos necesarios para operar, en un contexto de cambio climático y de agotamiento de fuentes de energía y materiales.
No obstante, este relato no cuadra. No hay ninguna evidencia de que la manida «teoría del derrame» sea cierta, y que por tanto las ganancias empresariales se trasladen en última instancia a las mayorías sociales. Al contrario, tras décadas de aplicación de este mantra, asistimos a una agudización de las desigualdades, así como a un menor peso de la masa salarial respecto a los beneficios corporativos –a lo que habría que sumar la mayor precarización e invisibilización de los trabajos de cuidado–. A su vez, el énfasis en el crecimiento, la privatización y los mercados globales frente a cualquier otra consideración, acelera un más que evidente desmantelamiento público y democrático, nos condena a un panorama de guerra económica, y nos sitúa ante un colapso ecológico sin precedentes.
Los megaproyectos, esto es, los grandes proyectos destinados fundamentalmente a los mercados globales –no a las necesidades de la población donde se desarrollan–, se han convertido en una de las principales herramientas de este funesto mantra de la internacionalización. Monocultivos agroindustriales, desiertos verdes, minería a cielo abierto, acaparamiento de tierras, puertos, canales, fracking, incineradoras, licitaciones petroleras y gasísticas, infraestructuras, plantas de distribución y logística, etc., son, de este modo, seña de identidad del capitalismo actual. Una identidad que se extiende a lo largo y ancho del mundo, en el Sur y en el Norte Global, por supuesto también en Euskal Herria. Ningún lugar escapa a un fenómeno sistemáticamente denunciado por impactos laborales, ecológicos y económicos negativos, así como por su vínculo con lógicas de corrupción e incluso violencia.
La ofensiva capitalista global y la internacionalización empresarial toman tierra por tanto en los territorios vía megaproyectos, donde se dirime el carácter público/comunitario o corporativo de la alimentación y la agricultura, los bienes naturales, el urbanismo, los servicios, la compra pública, etc.
Una cuestión estratégica, por tanto, que abordaremos en las jornadas “Internacionalización empresarial, megaproyectos y resistencias populares”, que celebraremos en Bilbo los próximos 7 y 8 de noviembre. Activistas y académicas de Colombia, Perú, México, Brasil, Estado español y Euskal Herria debatiremos sobre cómo enfrentar los megaproyectos, cómo entender sus patrones de actuación para, finalmente, afinar las agendas populares para resistir a los mismos.
Porque, aquí y allá, otro mundo es posible, y en el mismo los megaproyectos no tienen razón de ser.
Autor: José Herrera y Salvador López Arnal – Rebelión / No a la Mina.org
La unión, el esfuerzo y la perseverancia de la lucha de los mineros de uranio de Portugal llevada a cabo desde hace décadas, logró alcanzar muchas de sus metas mediante al asociacionismo. La creación de la Asociación de Trabajadores en Minería de Uranio (ATMU) fue en 2010, pero previamente formaron una comisión que tuvo como objetivos: 1) Abogar por la recuperación ambiental de las 66 minas abandonadas, 2) Defender el derecho de jubilación de todos los ex trabajadores jubilados, 3) Defender el derecho a los exámenes médicos de todos los ex trabajadores, teniendo en cuenta la contaminación radiológica y 4) Compensación a familiares de ex trabajadores con cáncer. En esta lucha sin fin, ATMU planifica a largo plazo renovando sus órganos de gobierno con los hijos de los antiguos mineros.
Unión, esfuerzo y perseverancia. Es la vieja fórmula de lucha por los derechos de las personas y de los trabajadores más concretamente. La única que funciona y la misma que han seguido desde hace décadas los mineros de uranio de Portugal para la consecución de muchas de sus metas. Pero, en ocasiones, para no ir a la deriva y reconducir las estrategias también es preciso una eficaz labor de liderazgo.
El antiguo trabajador de las minas, hoy director y líder de ATMU, Antonio Minhoto nos explica que en 1913, abre la primera mina de uranio en Urgeiriça, con capitales franceses. Sin embargo, la exploración que sería de gran importancia, incluso frente a la importancia de las Guerras, fue la del radio . Las minas de Urgeiriça (distrito de Viseu), ubicadas en la región central de Portugal, fueron una de las primeras en explotarse en el mundo. Sus rocas del paleozoico (540 millones de años) de tipo granítico albergan varios minerales, como uraninita, además de derivados del fósforo, arsénico y otros metales pesados. Aunque no fue la primera. El proceso de la minería en Portugal con respecto al uranio comenzó en 1910 en el distrito de Guarda, más específicamente en el municipio de Sabugal, donde se exploraron varias minas. Esta situación llevó a Madame Curie a comenzar a relacionarse con el mineral de uranio, afirma Minhoto.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, se deja de explotar el radio y comienza con el uranio en 1959 hasta 1962, cuando el Estado portugués cancela el contrato con los ingleses. Desde 1962 hasta 1999, es el Estado portugués quien explota las 66 minas de uranio en Portugal .
Las empresas mineras, privadas o públicas, no adoptaron ninguna medida de protección o remediación ambiental, dejando a los mineros y al resto de los vecinos un pasivo ambiental que les condicionaría durante mucho tiempo. Hasta inicios de este nuevo milenio, en que fueron cerradas, se han vendido concentrados de uranio a muchos países para sus programas duales (civil y militar).
Durante más de ocho décadas los trabajadores portugueses de las minas han desarrollado una labor que algunos han definido como trabalho ruim. Una de las estrategias fue mantener en la ignorancia a los trabajadores de las consecuencias de su trabajo para su salud, además del elevado riesgo de silicosis por el predominio de dióxido de silicio (cuarzo), tan abundante en las rocas graníticas. Minhoto afirma al respecto: en cuanto a las medidas de protección, solo comenzaron a aplicarse, esencialmente, a partir de 1962, pero específicamente a partir de 1974, con la revolución del 25 de abril. Los trabajadores siempre han luchado por sus derechos, a través de su Comisión de Trabajadores, que para ese propósito ya organizó sus Cuadernos Reivindicativos, por lo que las compañías mineras en Portugal gozaban de los mejores derechos.
Muchas de las casas de los mineros fueron construidas con los minerales de la mina, presentando las paredes un nivel de radiación que contamina a toda la familia durante cada minuto que moran en el hogar. Por si lo anterior fuera poco, todos los pobladores están sometidos a unos altísimos niveles de gas radón en sus casas.
Actualmente, de las 199 zonas mineras abandonadas en Portugal, 66 son radiactivas. Las más importantes se hallan en Urgeiriça y alrededores. La situación de riesgo que vivían y viven los mineros, junto al resto de la población, es la convivencia con escombreras de estériles, presas de residuos con agua ácida, en un entorno rodeado de uranio, radio, torio y metales pesados.
El cierre de las minas a principios de este siglo, la pérdida de los puestos de trabajo, el alto número de casos de cáncer, junto con la necesidad de defender sus derechos laborales, sociales, ambientales y de salud, son las razones que generaron el asociacionismo. Ante esta situación, previa a la constitución de ATMU, Antonio nos cuenta que se creó la Comisión ad hoc con los siguientes objetivos:
1. Abogar por la recuperación ambiental de las 66 minas abandonadas.
2. Defender el derecho de jubilación de todos los ex trabajadores jubilados.
3. Defender el derecho a los exámenes médicos de todos los ex trabajadores, teniendo en cuenta la contaminación radiológica.
4. Compensación a familiares de ex trabajadores de cáncer.
Inicialmente consiguieron un Programa de Rehabilitación de Áreas Mineras Degradadas (2001) aún en marcha. También obtuvieron alguna sentencia del Supremo en reconocimiento de los derechos de los mineros. Pero quedaba mucho camino por recorrer. Dada la necesidad de organizarnos mejor, señala Antonio Minhoto, se creó ATMU en 2010, cubriendo no solo a los ex trabajadores sino también a los familiares, para que tengamos más fuerza en la lucha. Su continuo programa de movilizaciones, siempre dentro del marco legal, pero de una manera contumaz y eficiente, le hace ir cosechando frutos.
Inicialmente el Gobierno portugués remoloneaba en el reconocimiento de las consecuencias de la exposición a los minerales de uranio, mientras paradójicamente reconocía la existencia del conocido Síndrome de los Balcanes (Resolución Asamblea da República nº 34/2001) al ser uno de los militares lusos, destinado en la antigua Yugoslavia, una de las primeras víctima del uranio empobrecido.
La ininterrumpida muerte de ex trabajadores sirvió como acicate a una continua serie de movilizaciones, abriendo el camino para que el Estado asumiera su responsabilidad con los vivos. Posteriormente el Gobierno promovió la realización en 2003 de un estudio epidemiológico con la intención de calmar a los mineros y minimizar las consecuencias. Pero las conclusiones dieron veladamente la razón a los ex trabajadores.
El impacto mediático de las acciones de ATMU fue decisivo, pero también el peso de la realidad. Según su director: de los aproximadamente 600 trabajadores, más de 170, murieron de cáncer, todo ello originó a partir de 2008 la creación del Programa Integrado de Saúde (PIS). Posteriormente esta cobertura se extendió, por la Ley nº 10/2010, de 14 de junio, a todos sus familiares y personas que compartan vivienda en unión de hecho. También a sus descendientes directos. Pero las consecuencias no se circunscriben a los mineros. En cuanto a los habitantes, comenta Minhoto, al lado de las antiguas minas de uranio, estamos exigiendo un estudio científico para analizar si han sido contaminados o no por las minas.
En 2016 han conseguido que se reconozca el derecho a una indemnización por muerte, por dolencia profesional, de los trabajadores de la empresa (ENU) y que esa indemnización se extienda a los cónyuges y descendientes en primer grado (Ley nº10/2016 de 4 de abril). La larga y procelosa conquista solo contó con el apoyo directo de seis viudas de más de 150.
La historia de los mineros de uranio de Urgeiriça, constituye un ejemplo por su lucha, su organización, su tenacidad y sus logros. El empecinamiento demostrado en sus reinvindicaciones, la cohesión de sus miembros, su irreductibilidad, recuerdan al tebeo de Astérix y Obélix, de Uderzo y Goscinny, al resistir en su empeño cercados por la tendencia antiobrera dominante, donde los logros sociales parecen sufrir y sufren una significativa regresión.
Los mineros de Urgeiriça han vislumbrado desde el principio que no basta para la consecución de sus fines con los rigores padecidos en su rol de víctimas, ni la clara y ostensible justicia o pertinencia de su causa. Bien lo saben, el poder nada otorga. Solo existen las conquistas, arrancadas con mucho esfuerzo.
Han sido casi dos décadas luchando por sus derechos laborales, sociales y ambientales. Muchos han enfermado o fallecido de cáncer por el camino. Pero no pueden bajar la guardia, deben seguir combatiendo. Antonio reconoce que ante estas y otras situaciones, ATMU tiene un largo camino por recorrer, y no sabemos cuándo terminará su lucha, dado que las enfermedades son impredecibles, incluidos los miembros de nuestras familias, por lo que actualmente se está tramitando un proceso para realizar un estudio epidemiológico a los ex mineros y sus familias. Por eso es preciso, señala con toda razón, planificar a largo plazo para el relevo generacional. Ante esta lucha sin fin, concluye Antonio Minhoto, ATMU está renovando sus órganos de gobierno con los hijos de los antiguos mineros para seguir.
Uno de sus últimos esfuerzos es reciente, de septiembre de 2019, con la organización de un festival de cine, con sede habitual en Río de Janeiro, el International Uranium Film Festival. La leyenda que rezaba debajo de todo el material promocional del festival no dejaba indiferente: No más muertes por exposición a la radiactividad. No a las alteraciones climáticas. En eso siguen, en eso seguimos.
Cada vez que las agencias federales estadounidenses compran ordenadores o monitores tienen que tener en cuenta los esfuerzos realizados por las empresas fabricantes en la lucha contra los “minerales en conflicto”. Según anunció la ONG estadounidense Enough Project, en marzo del año pasado se aprobó un nuevo estándar en las políticas de compra de los gobiernos federales que incluye cláusulas clave sobre minerales en conflicto basadas en los principios de la diligencia debida.
Estas cláusulas hacen referencia a los esfuerzos de las empresas fabricantes de electrónica en la construcción de un “comercio libre de conflicto” en la República Democrática del Congo y sus países vecinos, y valoran positivamente que dichas empresas desarrollen proyectos de suministro responsable en los lugares de origen del mineral; así como que se abastezcan en refinerías y fundiciones auditadas por terceros.
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) hasta ahora contemplaba únicamente criterios de carácter medioambiental en sus estándares de valoración de productos electrónicos. Pero después de un proceso de renovación que ha llevado varios años, por primera vez han decidido incorporar criterios relativos al suministro responsable de minerales procedentes de zonas en conflicto.
La nueva norma, conocida como el IEE 1680.1™ – 2018 Standard for Environmental and Social Responsibility Assessment of Computers and Displays –, ha sido adoptada por la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) como base para la creación de la Herramienta para la Evaluación Medioambiental de Productos Electrónicos (EPEAT). Se trata de una herramienta que orientará las políticas de compra pública de las agencias federales de EEUU, pero también se utilizará en Australia y Canadá para exigir a las empresas tecnológicas que sus productos cumplan con dichos estándares.
Como apunta Enough Project, se trata de un paso importante para la lucha contra los minerales en conflicto en EEUU que se complementa con la sección 1502 de la Ley Dodd-Frank sobre suministro de minerales en zonas de conflicto, en vigor desde 2012.
El investigador José Matías Peña, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de La Sierra Minera Cartagena-La Unión ha recorrido durante la mañana de este martes 29 de octubre las inmediaciones de La Rambla de La Porra, donde ha podido comprobar que desde el pasado 13 de septiembre de este año 2019 continúan los flujos de Lixiviados o drenajes ácidos de mina que desembocan en la laguna.
Matías Peña ha dicho que estos ácidos son tan agresivos como el tan conocido ‘salfumán’ y que van tanto en dirección hacia el Mar Menor como hacia la zona de El Gorguel.
Ha destacado la peligrosidad de estos drenajes, por las concentraciones de metales pesados como el plomo, cadmio, arsénico e incluso uranio.
«No se puede obviar que si estos drenajes están circulando por el subsuelo en la línea de máxima pendiente hacia el Mar Menor, están provocando la contaminación de los suelos agrícolas sobre los que se cultivan verduras y hortalizas que después se consumen por los ciudadanos».
Miembros de esta plataforma participarán este miércoles en la manifestación para salvar el Mar Menor. Irán con un castillete minero y con residuos que han cogido de la zona
Al igual que otras áreas protegidas en Uganda, el bosque de Bugoma ha sido amenazado por la invasión durante décadas;ahora hasta una quinta parte de lo que queda podría limpiarse para plantar caña de azúcar.
Las mujeres, generalmente responsables del cultivo de alimentos y la recolección de agua y leña, sienten los impactos de la degradación forestal de manera aguda.
A pesar de muchos obstáculos, están asumiendo un papel de liderazgo en la defensa del medio ambiente, particularmente contra la creciente presión de las industrias extractivas.
– “¿Cómo es que estas personas vienen a Bugoma para destruir nuestra naturaleza? La naturaleza nos protege ”, dice Beatrice Rukanyanga mientras camina a lo largo del límite del bosque. Los árboles de madera dura retorcidos sobresalen de una maraña de follaje en un lado, y filas ordenadas de pinos y eucaliptos se colocan en el otro.
Rukanyanga corta el bosque y maniobra hábilmente a través de la espesa maleza, seleccionando hojas de diferentes plantas a medida que avanza. “Estoy eligiendo medicamentos para las molestias estomacales. También tenemos plantas que tratan la malaria y los problemas de la piel ”, explica. Para las mujeres que viven cerca del bosque, siempre ha sido una fuente importante de alimentos, medicinas y leña, recursos que están disminuyendo junto con el bosque.
El bosque de Bugoma abarca 40,000 hectáreas (98,800 acres) a lo largo del extremo norte del Valle del Rift Albertine, que divide Uganda y la República Democrática del Congo.
Alrededor de 500 chimpancés han hecho su hogar aquí, junto con una especie de mono mangabey que solo se encuentra en Uganda y cientos de especies de pájaros, árboles y arbustos, lo que hace que el bosque sea uno de los más biodiversos del país.
Durante décadas, el bosque de Bugoma se ha ido reduciendo. Los lugareños dicen que los madereros ilegales pagan a los funcionarios para hacer la vista gorda a sus actividades, mientras que las plantaciones de té y madera en el perímetro empujan el límite del bosque hacia atrás, pieza por pieza. En toda Uganda, la cubierta forestal ha disminuido del 24 por ciento de la superficie terrestre total del país en 1990 al 9 por ciento en 2015, según el Ministerio de Agua y Medio Ambiente.
Ahora el bosque enfrenta una nueva y grave amenaza. En el extremo norte de Bugoma, se encuentra una excavadora amarilla, esperando comenzar a limpiar el bosque para dar paso a una plantación de caña de azúcar. En 2016, el Reino Bunyoro-Kitara arrendó una quinta parte del bosque protegido restante a Hoima Sugar Ltd. El contrato de arrendamiento fue impugnado, pero un fallo del Tribunal Superior en abril de 2019 encontró a favor de Hoima Sugar y el Reino, una de las más poderosos imperios en África oriental y central, que aún goza de una autonomía significativa bajo el estado. La Autoridad Forestal Nacional ha solicitado la suspensión de la orden judicial y está apelando la decisión.
El auge de los extractivos
Desde los pozos de petróleo que brotan a lo largo del valle Albertine Rift, hasta las islas boscosas del lago Victoria arrasadas por plantaciones de palma aceitera, el gobierno de Uganda está apoyando el rápido crecimiento de las industrias extractivas. Pero en contra de esto está el rápido crecimiento de un movimiento ecofeminista que considera que la protección del medio ambiente es esencial para la protección de los derechos humanos.
Una red de base de mujeres está trabajando para crear conciencia, compartir conocimientos y resistir directamente la destrucción del medio ambiente mientras se crean modelos alternativos de desarrollo. El movimiento espera fortalecer el poder político y económico de las mujeres en la sociedad, y así retrasar la destrucción del medio ambiente natural.
«Cuando éramos jóvenes, este bosque era espeso», recuerda Rukanyanga, recordando una época anterior a la llegada de las plantaciones industriales a la región. “Estaba lloviendo mucho; estaba oscuro donde quiera que pasaras ”. Rukanyanga es la coordinadora del grupo de mujeres agricultoras de Kwataniza, que vive cerca del bosque de Bugoma y que fabrica y vende estufas que ahorran carbón, a la vez que educa a las mujeres sobre sus derechos a la tierra y el uso sostenible de los recursos naturales.
Los patrones de lluvia en la región se han interrumpido en los últimos años, lo que Rukanyanga atribuye a la deforestación generalizada. Un estudio de 2012 en Nature encontró que la deforestación en los trópicos reduce las precipitaciones locales . «El cambio climático ha sido real», dice ella. “El año pasado la gente esperaba lluvias, sembró y la semilla simplemente murió en el suelo. Ahora hay inseguridad alimentaria en la mayoría de nuestros hogares «.
Tradicionalmente, las mujeres son responsables del cultivo de alimentos y la recolección de agua y leña, por lo que sienten los impactos de la destrucción ambiental de manera aguda. Los incidentes de violencia doméstica también aumentan cuando la comida es escasa. «Cuando violas estos recursos, también estás violando a las mujeres», dice Sostine Namanya, quien coordina una red ecofeminista en su papel para la Asociación Nacional de Ambientalistas Profesionales (NAPE).
NAPE, junto con la organización hermana, la Asociación Nacional para la Acción de las Mujeres en el Desarrollo, ha reunido a más de 5,000 mujeres de todo Uganda para exigir justicia de género y económica del gobierno y sus socios industriales. «Las mujeres se conocen, comparten experiencias y crean estrategias juntas», dice, reflexionando sobre cómo facilitan los intercambios entre grupos de mujeres en todo el país.
Siguen los pasos de las pioneras ecofeministas africanas como Wangari Maathai, quien en la década de 1970 fundó el Movimiento del Cinturón Verde , responsable de plantar más de 50 millones de árboles en Kenia y capacitar a decenas de miles de mujeres en prácticas como la silvicultura y la apicultura. .
En Kampala, el movimiento Fridays for Future de Uganda, inspirado en Greta Thunberg, tiene a las mujeres y niñas a la vanguardia. Y en el norte del país, las tradiciones feministas radicales desafían los intereses gubernamentales y corporativos. Aquí se sabe que las mujeres acholi se desnudan en público para invocar una maldición sobre sus enemigos; En 2017, esta táctica fue utilizada por mujeres líderes ancianas para oponerse a las 10.000 hectáreas (24.700 acres) de tierra que se estaban tomando para construir una instalación de procesamiento de azúcar en el distrito de Amuru. La policía respondió con violencia y, a pesar de estas protestas, el gobierno continuó con los desalojos de tierras.
Hablar públicamente contra el gobierno, o las industrias que respaldan, está lleno de riesgos en Uganda. «Pueden gastar gases lacrimógenos», dice Rukanyanga, y señala que la Ley de Gestión del Orden Público de 2013 hace que sea ilegal organizar reuniones públicas sin el consentimiento de la policía. “Entonces hacemos una manifestación pacífica. Escribimos pancartas y vamos con cartas a las autoridades ”, dice ella.
A principios de este año, las mujeres que viven en los alrededores de Bugoma Forest solicitaron al parlamento que se opusiera al arrendamiento a Hoima Sugar, mientras que los grupos de manejo forestal comunitario, cuya membresía es mayoritariamente femenina, patrullan el límite forestal e informan a la Autoridad Nacional Forestal si sospechan actividad ilegal.
Namanya reconoce que el clima político de Uganda limita las actividades del movimiento ecofeminista, y señala que varios miembros han sido agredidos físicamente o arrestados ilegalmente después de hablar públicamente sobre el acaparamiento de tierras.
Pero trabajar en silencio, desde la base, cambiar las actitudes y construir comunidades, también puede ser efectivo, dice Namanya. “El gobierno, incluso el presidente, siempre dice: ‘Ah, [puedes] dejar a las mujeres, no pueden cambiar nada, no son una amenaza’. Eso es algo que silenciosamente aprovechamos para organizar y resistir ”.
¿Quién se beneficia?
Con exenciones de impuestos y arrendamientos largos en tierras ofrecidas por el gobierno, Uganda se considera un destino atractivo para los inversores extranjeros en las industrias mineras y de plantaciones. En el caso de la caña de azúcar, la producción se ha cuadruplicado en las últimas dos décadas, y Uganda ahora exporta decenas de miles de toneladas cada año .
A cincuenta kilómetros (30 millas) al norte del bosque de Bugoma, se está construyendo una serie de pozos de petróleo a lo largo de la orilla del lago Albert. Desde 2006, se han descubierto reservas de petróleo crudo de miles de millones de barriles en la región, y se espera que el primer petróleo fluya en 2022, el Ministro de Obras y Transportes prevé una inversión de hasta $ 20 mil millones en los próximos tres años. Y a lo largo de la costa norte del lago Victoria desde 2003, BIDCO, un productor transnacional de jabón y aceite con sede en Kenia, ha talado miles de hectáreas de bosques y praderas para plantar palma aceitera.
Los funcionarios gubernamentales dicen que alentar estas industrias es vital para el crecimiento de la economía de Uganda y para la creación de empleo local, particularmente en las zonas rurales empobrecidas. El PIB per cápita de Uganda se encuentra entre los más bajos del mundo .
«Es el estado, son los peces gordos del gobierno, son los extranjeros los que se benefician», dice Namanya, señalando a otros países ricos en minerales en África subsahariana que han caído en la maldición de los recursos. “¿Cómo es que todavía son extremadamente pobres y hay una grave violación de los derechos? No será diferente para Uganda. Tenemos que encontrar mejores formas ”, dice ella.
Es preocupante para el movimiento ecofeminista la forma en que las industrias extractivas que operan en Uganda adquieren tierras; Los desalojos ilegales después de reclamos de tierras falsas, y la compensación inadecuada por los derechos de tierras son comunes. En la isla de Buvuma, elegida para la próxima fase del ambicioso proyecto de desarrollo de palma aceitera del gobierno, las tensiones entre el crecimiento económico, la justicia de género y la protección del medio ambiente son marcadas.
Estudio de caso: Isla Buvuma
“Al principio, cuando pasaba, la mayoría de las islas tenían bosques, pero a lo largo de los sitios de aterrizaje se podía ver madera esperando que se cruzaran los barcos. Luego, después de unos años, era carbón «, dice Jameson Muberwa, un asesor agrícola del gobierno que se mudó a Buvuma, una isla tropical a lo largo de la costa norte del lago Victoria, en 1995.» Ahora ya no se ven árboles traídos a lo largo del sitio de aterrizaje «.
Entre 1991 y 2014, la población de Buvuma aumentó cinco veces a 90,000 personas como tierra barata y la esperanza de trabajo alentó la inmigración masiva desde el continente. Gran parte del mosaico duradero de la isla de bosques indígenas, sabanas de hierba y humedales se convirtió rápidamente en tierra agrícola para los pequeños agricultores. Ahora, los cambios dramáticos están dividiendo el paisaje una vez más con el desarrollo inminente de una plantación de palma aceitera de 10,000 hectáreas en la isla, parte del Proyecto de Desarrollo de Aceite Vegetal del gobierno, en asociación con BIDCO.
«El proyecto de aceite de palma es un desarrollo bienvenido para la gente», dice Gladys Nalunkuma, oficial de recursos naturales del distrito de Buvuma. Ella observa cómo la disminución de las poblaciones de peces en el lago, las malas cosechas relacionadas con la reducción de las precipitaciones en los últimos años y el declive de las industrias de la madera y el carbón han sumido a muchos residentes en la pobreza. Un tercio de la tierra designada para la palma aceitera se ha destinado a unos 2.000 agricultores locales, que suministrarán fruta de palma a BIDCO.
Sin embargo, muchos de los residentes de Buvuma se preguntan si tienen algo que ganar con el proyecto.
«Para las personas locales que no fuimos a la escuela, estaríamos ganando muy poco», dice Shmirah Nansimbe, presidenta del Grupo de Mujeres de Plantación de Árboles de Bukigindi. A través de diálogos con mujeres en las cercanas Islas Ssesse, la ubicación de la plantación original de 10,000 hectáreas de BIDCO, que comenzó a operar en 2003, las ecofeministas comparten conocimientos sobre las realidades de la palma aceitera industrial.
Si bien el proyecto de las Islas Ssesse ha creado alrededor de 3.700 empleos, la mayoría de estos trabajos pagan menos que los salarios vigentes en el área, y a menudo con malas condiciones de trabajo. Como resultado, gran parte de la fuerza laboral son migrantes a la isla, mientras que las comunidades locales luchan por continuar pescando, cultivando y viviendo de productos forestales debido a la degradación ambiental. Con las tierras de los pequeños propietarios ahora ocupadas por la palma aceitera, los precios de los alimentos en la isla también han aumentado. A pesar de las preocupaciones de que estas condiciones se replicarán en Buvuma, algunos residentes han tenido pocas opciones sobre si venden sus tierras al gobierno.
«Cuando llegó BIDCO, no le enseñaron a la gente sobre los aspectos positivos y negativos», dice Mariam Nakatu, quien está liderando un caso legal contra el gobierno por 250 hogares desalojados de Buvuma. «Una mañana, solo se ve gente de BIDCO que viene con el presidente local, y dicen que el título de la tierra ya ha sido entregado [por el propietario]».
Ella describe cómo los agrimensores transferirían discretamente los derechos de tenencia y ocupación de grandes segmentos de tierra a sus asociados, por lo que solo recibirían una fracción de la compensación que les correspondía. Un informe publicado en 2019 por las ONG Tropenbos International y la Ecological Trends Alliance descubrió que la Comisión de Tierras de Uganda omitió los procesos durante la adquisición de tierras y creó arrendamientos a favor de BIDCO. Según el informe, «no se cumplió estrictamente el consentimiento libre e informado previo», mientras que un proceso turbio de valoración y compensación junto con la falta de representación legal condujo a «un gran número de residentes muy descontentos» en la isla.
Al poner a las mujeres en primer plano durante las negociaciones de tierras, el movimiento ecofeminista espera frenar la venta de tierras para las industrias extractivas. Las mujeres, dice Namanya, tienen una comprensión más profunda del valor de la tierra y los servicios naturales que brinda a las familias, por lo que, en primer lugar, están menos dispuestas a vender. «Nuestros maridos venden la tierra que estamos cultivando sin que nos demos cuenta, y cuando reciben el dinero se van y se casan con otras esposas», dice Benine Naluyima, del Ganyana Women’s Group, una cooperativa que fabrica estufas que ahorran carbón y replantan árboles. en la isla.
En busca de medios de vida alternativos y sostenibles en Buvuma, el Grupo de Mujeres de Plantación de Árboles de Bukigindi también ha replantado 18 hectáreas (45 acres) de tierra degradada, que una vez fue bosque tropical protegido, con especies indígenas como la caoba y la musizi. Nansimbe lleva al grupo a una ladera, señalando los cultivos que la comunidad está cultivando a la sombra protectora de los árboles jóvenes. Poco a poco, a medida que el bosque se espese, tendrán una fuente renovada de leña y otros productos forestales.
Sin embargo, el proceso de regeneración es lento y su trabajo se está volviendo más desafiante a medida que cambia el clima. «El sol brilla demasiado durante la estación seca ahora, y es difícil llevar agua a los árboles desde el lago», dice Nansimbe.
Teniendo en cuenta la fortaleza de la industria del aceite de palma y el apoyo del gobierno, otros están dispuestos a comprometerse. Betty Kabwaalu Nanyonjo, quien creció en las Islas Ssesse, visita regularmente Buvuma, comparte sus experiencias y aconseja a las mujeres que no vendan sus tierras. “La gente de afuera viene a comprar tu tierra. ¿Eso es desarrollo? ”, Pregunta ella. Sin embargo, Nanyonjo alienta a las mujeres a «involucrarse» en el cultivo de la palma aceitera. «Deje que la gente cultive la palma de aceite y los inversores compren el aceite», dice ella. «Aceptas el proyecto, porque te guste o no, el proyecto despegará».
Extinction Rebellion is facing a crunch point. If it is serious about addressing the root causes of environmental crises, it must either concede that some (indigenous, poor, black) lives are disposable – or else adopt an explicitly anti-capitalist stance. Only when it does the latter will the struggle begin in earnest.
In the meantime, the climate justice movement is being used for greenwashing, and indigenous people are facing serious repercussions.
Take the example of mining company BHP Billiton. This month it announced it had a new purpose: to “bring people and resources together to build a better world.” The brief mentioned BHP’s “strong record” on responsible business practice, the “billions of dollars” spent on social investment, its status as the only company in its sector with an “A” rating for climate disclosures. BHP also emphasised “respecting indigenous peoples” as a renewed priority.
Alvaro Ipuana, an indigenous leader from La Guajira, Colombia, tells a different story. Ipuana lives in the shadow of Cerrejón, the largest open cast coal mine in Latin America, co-owned by BHP. Its expansion over the last 20 years has forcibly displaced the Afro-descendant Tabaco people. According to campaigners and academics, it has also decimated the capacity for subsistence agriculture for its remaining indigenous Wayuu communities and polluted the rivers that once provided drinking water.
The region has been drought-stricken for years, and a 2017 Human Rights Watch report described the Wayuu as being in the throes of a “humanitarian crisis”. The locals lay the blame squarely at the feet of the multinationals.
Cerrejón claims it has invested $19.6m to improve water access for affected Wayuu communities, and blames regional government for the continued plight of the Tabaco people displaced by its mine.
But, as Ipuana explains, “The resources that have been assigned to counter the impacts caused by the mining were not definitive solutions to the problem. Their concept of development isn’t functional for indigenous communities.”
This explanation cuts to the core of an emerging tension in the rejuvenated climate justice movement. While Extinction Rebellion’s focus on net zero carbon emissions is understandable, it ignores extractivism – the large-scale exploitation of natural resources for export – which often makes up the core of “green infrastructure” projects. This has fatal consequences.
Cerrejón is just one example of BHP’s “social investment” MO. The company is currently fighting one of the biggest legal claims ever filed in a British court over the worst environmental disaster in Brazil’s history. When a tailings dam burst at Samarco, whole villages were wiped out by the waste sludge from the iron ore plant. Rejecting all charges leveled at the company for accountability, co-owner BHP instead set up a foundation to dispense compensation at its own discretion.
Now BHP wants to wear the clothes of the climate activists. Its chair Ken MacKenzie even claimed at last week’s AGM that “mining is the locomotive of the future on climate change”. Minerals like lithium, cobalt and copper are key for many of the alternatives to fossil fuel-based infrastructure. But large-scale “greening” projects that rely heavily on unsustainable mining for finite minerals under indigenous land necessarily entail exploitation – of nature and of people.
As Extinction Rebellion protests drew headlines, Ipuana joined activists from Chile and Brazil in protest at that AGM in Westminster. The Latin-American representatives accuse the multinational of “greenwashing” – plastering over its exploitation of people and resources with buzzwords and empty gestures.
The briefing released of the meeting shows that companies like BHP recognise the need to placate investor concerns around climate breakdown, and so are trying to rebrand themselves as ethical companies committed to a transition towards green industry. It doesn’t seem to matter that black and brown communities have been fighting this battle for generations with their bodies on the line. The investor is the ultimate customer and, increasingly, today’s investors want to believe their money isn’t funding their grandchildren’s death warrant.
Across Europe, Extinction Rebellion has succeeded against the odds in making climate breakdown a public priority. Its broad-church approach of remaining avowedly “apolitical” (i.e. not anti-capitalist) made sense initially, bringing together a wide coalition from across the political spectrum. As the national conversation begins to move towards specific policy and infrastructure objectives, however, what I see as XR’s reluctance to tackle extractivism threatens to give carte blanche to governments and corporations who are happy to shift the burden of climate destruction onto poor and indigenous communities of colour in the global South.
In solidarity with those risking violence and incarceration on the front lines, XR needs to ensure that the relentless extractivism that damages lives, livelihoods and ecosystems in parts of the global South is not the basis of its fight for net zero carbon emissions here in the UK.
And yet extractivism is a necessary component of an economic model predicated on exponential growth. It is impossible to combat without identifying its roots in colonial capitalism.
This leaves Extinction Rebellion with a choice to make: either it ignores the ecological devastation wreaked by corporations, or it commits itself to tackling the root cause of that devastation. If it is truly internationalist, it must recognise that climate struggle is class struggle. If it values all bodies equally, it must denounce capitalism itself.
Al menos 15 personas murieron, 6 se encontraban desaparecidas y 16 fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una represa ilegal de una mina de oro en Siberia. El hundimiento del dique tuvo lugar en el río Seiba, en la región de Krasnoyarsk, y provocó la inundación de las instalaciones para los trabajadores, en las que vivían las víctimas, según las autoridades rusas. Al parecer, la represa se construyó sin respetar la normativa y las autoridades no tenían conocimiento de la misma. Se abrió una investigación por violación de las normas de seguridad. Este hecho confirma, una vez más, la enorme cantidad de irregularidades que existen en todo el mundo en la actividad minera.
Fuente: OCMAL – Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina
Al menos 15 personas murieron y seis se encontraban desaparecidas tras el derrumbe el sábado de una represa ilegal de una mina de oro en Siberia, Rusia.
El hundimiento del dique tuvo lugar en el río Seiba, en la región de Krasnoyarsk cercana a la localidad de Shetínkino y provocó la inundación de las instalaciones para los trabajadores, en las que vivían las víctimas, según las autoridades rusas.
Según las últimas informaciones, 15 personas murieron y seis estaban desaparecidas, informó a la AFP Aliona Aleksishina, portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia, con sede en Moscú. Un primer balance hablaba de 13 desaparecidos, pero siete fueron hallados con vida, según las autoridades.
Dieciséis personas fueron hospitalizadas, cuatro en estado grave, señaló por su parte el Ministerio de Salud regional.
Al parecer, la represa se construyó sin respetar la normativa, indicaron los responsables, que aseguraron que las autoridades no tenían conocimiento de la misma. El Comité de Instrucción de Rusia, órgano judicial autónomo que formó parte de la Fiscalía General, ha abierto una causa criminal y estima que en la zona había unas 80 personas en el momento de la inundación. Se está realizando una investigación por violación de las normas de seguridad.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dio la orden a las autoridades de asistir a las víctimas e identificar las razones del accidente, declaró a la prensa el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.
Antes del desarrollo humano en la región, había 1.8 millones de hectáreas de bosque de pinos rojos. Y se mantiene en total solo el 1%. El bosque de pinos rojos de Wolf Lake es el bosque de pinos rojos más grande del mundo y es tres veces más grande que otros bosques similares.
-Jay Morrison, Vicepresidente, Sociedad de Naturaleza y Parques, Ottawa
El Bosque Wolf Lake en el norte de Ontario es el bosque de pinos rojos más antiguo y más grande de América del Norte. Una empresa minera quiere extraer oro y cobre de esa área que cubre 1600 hectáreas.
En un informe que data de 2012, el Comisionado de Medio Ambiente de la provincia canadiense de Ontario dijo que debían aportarse cambios a la Ley de Minería para proteger el bosque de Wolf Lake al norte de Sudbury.
Este antiguo bosque de pinos rojos fue designado como reserva forestal, con la mayoría de las actividades industriales prohibidas, pero la exploración de minerales todavía está permitida.
El comisionado Gord Miller dijo que el Ministerio de Desarrollo y Minas del Norte debería tener el poder de revocar, o no renovar, los reclamos o arrendamientos mineros para proteger los recursos naturales.
El Comisionado hizo tal recomendación en un informe de 2008-2009, pero que no se implementó.
Parte del Bosque del Lago Wolf ha sido anexado al Parque Provincial de Chiniguchi, sin embargo, los reclamos de las mineras continúan impidiendo la regulación del resto de esta área. En su informe, Gord Miller señaló que «el futuro de este sitio ecológicamente importante seguía siendo incierto».
Un futuro incierto en 2019
Franco Mariotti es parte de un grupo ambiental que ha estado trabajando con el gobierno provincial durante varios años para convertir el bosque que rodea Wolf Lake en un parque provincial.
Sus miembros han estado movilizándose durante algunos días en respuesta a los planes de Flag Resources que se propone perforar nuevos pozos.
Desde un punto de vista biológico, no sabemos mucho sobre su biodiversidad. Se ha realizado muy poca investigación en este bosque o en cualquier bosque de pinos rojos.
-Franco Mariotti, biólogo.
La compañía minera tiene arrendamientos mineros en parte de la tierra e incluso ha perforado en el pasado para tratar de encontrar una veta. Pero la compañía ha perdido los resultados y ahora está buscando nuevos datos.
Tenemos un nuevo modelo geológico […] y creemos que el oro y el cobre y los otros minerales que están allí […] están relacionados con la estructura del impacto de Sudbury, dice Wayne Whymark, portavoz de la empresa.
Mucho antes de la llegada de los primeros hombres a Norteamérica, un enorme meteorito se estrelló en la ubicación de la ciudad de Sudbury. El impacto derritió la roca y formó grandes depósitos de níquel y cobre.
Flag Resources cree haber encontrado un nuevo depósito de este meteorito.
¿Ha oído hablar del Anillo de Fuego?. Si nuestra hipótesis es cierta, podría valer más que el Anillo de Fuego, un valor multiplicado varias veces.
–Wayne Whymark, portavoz de minería de Resources Flag
Sin embargo, la mina tendrá que perforar nuevos pozos para confirmar esta hipótesis. Wayne Whymark sostiene que la perforación se realizará en los mismos lugares en el bosque, no en nuevos.
Los miembros de la coalición señalan que el gobierno de Ontario prometió hace 13 años que protegería el bosque cuyos pinos tienen más de 300 años.
En cualquier caso, el grupo ambientalista de Franco Mariotti se opone a todo aquello que pueda conducir a la explotación minera en el futuro.
Si se descubren minerales y se construye una mina, dañará el ecosistema mientras que las minas solo generarán ganancias a corto plazo, dice.
Franco Mariotti ha organizado un concierto benéfico en Sudbury llamado «Save Wolf Lake».
Las aguas del mar mediterráneo continúan recibiendo metales disueltos del depósito de residuos mineros de la bahía de Portmán (Murcia) 25 años después del cese de la actividad minera.
Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) en colaboración con investigadores de la UB evidencia que la acumulación de residuos todavía descarga al mar aguas subterráneas que contienen metales pesados, tales como hierro, cadmio, níquel, zinc y plomo.
La bahía de Portmán es un caso paradigmático de impacto por actividades mineras en las costas del Mediterráneo. La actividad minera en la zona se remonta a la época de los romanos, pero fue entre los años 1957 y 1990 cuando se llevó a cabo una explotación a gran escala a cielo abierto que provocó el vertido de 57 millones de toneladas de residuos en la bahía, con un volumen equivalente a 130 veces el de un estadio deportivo para 100.000 personas.
Cuando cesaron los vertidos, entre otras razones por la presión social contra su impacto ecológico, los residuos ya habían rellenado buena parte de la bahía y se extendían mar adentro.
El estudio, publicado recientemente en la revista Science of the Total Environment, demuestra que los metales siguen entrando en el mar a través de las descargas de aguas subterráneas que circulan por el interior del vertido, y también por la recirculación del agua del mar a través de los residuos a causa del oleaje, sobre todo durante los temporales de mar.
«Alrededor de un 10% de los metales, principalmente hierro, llegan al mar mediante descargas subterráneas, mientras que la recirculación transporta el resto de metales como níquel, zinc, plomo y cadmio«, explica Aaron Alorda Kleinglass, investigador del ICTA -UAB y primer autor del estudio.
La investigación demuestra que las aguas subterráneas y los sedimentos están mucho más contaminados por metales que las aguas marinas superficiales de la bahía.
«Esto se debe a que cuando el hierro entra en contacto con el agua de mar se forman hidróxidos de hierro, los cuales arrastran los metales disueltos en la columna de agua hacia los sedimentos», indica Jordi Garcia-Orellana, investigador ICTA-UAB. Además, episodios de gota fría como los sucedidos en septiembre incrementan las entradas de metales, tanto por los efectos de las lluvias como de la subida del mar y el oleaje.
Los científicos advierten que en el marco del proyecto de restauración que se está llevando a cabo en la parte emergida de la bahía de Portmán conviene evitar que se pongan en comunicación las aguas subterráneas más cargadas en metales con el agua del mar, pues este hecho podría hacer aumentar notablemente la cantidad de metales liberados al medio marino.
«Es fundamental realizar nuevas investigaciones sobre el terreno, ya que aún no sabemos exactamente cuál será la nueva dinámica de las aguas subterráneas una vez haya terminado el proyecto de restauración», concluye Valentí Rodellas.
El gobierno también tiene como objetivo reducir el uso de mercurio en la manufactura en niveles a la mitad de la corriente para 2030 y reducir las emisiones de mercurio en el sector energético en un 33,2 por ciento al mismo tiempo.
La unión, el esfuerzo y la perseverancia de la lucha de los mineros de uranio de Portugal llevada a cabo desde hace décadas, logró alcanzar muchas de sus metas mediante al asociacionismo. La creación de la Asociación de Trabajadores en Minería de Uranio (ATMU) fue en 2010, pero previamente formaron una comisión que tuvo como objetivos: 1) Abogar por la recuperación ambiental de las 66 minas abandonadas, 2) Defender el derecho de jubilación de todos los ex trabajadores jubilados, 3) Defender el derecho a los exámenes médicos de todos los ex trabajadores, teniendo en cuenta la contaminación radiológica y 4) Compensación a familiares de ex trabajadores con cáncer. En esta lucha sin fin, ATMU planifica a largo plazo renovando sus órganos de gobierno con los hijos de los antiguos mineros.
Cada vez que las agencias federales estadounidenses compran ordenadores o monitores tienen que tener en cuenta los esfuerzos realizados por las empresas fabricantes en la lucha contra los “minerales en conflicto”. Según anunció 
El investigador José Matías Peña, de la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de La Sierra Minera Cartagena-La Unión ha recorrido durante la mañana de este martes 29 de octubre las inmediaciones de La Rambla de La Porra, donde ha podido comprobar que desde el pasado 13 de septiembre de este año 2019 continúan los flujos de Lixiviados o drenajes ácidos de mina que desembocan en la laguna.
Al igual que otras áreas protegidas en Uganda, el bosque de Bugoma ha sido amenazado por la invasión durante décadas;
Al menos 15 personas murieron, 6 se encontraban desaparecidas y 16 fueron hospitalizadas tras el derrumbe de una represa ilegal de una mina de oro en Siberia. El hundimiento del dique tuvo lugar en el río Seiba, en la región de Krasnoyarsk, y provocó la inundación de las instalaciones para los trabajadores, en las que vivían las víctimas, según las autoridades rusas. Al parecer, la represa se construyó sin respetar la normativa y las autoridades no tenían conocimiento de la misma. Se abrió una investigación por violación de las normas de seguridad. Este hecho confirma, una vez más, la enorme cantidad de irregularidades que existen en todo el mundo en la actividad minera.
Antes del desarrollo humano en la región, había 1.8 millones de hectáreas de bosque de pinos rojos. Y se mantiene en total solo el 1%. El bosque de pinos rojos de Wolf Lake es el bosque de pinos rojos más grande del mundo y es tres veces más grande que otros bosques similares.
Las aguas del mar mediterráneo continúan recibiendo metales disueltos del depósito de residuos mineros de la bahía de Portmán (Murcia) 25 años después del cese de la actividad minera.